La caída de las inversiones puede haber generado menos conflictos socioambientales este año

El miércoles 13 de diciembre de 2017 se presentó el 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), a cargo de las y los representantes de las instituciones que conforman dicho observatorio como son CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

Dentro de las principales conclusiones de este informe se señala que este año ha sido peculiar porque los conflictos sociales bajaron en comparación a otros periodos. Las movilizaciones se han dado por los derechos laborales y por el derecho a la salud, mientras que la conflictividad social reporta unos 171 conflictos a noviembre. Se presume que puede estar relacionado al hecho de que a partir del 2009 hay una caída sostenida en las inversiones. Se estaría dando una reconfiguración de conflictos donde la macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad.

De Echave señaló que, actualmente, un 14% del territorio nacional está concesionado. Luego de una caída estrepitosa de las exploraciones mineras, entre 2010 y 2015 (de un 15.1% a 5.9%), hacia el 2016 estas se han incrementado a un 10%. Y que este dato no deja de ser un indicador que refleja la incipiente recuperación del sector, sin embargo, de ninguna manera representaría un nuevo boom minero como un sector del empresariado quiere hacer creer.

Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de Grufides, precisó que en la región de Cajamarca existen conflictos socioambientales relacionados con reclamos de dos tipos. Por un lado, reclamos por los serios impactos ambientales generados por los pasivos mineros, como los casos de Condebamba y Hualgayoc; por otro lado, reclamos por la expansión de proyectos mineros que incorporan el novedoso “Fondo de Adelanto Social”.

Vásquez sostuvo que la represión de Yanacocha contra la familia de Máxima Acuña y la familia Pajares continúa, al punto de reproducir escenarios de violencia con disparos por parte de la policía, un grave panorama que revela la carencia de una política pública de tratamiento de los conflictos que ya existen y la prevención de los que podrían iniciarse.

David Velazco, director de Fedepaz abordó la situación de criminalización que afecta a la población implicada en conflictos sociales relacionados con minería, a nivel nacional. Mencionó como ejemplo el caso de Ayabaca y Huancabamba, provincias de la región de Piura, en donde existe un gran número de campesinos y comuneros que han sido acusados por delitos de daños, lesiones, secuestro, usurpación y mal uso de los símbolos patrios. Esto, como respuesta a su rechazo y legítima protesta ante la imposición del proyecto minero Río Blanco en sus territorios.

Ana Leyva, directora de CooperAcción, abordó el entramado de normas que se han generado para seguir flexibilizando los estándares de cuidado y conservación ambiental, así como debilitando a las instancias reguladoras y fiscalizadoras. Algunos de los ejemplos señalados son la ampliación para la formalización de la minería ilegal, la flexibilidad para proyectos de entre 20 y 40 plataformas que ya no requieren certificaciones ambientales, o que algunas obras pueden iniciarse sin tener autorización de exploración minera.

Leyva mencionó, también, algunos avances en el ámbito normativo, tales como la sanción inmediata por parte de la OEFA en caso de no cumplir con la medida correctiva, la creación de un registro de infractores, aunque éste solo dura un año, o las modificaciones en relación a la contaminación de suelos que han sido orientadas hacia la remediación. Adicionalmente, precisó que aunque existe una ley de cabeceras de cuencas, no hay ninguna declarada intangible, probablemente, por no estar claros los criterios para definir lo que es una cabecera de cuenca en nuestro país.