Detrás del video viral de Puno: más de 16 años de contaminación en la cuenca Llallimayo sin justicia ni remediación

Nota elaborada en colaboración con DHUMA, institución asociada a la Red Muqui

Las imágenes de los dirigentes de la cuenca Llallimayo, integrada por los distritos de Cupi, Umachiri, Ayaviri y Llalli, que se desnudaron en señal de protesta en Lima se hicieron virales. El hecho ocurrió el pasado 13 de julio en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de emprender un largo viaje desde sus comunidades hasta la capital. Pero detrás de estas imágenes existe una historia mucho más grave.

No protestaron únicamente porque los ministros de Estado no acudieron a la reunión convocada para abordar la problemática ambiental mediante el Oficio Múltiple N° D0082-2026-PCM. Protestan porque, desde hace más de 16 años, sus hijas e hijos crecen en un territorio contaminado por la empresa minera Aruntani S.A.C., mientras las respuestas estatales siguen siendo insuficientes y la remediación ambiental continúa postergándose. 

Una contaminación que persiste con el tiempo 

Hace más de una década, la empresa minera Aruntani contaminó la cuenca Llallimayo con aguas ácidas y metales pesados, entre ellos arsénico, manganeso y mercurio.

Lo que antes fue una fuente de vida para las provincias de Melgar y Lampa hoy representa una amenaza permanente para la salud, la agricultura, la ganadería y medios de vida de miles de familias que dependen de este ecosistema tanto para subsistir como para su conexión espiritual.

Los análisis de sangre y orina realizados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), especialmente a niñas, niños y adolescentes, detectaron la presencia de metales pesados en sus organismos, evidenciando la magnitud de contaminación, según reportaron medios locales el año pasado. 

Una contaminación comprobada, pero sin justicia

La contaminación no es una denuncia aislada. Está documentada. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó los daños ambientales y, en 2019, ordenó la paralización de las operaciones de la empresa. Sin embargo, detener la actividad minera no significó detener la contaminación. Los pasivos ambientales permanecen y las comunidades siguen viviendo con sus consecuencias. 

Lo que ocurre constituye una vulneración del derecho al agua, a la salud y a vivir en un ambiente sano. Llallimayo tampoco es un caso aislado. También refleja un modelo extractivo en el que las ganancias quedan para unos pocos, mientras los costos ambientales y sociales recaen sobre quienes habitan y cuidan el territorio.

Frente a esta situación, las comunidades originarias continúan organizándose y exigiendo justicia. A la vez, demandan que el Estado deje de postergar la atención integral a la población expuesta a metales pesados y que la minera Aruntani asuma su responsabilidad en la remediación ambiental de la cuenca.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto tiempo más tendrán que protestar las comunidades para que se garantice su derecho a vivir con agua limpia?

Conoce los antecedentes de esta problemática en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=g_7Gwrki7Ps 

Crédito de las fotos: DHUMA