Entre la presión extractiva, la disputa por los recursos y la vigencia de los derechos humanos: el Perú entra a la segunda vuelta presidencial 2026

Por: Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui

La segunda vuelta presidencial se desarrolla en medio de una profunda crisis política, social y ecológica. En este escenario se evidencian tensiones estructurales entre modelos de desarrollo, gobernanza ambiental y garantía de derechos humanos. El país atraviesa un momento en el que la presión extractiva —especialmente minera— se intensifica en un contexto de debilitamiento institucional.

En este marco, la contienda electoral ha quedado atrapada en una narrativa centrada en la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la reactivación económica. Si bien estos son temas importantes, han relegado a un segundo plano la agenda ambiental, pese a su carácter estructural para el sostenimiento de la vida. A ello se suma la ausencia casi total de los derechos humanos como eje fundamental para la democracia.

La agenda ambiental invisibilizada

Tras los resultados de la primera vuelta del 12 de abril, y luego de denuncias infundadas de fraude por parte del candidato de Renovación Popular, basadas en argumentos racistas y discriminatorios que buscaban deslegitimar el voto rural y que finalmente fueron desestimadas, el país ingresa a la segunda vuelta, programada para el 7 de junio. Los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú están disputando la Presidencia de la República del Perú. 

Este escenario no solo refleja una marcada polarización política, sino también una confrontación entre distintas visiones sobre el rol del Estado, la inversión privada y la gestión de los recursos naturales. Sin embargo, el debate público ha minimizado la discusión ambiental y de derechos humanos. En su lugar, se ha posicionado con fuerza una narrativa proinversión en diversos medios de comunicación —tanto tradicionales como alternativos—, impulsada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Desde este enfoque se advierte que cualquier modificación al régimen de concesiones mineras pondría en riesgo la inversión y el crecimiento económico. Esta perspectiva responde a un modelo que prioriza la rentabilidad sobre la sostenibilidad ambiental y los derechos de las poblaciones, en un contexto de expansión de actividades extractivas, tanto formales como informales. 

Analizando las propuestas de los planes de gobierno de los dos partidos en segunda vuelta

En términos programáticos, las propuestas de Fuerza Popular se orientan a promover la inversión privada mediante la flexibilización de la regulación, cuestionando lo que denominan “tramitología excesiva”. Plantean eliminar plazos obligatorios de exploración y producción, agilizar proyectos considerados estratégicos y reducir la carga tributaria efectiva sobre nuevas inversiones mineras.

No obstante, estas propuestas presentan vacíos importantes en materia de fiscalización ambiental. La remediación de pasivos ambientales es abordada de manera limitada y vinculada principalmente a la minería ilegal, como si esta fuera la única fuente de contaminación, omitiendo el impacto histórico de la gran minería. Asimismo, en el ámbito de la seguridad, se propone la implementación de comandos mixtos entre Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía y SUNAT para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado, sin incorporar un enfoque de derechos humanos ni considerar los derechos de las comunidades afectadas.

Por su parte, Juntos por el Perú plantea una mayor intervención estatal, el fortalecimiento de la regulación ambiental y la reivindicación de la soberanía sobre los recursos naturales, incluyendo la posibilidad de cambios constitucionales. Se propone, además, declarar la intangibilidad de cabeceras de cuenca y la Amazonía, así como frenar la extracción indiscriminada de recursos.

Sin embargo, estas propuestas presentan tensiones internas. Por un lado, promueven la protección de territorios estratégicos; por otro, plantea la reasignación de concesiones consideradas ociosas hacia la pequeña minería y la minería artesanal, lo que refuerza la lógica extractiva. Asimismo, se propone una política integral para este sector, con control estatal de la cadena de valor del oro. El desafío central radica en traducir estas propuestas en políticas públicas viables, capaces de enfrentar la presión de los actores económicos y la debilidad institucional.

En materia de derechos humanos, se plantea fortalecer la protección de personas defensoras ambientales y erradicar prácticas como el “terruqueo”, garantizando el derecho a la protesta. No obstante, estas medidas enfrentan limitaciones en un contexto de debilitamiento del sistema de justicia y de restricciones a los mecanismos de control ciudadano impulsadas por el actual Congreso.

¿Continuidad o transformación?

La ausencia de políticas efectivas de protección y la persistencia de la impunidad configuran un escenario de alta vulnerabilidad para comunidades y defensores. Al mismo tiempo, avanzan propuestas de corte autoritario que promueven medidas de “mano dura” frente a la criminalidad, debilitando garantías judiciales y el Estado de derecho.

En paralelo, la expansión de proyectos extractivos continúa generando conflictos sociales vinculados a la defensa del territorio, la consulta previa y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Estas tensiones, lejos de resolverse mediante el diálogo, suelen ser abordadas con respuestas represivas que agravan la conflictividad.

En este contexto, la segunda vuelta plantea una disyuntiva entre la continuidad del modelo extractivista, con ajustes orientados a garantizar la inversión; y propuestas que buscan una mayor regulación estatal con enfoque en derechos. Sin embargo, desde una mirada crítica como la de la Red Muqui, ambos escenarios enfrentan el desafío de responder a la crisis climática y socioambiental con medidas estructurales, y no únicamente discursivas.

El Perú se encuentra en un punto de inflexión. Resulta imprescindible reconfigurar la relación entre Estado, mercado y sociedad, colocando en el centro la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la vigencia de los derechos humanos. Esto implica no solo fortalecer la institucionalidad ambiental, sino también garantizar la participación efectiva de las comunidades, el respeto a sus territorios y la protección de quienes defienden la vida y la naturaleza.