Sin la participación de las comunidades no habrá posibilidad de explorar y menos explotar litio en el departamento de Puno, así ha quedado en evidencia en un conversatorio virtual que organizó el pasado martes la Red Muqui bajo el título: Litio y Uranio en Puno: “Riesgos y vacíos del proyecto”.

Betty Quispe de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas del distrito de Macusani agradeció la oportunidad de exponer sobre la visión de las comunidades que ven con gran preocupación las concesiones mineras de este estratégico mineral, cuya explotación podría afectar la integridad del mayor glaciar tropical del mundo y con ello la disponibilidad de agua. “No se ha hecho la consulta previa frente a unos riesgos que hacen peligrar nuestro futuro, el agua que tenemos», expresó la dirigenta puneña.

Los temores son fundados como explica Vito Calderón de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “El titular del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) Oscar Vera declaró que en dos meses se va a autorizar para comenzar con las exploraciones. Precisamente los trabajos se harían en esa zona próxima al mayor glaciar tropical del mundo “Quelccaya”. Una masiva masa de hielo de 170 metros de espesor que juega un rol fundamental como una especie de termómetro que mide el calentamiento global y además surte de agua dulce a miles de pobladores y a las cuencas del Urubamba, Irambari y Azángaro. Las amenazas para la integridad del glaciar se explican según Calderón porque las concesiones se ubican directamente encima del nevado Quelccaya. El mismo nombre con el que ha bautizada la empresa Macusani Yellowcake, dueña de las concesiones de litio en Puno, la tercera y menos conocida zona concesionada para la exploración del mineral. El primero es Macusani y corresponde a yacimientos de uranio, el segundo es Falchani con depósitos de litio. “La empresa pretende iniciar el trabajo de exploración para lo cual ha presentado en 2020 una Declaratoria de Impacto Ambiental para que el Estado les apruebe esta solicitud y comenzar así con las exploraciones, sin que exista una normativa en el país que permita la exploración de litio”, explica el especialista de la organización ambientalista DHUMA.  

El peligro de explotar uranio para obtener litio

Y tal vez uno de los aspectos polémicos de la eventual explotación del litio en Perú se relaciona con las informaciones que han entregado las autoridades gubernamentales en relación a si los yacimientos de litio que se ubican en los distritos de Macusani y Corani en el departamento puneño de Carabaya se encuentran asociados a uranio, mineral que por su propiedad radiactiva es la materia prima para la combustión en las centrales nucleares. Como recuerda Vito Calderón: «Hasta este momento el Estado en figuras del gobierno ha enviado mensajes contradictorios, respecto de si el litio en el yacimiento de Puno está asociado al uranio. El titular del MINEM en 2021, Jaime Gálvez, dijo al referirse al proyecto Macusani textualmente que «sería más factible si no estuviera asociado al metal radiactivo».

Rolando Pilco director ejecutivo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) explica que en el caso de las primeras, el volúmen de los yacimientos ha sido evaluado en 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza. En tanto para el uranio sus depósitos alcanzan la cifra de 124 millones de libras.

La presión externa y el “boom” de los “minerales de transición

Pero no es que ese mineral, aún cuando es radiactivo, no sea altamente cotizado. Amanda Romero, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explica en su presentación que la presión internacional por acelerar la explotación de litio, surge de la importancia de los minerales de transición, claves en el desarrollo de lo que se ha denominado “energías limpias” o “energías verdes”. En ellas juega un rol fundamental el almacenamiento de energía a través de baterías de litio, componente fundamental en los vehículos eléctricos, pero también en los almacenadores de energía generadas por fuentes eólicas(viento) o fotovoltaicas (sol). Sin embargo, entre las energías limpias, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha clasificado incluso la energía nuclear como energía limpia, una decisión que también comparte la Unión Europea.

Eso significa, que a pesar de que hay países como Alemania, donde se acaban de apagar las últimas tres centrales nucleares en funcionamiento el pasado fin semana, que pone un punto final al uso de la energía nuclear en dicho país, se seguirán construyendo muchas otras centrales de energía atómica en diferentes partes del mundo.

Más allá del interés de algunos países en explotar uranio, el litio también es un mineral cuya explotación puede acarrear consecuencias negativas. Según Amanda Romero “Las mayores empresas de explotación del litio y los países de las que provienen, ya sea China, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia o Alemania se destacan por no tener en consideración los impactos sociales y medioambientales de su actividad”, constata la investigadora colombiana.

En cuanto a las capacidades que podrían tener México, Bolivia y Argentina, países que se han mostrado dispuestos a regular su oferta y con ello influir en los precios internacionales de litio, la investigadora Romero se muestra escéptica ante el poder que han adquirido las empresas de los países señalados, pero matiza que “Bolivia habría avanzado más en su propuesta de que la explotación de litio esté asociada a la transferencia de tecnología de los países industrializados hacia el país andino, donde incluso la empresa china ganadora de la licitación de la explotación del litio en el Salar de Uyuni, considerado el lugar que concentra los mayores depósitos del mineral, se ha comprometido a instalar una fábrica de baterías en territorio boliviano”. 

Ante la realidad que el litio conforma solo una porción menor en la composición de las baterías, Romero plantea que lo primero que debe haber por parte de las empresas mineras, fabricantes de baterías, generadoras de energía eléctrica y de automóviles es una evaluación de riesgos en derechos humanos y ambientales. Algo que no se está haciendo evidentemente, como se observa en la ocupación de vastos territorios de pueblos indígenas que los habitan en México, Colombia, Brasil sin que se desarrollen procesos participativos que incluyan la consulta previa, libre e informada a esos pueblos, aplicando el Convenio 169 de la OIT. Una situación que viven las comunidades tanto donde se encuentran las concesiones mineras como aquellas donde se están erigiendo gigantescos parques eólicos o fotovoltaicos. 

Según ella la evaluación de riesgos a su vez debe incluir tres elementos fúndamentales:

  1. Los derechos culturales, incluyendo el patrimonio pictórico
  2. El derecho humano a un medio ambiente saludable, un derchos reconocido por la ONU y que está estrechamente relacionado con la crisis climática y por lo tanto ligado en el caso de Puno con la integridad del glaciar Quelccaya y a la disponibilidad del agua
  3. El derecho humano de las comunidades a decidir autónomamente qué tipo de desarrollo desean

¿Quién se quedará con la torta?

La pregunta central es, quién se quedará con las ganancias. Porque, según Amanda Romero, esas se van a repartir escencialmente entre las empresas de energía eléctrica por un lado y por otro entre las empresas extractoras de los minerales y de las baterías para vehículos eléctricos.

La posición de los pueblos originarios al respecto ha quedado clara en una resolución que emitieron hace poco menos de un mes las autoridades originarias aimaras y quechuas en presencia de 3 mil integrantes de comunidades y que Rolando Pilco de IDECA resume de la siguiente manera: 

-Rechazo a la actividades extractivas que vulneren los derechos de las comunidades campesinas, derechos humanos y el medio ambiente

-Antes de explotar, se debe discutir su forma de industrialización de forma responsable

-El litio debe ser un recurso estratégico para el beneficio de las poblaciones de Puno, respetando la Pachamama

-Los recursos naturales deben ser para los peruanos, lo que requiere un cambio de la normativa de explotación de dichos recursos

Ante el reciente anuncio del Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich de otorgar los permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake, manifestamos:

Primero:  Ante la afirmación dudosa del titular del MINEM “parece que nuestro litio está sin uranio y sería mucho más fácil para nosotros”, exigimos que se informe con transparencia y objetividad si el litio y uranio en el yacimiento correspondiente no están asociados. Mientras no haya claridad, si el litio es un mineral independiente del uranio no es posible dar viabilidad a la exploración del primero de ellos que pretende otorgar el gobierno de Dina Boluarte a la empresa Macusani Yellowcake, propiedad del consorcio canadiense American Lithium. En el caso de uranio se trata de un mineral radiactivo, que puede causar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de la población que depende del agua de las cuencas Urubamba, Azángaro e Inambari; donde se encuentran los proyectos mineros Falchani (litio) y Macusani (uranio).

Segundo: Según el Ministerio de Salud, el 58 por ciento de la población de la región de Puno está expuesta a metales pesados. Según los tamizajes realizados por CENSOPAS en las cuencas Coata y Llallimayo entre otros, los metales pesados se encuentran en el organismo de las personas. Además de las 13 cuencas vertientes al lago Titicaca, nueve se encuentran contaminadas con metales pesados por actividades mineras formales, informales e ilegales.

Tercero: De acuerdo al análisis realizado por DHUMA (2021) al inventario de pasivos ambientales mineros contenido en la R.M. N.º 200-2021-MINEM/DM46, se infiere que la región de Puno tiene 916 Pasivos Ambientales Mineros. Por otra parte, Puno registra los mayores niveles de prevalencia de anemia con un 70.4 por ciento en menores de 6 a 35 meses de edad a nivel nacional, por consumir agua no potabilizada o agua contaminada por metales pesados.

Cuarto: De otro lado, las concesiones mineras de litio y uranio en territorio de las comunidades campesinas quechuas de Carabaya – Puno no pasaron por un proceso de consulta previa libre e informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. La omisión de este derecho pone en cuestión la viabilidad de los proyectos de litio y uranio en Puno para que pasen a la fase de exploración y su posible explotación.

Quinto: Los proyectos de litio y uranio se sobreponen a los restos arqueológicos reconocidos por el Ministerio de Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, las concesiones mineras de Macusani Yellowcake se encuentran en el entorno y sobre el nevado Quelccaya, el glaciar tropical más grande del mundo y considerado como termómetro que mide el calentamiento global del cambio climático. Si el MINEM autoriza la exploración de litio estarían en riesgo los paisajes naturales y culturales de la zona.

Finalmente, la población aimara, quechua y urus de Puno recientemente han rechazado las actividades extractivas tradicionales que atentan contra el medio ambiente y la salud de sus habitantes. Asimismo, exigen que antes de explotar el litio se debería discutir su proceso de industrialización de forma responsable en la región de Puno, respetando los derechos humanos y derechos de la Madre Tierra.

Puno, 13 de abril del 2023.

Suscriben:

  • Red Muqui Sur
  • Red Muqui Nacional
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente DHUMA – Puno
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  • Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF – Cusco
  • Centro Bartolomé de las Casas – CBC – Cusco
  • Asociación Fe y Derechos Humanos FEDERH

NOTA DE PRENSA: AFECTADOS POR METALES DEMANDAN DAR PRIORIDAD A LA SALUD AMBIENTAL Y HUMANA EN ZONAS AFECTADAS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES E HIDROCARBUROS

En la conferencia de prensa de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, dirigentes de 14 regiones afectadas por la extracción de minerales e hidrocarburos remarcaron la baja atención que el gobierno viene dando a la implementación del Plan Especial Multisectorial para la atención integral de población expuesta y afectada por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM), aprobado con D.S. N 037-2021- MINAM y demandaron su pronta implementación articulada.

«El gobierno está más preocupado en dar permisos a las mineras, incluso aquella que por la extracción de material radioactivo puede generar grandes riesgos», señalaron. La reactivación extractivista no es excusa para acabar con la protección del ambiente y la vida humana. Los anuncios hechos por el ministro de economía de acabar con la llamada «permisología» reflejan las prioridades del gobierno.

A un año de la creación del DS 037-2021-MINAM el gobierno no ha logrado articular a los sectores para  cumplir con los objetivos del Plan. En el año 2021, según el MINSA, en el Perú existían más de 10 millones de personas y comunidades expuestas a la contaminación por metales. Entre ellas niños expuestos a plomo, cadmio, arsénico y otras sustancias tóxicas, quienes vienen resistiendo a la ausencia del Estado y la contaminación que por décadas afecta no solo al sistema digestivo sino incluso al desarrollo cognitivo de los menores, etc.

«Exigimos como dirigentes nacionales que se implemente, de una vez, el Plan Especial Multisectorial en favor de los afectados por metales tóxicos, en cada centro de salud y cada ministerio»

Elsa Benavente, vocera de los afectados de la región Huancavelica mencionó que la presidenta Dina Boluarte, el premier Otárola, y los ministros están desinteresados de la vida de los peruanos. Los gobiernos regionales, locales y distritales deben también impulsar la implementación de este Plan. Elsa Merma, representante de Espinar enfatizó la importancia de convocar a la Defensoría del Pueblo para acompañar y vigilar la implementación del Plan. «Este Plan es Multisectorial y todos están llamados a concurrir en esta iniciativa», refirió Yolanda Zurita, vocera de la región Junín.

Entre los casos tratados y los riesgos de eliminar la «permisología», Elsa Benavente, sub secretaria de la Plataforma, remarcó que hay serio peligro. «El proyecto Pukaqaqa Sur de la empresa Nexa Resources es una bomba de tiempo, y puede causar muchas muertes. Pero este no es el único proyecto extractivo que puede perjudicar nuestras vidas, haya otros cientos de bombas de tiempo. El plan multisectorial puede ayudar a mitigar esto, antes que una indiscriminada reactivación que priorice el dinero a las vidas humanas, y la sostenibilidad ambiental, señaló Benavente.

«Hasta el momento no sabemos los avances ni en qué se ha gastado el presupuesto del primer año del Plan Estratégico Multisectorial 2022. Los afectados seguimos siendo asesinados y muriendo lentamente. Hay niños con metales pesados. Queremos prevención, ¿qué están haciendo los ministerios correspondientes y el Estado?  Permitiendo que las empresas mineras entren a nuestros territorios. Cuando decimos la verdad nos persiguen como terroristas. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo?» puntualizó Merma.

Al respecto, se hace un llamado a la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, entidad encargada de la articulación entre sectores y presentación del Informe anual de actividades en el marco del PEM.

Asimismo, Paulina Valdiviezo, vocera de los afectados de la región Cajamarca, denunció la represión indiscriminada del gobierno de Boluarte.

«Exigimos al Estado el informe de las actividades de la implementación del plan, ya lo deberíamos tener en nuestras localidades. En nuestras regiones no está haciendo nada el Estado, más bien está ocupándose de encarcelar líderes y perseguir defensores y no se está preocupando por nuestra salud. Nosotros defendemos nuestras cabeceras de cuenca, donde no vamos a permitir más extractivismo», acotó Valdivieso.

Por otro lado, Eusebio Cuñachi, vocero de la región de Amazonas, recalcó que a pesar de las reuniones con los ministerios y los compromisos dados, no se cuenta con los avances de la implementación. «Seguimos esperando en Amazonas a que se hagan análisis y se priorice la situación de los niños y niñas afectados. Existe una necesidad urgente de atención en cada región. ¡Hay que luchar y ver por nuestros hijos! »

Inusual presencia policial

Minutos antes del inicio de la conferencia, se presentó una inusual presencia de efectivos y vehículos policiales quienes señalaron haber recibido información de «inteligencia» respecto del evento en los exteriores del hotel Carrera. Los efectivos adujeron que Inteligencia del Estado había advertido de este evento y que se hacían presentes para “salvaguardar las garantías de los presentes”. A su tiempo los dirigentes y el secretario nacional Félix Suasaca, rechazaron los actos de criminalización y persecución del gobierno de Boluarte, así como las muertes acontecidas hasta la fecha. La presencia policial fue percibida por los asistentes como un acto de amedrentamiento e intimidación.

11 de abril del año 2023

Las Asociaciones Civiles; “Plataforma Inundación Nunca Más-Piura”, “Vigilia Ciudadana” y “Piuranos por Piura”, el Colegio Médico del Perú- Filial Piura, las ONG’s Asociación Promoción de la Gestión Rural Económica y Social-PROGRESO y Red Agua y Desarrollo-REDAD, Juntas Vecinales Comunales y Asociaciones Vecinales; EXIGIMOS al Gobierno del Perú, a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Contraloría General de la República, Gobierno Regional de Piura y Municipalidad Provincial de Piura el cumplimiento INMEDIATO de las siguientes demandas para mitigar el inminente desastre declarado por el Gobierno Nacional ante la ocurrencia de un evento EL NIÑO de magnitud similar al de 1997-98 a partir de octubre-noviembre del presente 2023.

1) Ejecutar las obras de salida al mar del río Piura.

2) Ejecutar de forma urgente las obras de control de cuencas ciegas.

3) Reforzamiento de las defensas ribereñas en: Tambogrande, Castilla, Catacaos, Cura morí.

4) Restablecimiento de la transitabilidad de vías y canales de drenaje urbanos y rurales.

5) Garantizar la provisión eficiente de los servicios de agua-desagüe mediante la habilitación de recursos a EPS GRAU y supervisión de las condiciones de ENOSA para proveer energía eléctrica durante la crisis.

6) Inicio inmediato al proceso de las construcciones de las primeras presas de laminación: Río seco y Yapatera para el control del caudal del río Piura.

7) Vigilar el obligatorio cumplimiento del control del reservorio San Lorenzo.

Los dos primeros puntos tienen estudios listos para ser ejecutados. El asunto de la EPS GRAU se trata de rescatar a esta empresa que da servicio vital, y que es el mismo Estado quien le ha asignado esa responsabilidad. Las presas de laminación ya deberían estar construyéndose desde diciembre 2022 según el Plan presentado por la ARCC a fines del año pasado. Y la JUSAL tiene que cumplir con la normativa de manejo de ese tipo de infraestructura, que es de regulación.

Desde los eventos EL NIÑO 1973, 1982-83 y el último 1997-98, las zonas urbanas, rurales, áreas productivas e infraestructura de Piura han sido severamente destruidas sin que se hayan hecho hasta el momento obras de impacto de prevención, que son la prioridad. En el verano de 2017, con menos de la mitad de lluvias que en 1998, que empezaron a inicios de febrero, bastó para inundar a Piura y al Bajo Piura. Hoy con lluvias que han empezado en marzo, otro desastre amenaza. Es decir, CADA VEZ MAS VULNERABLES.

Estas evidencias nos muestran a un Estado, con 50 años construyendo desastres y provocando el retraso de nuestra región

Consideramos INACEPTABLES las declaraciones públicas de autoridades del Gobierno actual de que “YA NO HAY NADA QUE HACER” y solo se atinará a distribuir motobombas, insumos, materiales y medicamentos de emergencia.

Bajo la condición de EMERGENCIA NIVEL 5, el Estado tiene el deber de movilizar todos los recursos financieros y logísticos necesarios para que se cumplan las exigencias prioritarias arriba señaladas que son parte el Plan Maestro de soluciones integrales de manejo del Río Piura que es lo único que nos salvará de nuevas inundaciones.

Piura, 08 de abril 2023


 

El pasado 27 de marzo, en presencia de 3,000 aimaras y quechuas reunidos en Ilave, Puno, el consejo de autoridades originarias quechuas y aimaras acordó, por unanimidad, continuar con la defensa de la soberanía del territorio puneño. Para tal fin se hizo énfasis en tres acuerdos claves: continuar apoyando y participando de las movilizaciones por la renuncia de Dina Boluarte; ejercer su derecho por la soberanía del litio amparados en el convenio 169 de la OIT; y rechazar a las autoridades designadas por el gobierno de Dina Boluarte, calificado de ilegitimo y acusado de traición al pueblo.

Este acuerdo fue tomado a partir de un debate previo que se desarrolló durante la ceremonia de inicio de clases de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, y en presencia del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. En este espacio se resaltó la importancia de industrializar el litio, y que este mineral beneficie a las trece provincias de Puno y sus 110 distritos. A partir de estas declaraciones, las autoridades quechuas y aimaras acordaron secundar la industrialización del litio, en palabras de un dirigente aimara: “No permitiremos que el litio salga del altiplano sin industrialización, ejerceremos nuestro legítimo derecho sobre la soberanía del litio para los pueblos aimaras, quechuas y amazónicos. El litio no será dispuesto a libre albedrío como creen en Lima”. Además, se cuestionó la emisión de concesiones mineras para la explotación del litio, acusando al gobierno de no realizar la Consulta Previa para su emisión, por lo que acordaron rechazar las concesiones mineras y no autorizar la explotación del litio por extranjeros.

Es importante resaltar que, desde el 2017 – año en que se descubrieron las reservas de litio que podrían incorporar al Perú en el triángulo del litio -, el departamento de Puno se encuentra inmerso en la discusión global sobre minerales de transición y energías verdes por la presencia de litio y uranio en su territorio. Sin embargo, tal cual lo mencionaron especialistas durante la presentación del estudio “El rostro del litio y uranio en Puno, la cultura, la salud, derechos de las comunidades y medio ambiente en riesgo”, el gobierno peruano se apresuró a promover la explotación de litio, sin contemplar su industrialización, riesgos para la salud, comunidades, patrimonio cultural y su relación con el uranio, siendo este último el que podría exponer a la radioactividad a miles de personas.

Luego de este acuerdo regional, se espera el pronunciamiento de las comunidades del distrito de Corani y Macusani de la provincia de Carabaya, zonas donde se encuentran el litio y uranio.

El 23 de enero de 2023, la Mesa Directiva del Congreso de la República remitió la resolución legislativa del PL N° 1768 (“Ley que regula las organizaciones de usuarios de agua para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de los recursos hídricos”) aprobada en Pleno el 28 de diciembre de 2022. Sin embargo, esta fue observada el 13 de febrero por el Ejecutivo que la devolvió con algunas sugerencias a la Comisión Agraria. A continuación, un análisis técnico – normativo de la iniciativa legislativa:

  • A nivel de fortalecimiento institucional y de acceso a la información

La autógrafa de ley plantea que la Autoridad Nacional del Agua realice el primer registro nacional de organizaciones de agua de acceso público, con información detallada de sus miembros, usuarios de agua y que sea actualizada de forma periódica. Asimismo, aborda la problemática de la transparencia de decisiones de la ANA, obligándola a notificar, a través de medios idóneos, a las organizaciones de usuarios de agua sobre la valoración de su opinión respecto del reconocimiento de las comisiones y comités. Por otro lado, propone otorgar a las organizaciones de usuarios de agua el reconocimiento por parte de instituciones públicas vinculadas al sostenimiento de las actividades agrarias.

  • Sobre la Asamblea General y Consejo Directivo

Una novedad es la composición de la asamblea general como máximo órgano de gobierno de las organizaciones de usuarios de agua, excluyendo la constitución de usuarios de agua por un solo sector hidráulico, lo que permite la participación de usuarios de agua de varios sectores hidráulicos. Un aspecto crítico, sin embargo, es el quórum propuesto, porque en primera convocatoria señala que participe al menos el 50% de los usuarios y a la segunda, se podrá sesionar con los usuarios hábiles asistentes. Ello podría acarrear problemas a la hora de convocar a las organizaciones de usuarios de agua a elecciones democráticas, ya que no respeta los porcentajes de participación de la Ley N° 30157 y su Reglamento. Otro dato interesante es que la elección del consejo directivo da un giro riguroso, al imponer un solo representante usuario no agrario, es decir, los representantes mineros ya no podrán ser cuatro, como lo dice la ley actual.

  • Derechos de los usuarios de agua

Si bien los derechos mencionados en la proposición de ley están sujetos al incumplimiento de responsabilidades del Estado, es pertinente señalar que lo mencionado en la resolución legislativa aprobada hace énfasis en la necesidad de contar con información real, actualizada y de forma rápida, pero también explicita la necesidad de acceder al suministro de agua como otras grandes industrias, problemas de larga data que afectan a los usuarios de agua.

  • Participación en la gestión multisectorial 

Resalta la participación de los usuarios de agua, quienes podrán participar de la gestión multisectorial y usos sostenibles de los recursos hídricos, en forma directa o personal, o en forma institucional a través de las organizaciones de usuarios de agua; atribuyéndoles participar directamente en las sesiones de la asamblea, con voz y voto, inclusive interviniendo en la toma de decisiones, pero también pudiendo participar en los equipos y/o mesa de trabajo constituidas por acuerdo de la asamblea general o el consejo directivo. Por esto último, sería posible que los usuarios de agua no solo cumplan las disposiciones establecidas en la Ley N° 29338, sino también puedan participar de forma institucional en la toma de decisiones referidas, por ejemplo, al ordenamiento territorial, zonificación ecológica y construcción de otros instrumentos relacionados a la gestión multisectorial y desarrollo sostenible de sus zonas de intervención, inclusive podrían generar opinión sobre las actividades económicas que podrían representar un riesgo sobre la sostenibilidad de sus zonas de intervención.

También es pertinente destacar que los usuarios de agua podrían participar de forma institucional en las mesas de diálogo entre actores en conflicto, siempre y cuando estén constituidas por acuerdo de la asamblea general o consejo directivo. Por ejemplo, en la cuenca Llallimayo en Puno, los usuarios de agua participan en mesas de diálogo entre poblaciones locales, Estado y Aruntani S.A.C, pero no de forma institucional, algo que cambiaría con esta ley.

  • Falta a los principios administrativos en la gestión pública

La falta de uso de principios administrativos se ve reflejada en la ampliación hacia todas las organizaciones de usuarios de la función de “desarrollar proyectos o colaborar en su desarrollo, en armonía con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca”, que en la Ley actual reconoce solo a la Junta de Usuarios de Agua. Algo que podría conllevar a una superposición de funciones con los distintos niveles de gobierno y también entre usuarios del agua. Otro punto es el tema de las sanciones administrativas, las cuales quedan sujetas a una interpretación vaga y libre sobre su imposición. De acuerdo al Reglamento de la Ley 30157, la exactitud taxativa y legal de ellas solo se puede encontrar en la tipificación de sanciones del Decreto Supremo Nº 001-2009-AG. Del mismo modo, el Programa de Fortalecimiento es un indicativo de cómo las organizaciones quieren seguir sumando esfuerzos para consolidarse, pero ello no sería posible si es que ese Programa no cuenta con tiempos y recursos definidos, ya que la iniciativa legislativa exige que sea de manera permanente. Por último, ningún artículo, inciso, disposición complementaria final o transitoria de la ley determina una exoneración del pago de tributos, ya que el Congreso de la República no está facultado para ello, una decisión que se consulta y refrenda con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Para ver la Autógrafa de Ley, click aquí

La siguiente nota fue escrita por Kirsten Francescone y publicada originalmente en Canadian Dimension. La Dra. Kirsten Francescone es profesora adjunta de Estudios de Desarrollo Internacional en la Universidad de Trent y ex Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada. (traducción por Red Muqui)

El 18 de enero de 2023, mientras miles de peruanos protestaban en las calles de Lima contra la crisis política que vive el país, el embajador canadiense Louis Marcotte se reunía con el ministro peruano de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Las protestas se mantienen desde diciembre, cuando el presidente populista Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, una decisión política que fue rechazada casi inmediatamente por las bases sociales que lo habían elegido. Los manifestantes han sido enfrentados con detenciones generalizadas y una brutal violencia por parte de las fuerzas del orden. Según el autor Yves Engler, desde que la ex vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder (medida apoyada por el gobierno canadiense), la representación del país norteamericano se ha reunido con numerosos funcionarios peruanos de alto nivel de una manera inédita.

Desde que Boluarte asumió la presidencia, las movilizaciones han estallado en todo el país. Aunque difieren en la diversidad de sus demandas, coinciden en cuatro puntos principales: la convocatoria de nuevas elecciones generales para 2023, el cierre del Congreso, la dimisión de Boluarte y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Pero estas reivindicaciones políticas inmediatas tienen profundas raíces históricas. Como afirmó un conjunto de ONGs del país andino, el movimiento masivamente respaldado por los ciudadanos del sur y de las regiones periféricas nace de un sentimiento de indignación ante un sistema político y económico altamente racista y discriminatorio. Desde Puno, epicentro de las protestas y de la extrema represión policial, delegaciones de comuneros viajaron a Lima para exigir reformas políticas y soluciones a los pasivos ambientales tóxicos que han contaminado sus fuentes de agua con metales pesados lo que conlleva altos niveles de toxinas (muchas de los cuales se han detectado en los organismos de niños). Las causas (de esta contaminación) son, salvo algunas excepciones, los cursos de agua de estas comunidades que han sido afectados por la actividad minera e industrial.

La embajadora Marcotte tuiteó varias fotos de la reunión, aprovechando la ocasión para promover la minería como beneficio para las comunidades y para expresar el apoyo canadiense a la delegación peruana que asistirá próximamente a la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), en Toronto del 5 al 8 de marzo. Cada año, la mayor convención minera del mundo atrae a decenas de miles de expertos del sector, directivos de empresas y representantes gubernamentales para hablar de las tendencias del sector y promover la expansión de la minería, sin preocuparse demasiado por el consentimiento de los más afectados, incluido Perú.

Al momento de la reunión entre la representación canadiense y el titular del MINEM, Lima estaba paralizada por las manifestaciones que pedían nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente. Sólo unos días antes, 17 personas habían muerto a manos de la policía en las ciudades de Juliaca y Puno. En los días siguientes a la reunión, la casa de estudios superiores más antigua del país y del continente, la Universidad Nacional Mayor San Marcos, fue asaltada por vehículos blindados de la policía. Cientos de estudiantes y manifestantes provenientes de zonas rurales fueron detenidos, desnudados, agredidos y privados de sus derechos. Según los informes, en los últimos meses han muerto 59 personas -en su inmensa mayoría civiles de origen indígena y ciudadanos de zonas rurales y periurbanas– a manos de una fuerza policial desenfrenada. Es poco probable que el embajador hubiera podido desplazarse por la ciudad sin observar la represión y la violencia policial.

Durante años, MiningWatch Canada y el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP según sus siglas en inglés), junto con organizaciones como Red Muqui, Cooperacción, Derechos Humanos Sin Fronteras-Cusco (DHSF) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), han documentado los numerosos daños causados por la gran minería de origen canadiense a las comunidades rurales, así como la violencia policial que suele acompañar la imposición de estos proyectos. Si bien las protestas actuales en Perú no tienen que ver explícitamente con la extracción de recursos, los reclamos por una nueva Constitución que aborde la exclusión sistemática y a menudo violenta de los pueblos indígenas, campesinos y rurales del sistema político económico, así como la herencia de despojo y contaminación de tierras, sí están vinculados a siglos de extractivismo. Por ello, los tuits del embajador deben situarse en un contexto de siglos de violencia colonial y décadas de violencia poscolonial, que se han ejercido en función de la extracción de recursos contra las comunidades.

La embajada canadiense podría haber aprovechado el momento para denunciar públicamente la violencia policial e insistir en que se protejan los derechos de los manifestantes peruanos. En vez de ello, Marcotte optó por promover más inversiones mineras canadienses en el país y fomentar la PDAC 2023, donde un espacio nombrado como «Día de Perú» promete discutir «oportunidades en el contexto de potenciar las virtudes de la industria minera peruana y superar las fallas que han frenado su dinamismo en los últimos años». Las prioridades de Canadá en Perú no pueden ser más claras.

La importancia económica de la minería canadiense en Perú

Según el Ministerio de Energía y Minas de Perú, Canadá fue el tercer inversor más importante en el desarrollo de minas en 2021. Sus empresas invirtieron más de 8 mil millones de dólares en 10 proyectos, lo que representa el 15 por ciento de la inversión total en construcción de minas en el país. Además fueron el segundo actor más importante en lo que respecta a la exploración (lo cual no es sorprendente, dado que las empresas canadienses suelen centrarse en la prospección y exploración), representando el 28 por ciento de la inversión total en exploración, con 165 millones de dólares gastados en 21 proyectos.

Empresas del país norteamericano también operan minas en Perú. Hudbay Minerals, con sede en Toronto, explota la mina Constancia; Pan American Silver, con sede en Vancouver, explota las minas Shahuindo y La Arena; y Teck Resources’, también con sede en Vancouver, explota la mina Antamina, con una participación del 22,5 por ciento en el proyecto. Antamina es la mina más grande de Perú, situándose entre las 10 primeras extractoras del mundo en términos de volumen, y es el productor individual más importante de cobre, plata y zinc del país. En 2021, dejó más de 6 mil millones de dólares en ventas y casi 3 mil 700 millones en ganancias brutas.

Canadá también ocupa un lugar destacado en términos de importación de metales y minerales peruanos. Del valor total de las exportaciones de minerales peruanos en 2021, Canadá fue el tercer importador mundial más importante después de China y la India, con un 6,5 por ciento de las exportaciones totales. Esta importancia se hace aún más clara cuando se considera el oro, ya que Canadá fue el segundo mayor importador de oro peruano. Las importaciones canadienses representaron más de 3.000 millones de dólares en 2021, algo menos del dos por ciento del PIB de Perú en ese mismo año.

Sin embargo, cuando se trata de hacer declaraciones sobre las atroces violaciones de los derechos humanos en el país, la posición de Canadá ha sido tibia. Sumó su firma a la declaración más reciente de la OEA sobre la crisis política en el país andino, una declaración diluida que asigna la culpa y la responsabilidad, tanto a los manifestantes como al gobierno de Perú, como si fueran actores equiparables. El gobierno canadiense sigue repitiendo como un loro esta postura, incluso cuando casi todas las víctimas de los últimos meses han sido civiles asesinados por el uso indiscriminado de la violencia policial. Por parte de la misma Policía Nacional que ha firmado contratos para proporcionar seguridad a las empresas mineras canadienses.

Contratos privados con la policía

Cuando las empresas mineras canadienses se ven envueltas en un conflicto con las comunidades locales fuera de Perú, a menudo dependen de esbirros o fuerzas paramilitares para reprimir la protesta. En Perú, las empresas se benefician de la protección policial y la impunidad aprobadas por el Estado. Las empresas pueden firmar contratos de servicios directamente con la Policía Nacional de Perú, y se permite a los agentes de policía trabajar fuera de servicio para empresas de seguridad privada mientras utilizan bienes del Estado, como armas, uniformes y municiones. Las fuerzas del orden tienen garantizadas la inmunidad penal en caso de que hieran mortalmente algún manifestante. Tienen autorización para utilizar munición real y disparar a matar. Y lo han hecho.

Las empresas mineras también se benefician de las crecientes medidas de seguridad de sus activos. Según fuentes locales, la mina Constancia de Hudbay y las operaciones de Las Bambas de MMG han sido fortificadas, con el pretexto de «prevenir ataques a los campamentos mineros«, una protección proporcionada de hecho por el Estado que sirve para consolidar el dominio de estas empresas en las regiones donde operan.

La violencia no sólo se utiliza contra la población rural en los bloqueos o durante las marchas masivas. Según diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y peruanas, es una práctica habitual que amenaza la integridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y les impide ejercer sus derechos. Como señala un informe de EarthRights International, «la existencia de estos contratos [de seguridad con la policía] crea un escenario hostil que pone en riesgo los derechos humanos». Como ha demostrado la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con sede en Cusco, a través de varios estudios de impacto ambiental y social relacionados con la mina Constancia de Hudbay, estos contratos no sólo permiten la violencia estatal explícita, sino que forman también el telón de fondo de la intimidación y las amenazas raciales y de clase contra los líderes comunitarios, para prevenir que se pronuncien justamente en contra de estos contratos.

Promoción de la minería canadiense en el PDAC

Durante la convención PDAC del año pasado, la Comisión Episcopal Peruana de Acción Social (CEAS) escribió una carta abierta a los delegados de la conferencia expresando que, contrariamente a las promesas hechas por el Embajador Marcotte y otros, la minería «no ha traído la prometida mejora en la calidad de vida» para la mayoría de las comunidades en las zonas mineras. Por el contrario, constató, «ha provocado corrupción y contaminación ambiental y ha vulnerado los derechos de las personas a la vida y a la salud, dejando un reguero de conflictos sociales, enfermedades e incluso la muerte».

Estos daños no son menores: la contaminación de tierras agrícolas y cursos de agua en torno a la mina Quiruvilca de Pan American Silver; la criminalización de los líderes comunitarios o el despojo de tierras debido a la contaminación ambiental en Shahuindo; la violación de la autodeterminación indígena y el derecho a un medio ambiente limpio en torno a la mina de litio y uranio propuesta por Plateau Energy, proyecto encima del cual se encuentra el glaciar tropical más importante de la región; el recorte en los beneficios económicos que generan las comunidades más afectadas por las operaciones mineras, y mucho más.

Sin embargo, la embajada canadiense en Perú tiene un historial de ignorar las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente afectados por los proyectos mineros canadienses en el país, llegando incluso a pasar por alto las preocupaciones de la ciudadana canadiense Jennifer Moore, que fue detenida en 2017 por la policía peruana mientras proyectaba un documental en comunidades quechuas afectadas por la mina Constancia de Hudbay. Moore, a quien posteriormente se le prohibió volver a entrar al país y que fue etiquetada como una amenaza para la seguridad nacional, es el centro de un reciente informe del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP). Un estudio que ahonda sobre el papel de las embajadas canadienses en la priorización de los intereses de las empresas mineras de su país contraviniendo sus propios lineamientos políticos y compromisos asumidos con respecto a la protección de los defensores de los derechos humanos.

Sin duda, la embajada de Canadá en Perú seguirá trabajando junto al Ministerio de Energía y Minas peruano para promover más inversiones mineras en el país. Pero debe quedar claro: cuando la embajada elige promover la minería en Perú durante el PDAC, lo hace a sabiendas de lo que estas actividades significan realmente para las personas que se enfrentan a continuas amenazas, intimidación y violencia explícita patrocinada por el Estado.

El ingeniero ambiental Daniele Terranova, con experiencia en trabajos de investigación y evaluación de impacto ambiental, ha encontrado numerosos vacíos en el estudio “Análisis técnico cualitativo de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera (MEIA) Toromocho (2020)”, base para la ampliación del mencionado proyecto. Los contenidos esenciales relacionados con el contexto ambiental y de explotación minera de las áreas donde se ubica la mina Toromocho de la empresa Chinalco, serán presentados en un informe que resalta no sólo esas falencias, sino también propone posibles mejoras derivadas de la lectura del documento.

La necesidad de este estudio surge de las graves consecuencias ambientales y sociales presentes en el Perú desde hace siglos, a causa de las actividades mineras que devastan el país. Es claro que, los ingresos de estas actividades terminan en manos de unos pocos, y muchas veces se van al extranjero. Debido a esto, la minería, en sus diversas formas, es hoy la principal causa de los conflictos socioambientales en el Perú.

En un contexto de por sí muy adverso como el de Morococha, donde parte de la población se niega a abandonar sus moradas, la mina Toromocho ha iniciado obras de ampliación que la llevarán a explotar 170 mil toneladas de cobre por día, aumentando la severidad de sus impactos en estos territorios. Las actividades de expansión fueron precedidas en 2020 por la publicación del MEIA, cuyos capítulos: quinto y sexto resultaron más relevantes para el investigador a la hora de analizar la integridad y solidez de los procesos de evaluación de impacto ambiental relacionados con la expansión del complejo minero.

Por medio de este estudio, Terranova no solo se ha propuesto mejorar la calidad de la evaluación de impacto ambiental MEIA, sino también desarrollar y difundir conocimientos sobre temas ambientales y de sustentabilidad. Contribuye, de esta manera, al debate sobre la minería, sustenta la protección ambiental por actividades extractivas y le entrega herramientas a las comunidades afectadas.

Identificación de impactos

La identificación de impactos es la fase de un estudio ambiental enfocado en determinar los potenciales problemas ambientales derivados de actividades humanas, también sirve para asegurarse de que a lo largo de la operación de la actividad no se produzca un daño significativo al medio ambiente.

El MEIA (2020) presenta tablas que resumen las interacciones entre las actividades mineras y los componentes ambientales (aire, agua, biomas…). Sin embargo, a partir del análisis de esas tablas es posible deducir que hay interacciones faltantes: según Chinalco, algunas actividades específicas no afectan el medio ambiente cuando son preparatorias para la construcción de ciertas partes de la planta, mientras que sí lo son cuando se realizan para otros fines. Por ejemplo, la actividad “movimiento de tierras (corte, relleno y nivelación)…” se repite varias veces con diferentes propósitos, pero solo se reporta unas pocas veces su impacto en la “pérdida de suelo”. Está claro que el impacto de una actividad no depende del propósito con el que se realiza.

El caso mencionado representa un vacío muy grave, ya que cada impacto no identificado implica que,  no se considerará la implementación de medidas de prevención, mitigación o compensación. Tampoco habrá actividades de monitoreo; a parte significa polución que no vemos, y de la que no nos protegemos.

Por estas razones, lo que Chinalco tiene que hacer es aclarar este aspecto o aportar correcciones, para no subestimar los impactos de sus actividades. 

Caracterización del drenaje ácido

El drenaje ácido es el impacto ambiental minero más nocivo a nivel mundial y consiste en la formación de sustancias ácidas provocadas por el contacto entre algunas rocas mineralizadas, trabajadas por la empresa, y el agua, sobre todo la lluvia; este ácido, al llegar a las aguas subterráneas, contamina gravemente los recursos hídricos subterráneos y luego también superficiales, afectando cada componente ambiental y el hábitat.

Este riesgo, sin embargo, solo se menciona vagamente en el MEIA (2020). No hay una caracterización geológica completa y específica, es decir, una descripción detallada de los tipos de rocas que se encuentran cerca de la mina, su contenido mineral y cómo la actividad humana interactúa con dichas rocas. También faltan efectivas medidas de prevención o mitigación de este potencial impacto ambiental.

No considerar este peligro significa arriesgarse a contaminar muchos cuerpos de agua durante décadas o siglos, no solo cerca de la mina, sino también río abajo. Los metales pesados ​​se acumulan en los organismos y son perjudiciales para el metabolismo de animales y humanos.

Para evitar eso, Chinalco tiene que reconocer el peligro de drenaje ácido en su sitio, individualizar los riesgos potenciales e identificar las formas en las que se puede prevenir. Hay que conducir una investigación específica, que tome en cuenta los parámetros más importantes (pH, temperatura, grado de saturación del agua, presencia bacteriana…). Es importante que los trabajadores/técnicos de la compañía tengan el conocimiento y las herramientas para controlar drenaje ácido, y para identificar técnicas que reduzcan los impactos.

Impactos por emisión de PM

El material particulado (Particulate Matter, PM por sus siglas en inglés) es el conjunto de partículas pequeñas (entre 2,5 y 10 micras), generadas por varias actividades como excavaciones o combustión, que pueden transportar muchas sustancias tóxicas. El PM puede transportar estos contaminantes muy lejos y afectar hábitats y ecosistemas, pero también pueden llegar a los bronquios y alvéolos, exponiendo la salud humana a graves consecuencias.

La emisión de partículas puede causar pasivos de muchas maneras diferentes. Probablemente, no todos han sido descritos y caracterizados cuidadosamente en el MEIA (2020). Además, en dicho estudio no se explica cómo las medidas adoptadas por Chinalco realmente logran reducir significativamente las emisiones de PM: estamos hablando del uso de coberturas o reducción de velocidad de camionetas. 

Se trata de un pasivo muy impactante porque hay muchas actividades que pueden contribuir seriamente a la liberación de PM a la atmósfera. Las partículas contienen diversos contaminantes, porque se generan en un área con muchas de estas sustancias, y pueden depositarse, arrastradas por los vientos, en aguas superficiales, o en importantes ecosistemas como los bofedales, o llegar a los asentamientos, y dañar la salud humana.

Además de implementar nuevas medidas de prevención y mitigación, como sistemas de captura de polvo, sugerimos equipar a los trabajadores con medidores especiales que informen sobre las concentraciones de PM a las que están expuestos. También será útil el fortalecimiento de la red de monitoreo, ubicando estaciones de control cerca de los elementos ambientales más vulnerables.

Impactos sobre el suelo

La importancia del suelo a menudo se subestima en los estudios de impacto ambiental. No obstante, el suelo tiene un papel fundamental a nivel ecológico porque está íntimamente relacionado con la calidad del agua, con la salud de la flora y la fauna, con su fertilidad y, en general, con el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas. Por esta razón, los impactos sobre el suelo no solo afectan ese espacio, sino también a todos los componentes ambientales.

Las actividades mineras afectan seriamente el suelo, ya que modifican profundamente la morfología del territorio. El uso de maquinaria pesada, el desbroce de vegetación y la alteración geomorfológica compactan las partículas del suelo, impidiendo los intercambios de gases y agua con el exterior. Esto favorece la escorrentía superficial, y de esta manera, los flujos aumentan los procesos erosivos: partículas y material contaminado por la minería acaban descendiendo, afectando los alrededores. Además, el desbroce de vegetación reduce el contenido de materia orgánica, aportando, con ello, a su vez a los procesos de erosión y degradación generalizada.

En el contexto territorial de Toromocho, donde el paisaje es muy rocoso, polvoriento, escarpado y frío, la importancia del suelo es permitir que las lluvias lleguen al subsuelo. Ya ha quedado explicado como, la minería compacta el suelo, crea flujos superficiales y aumenta los procesos erosivos, lo que también aumenta el transporte de material contaminado, en este caso hacìa la cuenca del Mantaro. Desafortunadamente, los tiempos de autoregeneración del suelo son muy largos y los procesos bien complejos, pues son muy difíciles de estimar. En este sentido, el suelo es un recurso no renovable: otra razón más para cuidarlo mejor.

La primera medida que necesitamos, para enfrentar este problema, es llevar a cabo un análisis específico de las condiciones de vulnerabilidad del sitio: este puede ayudar en encontrar las acciones más efectivas en reducir la erosión y degradación. Hoy, los mejores modelos ambientales nos dicen que hay medidas que funcionan muy bien, por ejemplo el uso de terrazas particulares o muros de contención.

Conclusiones

Las observaciones reportadas en este análisis resaltan la necesidad de realizar un importante trabajo de protección ambiental. Las actividades mineras son de alto impacto y el área de Morococha tiene varios aspectos ambientales frágiles. Surge entonces la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental más completo y preciso, para evitar pasivos graves e irreversibles.

Es fundamental que una región, que ya ha sufrido por la minería, no siga enfrentando consecuencias ambientales y sociales tan graves. La idea es que Chinalco no solo tome en cuenta este estudio y respete sus compromisos, sino que mejore su desempeño ambiental y social. Por ejemplo, podrían planear la adopción de las últimas técnicas de recuperación de terrenos tras el cierre, o adaptarse a las directrices internacionales, recogidas por ejemplo por el Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council on Mining and Metals, ICMM por sus siglas en inglés).

Pocas personas fuera del centro poblado de Challhuayaco ubicado en el distrito de San Marcos, de la provincia ancashina de Huari, deben saber que uno de los proyectos mineros del Perú más promocionados por su gestión socioambiental, la mina Antamina – incluso recibió el certificado Sistema Integrado de Gestión (SIG) por la empresa alemana TÜV Rheinland – ha hecho desaparecer cuatro lagunas. Antamina, Challhuas, Huascarcocha y Chaquicocha como se llamaban estos reservorios no solo eran fuente hídrica para la población mencionada. Su desaparición es una muestra de cómo la empresa viene ocasionando impactos irreversibles al medio ambiente. 

Un antecedente que debería ser imprescindible para las autoridades competentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a la hora de aceptar o rechazar la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa. Presentación hecha para incrementar considerablemente la extracción de cobre y zinc, los dos principales minerales de esta mina polimetálica y considerada una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción.  Certificación ambiental imprescindible para poder aumentar el procesamiento de mineral desde el actual volumen de 175 mil toneladas por día a 208 mil hasta el año 2036.

Especialistas de Red Muqui han analizado la MEIA del proyecto minero Antamina y han hecho importantes observaciones dirigidas, a través de la municipalidad distrital de San Marcos,  al SENACE. Comentarios que visto los componentes modificados para hacer viable esa expansión deberían tomarse en serio. Así por ejemplo, se prevé la ampliación del tajo abierto en un 25 por ciento y la profundización del mismo por 150 metros o el incremento de dos depósitos de desmonte en alrededor de un 30 por ciento. Otra cosa no menor es, aumentar el depósito de relaves en treinta metros en un área de 905 hectáreas que almacenarán mil 527 millones de toneladas adicionales de materiales que contienen metales pesados y otros materiales tóxicos.

Impactos sobre recursos hídricos

La empresa sostiene que el sistema hidrogeológico no se encuentra conectado con el sistema superficial, razón por la cual los efectos de la actual operación y las modificaciones propuestas no generarían un impacto en los cuerpos de agua (lagunas y manantiales, etc.). Esos recursos hídricos se encontrarían asociados a sistemas hidrogeológicos locales sobre los cuales las operaciones no tendrían influencia. Es más, la empresa sustenta que el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en la MEIA, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

Otro tema relacionado con el impacto en el uso del agua tiene que ver con el incremento de cerca de un 20 por ciento en el procesamiento de minerales. Eso conlleva una mayor demanda hídrica. Sin embargo la MEIA deja abierta la interrogante ¿cuál es la huella hídrica, o cantidad de agua necesaria para producir una tonelada de concentrado de cobre y de los otros minerales?

Por lo tanto los autores de las observaciones compartidas con SENACE concluyen que el estudio hidrogeológico realizado por la empresa minera Antamina es insuficiente y hasta inconsistente. Esto porque no se profundiza los verdaderos impactos que se produciría sobre las aguas superficiales y subterráneas por la eventual perturbación de flujos de agua en calidad y cantidad; es decir, por contaminación o por uso para sus operaciones mineras.

A propósito de contaminación destacan los diversos informes, realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que coinciden en los hallazgos de metales pesados que superan los estándares de calidad ambiental en los principales cuerpos de agua superficial (Laguna de Pajuscocha, río Carash, río Juprog, el río Mosna y otros). Son precisamente los derrames de sedimentos mineros, la emisión de partículas, el vertimiento de aguas industriales entre otros proveniente de las operaciones mineras las probables causas que ponen en riesgo la salud de la población, de los animales y los cultivos.

Volviendo a la MEIA, los expertos de Muqui sostienen que, desde una visión ecosistémica e integral, sus autores deberían reconocer que el referido incremento de las operaciones transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, que harían desaparecer varias lagunas y ecosistemas frágiles y fragmentarían los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serían afectados de manera irreversible. Hace falta, por lo tanto, contar con un balance hídrico integral y ecosistémico que tome en cuenta la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto, por ser una cabecera de cuenca, con un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado. Sin contar que la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los impactos futuros del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos. 

Otras críticas

Otros riesgos están asociados a posibles roturas del mineroducto que trasladan la producción de minerales desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, en Huarmey. Eventos como el sucedido en  el centro poblado de Santa Rosa en julio de 2012, cuando una fuga de carga cayó sobre terrenos de cultivo y provocó síntomas de intoxicación en un centenar de pobladores. La empresa no ha aclarado cuáles son las nuevas medidas de mitigación y contingencias teniendo en cuenta el incremento en el volumen de transporte y los riesgos que pueda acarrear. 

Desconocidos son también los planes de prevención de riesgos de desastres naturales. Los investigadores de Muqui recuerdan que según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la Cordillera Blanca, es una de las zonas con mayor presencia y actividad de movimientos en masa, marcada por grandes eventos, algunos recurrentes en el tiempo, como los deslizamientos, erosiones superficiales, cárcavas (zanjas en el suelo producidas por la erosión de las corrientes de agua), caídas y avalanchas de rocas. Tampoco aclara la MEIA la manera de minimizar los riesgos y reducir los daños por movimientos telúricos, cómo aquel ocurrido en 1970, cuando un sismo de magnitud 7,9 grados en la escala de Richter ocasionó un aluvión con grandes volúmenes de nieve y material glaciar que descendió por el río Shacsa. En esa ocasión, la inmensa cantidad de material acarreado por el flujo llegó hasta Yungay y enterró entonces al pueblo y sus habitantes.

Para la empresa se respira aire limpio

Para la empresa no existe ningún impacto relacionado con material particulado en las emisiones de la empresa minera  a las poblaciones adyacentes de las operaciones de la empresa minera Antamina.

Sin embargo, las poblaciones de Juprog, Chipta y otros sienten una gran preocupación por el incremento de estas emisiones que están impactando directamente en sus habitantes, cultivos, animales y sus territorios. Ni siquiera al evaluar el impacto acumulativo que se consigna en la MEIA se menciona el informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 2006, que encontró riesgos para la salud por la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas en los pobladores, tanto para niños como para adultos. 

A la población: información poca, consulta….. menos

Finalmente, los expertos de Muqui llegan a la conclusión que para la elaboración de la MEIA la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia.  Así los procedimientos de participación implementados no garantizaron representación u opinión de las personas y pueblos ubicados dentro del área de influencia. Como ejemplo destaca el caso del sitio Yanacancha, donde se instaló una Oficina de Información Permanente (OIP) que estuvo dirigida principalmente a sostener reuniones con personas con vínculo laboral con la empresa minera. Por lo tanto, la propuesta de los expertos de la Red Muqui es que, la empresa debería modificar los procedimientos de participación para adecuarse a las condiciones socioculturales de cada comunidad y pueblo.

Deficiencias en las evaluaciones sobre impactos ambientales, planes poco claros sobre manejo de daños y reducción de riesgos y mecanismos de participación ciudadana cuestionables, son antecedentes que hacen dudar de la transparencia de un estudio para obtener la certificación ambiental, y expandir así las operaciones de una empresa con una gestión socio ambiental supuestamente ejemplar. Empresa que, como botón de muestra, aduce reutilizar para sus operaciones los recursos hídricos, pero no menciona que ha represado una laguna conocida como Nescafé para sus procesos de producción. Seguramente el nombre de esas aguas, que comúnmente se asocia a un brebaje amargo e intransparente, es una casualidad y no una analogía de cómo la empresa entiende la forma de realizar un estudio de las características mencionadas. No obstante, es de esperar que el SENACE tome en cuenta las observaciones encontradas por las organizaciones sociales y comunidades afectadas y recogidas por el equipo técnico de Red Muqui.

 

Este viernes se ha cumplido el quinto día de paralización en la provincia cusqueña de Espinar. Las comunidades demandan la reformulación del convenio marco con la minera Glencore Antapaccay, así como de un bono de 2000 soles por la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID 19 y el alza del costo de vida.

Para entender el trasfondo de este conflicto y entender qué significan las demandas en torno al llamado Convenio Marco hablamos con Oracio Pacori. El director ejecutivo de la organización Derechos Humanos sin Frontera (DHSF), explica que ha habido una evolución en la conflictividad que se vive en Espinar. 

Mientras que en los años 90’ las comunidades de la provincia discutían cómo se podían beneficiar económicamente de la explotación minera, en la década siguiente, con particular fuerza en 2012, el tema principal pasó a ser la remediación de la contaminación, especialmente de las fuentes de agua. A partir de la pandemia vuelve a estar más presente el tema económico por el impacto que tiene la paralización de la actividad económica con las medidas de confinamiento y la serie de restricciones que impone el gobierno para controlar la pandemia. 

“En resumen se puede decir que al menos desde 2002 para la población está claro que si los impactos negativos de la minería no son remediados, atendidos o tratados adecuadamente van a terminar en momentos álgidos de conflictividad”, explica Pacori. 

Recuerda que Espinar no es cualquier provincia, ya que acumula 40 años de convivencia con la minería que arrastran múltiples consecuencias negativas y por otro lado una eventual ampliación de las operaciones llevarían a otros cuarenta años de actividades y nuevos impactos. El tiempo correspondiente al ciclo de vida productivo que se espera explotar, sin contar los pasivos ambientales que va arrojando la minería y que dejarán una herencia tóxica por otros cientos de años. 

El pliego de demandas  

Sin embargo se debe entender según Pacori, que en el trasfondo del conflicto subyace el relacionamiento que existe entre las comunidades y la empresa minera, justamente por el impacto que genera la minera en la vida de los espinarenses.

La plataforma de pedidos que tiene la Plataforma del Comité de Lucha lo plantea claramente, las tres demandas tienen que ver con la presencia de la minera y su actividad extractiva : 

Primera : El bono de 2 mil soles para cada habitante de la provincia con fondos del Convenio Marco, que se obtienen del tres por ciento de las utilidades de la empresa, para hacer frente a los impactos que está dejando la minería. 

Segunda : La reformulación del Convenio Marco. Pacori explica que este pedido tiene que ver con cómo se asignan y priorizan estos fondos para la provincia de Espinar

Tercera : Que se transparente cómo se va a viabilizar el proyecto Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco, la ampliación del actual proyecto Antapaccay y el impacto que podría tener en otro ámbito territorial y con otras comunidades en la provincia. Una ampliación que significa asimismo un incremento en las utilidades de la empresa, fondos del Convenio Marco que también se van a incrementar. 

Convenio Marco, conquista que va más allá del beneficio económico

Son, por lo tanto, pedidos, que si bien tienen plazos diferentes, están encadenados entre sí por el convenio marco. Instrumento, que tal como lo explicó hace unos años el fallecido ex alcalde de Espinar e histórico dirigente social de la provincia, Oscar Mollohuanca,  al medio de comunicación terra-justa en 2020, tiene su origen en la movilización y lucha, no en la buena voluntad de la empresa. Una conquista de la población que brinda mecanismos de control, de garantía de derechos, para que no se contamine el agua, el ambiente, etc. Planteado por el municipio y las comunidades en 1999 en medio de movilizaciones sociales, finalmente se logra firmar con la empresa en 2003. El convenio prevé la suscripción de convenios específicos para cada cláusula, algo que no se ha realizado. Estas y otras falencias son las que justifican el reclamo por la reformulación, entendida como el establecimiento de mecanismos de implementación de cada una de las disposiciones, no solamente aquella de índole económica.

La demanda de reformulación del convenio marco ha estado presente en todos los conflictos en Espinar, aunque hasta ahora las comunidades no han tenido éxito en avanzar con esta demanda. Estos planes económicos, además de no beneficiar a toda la población, evidencian el rol paternalista de las empresas que han generado relaciones clientelares de dependencia con las comunidades. En vez de que sean ellas las que administren y gestionen directamente los fondos destinados al desarrollo local, es la minera la que maneja estos recursos a través de la fundación Tintaya. De esa manera ha creado un nuevo poder fáctico de presión, de subordinación y de manipulación política desde la empresa minera hacia la sociedad espinarense, como sentenció Mollohuanca en la misma publicación.

Para las comunidades que están dentro del área de influencia directa e indirecta de la actividad minera se trata de un proceso conflictivo que se arrastra por los más de cuarenta años que tiene la minería en Espinar. 

El desenlace de las movilizaciones tiene distintos momentos, explica Pacori. La concientización es un proceso que se va produciendo en torno al pliego de demandas del Frente de Lucha y puede desencadenar en algún momento la participación de todas Espinar. Porque la agenda que tiene favorece inmediatamente la vida de los cuarenta mil habitantes que tiene la provincia de Espinar.  

Dádivas para algunos o bienestar para todos

Sin embargo, la empresa ha tejido una poderosa red de aliados, gracias al poder económica que tiene tras de sí, con el segundo mayor consorcio minero del mundo, Glencore, como matriz y con las propias utilidades que genera una explotación que durante la década pasada representó el 10 por ciento de la producción de cobre del Perú. Y así es capaz de financiar publicidad que es transmitida en un 90 por ciento de los medios locales de Espinar que mantienen un vínculo de dependencia con la actividad minera. Las instancias estatales de toma de decisión son otro ámbito al que se han extendido los brazos de la empresa. Uno de ellos es el gobierno local que administra una parte del canon minero. Y por otra parte, esas instancias integran el Comité de Gestión del convenio marco. A ello se suma un proceso de cooptación de algunos dirigentes lo que ha llevado al debilitamiento de ciertas organizaciones sociales. Hay, como constata el sociólogo José Antonio Romero, en declaraciones al medio de comunicación terra-justa en 2020, una descomposición del tejido social. Porque al final, que la minería en Espinar brinda un buen ejemplo, explica Romero, de lo que se conoce como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005): que consiste en el despojo del territorio, mercantilización y privatización de los bienes comunes, por ejemplo cuando la tierra es arrebatada, expulsando a las poblaciones indígenas y campesinos. Esta apropiación y expulsión supone también la eliminación de los diversos tipos de propiedad (colectiva), según el experto que también ha trabajado para DHSF.

Si no es con la zanahoria es con el garrote

Un proceso que despierta claras resistencias, en los crecientes conflictos socio ambientales no sólo en el Perú. Por eso, para Oracio Pacori, las respuestas por parte de las empresas y del Estado se han desplazado hacia la criminalización y represión de la protesta social.  

Con patrones de individualización en los que se persigue a defensores de derechos que se exponen con su labor, tal como se ha visto con la denuncia y amedrentamiento que ha hecho la empresa Antapaccay contra el presidente del Frente de Lucha, Sergio Huamaní. En una carta notarial dirigida esta semana al presidente, la empresa le exige que se retracte de sus denuncias contra Antapaccay que a juicio de los dueños de la minera serían acusaciones falsas.

Derechos Humaos Sin Fronteras lleva un registro, en el que se constata que sólo en último tiempo, han sido tres los defensores y de derechos quienes han sido denunciados por los operadores del consorcio, a través del mecanismo de la querella. Una estrategia, cuyo fin es golpear a las personas que se atreven a encabezar la organización de la protesta y sentar así un precedente ante los ojos de la población, para que nadie se atreva a resistir.

Las proyecciones para el futuro

Oracio Pacori prevé que en un futuro cercano el foco del conflicto se desplazará hacia las afectaciones que tiene la minería, no sólo en un recurso vital como el agua, sino directamente en la salud y la vida de las personas. Y recuerda las evidencias de los diferentes estudios, según las cuales los niveles de exposición que tienen las comuneras y comuneros a los metales pesados son muy altas. 

En lo inmediato el proceso de diálogo de Espinar en el que está involucrado el gobierno central, incluye las negociaciones sobre el convenio marco y la realización de la Consulta Previa para la ampliación del proyecto de Integración Coroccohuayco. No obstante, no son una prioridad para un Estado que le da preferencia a la inversión en nuevos proyectos mineros o en la ampliación de otros ya existentes.