Megapuerto de Chancay: la expansión del modelo extractivista y sus impactos en los territorios

En los últimos años, China ha consolidado su presencia en América Latina mediante inversiones estratégicas en sectores clave como infraestructura y minería, y el Perú no ha sido la excepción, más aún en un escenario marcado por la elección de un nuevo gobierno y la próxima instalación de un Congreso bicameral. Su posicionamiento en el país es cada vez más significativo, con proyectos mineros de gran escala como el proyecto minero Toromocho, en Junín, y el megapuerto de Chancay, impulsado por la empresa china Cosco Shipping Ports. 

Estos avances forman parte de una estrategia geopolítica para ampliar su influencia en la región en contexto de competencia global. Sin embargo, más allá de las promesas de desarrollo, casos como el del megapuerto evidencian impactos ambientales y vulneraciones de  derechos humanos en las poblaciones locales que, lejos de beneficiarse, enfrentan afectaciones directas en territorios y formas de vida.

Lo que no se dice de Chancay

El megapuerto de Chancay representa una inversión superior a los 3 mil millones de dólares y busca posicionar al Perú como un “hub logístico” estratégico en el Pacífico sudamericano, fortaleciendo la conexión comercial entre Sudamérica y Asia. Sin embargo, diversas voces advierten que las deficiencias en la fiscalización por parte del Estado peruano, sumadas a prácticas cuestionadas de la empresa, como la falta de transparencia y el manejo inadecuado de sus operaciones, han generado graves e irreversibles impactos sobre la biodiversidad marina de Chancay. Esta situación afecta directamente a un territorio donde la pesca y el turismo constituyen las principales actividades económicas.

Según el sociólogo y especialista de CooperAcción, Alejandro Chirinos, el distrito de Chancay enfrenta brechas estructurales que agravan los efectos del proyecto portuario: el 40% de la población no cuenta con acceso a servicios de desagüe y el 30% no tiene acceso a agua potable. Además, señala que el desarrollo del megapuerto ha venido acompañado de un incremento en la inseguridad, vinculado al crecimiento de las economías ilegales y mafias organizadas.

En términos ambientales, especialistas y representantes sociales de Chancay alertan que la construcción del megapuerto ha generado una fuerte alteración del ecosistema marino-costero, principalmente por el dragado y la remoción de fondos marinos. Antes del inicio del proyecto, en la bahía de Chancay se registraban al menos 35 especies marinas accesibles desde la orilla; sin embargo, tras la primera etapa de construcción, sólo quedan 8 especies que permanecen de manera constante, mientras que 11 han desaparecido completamente de la zona. Asimismo, se reportan 33 playas afectadas (24 de ellas en el litoral norte), lo que impacta directamente actividades como la pesca y el turismo, las cuales son pilares de la economía local.

William Jurado, representante del Comité de Vigilancia del Humedal Santa Rosa Chancay, cuestionó que la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) sin garantizar una participación efectiva de la ciudadanía, ya que la presentación se realizó a través de medios de comunicación y no mediante procesos adecuados de consulta.

Los impactos sociales también han sido significativos. Durante los trabajos preliminares del proyecto, pobladores reportaron daños a sus viviendas como consecuencia de explosiones. Para Miriam Arce, representante del Frente de Defensa de la bahía de Chancay, el proyecto ya arrastraba irregularidades desde sus inicios: “las operaciones comenzaron sin contar con condiciones técnicas ni presupuesto suficiente”, priorizando su avances antes del vencimiento del EIA.

En el ámbito económico, si bien el proyecto muestra beneficios a nivel macroeconómico, representantes de comunidades advierten que a escala local los efectos han sido negativos. La economía de Chancay, basada principalmente en la pesca, el turismo y el comercio, se ha visto afectada de manera directa. En particular, la pesca industrial enfrenta una crisis debido a la disminución de especies marinas, señalada anteriormente. Según Luis Herrera, representante de la Federación de Pescadores Artesanales del Norte Chico, los pescadores se han visto obligados a desplazarse hacia zonas más alejadas para realizar sus actividades, lo que incrementa sus costos y reduce sus ingresos.

Frente a este escenario, una de las principales demandas de la población habría sido iniciar un proceso de diálogo real entre empresa, Estado y sociedad civil. Sin embargo, organizaciones locales denuncian que la población ha sido excluida de todos los procesos, lo que ha contribuido al escalamiento del conflicto, generando protestas sociales y división en la población de Chancay. Asimismo, se cuestionan las estrategias de relacionamiento de la empresa china Cosco Shipping, porque estarían dándose prácticas de hostigamiento y criminalización contra  quienes se oponen al proyecto del megapuerto.

De acuerdo con el sociólogo Chirinos, ante el inicio proyectado de una segunda etapa de construcción, persisten múltiples incertidumbres, entre ellas, cómo será la convivencia con el megapuerto, cómo se gestionará el crecimiento urbano, cómo se distribuirán los beneficios económicos y cuál será la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. También advierte que los impactos podrían extenderse a zonas cercanas como Huaral y Huaura.

Un conflicto que interpela al modelo de desarrollo 

Ante este panorama, organizaciones sociales y especialistas reiteran la demanda al Estado peruano y a la empresa china de garantizar la participación ciudadana efectiva en procesos de diálogo; evaluar y compensar los daños ambientales y sociales; e implementar un ordenamiento territorial adecuado que permita gestionar el desarrollo de manera sostenible. 

El caso del megapuerto de Chancay se evidencia una tensión de fondo, que es, el avance de grandes proyectos de infraestructura frente a la garantía de derechos y la protección de los territorios. Más allá de una obra de inversión, lo que está en disputa es el modelo de desarrollo, el rol del Estado peruano y el derecho de las poblaciones a decidir sobre su presente y futuro. 

Un proyecto que deberá ser debatido por el siguiente gobierno

Como se ha mencionado, el desarrollo del Megaproyecto de Chancay no solo viene acompañado de promesas de crecimiento económico y progreso social, sino también de diversas problemáticas sociales y ambientales que generan impactos directos en la población y en el ecosistema de la zona.

A puertas de un nuevo gobierno, quien resulte elegido tras el conteo final tendrá la responsabilidad de atender los conflictos sociales ya existentes, muchos de los cuales podrían intensificarse ante el avance de proyectos extractivos impuestos sobre los territorios. Esto implica no solo priorizar la inversión económica, sino también garantizar que las demandas y voces de las comunidades sean escuchadas, y que se respeten sus derechos y los del medio ambiente, históricamente relegados frente a los intereses extractivos.