Segunda vuelta y minería artesanal y de pequeña escala (MAPE): lo que no puede negociarse en el Perú

Por: Nury García Córdova, coordinadora del Grupo MAPE de la Red Muqui

En el Perú conviven pequeños productores mineros que buscan formalizarse, economías familiares y comunales, trabajadores en condiciones precarias, redes de acopio informal, plantas que compran oro sin trazabilidad, contrabandistas de insumos, financistas ilegales y organizaciones criminales. Por eso, la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) requiere políticas diferenciadas, eficaces y con enfoque territorial, que eviten criminalizar de manera homogénea a todos los actores, e incluso a la pobreza, mientras el delito permanece encubierto.

En esta segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez han presentado propuestas vinculadas a la MAPE en sus planes de gobierno. Aunque con énfasis distintos, ambas muestran límites importantes. En el primer caso, el riesgo es reducir el problema a una cuestión de control, orden y seguridad, sin enfrentar las causas estructurales que sostienen la expansión de la ilegalidad: el desorden del sistema de concesiones, la débil gobernanza territorial, la corrupción y la falta de control sobre los actores económicos que operan en la cadena del oro.

En el segundo caso, la principal interrogante es cómo evitar que una agenda centrada en la formalización termine reproduciendo la lógica de ampliaciones sucesivas y regímenes excepcionales que, durante años, no han logrado reducir la informalidad ni contener el crecimiento de la minería ilegal. La experiencia reciente demuestra que flexibilizar requisitos, sin mecanismos efectivos de control y fiscalización, puede terminar favoreciendo la permanencia de operadores ilegales dentro de esquemas creados para formalizar.

En ambas propuestas persiste una ausencia de fondo: la necesidad de una reforma integral del sistema de concesiones mineras, el fortalecimiento de la gobernanza territorial y la responsabilidad de los actores económicos y funcionarios públicos que permiten que la ilegalidad continúe capturando territorios, instituciones y cadenas de comercialización.

Por eso, más allá de candidaturas, existen aspectos que no deberían estar sujetos a negociación política.

Primero: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no puede seguir funcionando como una puerta giratoria. Debe dejar de ser un mecanismo indefinido y reemplazarse por un régimen MAPE con plazos, metas, causales de exclusión y verificación territorial efectiva. Por ejemplo, quien opera en zonas prohibidas, contamina fuentes de agua, utiliza insumos químicos sin control o mantiene vínculos con redes criminales no puede ser tratado como “minero en proceso de formalización”.

Segundo: formalizar no significa únicamente completar trámites administrativos. La formalización debe incorporar estándares ambientales, laborales, tributarios y de seguridad. Una MAPE formal no puede reproducir trabajo precario, contaminación, explotación de mujeres, afectación a comunidades o dependencia de compradores ilegales.

Tercero: la trazabilidad del oro es fundamental. No existe solución real si no se controla de dónde proviene el mineral, quién lo compra, qué planta lo procesa, quién lo exporta y qué flujos económicos genera. La ilegalidad no está únicamente en el socavón; también se encuentra en la cadena comercial, financiera y política.

Cuarto: es indispensable diferenciar al pequeño productor real de la minería criminal. Para el primero se requiere asistencia técnica, crédito, tecnología limpia, asociatividad, acceso a mercado y acompañamiento estatal. Para las organizaciones criminales se necesita inteligencia financiera, control de explosivos, combustible y maquinaria, así como sanciones efectivas y decomisos.

Quinto: los gobiernos regionales no pueden seguir enfrentando solos este problema sin continuar expuestos a procesos de captura institucional. La formalización requiere rectoría nacional, ventanilla única, interoperabilidad entre el Ministerio de Energía y Minas, SUNAT, Autoridad Nacional del Agua, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, SUCAMEC, Fiscalía, gobiernos regionales y locales, además de mecanismos de vigilancia ciudadana.

Sexto: debe existir zonas intangibles. No puede permitirse actividad MAPE en cabeceras de cuenca, áreas naturales protegidas, territorios indígenas sin consentimiento, zonas arqueológicas, fuentes de agua en estado de vulnerabilidad o áreas urbanas expuestas.

La minería ilegal no es solo un problema de extracción de mineral. También involucra temas que no deberían negociarse políticamente: la reforma del sistema de concesiones mineras, la trazabilidad obligatoria del oro, el control de toda la cadena comercial, la exclusión definitiva de quienes utilizan el Reinfo para encubrir actividades ilegales y la muerte civil para funcionarios y autoridades que faciliten o protejan esas redes.

Mientras esos temas no sean enfrentados de forma estructural, el país seguirá discutiendo únicamente los síntomas de un problema cuyas causas estructuras siguen intactas.

Foto: Radio Marañón, El País y Ojo Público