Ante la indiferencia de las autoridades, las y los afectados por metales tóxicos de 13 regiones del país llegaron hasta la plaza Bolívar, en Lima, para demandar al Congreso de la República el aumento en S/ 5 millones del presupuesto actualmente asignado, de esta manera, alcanzar los S/ 22 millones en 2024, suma que permitirá la atención en salud de las personas contaminadas por metales tóxicos, así como la remediación del medio ambiente.

Alrededor de 25 personas integradas en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos señalaron que el presupuesto actual es insuficiente y expresaron su preocupación a través de una representación simbólica de la contaminación de los metales tóxicos en sus cuerpos y territorios, causados por la explotación de la minería e hidrocarburos en sus comunidades. Las y los representantes señalaron que dicho presupuesto destina aproximadamente solo S/ 1 para atender a cada mujer expuesta y S/ 1.50 a cada varón expuesto.

El incremento presupuestal planteado permitiría financiar la identificación y atención de la población afectada, principalmente la atención integral en salud y vigilancia epidemiológica. Además, permitiría identificar las zonas contaminantes, como las fuentes de agua contaminadas por las actividades extractivas, por mencionar algunas de las acciones más urgentes del Plan Especial Multisectorial de Atención a Personas Afectadas.

En el país existen 43 provincias en situación de emergencia ambiental que pone en riesgo la salud y vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Algunas de las zonas más impactadas por la contaminación de metales tóxicos son Cerro de Pasco, cuya población respira hasta 15 metales pesados debido a los pasivos ambientales. En tanto, en Espinar (Cusco), el 80% de su territorio se encuentra expuesto a arsénico en el aire debido a la actividad minera en la zona.

La Oroya (Junín) es identificada como la quinta ciudad más contaminada del mundo por la presencia del plomo, azufre, cadmio y arsénico en el ambiente. Así también Choropampa (Cajamarca) donde más de un millar de personas siguen enfrentando las consecuencias del derrame de mercurio en el 2000, sin lograr mayor atención por parte del Estado peruano.

La Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos es una organización que cuenta con representantes de 13 regiones del Perú: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco, Puno, Huancavelica, Loreto, Lima y la provincia constitucional del Callao. Desde este espacio organizativo exigen que se atiendan los problemas que afectan el medio ambiente y la salud humana por la exposición a los tóxicos emanados a consecuencia de las actividades extractivas desarrolladas en sus territorios (minería, hidrocarburos y otras actividades antropogénicas), que atentan contra la vida de más de 10 millones de personas en el Perú.