A favor de la transparencia sin restricciones a la libertad de asociación y expresión

-          Se deroguen los dos condicionamientos establecidos para la renovación de los registros de la APCI referidos a “haber sido supervisada por la APCI (…) de ser el caso” y “haber cumplido con las recomendaciones efectuadas, como consecuencia de acciones de supervisión realizadas por la APCI”.

-          Se modifique la definición de “supervisión” contenida en la mencionada RDE, respetando la definición ya señalada en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2010-APCI-DE; a fin de garantizar en nuestro país el derecho a la libertad de asociación y el derecho de las ONGD a ejecutar sus planes y programas de acción.

Asimismo, señalamos lo siguiente:

1. En el Perú existe un clima de alta conflictividad social, que no es responsabilidad de las ONGD. El intentar buscar culpables impide entender la profundidad del problema y conduce a falsas soluciones.
2. Los conflictos revelan un serio problema de falta de legitimidad de las instituciones del Estado, que debe corregirse a fin de que los ciudadanos puedan canalizar sus demandas y preocupaciones a través de ellas. De lo contrario, los conflictos continuarán y escalarán, pues la protesta se convierte en la única vía que existe para que las poblaciones, disconformes con las decisiones del Estado, hagan conocer su desacuerdo. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva amenguar la protesta con la utilización de la fuerza y mecanismos de control, es un error y va contra la esencia de la democracia.
3. Nosotras y nosotros jamás nos hemos opuesto a que el Estado supervise y fiscalice el uso de recursos que provienen de la cooperación internacional. Por el contrario, siempre hemos estado de acuerdo con ello y es prueba de lo mismo que somos supervisados y/o fiscalizados por la APCI (antes por la SECTI), por la SUNAT, por los ministerios, por los gobiernos regionales, adicionalmente al seguimiento de nuestros financiadores y los evaluadores y auditores externos que los mismos designan. Somos las instituciones más fiscalizadas del país. Lo que nos parece inaceptable es que los mecanismos de supervisión y fiscalización se utilicen para controlar a quien piensa distinto. La discrepancia no puede ser castigada, sino entendida de forma positiva cuando es adecuadamente trasmitida y canalizada, debido a que permite que las decisiones se mejoren.
4. En ese sentido, queremos recordar que las ONGD en el Perú tenemos más de 50 años de trabajo comprometido con la investigación, la promoción y el desarrollo. Contribuyendo a que se conozca el país, a la descentralización, a procesos participativos de planificación del desarrollo, a la elaboración de presupuestos por resultados, a la formulación de los planes de igualdad de oportunidades, planes de prevención de la violencia de género, entre otros. Hemos defendido la vida y los derechos humanos en los momentos más duros del conflicto interno, y contribuido a recobrar la democracia. En otras palabras hemos contribuido a defender y ampliar la democracia
5. Hemos fundado y participamos en espacios de concertación como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la pobreza, el Acuerdo Nacional y los diversos Consejos de participación de otros sectores del estado a nivel nacional y regional, como la CMAN, CONCORD, entre otros.

La democracia se fortalece con una sociedad con autonomía, capacidad crítica y reconocimiento. Es por ello, que la declaración de Busán firmada por el gobierno peruano, reconoce la importancia de la sociedad civil, su derecho a ser actores del desarrollo, y de hacer presente los derechos de las poblaciones marginadas. Del mismo modo, el Foro de Alto Nivel sobre la eficacia al desarrollo realizado en México el 2014, reconoce la necesidad de generar un clima propicio y habilitante para el desempeño de la sociedad civil. Idea compartida por el Comisionado especial de la Naciones Unidas sobre el Derecho de Asociación y reunión.

Perú, 12 de junio de 2015.

RED MUQUI Y OTROS, FIRMAS ADJUNTO

PRONUNCIAMIENTO COMPLETO: