Toromocho (Junín) y Constancia (Cusco): SENACE continúa con virtualización de la Participación Ciudadana ambiental y pone en riesgo derechos de Pueblos Indígenas

En mayo se aprobó el DL 1500, que establece “medidas para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública privada ante el impacto del COVID-19”. En su artículo 6 habilitó la virtualización de los procesos de participación ciudadana para la elaboración de los IGA, la evaluación ambiental y la ejecución de proyectos de inversión. Actualmente, estas disposiciones están siendo aplicadas por SENACE para la evaluación y aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Toromocho en Junín de la empresa minera Chinalco y para la elaboración de la tercera MEIA del proyecto minero Constancia de la empresa Hudbay en Cuzco, así lo reportó la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Ambos proyectos son de gran minería y las MEIA plantean incorporar grandes modificaciones a los componentes de los proyectos mineros, lo cual implica impactos ambientales significativos en estos territorios.

Desde Red Muqui consideramos que la virtualización de la participación ciudadana, debido al Estado de Emergencia Nacional en la que nos encontramos a causa de pandemia originada por el COVID-19, no garantiza un adecuado acceso a la información y una participación ciudadana efectiva en la gestión ambiental, tal como lo señala el artículo III del Título Preliminar dela Ley General del Ambiente:

“Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concertar con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental”.

Las condiciones establecidas en el artículo 6° del Decreto legislativo N° 1500 no contienen criterios específicos que den mayores garantías al proceso de participación ciudadana, especialmente en estos proyectos mineros que tienen considerables impactos:

1. Sobre las características de los proyectos: se trata de modificaciones de impactos significativos de los componentes del EIA originario. Se generarán impactos acumulativos en el territorio por la envergadura de los proyectos; y la información que se debe entregar a la población y comunidades es compleja y de características técnicas, por lo cual es de suma importancia que sea idónea y adecuadamente comunicada. Las comunidades debe tener la oportunidad para realizar preguntas y observaciones bajo el principio de diálogo intercultural de forma continua.
2. Sobre las características y condiciones de la población: las poblaciones que viven en la zona son calificadas como sectores de pobreza y pobreza extrema, por lo cual no todos cuentan con los medios virtuales de conectividad necesarios para poder ejercer adecuadamente su derecho a la participación ciudadana y acceder a las Oficinas de Información Permanente Virtual. La participación ciudadana ambiental debe ser un proceso donde se tenga en cuenta los pilares de la inclusión, transparencia, accesibilidad, idoneidad y pertinencia cultural.
3. Sobre los derechos de los pueblos indígenas: tanto en las zonas afectadas por estos proyectos mineros en Cusco como en Junín, se encuentran comunidades campesinas para las cuales se debe aplicar normativa de especial protección. En el marco del respeto a los derechos delos PPII, el Estado peruano debe garantizar el diálogo intercultural y se debe tener su cultura y las formas tradicionales de participación, deliberación y toma de decisiones. Los mecanismos virtuales no forman parte de los usos y costumbres en las comunidades.

En el caso de Toromocho se han presentado observaciones a la MEIA ante el SENACE. Una de las principales es referida a la virtualización de la participación ciudadana ambiental; sin embargo, SENACE ampara en la aplicación del DL 1500 a proyectos de inversión minera, a pesar de que su aplicación es ilegal y vulnera derechos fundamentales de poblaciones y comunidades campesinas. La aplicación de estos procesos de participación virtual en la elaboración y aprobación de los MEIA deben de ser suspendidas hasta que existan condiciones materiales y de salud pública, que permitan una participación presencial y directa de los pobladores.

Actualmente la ciudad de Morococha se encuentra sin energía eléctrica, de acuerdo a declaraciones del presidente del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha, Elvis Fuster. Quien, además, declaró que la población de la ciudad y comunidades de Morococha y Yauli no están familiarizados con el uso de medios virtuales.