En riesgo de impunidad: juicio contra altos mandos policiales por violenta represión en Conga

El caso judicial contra los altos mandos policiales implicados en la represión violenta ocurrida en 2011, durante las protestas en rechazo al proyecto minero Conga en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, se encuentra en riesgo de archivarse. Esto debido a la solicitud del Ministerio Público de aplicar la denominada Ley Soto¹, que podría declarar la prescripción del proceso judicial después de 14 años.

De acuerdo a la institución Grufides, asociada a la Red Muqui, la aplicación de dicha norma favorecería a criminales y por la cual víctimas que fueron heridas gravemente no hallarían justicia, marcando un precedente negativo contra personas defensoras del agua y el medio ambiente que ejercen su derecho a la protesta social. Entre ellas figura Elmer Campos, quien recibió un disparo en la columna vertebral que lo dejó con una paraplejia permanente. En aquel hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP), utilizando armas de guerra como fusiles AKM, disparó directamente contra manifestantes desarmados.

La vida de Elmer Campos cambió para siempre a raíz del disparo

“La prolongada duración del juicio obedece a la complejidad del caso y a las reiteradas maniobras legales de la empresa Minera Yanacocha para ser excluida del proceso, a pesar de estar comprendida como parte responsable de los hechos”, se lee en la nota de prensa de Grufides cuyos abogados representan a los defensores de Cajamarca, al igual que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

Por un lado, la Fiscalía, representada por la fiscal Olga Bobadilla Terán, admitió el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP contra civiles desarmados, la omisión de funciones de los altos jefes policiales y las graves lesiones permanentes sufridas por nueve personas. Sin embargo, solicitó la prescripción del caso, ignorando un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema que recomienda no aplicar dicha ley, considerada inconstitucional y que solo favorece a criminales.

El juez José Luis Morales Boñón, del Juzgado Penal Unipersonal de Celendín, tiene a su cargo resolver este caso emblemático. La audiencia de los alegatos de los abogados defensores está programada para el próximo 20 de mayo. Después de esta diligencia judicial, el magistrado emitirá su fallo, decidiendo si se sujeta a la Ley Soto o si ampara el derecho a la protesta y el acceso a la justicia.

1  Ley 31751, también conocida como ‘Ley Soto’, impulsada por el congresista Alejandro Soto, modifica el artículo 84 del Código Penal sobre la suspensión de la prescripción.

Información elaborada a partir de la nota de prensa de Grufides

Foto: Grufides