En los últimos días la empresa minera Southern ha sido mencionada en diversos medios de comunicación respecto al otorgamiento de la licencia del gobierno para el desarrollo del proyecto minero Tía María en Arequipa, pero, nada se ha dicho sobre la protesta del pueblo de la provincia de Candarave, región Tacna; que denuncia que Southern está dejándolos sin agua.

Las comunidades de Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave, todas pertenecientes a la provincia de Candarave en Tacna; se movilizaron masivamente el día de ayer, 1 de julio, en la capital de la provincia, denunciando que la empresa minera de capitales mexicanos, Southern, está dejándolos sin agua al haber secado la laguna de Vizcachas, y al correr el mismo peligro la laguna de Aricota y Suches. Southern tiene licencias de uso del agua de Candarave desde hace 59 años y actualmente lo utiliza para sus proyectos mineros de extracción de cobre de Toquepala – en ampliación- en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Hace algunas semanas, los alcaldes de las comunidades mencionadas realizaron una conferencia de prensa denunciando los atropellos de Southern, pero de parte del Ejecutivo y la empresa no hubo ninguna respuesta. Las autoridades y la población han dado un plazo de 7 días para que el ejecutivo vaya a Candarave a ver su realidadExigen:

  • –          Cancelación de las licencias de uso de agua de Southern.
  • –          Dejar sin efecto la resolución que aprueba el plan director de recursos hídricos en la cuenca de Locumba.
  • –          Retiro de la empresa Southern de Candarave con su oficina de relaciones comunitarias.
  • –          Declaración de emergencia de la cuenca de Locumba.

El alcalde de Huanuara, Gary Calizaya, señaló que el caudal de recurso hídrico en la provincia disminuyó en más del 60%. “Los usuarios de Candarave desde hace 59 años solo tenemos 943 l/s que irrigamos”, declaró. Mientras la empresa minera utiliza 1950 litros por segundo. El uso excesivo de agua por parte de la empresa ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y bofedales en parte del valle, agregó el alcalde.

Por su parte el alcalde de Curibaya, Ernesto Alvarado, recalcó “la alguna Aricota debe tener para cinco años y no hay más y de ahí se seca. En el consejo local hemos declarado en emergencia el recurso, igual se tiene que declarar en la provincia”. La laguna Aricota abastece de agua a los ríos Salado y Callazas.

“Pueblo desierto”

En el pueblo de Curibaya antes habían más de 2 mil familias, ahora solo hay 500 familias viviendo en la comunidad. “Todos tienen que migrar porque ya no pueden solventarse sus ingresos porque se está secando todo”, precisó el alcalde. Las actividades que desarrollaban antes, principalmente, eran la ganadería lechera y la cosecha de papa y maíz.

Antecedentes

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta de que la empresa minera otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron iniciar la protesta.

El rol de la Autoridad Nacional de Agua (ANA)

Frente a los reclamos en años pasados, Southern siempre ha respondido que mensualmente reportan sus operaciones en cuanto al uso hídrico de sus proyectos mineros a la Autoridad Nacional del Agua (ANA); entidad que monitorea el uso del recurso hídrico y el otorgamiento de licencias. Sin embargo, en la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hhídricos: para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Algo importante a señalar es que las empresas que solicitan la licencia para el uso del agua, presentan un estudio del recurso hídrico hecho por una consultora que ellos mismos contratan. No es un estudio independiente. Asimismo, la ANA no hace una verificación detallada de cómo va a impactar en las comunidades el uso de los recursos hídricos que se encuentran en esas zonas y que las comunidades y personas también necesitan para sus actividades personales, productivas y económicas.

Propuestas de Red Muqui

  1. Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  2. La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  3. Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  4. Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 – 2021

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompañan y asesoran a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. En reciente audiencia pública sobre el Expediente N° 05410-2015-AA en proceso de amparo presentado por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A. de capitales norteamericanos contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); el Tribunal Constitucional (TC) ha recibido los argumentos de las partes, en particular de la empresa que busca la no aplicación del “aporte por regulación”.
  2. Con el proceso presentado  por la empresa minera Cerro Verde, suman ya 18 procesos de amparo presentados por empresas en contra de la OEFA con la misma finalidad: no aplicar dicho aporte. Otro de ellos es el caso de la empresa minera Perubar que está pendiente resolver por el TC. Incluso son abogados de los mismos estudios jurídicos, que patrocinan a distintas empresas con los mismos argumentos. Frente a ello consideramos que se trataría en realidad de una estrategia coordinada desde las empresas mineras, para lograr que al menos uno de los casos tenga un fallo a su favor, para que las demás lo utilicen como “precedente” para otras acciones legales que favorezcan a otras empresas mineras.
  3. El “aporte por regulación” es una contribución creada por la Ley 27332, que en el caso de OEFA, de acuerdo a los D.S N° 129 y 130-2013, tiene como finalidad financiar sus funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, y de solución de controversias y de reclamos; las que se aplican, entre otras, a las empresas que realizan actividades extractivas.
  4. Eliminar el “aporte por regulación”, pondría en riesgo o dejaría sin capacidad a la OEFA para ejercer sus funciones, puesto que el monto recaudado por dicho aporte equivale actualmente al 70% del presupuesto de la OEFA para dichas actividades. Asimismo, si el TC fallara a favor de la empresa minera, el Estado Peruano tendría que devolver a ésta y las demás empresas mineras que esperan éste fallo, cerca de S/. 700 millones de soles por los aportes realizados desde el año 2014.
  5. En lo procesal, debemos decir que la Corte Suprema ya falló en segunda instancia declarando infundado el proceso de amparo, lo que tiene calidad de “cosa juzgada” y vincula a todos los poderes públicos; y no puede ser desconocido por el TC.
  6. La defensa de la OEFA ha reiterado que “la minería no es una actividad inocua”, quiere decir: que sí genera daños. Por ello se le exige un instrumento de gestión ambiental (EIA u otro) para evaluar cómo va a asumir el impacto que generan sus actividades; y la fiscalización de la OEFA es justamente para verificar el cumplimiento de las medidas aprobadas en dicho instrumento.
  7. De no existir una adecuada fiscalización, como buscan las empresas, vamos a seguir sufriendo la consecuencia de más conflictos sociales como el reciente de Las Bambas en el denominado corredor minero, donde se concentran varios proyectos mineros (Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua); el de Morococha con el traslado de la ciudad y sus incumplimientos (Junín); los graves problemas de impactos ambientales y en salud en La Oroya y Cerro de Pasco, entre otros.

Esperamos que el TC asuma su propia jurisprudencia que indica “el Estado puede intervenir de manera excepcional en la vida económica de los particulares a fin de garantizar bienes constitucionales por las imperfecciones del mercado (…)”. Desde la Red Muqui señalamos que es necesario priorizar la vida de las personas y el impacto en el ambiente, por encima de los intereses económicos de las empresas.

Lima, 13 de mayo de 2019

Hoy 22 de abril, en el Día Internacional de la Tierra, como parte de Red Muqui queremos anunciar que en conjunto con la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Caritas Perú hemos lanzado la campaña: “Seamos profetas de la vida. Protejamos nuestra tierra, nuestra casa común” a nivel nacional. Nuestra sociedad consumista nos está llevando a utilizar una serie de productos, en grandes cantidades, que su degradación demora cientos de años y contaminan y dañan nuestra casa común: la tierra.

  • Según la última estadística sobre concesiones mineras de noviembre 2017, el 14.07% del territorio nacional está concesionado a la actividad minera, del cual cerca del 50% son tierras de las comunidades campesinas.
  • Del total de 8, 448 pasivos ambientales mineros en la actualidad, el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. Peor aún con la iniciativa del gobierno a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), plantea que los relaves mineros puedan volver a utilizarse para extraer lo máximo posible del mineral desechado, perjudicando más la salud ambiental de las comunidades.
  • Normas como la Ley 30230 favorece la venta de las tierras campesinas incluyendo a las Juntas Directivas de una Comunidad Campesina en la decisión sobre la disposición de tierras, la que corresponde en exclusiva a la Asamblea General de la Comunidad y buscan eliminar garantías a las tierras de las Comunidades, facilitando el acceso especialmente a los proyectos mineros.

En ese sentido, tras haber pasado semana santa, queremos rememorar los mensajes del Papa Francisco a los Movimientos Populares hace algunos años: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción.”

En el Perú, el gobierno y el congreso siguen implementando políticas y leyes para desarrollar la minería en todo el país, sin preocuparse en que cerca de 3 millones de peruanos y peruanas trabajan como agricultores familiares; actividad que no es compatible con la minería y que cuenta con nulo apoyo del gobierno. No existe un presupuesto específico para la implementación del Plan de Agricultura Familiar, en un contexto en que en el mundo se ha llegado a la conclusión de que la agricultura familiar es parte de la solución a los problemas del cambio climático; la inseguridad alimentaria; el deterioro de los recursos naturales y el calentamiento global.

Como se señaló en una de las conclusiones del Foro para promover la agricultura familiar; los agricultores/as pueden ayudar a sostener servicios ecosistémicos que pueden dar agua a los agricultores/as mismos, como la instalación de cochas, la siembra y cosecha de aguas, y la filtración en general. Los agricultores/as, sobre todo los agricultores/as agroecológicos tienen un rol importante como combatir la desertificación; la degradación de la tierra y de los suelos.

Como Red Muqui señalamos que seguimos comprometidos con la defensa de la tierra y con las alternativas económicas productivas sostenibles para el territorio y las comunidades.

La creciente demanda mundial de una amplia gama de recursos naturales está amenazando la salud ambiental del mundo en un grado sin precedentes. Existe un acuerdo generalizado de que, a menos que se establezcan políticas nuevas y más efectivas para controlar sus efectos negativos, esta situación podría tener consecuencias devastadoras para el desarrollo humano.

Durante los últimos 200 años, los procesos industriales y de la agricultura han sido responsables del aumento de los niveles de contaminación y de la degradación del aire, el agua y la tierra. Además de la explotación sin restricciones de los recursos naturales, las prácticas agrícolas inadecuadas han tenido efectos devastadores en el medio ambiente y en la salud y la calidad de vida de las personas, particularmente las mujeres y los niños.

Como consecuencia, se ha desarrollado a nivel mundial una mayor conciencia acerca de la necesidad e importancia de que las mujeres contribuyan a la identificación de problemas ambientales, así como a la planificación de actividades orientadas al desarrollo sostenible de sus comunidades. En ese sentido, las mujeres y los niños han demostrado ser participantes muy activos y efectivos en la defensa del medio ambiente.

La participación de las mujeres en la defensa del medio ambiente es cada vez más importante, dado que los abusos no cesan. El 22 de Enero de 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaraba en el Foro Mundial de Davos: “Brasil es el país que más preserva el medio ambiente”. Tres días más tarde, una represa de la Minera Vale, en Minas Gerais, colapsó, y 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico inundaron 290 hectáreas dejando 110 muertos y 238 desaparecidos.

En 2018 en Argentina, a su vez, la superficie deforestada de bosques protegidos en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, fue de 112.766 hectáreas, equivalente a dos veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace. Noemí Cruz, quien coordina la campaña de bosques de la organización, dijo al respecto: “Los gobiernos no pueden seguir incumpliendo la normativa nacional y permitiendo desmontes donde está prohibido”.

Debido a sus roles como administradoras del hogar, proveedoras económicas y a su papel en la reproducción, las mujeres son propensas al deterioro de su salud en varias circunstancias. Las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables a los contaminantes ambientales, ya que cada paso en el proceso reproductivo puede ser alterado por sustancias tóxicas en el ambiente, las que pueden aumentar el riesgo de aborto, defectos de nacimiento, retraso del crecimiento fetal y muerte perinatal.

Aunque durante mucho tiempo las mujeres habían sido consideradas receptoras pasivas de ayuda en lugar de participantes activas en el desarrollo y consecución de mejores condiciones de vida, su papel es cada vez más crucial tanto para las economías de los países en desarrollo como para el futuro del medio ambiente. En ese sentido, como educadoras ambientales y motivadoras para el cambio, las mujeres son agentes claves en los procesos que conducen a un desarrollo más sostenible y saludable del planeta.

Tradicionalmente, las mujeres son protectoras del medio ambiente, cuya calidad creen esencial para el crecimiento saludable de sus hijos. Una encuesta mundial sobre las actitudes del público sobre el medio ambiente patrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mostró que las mujeres, en comparación con los hombres, prefieren elegir un nivel de vida más bajo con menos riesgos para la salud que un nivel de vida más alto con más riesgos para la salud.

En América Latina, las mujeres indígenas se han vuelto especialmente activas en el uso de técnicas para proteger el medio ambiente, y en desarrollar estrategias para la reducción de la pobreza y que promuevan el desarrollo sostenible. Responden así a amenazas que afectan seriamente su calidad de vida, como son el cambio climático y los intereses de las corporaciones explotadoras de minerales y de petróleo en tierras pertenecientes a comunidades indígenas.

Después de que el huracán Mitch azotara a Honduras, las mujeres de la comunidad afro-indígena garífuna ubicada en la costa caribeña de Honduras crearon el Comité de Emergencia Garífuna. Éste organizó bancos de semillas para la seguridad alimentaria, plantó árboles frutales para limitar la erosión de las áreas costeras y ayudó a reubicar comunidades lejos de las áreas de alto riesgo, entre otras actividades conducentes a la mejora y recuperación de vida comunitaria.

Máxima Acuña, ganadora del Premio Goldman del Medio Ambiente, tuvo un papel destacado en la Resistencia al Proyecto Conga de explotación de oro y cobre en la región de Cajamarca, en el Nordeste de Perú, y tuvo un papel destacado en la defensa del medio ambiente. A pesar de ataques a ella y su hija, continuaron sus actividades en contra del proyecto, al que consideraban una seria amenaza para el ecosistema y las fuentes de agua en la zona. En 2016, el proyecto fue abandonado, en gran medida debido a la oposición de personas como Acuña, que arriesgaron sus vidas en la defensa del medio ambiente.

No tuvo su misma suerte Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016 debido a su oposición a una represa que amenazaba las tierras sagradas de los indígenas Lenca, en Honduras. Su hija, Bertha Zúñiga, ha continuado con el trabajo de su madre, a pesar de serios atentados contra su vida y la de los miembros de su grupo.

Afortunadamente, existe una creciente evidencia de que las mujeres en varios países del mundo están asumiendo roles centrales en el movimiento ambiental de base. Y hay una creencia cada vez mayor de que las políticas de desarrollo que no involucren a mujeres y hombres en un plano de igualdad no tendrán éxito a largo plazo.

El día de ayer, martes 5 de marzo, en la mañana, se suspendió la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que tenía que discutir el pre dictamen sobre Pasivos Ambientales, para posteriormente aprobarse y ser discutido por todo el Pleno del Congreso. La sesión se suspendió por falta de quórum porque solo estaban presentes 4 congresistas: Wilbert Rozas, presidente de la Comisión y María Elena Foronda del Frente Amplio; Juan Carlos Del Águila de Fuerza Popular y Marisa Glave del Nuevo Perú.

Sin embargo, el día de hoy, miércoles 6 de marzo, se discutió el pre dictamen en la Comisión de Energía y Minas, pero no se aprobó, por lo que es importante que el próximo martes la Comisión de Pueblos sí logue el quórum, discuta y aprueba el pre dictamen para que pueda pasar a ser discutido al pleno del Congreso.

Recientemente, el lunes 4 de marzo, se realizó el Foro: “Peligros en la cuenca del río Rímac y alternativas de solución”, en el Congreso de la República. Foro organizado por la Comisión de Pueblos, la Red Muqui y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS); con el apoyo de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente en la Cuenca Alta del Río Rímac y la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Rímac.

Pasivos Ambientales en la Cuenca del río Rímac

Red Muqui, a través del especialista Edwin Alejandro Berrospi, señaló que en la cuenca alta del rio Rímac se han identificado 220 pasivos ambientales mineros (183 pasivos en el distrito de San Mateo y 37 en el distrito de Chicla) que representa más del 2% a nivel nacional, de los cuales 140 pasivos se encuentran clasificados como de muy alto riesgo.

Agregó que la alarmante cifra de los pasivos ambientales constituye un grave riesgo para la salud de la población de Lima. “Un movimiento sísmico o un aumento de caudal del rio Rímac provocarían un desastre ambiental porque la gran cantidad de desmontes de mina y relaves mineros que se encuentran depositados en los cauces del río Rímac afectaría a la ciudad de Lima. El caso más conocido es el depósito de relaves de Tamboraque que tiene más de medio millón de toneladas de desechos tóxicos ubicado al borde del Rímac y sumados a los otros 19 depósitos de relaves de Millotingo, Chinchan, Casapalca, Yauliyacu, Tablacah, superan más de 3 millones de toneladas de desechos tóxicos que son una bomba de tiempo”, finalizó.

El fiscal de la comunidad campesina de San Mateo de Huanchor, Asencio Montes, parte de la Plataforma de la Cuenca Alta del Río Rímac, señaló que “en el barrio de San Antonio se toma agua con arsénico, que ha sido contaminada por el vertimiento de aguas de mineras de la parte alta. Además, la relavera ubicada en Ticlio está expuesta a 300 metros, y contamina los pastizales que comen nuestros ganados”.

El Foro también contó la participación de los representantes de las instituciones mencionadas y el Frente de Defensa de los Intereses de Chicla (FREDICH); el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Walter Obando Licera y Carmen Yupanqui de la Dirección de Calidad de la ANA; y Fánel Guevara, presidenta del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA).

La presidenta de IPROGA señaló que las principales actividades contaminantes en la zona provienen de la minería; actividades industriales; manejo de residuos sólidos; y el vertimiento de aguas de actividades domésticas. En ese orden.

Agregó que “el drenaje ácido de minas que se produce por las empresas mineras atraviesan las aguas subterráneas y a través del contacto con los cuerpos de agua, o desmontes directo de las mineras; también por el vertimiento de agua que se usa para procesar el mineral; por la desertificación que se produce por la eliminación de vegetación y suelo orgánico en las operaciones a tajo abierto y por el uso intensivo de agua que genera contaminación del agua subterránea, superficial y del aire”.

Propuestas

El jefe de la ANA, Walter Obando, y la ingeniera Carmen Yupanqui, Directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la ANA, explicaron que frente a los problemas señalados vienen implementando el programa integral de control de avenidas, acciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, sistemas de información geográfica y la implementación del Plan Maestro para la restauración del río.

Asimismo, el jefe de la ANA, a solicitud de la Comisión de Pueblos, señaló que su institución remitirá al Ministerio de Agricultura el proyecto de Marco Metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca; un instrumento importante para avanzar en el proceso de reglamentación y proteger las cabeceras de cuenca frente a las amenazas de los relaves mineros existentes y frente a los nuevos proyectos mineros que buscan instalarse en zonas donde no debería desarrollarse la minería.

Fánel Guevara de IPROGA, indicó que es necesario garantizar mecanismos que promuevan el ordenamiento territorial en la cuenca, estableciendo un organismo de gestión para el Rímac que responda a su realidad, adecuando e implementando instrumentos de gestión ambiental que permitan el cumplimiento de estándares nacionales de calidad ambiental, advirtiendo la instalación de actividades mineras cerca de las fuentes de agua.

En el turno de la Comisión de Pueblos, el presidente de la Comisión, Wilbert Rozas, recogiendo también lo expuesto por los dirigentes sociales, concluyó que es importante discutir y aprobar el pre dictamen para la remediación de pasivos ambientales por la actividad minera; el cual reúne 8 proyectos de ley y propone hacer más eficiente la gestión y manejo de los más de 8 mil pasivos mineros en el país.

Finalmente, desde Red Muqui señalamos que es fundamental discutir y aprobar el pre dictamen sobre pasivos ambientales, debido a que los relaves mineros que se encuentran sobre las cuencas y ríos en el país en un contexto de intensas lluvias y huaycos, son un grave riesgo para las poblaciones aledañas y para el agua que toman las personas en general.

Por causa de lluvias intensas en los últimos días, en la madrugada del 12 de febrero del 2019 se ha desbordado el rio Mantaro por la zona de Chanchaspama en la región de Junín, donde viven aproximadamente 300 familias. La gente que vive en esta zona está amenazada por las inundaciones y hasta ahora 30 familias han abandonado sus casas. Además de la población, también se ven afectados los campos de cultivo en esta zona. Según el último registro del Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) el río Mantaro está a menos de 40 centímetros de alcanzar su nivel crítico de desborde en otras zonas, que pone en riesgo las zonas ribereñas donde también existen viviendas y sembríos.

Problemáticas que ocurren en las zonas afectadas

El desborde del rio Mantaro en específico trae consigo serios problemas; lamentablemente no solamente tiene graves consecuencias para las viviendas de las familias afectadas sino también para el medio ambiente y la salud de la población circundante. Según estudios de la Universidad de Hamburgo, la Universidad Humboldt en Alemania y de la empresa Sensatec, se ha descubierto una alta concentración de metales pesados en el agua que fluye por el río Mantaro y en las tierras colindantes que sobrepasan los límites permisibles definidos en los estándares de calidad ambiental para el agua que puede ser potabilizado con simple desinfección. Datos oficiales de la OEFA y del ANA comprueban esto.

Mapa: Concentraciones de plomo en los sedimentos de la cuenca de río Mantaro (OEFA – nov. 2015; ANA – marzo 2014)

El río Mantaro nace cerca de la mina Cerro de Pasco donde la contaminación del agua por metales pesados es muy alta, fluye por la Oroya, pasa por Huancayo y también por Chanchaspama, lugar del desborde del río. Según la Universidad Humboldt los resultados de las mediciones muestran una contaminación extrema del sedimento del rio con metales pesados y se puede detectar a lo largo de todo el rio Mantaro y sus afluentes hasta el Valle del Mantaro. Los sedimentos fluyen con la corriente del agua y se depositan en el fondo del río.

La subida del nivel del agua o flujos muy rápidos del rio, especialmente cuando hay lluvias intensas, producen que cuando hay inundaciones los sedimentos contaminados sean transportados fuera del cauce del rio a los suelos agrícolas y se depositen y acumulan en este. Los suelos agrícolas a lo largo de los canales de regadío y cerca a las orillas de los ríos del valle del Mantaro tienen un mayor riesgo de contaminación. Según el Instituto Geológico de Perú las zonas más afectadas son Sincos, Orcotuna, Matahuasi y Huamancaca que queda cerca de Chancaspama en la Provincia de Junín.

Red Muqui propone que es sumamente importante realizar continuamente monitoreos de la calidad de agua y prevenir ante situaciones de desbordes. Es responsabilidad del Estado evitar la contaminación de ríos por metales pesados y su respectiva contaminación del ambiente y la salud de personas.

Por Fidel Torres Guevara*

Leisa, 11 de noviembre, 2018.- Los ecosistemas de páramos andinos, donde nacen las aguas que conforman cuencas enteras, están bajo amenaza ante la expansión de la frontera agrícola y los proyectos extractivos de minerales. Pero esta amenaza no solo afecta al entorno sino también a las comunidades que viven esas zonas y sus alrededores, comunidades que no han logrado integrarse a la dinámica económica aun cuando son depositarias de conocimientos ancestrales sobre ellas y sus principales agentes de conservación.

El presente artículo describe las acciones organizativas y de innovación tecnológica que algunas de estas comunidades, en los páramos de Piura, están desarrollando para conservarlos y, al mismo tiempo, lograr su integración a circuitos económicos amplios y avanzar en su bienestar.

Los ecosistemas de montaña como los páramos, que son nacientes de cuencas y brindan servicios ambientales hídricos y de biodiversidad endémica, requieren ser gestionados por las comunidades que viven en ellos o en su entorno para garantizar su conservación y aprovechamiento sostenible.

Los páramos andinos del norte peruano, en la región Piura, constituyen las nacientes de las cuencas de los ríos Quiroz y Huancabamba, que suministran agua a dos reservorios para la irrigación de 40 000 hectáreas en Piura y 38 000 hectáreas en la región Lambayeque. Además, estos páramos tienen la más rica flora montañosa tropical del mundo, con aproximadamente 4 700 especies y un alto nivel de endemismo (Sánchez, 2012).

La gestión de conservación y manejo sostenible de un ecosistema como los páramos por las organizaciones comunales que los habitan, implica su integración en procesos interrelacionados de investigación e innovación de tipo tecnológico, organizacional e institucional, cuyos beneficios económicos, sociales, culturales y políticos se fundamentan en la conservación de este ecosistema (Zamora, 2005).

Actualmente las organizaciones comunales del territorio de los páramos cuentan con el acuerdo colectivo de la conservación de los páramos vigilado por las Rondas Campesinas. En cumplimiento de este acuerdo, desde 2010 han gestionado proyectos de investigación para la valorización de su biodiversidad (Torres, 2013), a fin de proteger su capital natural frente a la amenaza de proyectos de extracción de los minerales existentes en su subsuelo, como también para aprovechar las oportunidades del biocomercio.

Estas organizaciones comunales participan conjuntamente con entidades de investigación en la generación de conocimiento sobre la composición de la diversidad vegetal de los páramos, a partir de estudios etnobotánicos y caracterización de los compuestos bioactivos de especies medicinales y funcionales conocidas por mujeres y varones expertos, reconocidos por sus comunidades. Los productos de estas investigaciones son intangibles que no generan rentabilidad inmediata, sino que representan un capital social y cognitivo fundamental para las innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación del páramo, ecosistema estratégico de montaña.

Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos.   

Las comunidades de los páramos mantienen una demanda insatisfecha: vincularse a la dinámica de la economía regional y nacional a través de sus productos. Ante ello, algunas han iniciado emprendimientos de innovación mediante cambios tecnológicos con objetivos como mejorar la elaboración de ciertos productos (quesos, papas, yogur, plantas aromáticas, frutales) y diversificar su producción (piscicultua de trucha) y sus servicios (ecoturismo), con base en planes de negocio y coinversión. Un valor agregado de estos productos y servicios es que se obtienen mediante tecnologías, prácticas y acuerdos colectivos orientados a la conservación de los páramos. El foco de las estrategias de conservación es el uso intensivo del suelo agropecuario actual y el racionamiento del uso de los volúmenes disponibles de agua, lo cual implica detener la expansión de la frontera agropecuaria hacia los páramos. Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos. Estos factores constituyen servicios ecosistémicos que, a través de compensaciones e incentivos, deben ser retribuídos por la red de agentes de la cuenca que usan el agua.

La innovación orientada a la conservación de recursos estratégicos requiere de políticas de apoyo diferentes a las que se tiene para innovación agraria en zonas vinculadas a la economía industrial. Es necesario diseñar políticas específicas para el establecimiento de un sistema de innovación en el territorio de los páramos (gráfico 1).

Innovaciones tecnológicas e investigaciones orientadas a la innovación para la conservación de los páramos

En el entorno de los páramos de Piura se registran innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación de los páramos, emprendidas por organizaciones comunales de Ayabaca y Huancabamba. Se trata de cambios tecnológicos enfocados en el uso racional del agua y el uso intensivo del suelo para la producción de bienes que tienen demanda y que detienen el avance de la frontera agropecuaria hacia los páramos.

Innovaciones tecnológicas

• Mediante sistemas portátiles de riego por aspersión, se incrementó la producción de leche por la mayor disponibilidad de pasturas sin aumento de la superficie. Las técnicas de procesamiento de los productos lácteos han mejorado su calidad, logrando un incremento de 60% en la producción de quesos y de 100% en los ingresos.

• Uso de semilla sexual en la producción de papa. En la décima parte de una hectárea (1 000 m2) se producen minitubérculos de alta sanidad en una cantidad que alcanza para cultivar 25 ha de papa, a solo el 40% del costo de los tubérculos-semillas procedentes de otras regiones (que, además, son portadores de enfermedades contaminantes de los suelos).

• Producción de alevines por la Asociación de Agricultores Conservacionistas de los Bosques del Páramo y Neblina, Pacaipampa (ACOBOSPA) para mejorar la rentabilidad de la crianza de trucha.

• Innovación del circuito turístico enfocado en la ruta del agua desde los reservorios a sus fuentes, los páramos.

Investigaciones para nuevas innovaciones

• La Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA-Piura) ha seleccionado, durante tres años, cinco genotipos de papa con gran adaptación al cambio climático, a partir de 125 clones o genotipos proporcionados por el Centro Internacional de la Papa.

• Etnobotánica y bioprospección vegetal en páramos y bosques nublados del norte del Perú para la innovación médica y el biocomercio. Con ACOBOSPA se han estudiado 50 especies, determinando su identidad taxonómica. Se ha analizado el perfil fitoquímico y el nivel de toxicidad de 23 especies. Siete de ellas son altamente promisorias para domesticar por su alto contenido de compuestos fenólicos, flavonoides, significativo nivel de actividad antioxidante, valor de actividad antibiótica y muy bajos niveles de toxicidad. AMUPPA ha desarrollado cinco tipos de fitopreparaciones basados en especies medicinales.

• Caracterización, determinación taxonómica y perfil fitoquímico de cultivares nativos de papa del microgenocentro Altos de Frías de Ayabaca, Piura.


 

Organización para la gestión de las innovaciones orientadas a la conservación de los páramos

Las innovaciones e investigaciones que implementan las organizaciones sociales de los páramos como emprendimientos aislados son poco sostenibles. Necesitan articularse en un sistema o red de innovación para optimizar sus resultados a través de la gestión colectiva que les permita superar las restricciones de infraestructura y servicios que limitan la competitividad de sus productos. Es necesario un sistema de innovación territorial para incentivar el desarrollo del mercado de servicios, medio natural de la interacción e intercambio de conocimientos entre ofertantes y demandantes para la formación de redes de aprendizaje (Kuramoto, 2007).

Las acciones colectivas coordinadas a través de redes de innovación permiten a las organizaciones crear nuevas reglas de juego o una nueva institucionalidad que las favorezcan e incentiven políticas de desarrollo local o regional (Glave y Jaramillo, 2007).

Para ello las organizaciones han constituido la Plataforma de Concertación de Organizaciones para la Gestión de los Páramos y el Comité Territorial de los Páramos de Piura. La primera es el espacio de encuentro de las organizaciones donde se identifican las demandas prioritarias de innovación, se implementan las innovaciones y se proponen acciones para su institucionalización. La segunda gestiona la conversión de las innovaciones exitosas en normas o políticas para integrarlas a los Planes de Desarrollo Concertado en los diferentes niveles de gobierno (gráfico 1).

Referencias

– Glave, Manuel, y Jaramillo, Miguel (2007). Perú: instituciones y desarrollo. Avances y agenda de investigación. En: Grade (2007). Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: GRADE, pp. 301-349. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-8.pdf

– Kuramoto, Juana R. (2007). Sistemas de innovación tecnológica. En: GRADE (2007), pp. 103-133. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-3.pdf

– Sánchez, Isidoro (2012). La diversidad biológica de Cajamarca: visión étnica, cultural y potencialidades. Cajamarca: Gobierno Regional de Cajamarca.

– Torres, Fidel (2013). Etnobotánica y sustancias bioactivas de las principales especies no maderables con potencial económico de los bosques de neblina del norte del Perú. Economía y sociedad, revista de investigación No. 82, pp. 61-71.


*Fidel Torres Guevara es Coordinador del Proyecto Páramos: Recursos Hídricos y Biodiversidad. Instituto de Montaña. Unión Europea, Instituto Von Humboldt, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su correo: to=[email protected]» target=»_blank» style=»box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(23, 89, 139);»>[email protected]

La nueva Ley de Hidrocarburos plantea que se pongan en marcha 400 pozos petroleros con el 5% de ganancia. Organizaciones de sociedad civil, comunidades indígenas, pescadores se han manifestado en contra de esta propuesta. Esta mañana, congresistas se pronunciaron al respecto.

“A pesar de que cada vez son más las voces discordantes sobre el mencionado proyecto, la Mesa Directiva del Congreso de la República insiste en colocar el tema en la agenda parlamentaria y pretende debatir y aprobar el mencionado dispositivo legal, que violenta la normatividad ambiental vigente e interrumpe los procedimientos de Consulta Previa a los pueblos indígenas”, indicó la congresista Maria Elena Foronda esta mañana.

El proyecto fue sancionado con escaso debate en la Comisión de Energía y Minas. Incluso, poco antes de su aprobación el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del viceministro de Gestión Ambiental Marcos Alegre Chang, entregó oficialmente sus observaciones a la propuesta del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Al respecto, la parlamentaria del Frente Amplio precisó que el citado dictamen debilita la institucionalidad ambiental y los instrumentos de gestión ambiental, bajo el esquema de promocionar la explotación de hidrocarburos, a través de PerúPetro, ya que superpone competencias en pro de la promoción.

“El modelo de explotación petrolera que se ha practicado históricamente”, enfatizó, “ha ocasionado graves impactos ambientales, económicos, sociales y culturales en la Amazonía peruana, e incluso ha alterado y dañado los ecosistemas marítimos en la zona marino costera del norte del país”, dijo la parlamentaria de Frente Amplio

Si la mayoría oficialista insiste en debatir y aprobar el dictamen en todos sus términos, continuó, quedará demostrado que defiende los intereses de los gremios empresariales que desean esta ley para arrasar con nuestra Amazonía, nuestro mar. “Entonces, la respuesta del pueblo se dará en las calles, y será el presidente Martín Vizcarra quien deberá observar la ley para demostrar lo que dijo ante las Naciones Unidas: que el cuidado del medio ambiente es política de Estado”.

Iván Villagomez, alcalde del distrito de San José de Ushua, donde ocurrió la intoxicación de más de 100 personas, declaró esta mañana que la tragedia podría haber sido desatada por los problemas ambientales en la zona. Otros pobladores señalaron que existe minería artesanal y extracción metales. Red Muqui hizo la consulta en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y efectivamente, hay presencia de minería artesanal en la provincia de Paucar del Sara Sara. Esta provincia figura entre las que posee mayores petitorios de minería artesanal.

En el mapa de las concesiones mineras del MINEM también figuran yacimientos mineros de mayor escala en el distrito aledaño a San José de Ushua. Cabe resaltar que en las declaraciones que dio el alcalde a América Noticias, «este es un caso extraño, no es por consumir el alimento, no, este es un caso que nos está afectando, un fenómeno. Es un tóxico que está en el ambiente y está centrado en el distrito». Indicó que otras personas que no estuvieron presentes en el velorio fueron afectadas y presentaron síntomas de intoxicación.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Al respecto, el Secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke señaló “que se debe investigar bien el origen de la intoxicación, se deberían hacer pruebas de agua y suelo en la zona para determinar el agente contaminante”. Añadió que por eso es tan importante tener protocolos de atención para personas afectadas por metales tóxicos y hacer el seguimiento del estado de salud.

Hace una semana, el Ministerio de Salud presentó la propuesta de Política Nacional para atención a afectados por metales tóxicos donde se establecen lineamientos para atención prioritaria. En otras regiones de país se ha comprobado que la presencia de metales y metaloides en el aire, agua y suelo han desencadenado intoxicación y enfermedades en la población. Ese es el caso de Cerro de Pasco y La Oroya donde las pruebas de sangre en niños y niñas han dado como resultado que los evaluados tienen hasta cuatro tipos de metales en su organismo.

Foto de portada: Perú21

En la foto  la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm y Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia

Una carta de la Unión Europea (UE) llama la atención al Perú sobre el cumplimiento del acuerdo comercial en materia ambiental y laboral. El 30 de julio, la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm, envió una carta al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia donde expresa sus preocupaciones sobre varios puntos del acuerdo comercial con UE que se refieren a medio ambiente. Así, el Perú estaría incumpliendo con el acuerdo comercial en el Título IX sobre Comercio y desarrollo Sostenible (TSD).

La comisaria afirma en la misiva que la Unión Europea desea garantizar una actividad económica que contribuya al Desarrollo Sostenible. En un punto de documento señala que no hay participación de parte de la sociedad civil en la implementación del TSD. Con ello, reafirma el pedido que las organizaciones de sociedad civil en el Perú han realizado, de participar de los espacios de seguimiento en materia ambiental y laboral. Esto ante la necesidad de transparencia y garantizar el cumplimiento de derechos.

En la carta también se afirma que “en materia de protección ambiental, como se discutió el pasado noviembre en Lima (con delegación de UE que llegó al Perú), la simplificación de procedimientos administrativos en materia ambiental no debería conducir a una disminución del nivel de protección ambiental”. Esto se debe a que el Estado peruano ha dictado una serie de paquetes normativos y de políticas públicas que han disminuido los estándares de calidad ambiental en pro de atraer inversiones, lo que justamente el Acuerdo Comercial prohíbe en su artículo 277.

Cabe recordar, que el Estado Peruano ha dictado normas que redujeron el estándar de calidad de aire (ECA) para posibilitar la venta del Complejo metalúrgico de La Oroya y el funcionamiento de la refinería de Ilo para facilitar el proyecto minero Quellaveco. Ello ha sido señalado reiteradas veces por organizaciones sociales entre las que se encuentra Red Muqui. También, se han pasado por alto sanciones respecto de la situación de los pasivos ambientales de San Mateo, que involucró en su momento a la empresa minera Nyrstar de capitales belgas.

Recientes normas emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), ya en el Gobierno del Presidente Vizcarra, han dado facultades para facilitar expropiaciones, las que se han aplicado en el caso del proyecto Toromocho, otorgando tierras a la empresa minera china Chinalco, y afectando los derechos de las familias que aún no habían sido reasentadas de la ciudad de Morococha antigua, facilitando el proyecto con la agudización de una nueva situación de imposición y conflicto.

Estas mismas normas que favorecen expropiaciones en favor de la SBN, también ponen en peligro a comunidades y poblaciones con tierras no tituladas, que no hayan inscrito sus títulos o que éstos tengan “errores”. También, mediante el Decreto Legislativo Nro. 1360 se deslegitima el rol de gobiernos regionales en el reconocimiento de pueblos indígenas u originarios, lo que afecta el respecto a sus derechos colectivos, en especial a que sus territorios ancestrales no sean otorgados en favor de otros intereses, fundamentalmente económicos, condenándolos a su desaparición.

Frente a todo este panorama, la comisaria de comercio de la UE indica en la misiva dirigida al MINCETUR, que realizará una visita de investigación a Lima “en otoño para seguir discutiendo las preocupaciones de la Unión Europea”. En dicha reunión se convocarán autoridades y sociedad civil, en la que desde Red Muqui esperamos participar.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke comento que se “ espera que hasta entonces que el gobierno responda a las preocupaciones de la UE, con acciones concretas, sobre la “disminución de la protección ambiental”, la “regulación de actividades industriales para lograr la protección efectiva del medio ambiente, y la necesidad de garantizar la capacidad institucional (en materia ambiental), resquebrajada con los paquetes normativos que han limitado sus funciones, además de generar espacios de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Comercial en materia ambiental y laboral con participación de la sociedad civil”.