Las Bambas: El diálogo y la acusación judicial contra 19 comuneros

A un día de iniciarse la primera mesa de diálogo sobre justicia y derechos humanos entre el Ejecutivo, las comunidades de Cotabambas, y la empresa minera MMG Limited del proyecto Las Bambas, tras 66 días de protestas; el día de hoy, lunes 15 de abril, se suspendió por segunda vez el inicio del juicio oral contra 19 comuneros de la provincia de Cotabambas, acusados por la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho, por iniciativa de la empresa minera MMG, por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos en las protestas de septiembre del 2015. La fiscalía solicita entre 11,15 y 17 años de pena privativa de la libertad; una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado; y la empresa minera MMG de las Bambas, ratificando su pedido, solicita 88 mil 600 dólares como reparación civil por daños a la propiedad privada.

Como se recuerda, a fines de septiembre del 2016, las comunidades empezaron a protestar luego de conocer que la empresa minera china había realizado modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas ante el Ministerio de Energía y Minas. Estos cambios no fueron de conocimiento de las comunidades afectadas y no se aplicó la consulta previa. El conflicto tuvo como desenlace la muerte de 03 personas y numerosos heridos por impacto de bala de la policía.

En palabras del abogado de la institución FEDEPAZ, David Velasco, que está asumiendo la defensa de los comuneros conjuntamente con la abogada Mirtha Vasquez de APRODEH; la Fiscalía está actuando de manera irresponsable al oficialmente no señalar el motivo de su ausencia y de esta manera retrasar el juicio que ya lleva 4 años y que debería haberse resuelto en 2 años, por no haber elementos de juicio para acusar a los comuneros.

Extraoficialmente se conoció que hace dos semanas se ha realizado cambio de fiscales en el Ministerio Público, pero esto no es impedimento para que otro fiscal se pueda presentar como ocurre normalmente en otros juicios, señalo Velasco, quien agregó que la fiscalía no comprende que los comuneros tienen que viajar largas horas para llegar a la audiencia.

Según lo señalado por APRODEH, ninguno de los comuneros acusados presenta antecedentes de ninguna naturaleza. “En el caso de Brandon Quispe y Javier Mamani, según sus testimonios señalan haber sido víctimas de tortura y sembrado de un arma de fuego e incluso en el caso de Brandon Quispe refiere que fue obligado a “disparar” para ser incriminado por la Policía Nacional del Perú”.

¿Y el diálogo?

Sobre la mesa de justicia y derechos humanos a instalarse mañana entre el ejecutivo, la empresa minera y las comunidades, el abogado David Velasco de FEDEPAZ señaló que “el Estado debe reconocer que la protesta social es un legítimo derecho de las comunidades”, y sus altos funcionarios deben de dejar de llamar a todos los que protestan como personas que están opuestas al desarrollo y son antisistema. “El Estado antes de perseguir y reprimir a las comunidades usando el derecho penal lo que tiene que atender es la protesta estableciendo mecanismos como el de la mesa de diálogo”, enfatizó.

Agregó que el Estado tiene que promover la modificación normativa de varias normas penales que permiten la criminalización de la protesta social, por ejemplo la figura de organización criminal que ha sido incluida en una norma constitucional para permitir detenciones por 15 días sin expresión de causa o la modificación en la figura de extorsión permitiendo que se use esta norma para perseguir a los que protestan, o normas procesales para que las personas puedan ser detenidas sin expresión de causa como pasó con Gregorio Rojas, dirigente de Fuerabamba.

Sobre la participación del Ministerio Público en la mesa de mañana, señaló que se puede exhortar para que el Ministerio no denuncie por denunciar, que solamente abra investigación cuando existan fundados elementos de convicción o medios de prueba que obliguen a la apertura de una investigación penal. “A los magistrados que no dicten medidas de detención o impedimento de salida sin mayor justificación, o que no permitan que se pase a juicio oral cuando la fiscalía no tiene casos debidamente sustentados, como el caso de la audiencia suspendida el día de hoy”, finalizó el abogado.