El paro, las mesas y el pleno agrario: ¿hacia una nueva institucionalidad agraria?

Columna de opinión del economista Eduardo Zegarra.

 

Este viernes 14 de junio el Congreso de la República realizará por primera vez un pleno agrario que, hasta donde sabemos, se hace por primera vez en la historia.  Ese día, los congresistas debatirán algunos problemas del sector y aprobarán (esperamos) algunas normas importantes para nuestros agricultores. Cabe decir que la idea del pleno agrario está relacionada al paro agrario del 13 de Mayo convocado por CONVEAGRO y la Junta Nacional de Regantes.  Luego del exitoso paro, el presidente el Congreso, Daniel Salaverry, anunció el Pleno ante el severo llamado de atención de la movilización campesina a las autoridades y la opinión pública sobre el clamoroso abandono en que se encuentran más de 2.5 millones de familias de agricultores y ganaderos a nivel nacional.

 

Al respecto, conviene retroceder un poco y colocar la actual coyuntura agraria en un contexto histórico más amplio. Recordemos que cuando hace una década se negoció y firmó el TLC con Estados Unidos (gobiernos de Toledo y García) se ofrecieron una serie de políticas y compensaciones para la agricultura familiar, de tal forma que nuestros pequeños agricultores pudieran enfrentar la desproporcionada apertura comercial de nuestro país con la primera potencia agrícola del mundo (y una de las que más subsidia a su agricultura).  Pero luego de firmado el TLC, los sucesivos gobiernos (García, Humala y PPK) siguieron en el mismo piloto automático, rebajando aranceles para promover la importación de alimentos baratos, y sin atender a los graves problemas y necesidades de millones de agricultores familiares.

 

Las dos reorganizaciones del Ministerio de Agricultura post-TLC se hicieron de espaldas a los agricultores.  Por ejemplo, la reestructuración durante el gobierno de García estuvo orientada a debilitar la capacidad pública para ofrecer servicios a la escala requerida por el pequeño productor; y se concentró en conceptos y visiones abstractas de competitividad que sólo terminarían favoreciendo a la gran agroexportación costeña.  Durante dicho gobierno se redujeron en forma masiva los aranceles a la importación de alimentos, desprotegiendo aún más a nuestra agricultura. Luego, durante el gobierno de Humala, se hizo una nueva reestructuración que convirtió al ministerio en un ente ejecutor de infraestructura de riego, descuidando diversos temas de la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas, y sobre todo, el desarrollo de servicios agrarios requeridos por los agricultores.  Pese a que se aprobó una ley de agricultura familiar, ésta nunca tuvo presupuesto.   Finalmente, en el gobierno de PPK las cosas se pusieron aún peor, se quiso quebrar adrede a Agrobanco, y se volvió a reactivar la intención de extender la ley de promoción agraria de Chlimper en favor de las grandes exportadoras que recibieron tierras y agua barata del estado.  En esos diez años nada significativo se hizo en realidad para mejorar la situación de la pequeña agricultura familiar.

 

Así, luego de una década de olvido y ninguneo, los agricultores peruanos lograron consolidar una plataforma unitaria de demandas entre los dos gremios más importantes, CONVEAGRO y Junta de Regantes, convocando a un paro agrario que puso en jaque no sólo al gobierno de Vizcarra, sino a todo el país que se beneficia de alimentos importados baratos (a veces de dudosa calidad nutricional y alta presencia de transgénicos) a costa del ingreso de los pequeños productores que producen para el mercado interno.  En este contexto, el paro del 13 de Mayo integró demandas en materia de aranceles y ampliación de la franja de precios, mayor financiamiento de Agrobanco, cumplimiento de normas de compras estatales a la agricultura familiar, necesidad de un esquema de financiamiento de la representación agraria (autogravámenes), apoyo a la agricultura familiar y reorganización total del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), que hoy es percibido como un ministerio al servicio de los intereses de la gran agroexportación costeña, y cada vez más lejano de los intereses del pequeño productor.

 

En reacción al paro, el gobierno de Martin Vizcarra creó, mediante un dispositivo legal, cinco mesas de trabajo con los gremios de productores para atender sus demandas en un plazo de dos meses, las que deberán terminar con acuerdos y soluciones concretas.  Luego de idas y venidas, las mesas empezaron a funcionar en la semana del 3 de junio, y en ellas se empiezan a registrar algunos avances iniciales, aunque aún el grueso de las principales demandas no tienen respuestas concretas desde el Ejecutivo.

 

Dos avances interesantes en las mesas y que queremos resaltar (ya que existe la posibilidad de que se incluyan en el paquete de normas a ser aprobadas este viernes 14 en el pleno agrario) son (i)  reestructuración del ministerio de agricultura para convertirlo realmente en un ministerio al servicio de los pequeños productores familiares del país; y, (ii) creación de una línea de apoyo público a las diversas formas de organización de los productores nacionales en sus formas asociativas y de representación a nivel nacional y por cultivos y crianzas desde el programa AGROIDEAS, un instrumento creado precisamente para compensar por el TLC y que sería extendido por un periodo adicional.

 

En amplio consenso entre gremios y gobierno, la mesa correspondiente acordó que el ministerio pase a llamarse Ministerio de Desarrollo Agrario (MIDA), y que tenga dos viceministerios, uno de agricultura familiar, y el otro de servicios agrarios.  Esta estructura reflejaría una nueva voluntad política para enfrentar en forma directa el histórico olvido agrario, y, si es bien implementado, podría empezar a mejorar sustancialmente la política agraria en favor del campo.

 

En adición, hay también un consenso básico en que el ministerio inicie un programa de apoyo directo y sostenido a las organizaciones agrarias que enfrentan enormes dificultades de organización y gestión por falta de recursos.  Esta opción no ha podido desarrollarse ya que en la Constitución de 1993 no se consideró la posibilidad de generar fondos de autogravamen.  Mientras se procesa una necesaria reforma constitucional que permita--al igual que en Colombia con sus contribuciones para-fiscales--la existencia del fondos de autogravamen para la agricultura peruana, se ha acordado en las mesas que exista un apoyo público a las organizaciones agrarias para que desarrollen sus capacidades organizativas, comunicacionales y de prestación de servicios a los agricultores.  Esta medida tendría impactos muy importantes para fortalecer la representación y tejido social de nuestros agricultores, quienes enfrentan enormes desventajas para participar e intervenir en las políticas públicas que los afectan (política comercial, de financiamiento, de inocuidad y sanidad, de seguros y servicios agrarios).  De aprobarse esta política en el Pleno Agrario también se habría dado un paso importante par atender las demandas agrarias.

 

Quedando aún muchos temas por trabajar y atender, lo avanzado hasta ahora es interesante y debe ser bien visto y apoyado por toda la sociedad.  No podemos seguir viviendo de espaldas a la cruda realidad de nuestros agricultores familiares, quienes cada día alimentan cada uno a doce peruanos y peruanas.  Sin una agricultura familiar fuerte y competitiva no hay futuro posible para nuestro país.