Ante el gobierno ilegítimo de Merino, la defensa de los derechos humanos es primordial

Todos los peruanos y peruanas hemos sido testigos de cómo el pasado lunes 09 de noviembre el Congreso de la República dio un “Golpe de Estado Parlamentario” con la fuerza de sus votos, contra el poder ejecutivo y la democracia peruana. Los 105 Congresistas que votaron a favor de la vacancia presidencial hicieron una interpretación tendenciosa de “la incapacidad moral permanente” (art. 113 de la Constitución). Este día sin duda sera recordado como un dia nefasto en nuestra precaria institucionalidad democratica.

Esta claro que estos sucesos ahondan más en la actual crisis política que enfrenta nuestro país, motivo por el cual en diversos lugares del país se vienen desarrollando movilizaciones y protestas sociales masivas, no necesariamente en respaldo del poder ejecutivo, sino como actos de rechazo a la clase política de nuestro país. Lamentablemente este Congreso ha preferido hacer prevalecer a través de la vacancia, sus intereses politicos particulares y mezquinos, en medio de una de las más graves crisis sanitaria y económica desatadas por la pandemia de la Covid-19.

Las protestas sociales de estos días han traído consigo también un uso arbitrario, indebido y desproporcionado de la fuerza pública por parte de los miembros de la PNP, produciéndose represiones y detenciones de diversos manifestantes. La jornada de protestas suscitadas el día martes 10 y miercoles 11 de noviembre, culmino con más de una treintena de detenidos en la ciudad de Lima y otro tanto en diferentes regiones del país. En el marco de estas represiones y detenciones, los defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado actos irregulares y graves violaciones del debido proceso, como agresiones físicas violentas, tratos humillantes, privación de comunicación, impedimento de acceso a abogados de defensa, la falta de presencia de fiscales en la toma de declaraciones, entre otros.

Todos estos hechos nos obligan a recordar que el Estado y las entidades estatales tienen el deber irrestricto de proteger los derechos fundamentales de todo ciudadano y ciudadana; tal es así que incluso el ejercicio de la protesta social en el actual contexto de crisis política es fundamental para la democracia, como lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional. Pues solo a través de la protesta los ciudadanos pueden increpar a las autoridades electas o designadas, su actuar contrario a los principios y valores de nuestro Estado Constitucional de Derecho y la democracia. Los miembros de la PNP no pueden limitar o privar arbitrariamente de su labor a los defensores en medio de las protestas, tal y como ocurrió con el abogado Carlos Rodríguez miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Recordemos que el Perú a ratificado tratados internaciones que protegen la labor de los defensores de derechos humanos.

Lamentablemente en los ultimos años desde la Red Muqui nos ha tocado denunciar este tipo de abuso de derechos por parte de diversos gobiernos a poblaciones afectadas por actividades extractivas; haciendo uso de los estados de emergencia y convenios entre la PNP y empresas mineras, se ha permitido el uso desproporcionado de la fuerza de manera permanente y sistemática contra las comunidades. Para estos días diversas organizaciones y colectivos han anunciado más movilizaciones en diferentes ciudades del país en rechazo a las decisiones que viene asumiendo el actual presidente de facto del país, Manuel Merino. La población está cansada de escuchar las mismas promesas de lucha contra la corrupción y de promesas de cambios, la ciudadania hoy pide cambios de fondo, ya no es posible sostener un modelo que transgrede permanentemente sus derechos. Por ello en medio de todas las acciones movilizadoras y frente a la violencia y la represión de este gobierno de facto, la defensa de los derechos humanos y la democracia se hace imperativo y más que necesario en este momento de crisis sistemica en nuestro país.