Familias detienen destrucción de Morococha por Chinalco y denuncian penalmente a ex viceministro de Minas, Ricardo Labó

Los representantes del Frente de Defensa y Desarrollo de Morococha, representados en Elvis Fuster; la Asociación de los Hijos Nacidos en Morococha, representados en Mauro Marin; la Asociación de Propietarios Desplazados, representados en Noel Gamarra; y el vicegobernador de Junín, Fernando Orihuela, en representación del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón; se unieron en conferencia de prensa realizada el martes 5 de febrero en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto a representantes de PASSDIH Arzobispado de Huancayo, Luis Samaniego; CNDDHH, Ana María Vidal; y Red Muqui, Javier Jahncke; para exigir a Chinalco que cese en la hostilización a las familias que aún permanecen en antigua Morococha, y acate la reciente medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto - Sede La Oroya, que establece que la minera de capitales chinos, Chinalco: se abstengan de ejercer “actos de destrucción, desmantelamientos y destrozos en el ornato Urbano, espacios libres acceso y esparcimiento de la Antigua ciudad de Morococha dentro del lote Municipio 34 472.30 hectáreas”.

La empresa minera Chinalco, según Carlos Castro, abogado de las 3 organizaciones demandantes de Morococha; tiene hasta el próximo jueves para interponer alguna acción legal frente a ésta resolución.

Ver la resolución del Juzgado Mixto de La Oroya aquí: goo.gl/kaZVW8

El presidente del Frente de Defensa de Morococha, además, señaló que según el EIA del proyecto minero Toromocho de Chinalco en la nueva Morococha, existe presencia de metales tóxicos en el ambiente por la presencia de un depósito de relaves y también existe peligros de inundación.  Recordemos que la mayoría de la población fue desplazada forzosamente de Morococha a Carhuacoto a fines del 2013, llamada ahora Nueva Morococha, porque se encontraron minerales debajo de la ciudad de Morococha y el proyecto de ampliación de Toromocho de Chinalco comprende ese territorio, siendo una mina a tajo abierto.

“No se ha cumplido con un reasentamiento digno, y se ha vulnerado el derecho a nuestra propiedad”, agregó Elvis Fuster, tras afirmar que el modo y la forma como la empresa les arrebató su territorio fue arbitrario y contó con la colusión del ex viceministro de minas, Ricardo Labó.

Los dirigentes señalaron qué debido a los incumplimientos de la empresa minera, continuamente han buscado el diálogo, y por ello el 26 de septiembre del 2018 fueron a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Por ello emprendieron acciones de protesta pacífica y posteriormente emprendieron la acción legal para paralizar la destrucción de la antigua Morococha y de sus viviendas.

Puertas Giratorias

El ex viceministerio de Minas, Ricardo Labó, anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco. Ricardo Labó fue quien pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, que tenía como objetivo evitar los riesgos de una zona con pasivos ambientales mineros y remediarlos. Posteriormente Ricardo Labó asumió la presidencia del directorio de Activos Mineros S.A.C, luego de renunciar al viceministerio de minas, y en su período destinó estas tierras al proyecto minero de ampliación de Toromocho operado por Chinalco.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ex Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Éste artículo fue utilizado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para expropiar las 34 hectáreas de Morococha, utilizando también las potestades otorgadas por el Decreto Legislativo 1192 que en su artículo 41° señala que por el solo mérito de una resolución de la SBN se hará la transferencia de inmuebles a propiedad del Estado a título gratuito. Como ya se había señalado anteriormente por Red Muqui, la aplicación de éstas disposiciones, vulneran los derechos de posesión y propiedad de las poblaciones de la zona.

Denuncia penal por negociación incompatible

Durante la conferencia, también acompañaron a los dirigentes, los abogados Carlos Castro y José Camayo, quiénes minutos antes acudieron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para presentar la denuncia penal contra Ricardo Labó, ex viceministro de Minas y otros funcionarios involucrados en la irregular transferencia de las 34 hectáreas de antigua Morococha a Chinalco.

Ésta denuncia es por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Según el artículo 399: “el funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene en razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2del artículo del código penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días de multa”.

Según el abogado Camayo, en dos momentos se cometió el delito de la negociación incompatible: “en la transferencia de expropiación de la SBN a Activos Mineros S.A.C y luego cuando Activos Mineros S.A.C. vende a Chinalco las 34 hectáreas”. ¿A provecho de quien se hizo esta transacción? ¿Acaso fue de Chinalco y también del viceministro Ricardo Labó Fossa?, se preguntó el abogado.

El abogado Camayo señaló que el Decreto Legislativo 1192 en el que se ampara la SBN, “menciona que solo se debe transferir predios para obras de infraestructura o para beneficio de la sociedad. Teniendo en consideración ello, en ese entonces el ex viceministro Labó solicita a la SBN se transfiera la propiedad de 34 hectáreas a Activos Mineros S.A.C, empresa estatal que depende del Ministerio de Energía y Minas. Pero, Activos Mineros S.A.C luego vende éstas 34 hectáreas a la empresa minera Chinalco, violando lo establecido en la ley”.

Y, además, en el contrato de compra y venta, precisa el abogado, “en una de las cláusulas señala que las partes declaran que en la retribución establecida en la cláusula tercera de la presente adenda y recibida por Activos Mineros S.A.C; los 5 millones 900 mil soles que Chinalco pagó a Activos Mineros S.A.C por las 34 hectáreas luego pasan como aporte a favor del fondo social Toromocho. Es decir, los 5 millones 900 mil soles vuelven a Chinalco porque el fondo social Toromocho pertenece a Chinalco.

Y un último factor señala el abogado Carlos Castro, es la prohibición expresa de la ley que “prohíbe la venta de predios que se encuentran en zonas de riesgo no mitigable”. Y contrario a ésta norma, Activos Mineros S.A.C transfirió las tierras a título oneroso. Esto advierte una confrontación a las leyes vigentes y han afectado el derecho a la propiedad de los pobladores que es un derecho constitucional.

Javier Jahncke de Red Muqui señaló que el Ministerio Público debe actuar de acuerdo a las denuncias porque “seguramente se ejercerán muchas presiones, porque en la cartera de proyectos de inversión a nivel nacional, la ampliación del proyecto minero Toromocho de Chinalco es uno de proyectos que está esperando Vizcarra como parte de los ingresos económicos fuertes en el país. Consideramos que el derecho de las personas y las familias a su salud, a su vivienda, y sus derechos, está por encima de algún ingreso económico”.

Gobierno Regional de Junín

Finalmente, el vicegobernador de Junín, Fernando Orihuela, en representación del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón; señaló que respaldan las exigencias planteadas porque “mucho de los acuerdos tomados en el proceso de negociación en su momento entre las organizaciones de Morococha, la empresa y el Estado, no han sido justos y no han sido alcanzados”

Agregó que el gobierno regional ha solicitado una reunión con representantes de Chinalco y a la fecha no han tenido alguna respuesta. Expresó, además, la molestia del gobierno regional porque la empresa minera Chinalco ha solicitado 5 años más de exoneración del pago del canon para toda la región Junín.