Bandas criminales ligadas a la minería ilegal reaparecen con fuerza en Huamachuco – La Libertad

, ,

El distrito de Huamachuco, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, se ha convertido en un nuevo territorio de operación de las bandas criminales ligadas a la minería ilegal que actúan cada vez con mayor violencia.

Así lo evidencian los últimos hechos registrados en este año. En enero dos empleados de la Gerencia Regional de Minería e Hidrocarburos de La Libertad (GREMH) fueron secuestrados y agredidos por sujetos armados cuando realizaban labores de inspección en el caserío Coigobamba, en las faldas del Cerro El Toro.

En esta misma zona, en el bosque Polo, el 16 de febrero, una turba atacó a una magistrada de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Trujillo. Similar al primer hecho mencionado, el objetivo fue frustrar las diligencias de las actividades auríferas ilegales en la jurisdicción.

A inicios de febrero, además, se reportó el fallecimiento de una persona a causa del derrumbe de un socavón por la explosión de una carga de dinamita en Coigobamba. Cabe resaltar que desde hace años se limita la entrada a dicha zona por medio de amenazas y agresiones, y cuya violencia va en aumento.

Los últimos sucesos descritos son una prueba de que las acciones ejecutadas por el Ejecutivo son insuficientes para combatir la minería ilegal, que ha tomado por asalto tanto a las autoridades públicas como a las propias comunidades, quienes no solo deben luchar contra el modelo extractivista minero, sino contra la vulneración de sus derechos territoriales y ambientales que proviene también de esta actividad. En Huamachuco opera la minería grande, mediana, artesanal e ilegal, por lo que el territorio prácticamente se encuentra en disputa.

La directora de la institución Proyecto Amigo, Nury García, advirtió que la presencia de la minería ilegal se está extendiendo en otros caseríos y comunidades, además, de otras zonas aledañas, como en Quiruvilca y Cajabamba. “Se trata de una actividad que corrompe y suele encubrir el lavado de activos, y cuya protección se basa en bandas delincuenciales, cuyas desastrosas consecuencias se ven en Pataz. Estas bandas criminales no solo provendrían Trujillo sino también de afuera, como el Tren de Aragua, por ello, la población está muy preocupada», declaró.

Frente a esta situación, García explicó que es necesario una reacción inmediata de las autoridades, en el marco de un plan integral de intervención conjunta, entre el gobierno nacional, regional y local. “En Huamachuco aún estamos a tiempo para erradicar la minería ilegal y que el gobierno entienda que el proceso de formalización de la minería artesanal, tal como se está dando, termina por socavar estos intentos. Este plan debe ir de la mano con un fuerte componente de prevención y de garantizar realmente el derecho de vivir en un territorio sano, social y eco ambientalmente. Teniendo en cuenta la experiencia de Pataz, es factible la intervención en Huamachuco, pues la presencia de la minería ilegal está focalizada y en las zonas donde se expande la misma población la confronta. Sin embargo, el riesgo es cada vez mayor”, finalizó.

Por su parte, el Ejecutivo considera como una solución el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que se ha convertido en un mecanismo de impunidad para disfrazar la actividad de mineros ilegales e informales. En Pataz, La Libertad, el proceso de formalización podría tardar hasta 42 años según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, una muestra de que hace falta proponer otras medidas oportunas y eficaces.

Foto: Regional.pe

/por

Antamina podrá ampliar operación, pese a numerosas denuncias por graves daños a la salud y desaparición de lagunas

, , , ,

Pese a múltiples y graves observaciones que la Municipalidad Distrital de San Marcos en Ancash le hizo llegar al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ( SENACE), el ente estatal ha aprobado la solicitud de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa Antamina para ampliar sus operaciones. Su presidente Víctor Gobitz y otros representantes del sector minero han celebrado la decisión, que supone una inversión de dos mil millones de dólares en los póximos años, ya que extiende el plazo de explotación, previsto hasta 2028 según los planes previos, hasta 2036.

En cambio, las poblaciones de influencia directa e indirecta que viven en las comunidades aledañas en la provincia de Huari y los habitantes de Huarmey, donde se encuentra la terminal del mineroducto de Antamina, desde donde se cargan los barcos con cobre y zinc, los dos minerales que se obtienen principalmente de la mina, observan que sus preocupaciones fundadas en contínuos impactos ambientales y la desaparición de fuentes de agua no reciben la misma atención por el Estado y la opinión pública.

En septiembre de 2022, Red Muqui había dado a conocer un estudio pormenorizado con una serie de advertencias sobre esta MEIA, que deja incontables cuestiones sin respuesta y que tienen que ver con temas tan sensibles como deficientes o inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Por ejemplo, para la empresa el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en este estudio, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

La modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental ahora aprobada permitirá incrementar considerablemente la extracción de minerales, a una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción. Con esta certificación ambiental incrementará el procesamiento de dicho mineral desde 175 mil toneladas que obtiene por día actualmente a 208 mil toneladas a partir de 2028.

Noticia que será recibida como un balde de agua fría también por los habitantes de Huarmey, al menos por aquellos que han estado reclamando desde hace años por los daños a la salud por metales pesados especialmente entre menores.

Las sospechas de la población se dirigen contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encuentran claramente por sobre la media nacional.

En noviembre pasado una delegación del distrito estuvo en Lima para denunciar que los casos de afectados por metales pesados en la provincia de Huarmey impacta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 30 veces por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Ministerio de Salud (MINSA).

Para mayor información, puede leer aquí las notas de Muqui sobre esta temática: a) Red Muqui encuentra serias falencias en la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Antamina
b) Familiares de niños contaminados con arsénico serán atendidos por el Minsa

/por

Alerta: empresa minera Raura desaparece lagunas en Huánuco y en Lima pone en riesgo a la cuenca del río Huaura

, ,

La empresa minera Raura del Grupo Breca realiza sus operaciones en un contexto de pasividad por parte del Gobierno en cuanto a control y fiscalización ambiental, situación que ha originado la desaparición de tres lagunas en cabecera de cuenca en la región de Huánuco y en Lima pone en riesgo la cabecera de cuenca del río Huaura.

Lagunas secas en Huánuco

La Red Muqui se comunicó con el alcalde de la provincia de Lauricocha, Gide Falcón Sánchez, quien denunció el drenado de las lagunas Santa Ana, Niño Cocha y Nieve Ucro, y la afectación parcial de otras ocho fuentes hídricas, en Huánuco, entre ellas Tinkicocha, Caballococha y Patarcocha.

El sustento que maneja la autoridad edilicia radica en el inventario hidrológico que elaboró la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el cual prueba la existencia de las tres lagunas en la zona. “Su desaparición se debe al uso de las aguas de la empresa Raura, por el uso excesivo del recurso hídrico en la explotación minera”, aseguró. La preocupación local se centra ahora en las ocho lagunas que aún sobreviven.

Cuencas afectadas

La empresa minera Raura, ubicada en las cabeceras de dos cuencas hidrográficas, una que fluye en dirección a los ríos Huallaga y el Marañón, y otra que alimenta a la cuenca del río Huaura, la misma que desemboca en el océano Pacífico, opera en medio de glaciares y en toda la cadena de nevados, entre las regiones de Áncash, Huánuco y Lima.

En Huánuco, la cuenca Lauricocha (afluente del río Marañón) es el sustento de 15 mil habitantes que se dedican en su mayoría a la ganadería, agricultura y turismo. Según el alcalde, las aguas están contaminadas. “El sustento legal (que tengo para decir esto) es la penalización que hizo el OEFA en varias fechas durante siete años, por haberse superado los límites de contaminación que han sido fuertes en la cuenca Lauricocha. El monto (sancionado a la empresa Raura) es de 7 millones de soles”, reveló.

A inicios de mes, distintos medios de comunicación regional reportaron la contaminación ambiental en la laguna Tinquicocha (que afectaría a toda la cuenca), jurisdicción del distrito San Miguel de Cauri, tras el rompimiento de una tubería de la empresa Raura.

Denuncian las comunidades

Frente a este hecho, el presidente de la comunidad del mismo nombre del distrito, Pablo Cárdenas Baltazar, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco para exigir una investigación por los impactos mineros generados.

A ello se sumaría otra interpuesta por la comunidad Independencia. Así también el gobierno local ha pedido públicamente a las entidades competentes cumplir con fiscalizar permanentemente a dicha empresa que explota minerales polimetálicos como plomo, plata, zinc, cobre y oro (en menor cantidad) en Huánuco y Lima. “No estamos en contra de la minería sino (que pedimos) una minería responsable, (pero) si no hay control permanente, (entonces) paralización total (de la mina)”, añadió el alcalde.

En su defensa, la minera rechazó en un comunicado las declaraciones del alcalde de la provincia de Lauricocha.

Impactos en Lima

Pero el problema tiene otras aristas. La empresa minera se aprovecha del usufructo de territorios ancestrales para ingresar en la zona y ampliar territorialmente sus operaciones, refirió el coordinador del Área Socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi. “Raura se ha posicionado en territorio ancestral de las comunidades campesinas de Quichas y de Oyón, ambas en la provincia de Oyón, región Lima. Y de la comunidad campesina de Cauri, provincia de Lauricocha, región Huánuco”, explicó.

Foto: Comunidades reunidas cerca a la laguna Shucshapá en 2016

Desde muchos años atrás las comunidades vienen exigiendo el cese de contaminación de la minera Raura y en constantes movilizaciones en contra del vertimiento de las aguas de las operaciones mineras (relaves, desmontes, aguas ácidas, entre otras sustancias químicas) a las lagunas de la zona de Huánuco. El inicio de la construcción del túnel en 1998 para la central hidroeléctrica “Cashaucro” fue aprovechada por Raura para derivar sus aguas ácidas provenientes de las galerías subterráneas hacia la cuenca del río Huaura, región Lima, que terminan en el océano Pacífico. Todo ello con la autorización del Estado peruano.

Por ello, continuó el ingeniero ambiental Alejandro, las aguas que consumen las poblaciones asentadas en toda la cuenca del río Huaura (Quichas, Oyón, Churin, Sayán y todo el Valle del Huaura (zona azucarera) y otras están expuestas a la contaminación producto del vertimiento minero. “Raura ha tenido múltiples sanciones por parte del OEFA y ANA por el incumplimiento de compromisos ambientales”, advirtió. Asimismo, el especialista aseguró que hay un riesgo de desaparición de la laguna Shucshapá (cabecera de cuenca del río Huaura), pues es utilizada por esta minera como sedimentador de sus aguas ácidas.

¿Qué hacer?

El coordinador del Área Socioambiental propuso tres acciones desde un enfoque ambiental y territorial:

Primero, los territorios ancestrales, expropiados por la empresa minera, deberían ser devueltos a las comunidades campesinas.

Segundo, la minera Raura debe remediar los daños ambientales que ha ocasionado no solo en los territorios de las comunidades sino también en los ecosistemas frágiles como son las lagunas que están sirviendo como sedimentador de contaminantes proveniente de sus operaciones mineras con alto contenido de metales pesados.

Tercero, el Estado, a través del OEFA, tiene que realizar una evaluación de parte para verificar los daños ocasionados por el vertimiento minero en las lagunas, luego iniciar un proceso de supervisión y fiscalización inopinada para conocer cuál es el estado de las aguas, suelos y todas las fuentes hídricas.

«Se deben cesar todas las actividades mineras que afectan los ecosistemas frágiles. Está prohibido realizar actividad minera en glaciares porque afecta al equilibrio ecológico y al ecosistema, sobre todo en el contexto de la crisis climática, ¿por qué Raura tiene ese privilegio de estar ubicada en glaciares? Ello acentúa el riesgo de la pérdida de glaciares, terrenos con pastizales y lagunas”, concluyó Alejandro Berrospi.

Foto de portada: Referencial

/por

Pronunciamiento: Frente a la crisis política – climática y el anuncio de más expansión minera

, , , ,

Los miembros de la Red Muqui reunidos recientemente en nuestra asamblea de socios en la ciudad de Lima y ante la continuidad de la crisis política que atraviesa el país compartimos nuestros acuerdos y posicionamiento ante la opinión pública:

– Luego de las masivas protestas sociales que se desarrollaron desde finales de 2022 hasta mediados de 2023 contra Dina Boluarte y el Congreso de la República, el país continúa en un contexto de crisis política, que se agrava por la disrupción climática que afecta la disponibilidad del agua y la temperatura global, sabiendo que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. A esto se suma la recesión económica, con comunidades campesinas y PPII entre las más afectadas en sus modos y medios de vida. Por el contrario, las fuerzas antidemocráticas, antiderechos y autoritarias siguen avanzando, reafirmando el modelo económico extractivista, que impacta gravemente sobre la vida, el territorio y los derechos de nuestros pueblos.
– Por su parte, el Congreso sigue acometiendo para el copamiento institucional, como ha ocurrido con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, e impulsan leyes a favor de los intereses económicos y empresariales como lo demuestra la aprobación de la nefasta “Ley Antiforestal”, que afecta la Amazonía y los ecosistemas de nuestros bosques a nivel nacional. Así también, se han presentado 17 proyectos de ley a favor de la “formalización” de la minería informal, funcionales al crecimiento de la minería ilegal, sin que se prevean mecanismo de contención para la protección ambiental. No olvidemos que este Congreso también plantea “reformas” al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Pacto de San José), lo que significaría un grave retroceso para la defensa de los DDHH en nuestro país.
– En esa misma perspectiva, desde el Ejecutivo, se insiste en imponer proyectos mineros que han sido ampliamente rechazados por la población, como Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Conga en Cajamarca. También el gobierno viene aprobando normas como el D.S N°013-2023-MINAM que refuerza la Ley 30230 y modifica otras normas que debilitan aún más el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para favorecer la extracción minera sin garantizar la protección del ambiente y la salud humana. Además, el MINEM anunció la implementación de la primera fase de la “Ventanilla Única” (D.S. N°017-2023-EM) para simplificar los trámites administrativos del empresariado minero, lo cual implica un grave riesgo para los territorios de los PPII y de agricultores, y con ello de nuestra seguridad alimentaria.

Por ello desde la Red Muqui:

1) Alertamos sobre estas agresivas modificaciones normativas contrarias a los derechos humanos, ambientales y colectivos, ya que demuestran la influencia que tiene el poder de la gran minería, que recibe el respaldo del actual régimen de Dina Boluarte y cuyo nuevo ministro de energía y minas Rómulo Mucho ha señalado que buscarán expandir aún más la gran minería en el país.
2) Rechazamos las iniciativas legislativas que promueven en el Congreso irresponsablemente la minería informal e ilegal, sin tener en cuenta la destrucción del ambiente, la fragmentación de las comunidades, el aumento de la conflictividad social, y que pone en mayor riesgo a defensores y defensoras territoriales y ambientales.
3) Cuestionamos la falacia de la llamada “transición energética”, que, si bien busca que se elimine los combustibles fósiles, plantea como alternativa en beneficio de los grandes intereses económicos, que se profundice el extractivismo de “minerales críticos” como el litio y cobre, siendo nuevamente sacrificados los territorios de las comunidades y los PPII.
4) Nos reafirmamos en la defensa de los bienes comunes, como el cuidado y la protección de las cabeceras de cuenca, los bosques, ecosistemas frágiles y la biodiversidad de nuestro territorio nacional, y a favor de una efectiva protección de los PPII, las economías populares y solidarias como la agricultura familiar, ganadería a pequeña escala, la siembra y cosecha de agua, y el turismo comunitario. Actividades que nos demuestran que desde los territorios existen alternativas económicas desde los pueblos, más allá de la minería.

Finalmente, denunciamos y rechazamos la criminalización, censura y persecución que viven quienes, de manera democrática, expresan su rechazo al régimen de Dina Boluarte, por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la PNP y FFAA, que incluye el asesinato de más de 50 personas entre 2022-2023. Nos sumamos al justo reclamo de los familiares de las víctimas que buscan justicia, reparación y no más impunidad en el país.

Lima, 15 de febrero del 2024.

/por

Las Bambas: ampliación del actual tajo y explotación de uno nuevo causa desavenencias con comunidades que temen desaparición de lagunas

, , , ,

La comunidad campesina de Huancuire del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac, convocada en asamblea, ha manifestado sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, el segundo tajo que pretende explotar la empresa minera MMG Las Bambas.
Por otra parte han reiterado sus preocupaciones por el impacto ambiental de las operaciones de la minera en su conjunto. Así lo señala el comunicado firmado por las autoridades de esta comunidad el 10 de febrero.

Recuerdan el espacio de negociación que abrieron con la minera desde el 28 de junio de 2022, y que tiene al Estado como ente supervisor y facilitador. Y que, según acta del 6 de diciembre de dicho año, tiene como objeto la resolución de 14 puntos de agenda que abordan controversias bilaterales.
Sin embargo, los dirigentes lamentan que hasta ahora ninguno de los puntos de la agenda haya sido zanjado definitivamente hasta ahora. Parte de las demandas se relacionan con la actividad de empresas sectoriales de la propia comunidad de Huancuire, cuya continuidad depende de los acuerdos en torno a los 14 puntos mencionados. Debido a estos desacuerdos, los comuneros rechazan el inicio de los trabajos de operaciones del Tajo Chalcobambas.

Fue en marzo de 2022, que la minera informó la autorización por parte del gobierno peruano del inicio de operaciones de dicho espacio. Según sus propias proyecciones, la empresa espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, sustente un aumento de la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año.

Sin embargo, la comunidad de Huancuire denunció la ausencia de consulta previa, libre e informada, a la cual tiene derecho según la legislación nacional e internacional.
Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG, una de las mayores extractoras de cobre del país, ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la Cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según se identificó en un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros. Entre otras cuestiones, que van más allá de la intransparencia en la redacción del estudio, la organización destaca las siguientes falencias:

– La propuesta de ampliación del Tajo Ferrobamba (el único que hasta ahora está siendo explotado) en 285.3 hectáreas (de 408.7a 694 hectáreas) no presenta aspectos técnicos fundamentales, como estudios específicos (especialmente hidrológicos e hidrogeológicos), que describan los impactos ambientales de una ampliación que casi duplica la operación actual.
– No se abordan preguntas claves: ¿cómo se comportarán los acuíferos? No se ha presentado mayor información ni modelamiento del comportamiento de los acuíferos como consecuencia de este cambio tan significativo.
– La ampliación va a generar más de dos millones de toneladas de desmonte que no cuenta con una disposición final.
– Toda esta ampliación generará diferentes impactos: ruidos, calidad del aire, la dispersión de agentes contaminantes con efectos sobre la salud humana y ambiental. Estos impactos se acentuarán por el minado adicional que se hará y la apertura de rutas alternas de transporte de vehículos de carga pesada.
– No se informa adecuadamente sobre el control de aguas ácidas, producto de la exposición de grandes cantidades de material de desmonte y desecho a la intemperie (vientos y lluvias). Tampoco hay información sobre el incremento de relaves y su disposición final en una presa que se tendrá que redimensionar.
– No hay mayor análisis sobre la alteración de la hidrología e hidrogeología de la zona (cuerpos de agua superficiales y subterráneos) como consecuencia de la ampliación del tajo Ferrobamba.
– Preocupa que el inventario de manantiales en el área de influencia haya sido realizado sin la participación de las comunidades campesinas.
– Se perderán de manera irreversible 12.36 hectáreas de bofedales. Igualmente, se afectará tierra fértil y apta para la agricultura.
– Disminuirán los caudales de los ríos Ferrobamba (70%) y Chalhuahuacho (18%). Además, empeorará la calidad del agua del río Chalhuahuacho, que aparte de perder caudal natural (-18%), recibirá vertimientos de aguas residuales, cuyo pretratamiento no está especificado en el MEIA.
– También serán afectados otros cuerpos de agua existentes, especialmente la laguna Charcascocha, que se convertirá en depósito de material de baja ley. La laguna Jalansiricocha y el reservorio de agua Chuspiri recibirán las aguas de no contacto que serán desviadas sin ningún tratamiento ni medidas de control de calidad antes de su vertimiento. El reservorio Chuspiri abastece de agua fresca a toda la zona.

Por estas y otras consideraciones, CooperAcción recuerda que, varias comunidades y organizaciones representativas de Cotabambas, han expresado su rechazo y han solicitado que el SENACE no apruebe esta cuarta modificatoria del mencionado proyecto minero.

En el caso de la comunidad campesina de Huancuire, que ha estado en el centro de las acciones de movilización en las últimas semanas, se trata de un pueblo agricultor, productor de papa y chuño, que habita ancestralmente las tierras donde se desarrollaría la nueva explotación de Chalcobamba.
La preocupación de las 200 familias que la conforman es, según el Estudio de Impacto Ambiental realizado, la pérdida de pastos para sus animales y la posible desaparición de la laguna Charcascocha, cabecera de cuenca que abastece todo el distrito de Coyllurqui.

/por

Red Muqui dialoga sobre las alternativas frente al avance de la minería ilegal

, ,

La lucha contra la minería ilegal e informal en el país amerita realizar acciones concretas y medidas urgentes ante las débiles propuestas del Congreso y Ejecutivo, por lo cual la Red Muqui organizó el conversatorio titulado Situación de la minería ilegal e informal: ¿Existen alternativas de solución?.

La congresista y presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Ruth Luque; el abogado especializado en temas ambientales César Ipenza, así como la socióloga y educadora popular Nury García analizaron y plantearon alternativas en el abordaje de esta problemática social.

La parlamentaria Ruth Luque consideró que esta actividad se ha convertido en una especie de desarrollo económico en lugares donde se han generado cadenas económicas locales, situación que demuestra que enfrentamos “una realidad compleja frente a una debilidad institucional”. A su vez, precisó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tampoco ha sido una solución a la problemática. A la fecha solo 11 mil personas se encuentran formalizadas cuando se estima que hay 80 mil dedicadas a este sector.

¿Funciona el Reinfo?

De hecho, el Reinfo, según la congresista, ha terminado siendo una exoneración penal para quienes deciden seguir el camino de la informalidad, aunque precisó que existe una línea delgada entre la informalidad y la ilegalidad, concatenadas con la vulneración de los derechos humanos como la trata de personas, explotación laboral, incluso, trabajo infantil. “En una reunión de trabajo que tuvimos desde la comisión de pueblos, el coordinador de las fiscalías de crimen organizado dijo: nosotros no podemos perseguir penalmente a los pequeños mineros porque en tanto inician su trámite en el Reinfo, no podemos concretar la persecución penal. Entonces, es casi una actividad que en la práctica se desarrolla con una institucionalidad que legaliza, pero que no sanciona y nadie responde absolutamente nada”, explicó.

En ese sentido, Luque se pronunció sobre la solicitud hecha por los pequeños productores mineros de derogar el Decreto Legislativo N° 1607, el cual modifica la Ley Contra el Crimen Organizado N° 30077. “En el fondo (los pequeños mineros) plantean que sigan desarrollando la actividad y que no se les exija el uso de autorización, por ejemplo, el uso de explosivos. Una persona para ser inscrita en el Reinfo necesita la autorización del uso de explosivos, del uso de suelos. Algunos no tienen licencia de esa naturaleza y no quieren tener licencia del uso de explosivos”, dijo.

¿Cuál es la salida?

La legisladora expuso que el Reinfo sigue siendo una alternativa, pero que no es la única. De igual manera, refirió que es urgente diversificar la economía en los territorios y que el Estado debe responder integralmente. Así también informó que, actualmente, hay 17 iniciativas legislativas sobre el tema que van desde la eliminación del mercurio, ajustes al Código Penal, hasta un nuevo modelo de la pequeña minería. De este paquete de propuestas legislativas, cuatro se encuentran en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Por su parte, el abogado César Ipenza señaló que mineros ilegales están haciendo incidencia en el Congreso para que se abra nuevamente el Reinfo, transformándolo en un mecanismo de impunidad para disfrazar mineros ilegales e informales. “La Fiscalía no va a poder procesar porque tienen (los mineros) esa excepción de responsabilidad penal (una vez tramitan su Reinfo)”, indicó el abogado.

Con respecto a que no ha funcionado el proceso de formalización, el especialista expresó que “si partimos (de la idea) de que esas 80 mil personas del sector van a llegar a formalizarse, es falso. El Estado deberá dar otras opciones para que la gente, que no puede estar en un proceso de formalización, pueda tener otras opciones para desarrollar actividades complementarias, servicios, entre otras”.

Impunidad

Ipenza añadió que la impunidad también es otro factor que impide la formalización. “Camiones desde Piura, desde la Libertad van hacia Nazca, Chala a procesar mineral. Y yo digo: esa actividad no es pequeña (minería) ni artesanal, para mí es mediana y gran minería que se aprovecha de los beneficios de estar en un régimen particular y en la práctica está movilizando cantidades millonarias de dinero que no se tributa adecuadamente”, argumentó.

Además, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es otro actor que tampoco actúa oportunamente. “A fines de año, entre noviembre y diciembre, el Minem transfiere recursos a los gobiernos regionales para la formalización. Si ya termina el año, para qué le transfiere recursos recién ahora y más la incapacidad existente, obviamente está destinado al fracaso”, indicó. No obstante, el abogado cree que el número de 11 mil mineros formalizados es una prueba de que la formalización es viable.

Por tal razón, César Ipenza consideró que flexibilizar el marco normativo está originando que cada vez haya situaciones más peligrosas y criminales, por tanto, no deben plantearse nuevas modificaciones. «Oficialmente Perú produce 120 mil toneladas de oro, pero exporta 170 mil, porque el Reinfo funciona como método para blanquear ese oro obtenido de forma ilegal», reveló.

¿Qué piensan las comunidades?

La socióloga y educadora popular Nury García expuso que el territorio está ordenado en una complicidad entre la empresa, Estado y militarización para imponer cierto modelo de desarrollo extractivista a costa del despojo y expropiación del campo. “Es decir, se crean adrede una serie de condiciones para que la mano de obra sea barata, para que cuando llega una gran minera sea la alternativa del desarrollo porque te da trabajo. Y la MAPE (Minería Artesanal y a Pequeña Escala) está dando empleo, entre 500 mil formalizados y 400 mil ilegales, según el Instituto Minero Peruano. Son cerca de un millón de personas que están dando empleo a otras. Entonces, frente a estas condiciones donde se ha creado pobreza y necesidad: ¿uno escoge hacer esa actividad o estás en la necesidad de hacerlo?”, se preguntó.

De igual manera, destacó la experiencia de la Nación Wampis que rechazó rotundamente la minería ilegal mediante un pronunciamiento. “Ellos consideran que (la minería) sea legal, ilegal o informal es ilegal porque todas están destruyendo el territorio”, expuso. Además, dijo que entre las alternativas de solución a la minería figuran respetar el derecho a la consulta previa antes del otorgamiento de la concesión minera. “En Huamachuco estamos acompañando a la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado donde casi 100 por ciento de su territorio está concesionado sin ser consultada”, finalizó García.

Si deseas ver la transmisión completa del conversatorio de la Red Muqui, puedes ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/redmuqui/videos/7109305582439860/

/por

Polémica actuar de la PNP reflejado en caricatura también se proyecta en conflictos sociales mineros

, , ,

La caricatura de Carlos Tovar, conocido como Carlín, que manifiesta con sátira la corrupción enquistada en la Policía Nacional del Perú (PNP), ha sido motivo de análisis y reflexiones en torno a la libertad de expresión, pero también sobre el actuar de los efectivos policiales que degradan la imagen de su propia institución.
En momentos de conflictividad social vinculada a la minería hemos sido testigos de algunas situaciones generadas por la PNP que ameritan ser recordadas y denunciadas.

1.- Convenios entre la PNP y empresas extractivas mineras para brindar seguridad:
Un informe realizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRights International reveló que, entre 1995 y 2018, se suscribieron 138 convenios, de los cuales 29 permanecían vigentes al 2019. Entre las mineras figuraban Antamina, Yanacocha, Las Bambas, Doe Run, Petroperú, Southern Perú, Chinalco, Antapaccay, Hudbay, entre otras.

La Macro Región Policial Cusco ha recibido, durante el 2015 y el 2018, un total de S/4.133.606,86 por parte de la mina Las Bambas. Hasta el momento cinco personas han sido asesinadas producto de la represión policial en estos últimos 14 años de historia. La empresa minera se ubica en Apurímac y Cusco.

2.- En 2015 la PNP intentó sembrar un “miguelito” a un agricultor de Valle de Tambo – Arequipa que protestaba contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation. “Miguelito” es un artefacto artesanal con púas de fierro utilizado para pinchar las llantas de los vehículos.

3.- En 2005 en Huancabamba – Piura agentes policiales secuestraron y torturaron a 33 campesinos que se oponían al proyecto minero Río Blanco, a la fecha no hay ningún policía sancionado.

4.- Coronel de la PNP y otros cinco agentes fueron detenidos en megaoperativo contra la minería ilegal realizado en Otuzco y Trujillo – La Libertad en 2023. El entonces jefe de División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, coronel PNP Arturo Miguel Balta Paredes y cinco suboficiales fueron acusados por apoyar presuntamente y proteger a la organización criminal “La Gran F.A.”

Estos datos y hechos son solo algunos de los muchos casos de mala actuación en los que están involucrados efectivos de la PNP, por tanto la caricatura realizada por Carlos Tovar “Carlin” es solo un reflejo de esta dura realidad. Diversos especialistas coinciden en que la institución policial debe ser reformada, no sólo por los hechos mencionados, sino también por la impunidad con la que actuaron en las masacres de diciembre del 2022 en Ayacucho y Apurímac, y en enero de 2023 en Puno. Aprovechamos para solidarizarnos con Carlin por el hostigamiento y amenaza de denuncia que le ha hecho la Policía Nacional del Perú.

/por

Southern Perú insiste nuevamente con Tía María pese a no contar con licencia social en Valle de Tambo

, ,

La empresa Southern Perú se empecina en iniciar el proyecto Tía María a pesar de no tener licencia social desde hace más de 10 años. Ha desplegado acciones en los territorios y en medios de comunicación para reforzar la narrativa de que la minería traerá desarrollo.

Entre las situaciones generadas por la empresa minera en el Valle de Tambo, provincia de Islay, en Arequipa, zona de influencia del proyecto, se encuentran las convocatorias de trabajo para mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los trabajadores contratados no serían de la zona de Cocachacra sino foráneos, según declaró la agricultora y exdirigente Marilú Marroquín, ya que la población se dedica a la agricultura, principal fuente económica.

El persistente rechazo popular a la minería se refleja en la consigna “Agro sí, mina no”, tal como se decidió en el año 2009 mediante una consulta vecinal debido a la importancia de la agricultura en el territorio. El Valle del Tambo, que tiene una extensión de 15 mil hectáreas agrícolas, es considerada la despensa alimentaria del sur cuya distribución principal es Lima (39 %), luego Arequipa (38 %). Allí el proyecto minero pretende explotar minerales de óxidos de cobre a tajo abierto para la producción de cátodos de cobre.

La preocupación que también se cierne sobre Tía María es el uso del agua. “Yo me preguntó de dónde va a sacar agua (Southern Perú) para el proyecto”, manifestó Marroquín. Precisamente, la Red Muqui ha advertido que Tía María es inviable social y ambientalmente (plasmado en las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental).

Como respuesta a la minera, los agricultores se han autoconvocado a una asamblea popular programada para este fin de semana. Durante los años de resistencia al proyecto, líderes sociales han sido criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente. A la lista se suman al menos siete civiles fallecidos y un número indeterminado de heridos por la represión.

Alianza con el régimen

Medios de comunicación de trascendencia nacional informaron de la reunión que sostuvo el Gobierno con gremios empresariales del país el pasado 31 de enero, entre ellos la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La única agenda que abordaron fue la reactivación económica, la cual se ha convertido ahora en un pretexto para imponer nuevamente proyectos que no tienen licencia social. Esta situación lo único que generará es la reactivación de conflictos sociales. Tía María es un ejemplo de lo que puede ocurrir a corto plazo.

Así también, la semana pasada, el viceministro de Minas, Henry Luna, expresó su deseo de reunirse, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Energía y Minas, con los máximos ejecutivos de las empresas que tienen grandes proyectos de construcción de minas. Con Southern Perú ya cumplió este deseo.

/por

Fiscalía de Huancabamba/Piura archiva causa contra 15 defensores, pero mantiene medida contra otros 11

, , ,

La semana pasada la Fiscalía de Huancabamba en Piura ha decidido archivar el caso contra 15 personas imputadas por una serie de delitos de los cuales les acusa el Ministerio Público. Entidad que en la misma causa ha decidido formalizar la investigación preparatoria contra otros quince imputados por los delitos de tortura, lesiones graves, coacción, secuestro, asociación ilícita para delinquir y robo agravado.

Todas las personas acusadas son defensoras de derechos humanos y del ambiente. Entre quienes ya no seguirán siendo investigados figuran el titular de la Parroquia de Huancabamba Fray Jorge Rumi Cóndor y el ex alcalde provincial de Huancabamba, Ismael Huayama Neyra, mientras que dirigentes de las Rondas Campesinas de Huancabamba, así como de la Comunidad de Segunda y Cajas son parte de la lista de defensores que continúan incriminados.

La fiscalía inició las investigaciones contra los dirigentes sociales y ambientales por su oposición activa al proyecto minero Río Blanco, que el consorcio de capitales chinos Zijin pretende establecer en un área comprendida entre las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Los ronderos de la zona explican que en el transcurso de actividades que ha desarrollado la empresa, ofreciendo dinero para ganarse el apoyo de parte de las comunidades y así dividir la posición de rechazo casi unánime entre sus habitantes, algunos de sus integrantes identificaron y retuvieron a Manuel Julca Campos, un agente de seguridad de la empresa Río Blanco Copper S.A., a quien sometieron a la justicia comunal. Una medida legítima y acorde al artículo 149° de la Constitución Política del Estado, según la organización de derechos humanos FEDEPAZ, que ha asumido la defensa de las personas imputadas por la Fiscalía.

En efecto y después de culminar la investigación preliminar, la fiscalía ha señalado que no existen elementos de convicción para considerar que hubo comisión de los ilícitos denunciados por parte de las personas investigadas, porque no tenían condición de funcionarios públicos a cargo del resguardo de la supuesta víctima, es decir, no podían haber cometido delito de tortura; los denunciados sólo retuvieron a la persona para aplicar justicia comunal por lo que no tenía intención alguna de cometer secuestro y tampoco coacción y robo agravado, por lo que resolvió archivar la investigación.

Sin embargo, este razonamiento no fue aplicado a 11 de las personas defensoras de derechos humanos investigados contra las que sí se ha formalizado investigación preparatoria, a pesar de encontrarse en los mismos supuestos de los 15 otros investigados a quienes sí se les ha archivado la investigación.

FEDEPAZ reitera que lo único que hicieron fue defender sus derechos fundamentales como campesinos, defender su derecho a la tierra y su derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

La ONG, por otra parte, precisa que este largo proceso, de más de 4 años, evidencia que las defensoras y los defensores fueron denunciados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen públicamente a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales. Proceso que evidencia igualmente que el único propósito del Estado y la Empresa es amedrentarlos y evitar que sigan protestando, finaliza en su comunicado FEDEPAZ.
Lea aquí el pronunciamiento completo:

/por

MINAM acata “destrabe” para proyectos económicos

,

El 30 de diciembre de 2023, se emitió el Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM, mediante el cual se aprueban disposiciones complementarias para la implementación del artículo 21 de la Ley N° 30230, así como modificaciones a otras normativas. Sobre la publicación de la norma, es necesario mencionar que, en la exposición de motivos de dicho decreto se menciona que la Ley N° 30230 tiene la finalidad de fortalecer el proceso de evaluación del impacto ambiental y que el retraso en el proceso de evaluación ambiental afecta la aprobación y ejecución de los proyectos de inversión pública, privada o mixta, lo que a su vez, no permite tener una disponibilidad oportuna de infraestructura y servicios públicos para la población (1). Por ello, nos encontramos ante una norma que busca nuevamente debilitar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el argumento de que su flexibilización permitiría una disponibilidad oportuna de infraestructura y servicios públicos a la población, así como una “dinamización” de la economía.

Recordemos que la Ley N° 30230, conocida como «paquetazo ambiental», establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos con el objetivo de fomentar y dinamizar la inversión en el país; en otras palabras, las exigencias y estándares de protección ambiental fueron disminuidas en beneficio de grandes empresas, especialmente mineras y de hidrocarburos. Estos hechos quedan corroborados con los antecedentes de la puesta en escena del artículo 19 de la referida Ley que estableció un “privilegio ante conductas infractoras” declarando un régimen de excepción de la potestad sancionadora del OEFA por tres años, lo que incrementó hasta en un 27% el porcentaje de incumplimientos ambientales por parte de los administrados. Lo propio ocurrió con los artículos 20 y 22 que debilitaron institucionalmente al MINAM al modificar los instrumentos normativos por los cuales se establecen las Zonas Reservadas, y convirtiendo al Ordenamiento Territorial en un proceso político y técnico de carácter orientador que no asigna usos ni los excluye (2).

En ese sentido, a continuación, se presenta una breve síntesis del impacto que podrían generar las disposiciones modificatorias de este decreto cuyos antecedentes ya fueron motivo de amplio debate y rechazo.

En primer lugar, se destaca que durante el proceso administrativo sancionador contra una consultora ambiental, la autoridad de supervisión y fiscalización ambiental puede solicitar al SENACE que ejecute la medida provisional de suspensión de la vigencia de la inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA). Esta disposición, ahora incorporada en el Decreto Supremo N° 026-2021-MINAM, adquiere especial relevancia, ya que las consultoras desempeñan un papel crucial como vínculo de veracidad para evaluar el impacto ambiental negativo en los componentes ambientales y la población. En ese sentido, si una consultora no cuenta con un equipo mínimo multidisciplinario o suscribe un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) sin cumplir con la normativa correspondiente, se considera información fraudulenta, lo que justifica la aplicación de un procedimiento sancionador para imponer medidas coercitivas y la suspensión en el RNCA.

En segundo lugar, se establecen medidas para que no le corresponda una evaluación de los impactos ambientales a los IGA correctivo (Plan de Manejo Ambiental, Plan de Compensaciones Ambientales, Plan de Manejo Ambiental, Programa de Manejo de Riesgos Ambientales, entre otros) que son incorporados en las próximas modificaciones del estudio ambiental del proyecto. La no correspondencia de una evaluación de impactos ambientales propuesta por la sexta disposición del referido decreto, contraviene las medidas para fortalecer el SEIA, así como la incorporación del enfoque de variabilidad y cambio climático en las evaluaciones ambientales (3) y la realización de un análisis de las interacciones de los impactos específicos, lo que forma parte de una metodología para identificar impactos acumulativos y sinérgicos (4), que brinda oportunamente información sobre lineamientos para la aplicación de metodologías de identificación y valoración de impactos (5).

Cabe resaltar que, en el período de elaboración y aprobación del IGA correctivo y la solicitud de modificación del EIA (M-EIA) existe una ventana temporal en la que podrían ocurrir impactos cuya incorporación en la M-EIA deberían ser considerados. Sin embargo, esta disposición establece que no es necesaria su consideración, y de serlo, es el Estado, mediante sus autoridades competentes el que debería realizar dicha evaluación. Esto último agrieta aún más la labor de las autoridades, que según las motivaciones del mismo decreto actúan “deficientemente en los plazos de evaluación de sus expedientes”, esperando que los mismos sean céleres en la identificación de impactos.

Asimismo, acorde con el artículo 21 de la Ley N° 30230, se propone un esquema de coordinación para las entidades que emiten opiniones técnicas vinculantes en el contexto del procedimiento de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) o las Modificaciones de Estudios de Impacto Ambiental detallados (MEIA-d), reafirmando el plazo máximo de 45 días hábiles para la sistematización por parte de SENACE. Seguidamente, se plantea la implementación de un módulo informático (QR) para el otorgamiento del Código de Certificación Ambiental, de carácter público y actualizado, que registrará las certificaciones ambientales, incluyendo las opiniones técnicas emitidas. Ello aportará en la transparencia de los proyectos de inversión que habilita el Estado. Las disposiciones para su funcionamiento se darán en un plazo no mayor de 120 días hábiles. Es importante destacar que estas propuestas buscan “destrabar” los procesos administrativos con el objetivo de dinamizar la economía, especialmente en el sector minero. Sin embargo, esta aceleración podría incrementar el riesgo de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas. Esta preocupación se respalda con datos del Ministerio de Salud (MINSA), que señala que hasta el 2020, 10 millones 162 mil 380 habitantes, equivalente al 31,15% de la población nacional, se encuentran en zonas expuestas a estos riesgos.

En tercer lugar, se procede a modificar el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el cual dispone que el levantamiento de la línea base de estudios ambientales o monitoreos hidrobiológicos contemplados en un IGA ya no requiere autorización por parte del Ministerio de la Producción. Paralelamente, se revoca el Decreto Supremo Nº 013-2020-PRODUCE, normativa que establece pautas para la autorización de la recolección de recursos hidrobiológicos con fines de levantamiento de la línea base de estudios ambientales y otros instrumentos de gestión ambiental, así como para monitoreos hidrobiológicos planificados en dichos documentos. También, se eliminan los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto Supremo Nº 027-2021-MINAM, el cual modifica el Reglamento de la Ley N° 24031, Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, y aprueba el servicio prestado exclusivamente por el SENAMHI. Estas modificaciones buscan una adaptación detallada y extensa por parte del MINAM, que, en un plazo no superior a 120 días hábiles, publicará una actualización de la «Guía para el levantamiento de información de la Línea Base en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)» mediante una Resolución Ministerial. Este proceso tiene como objetivo lograr una uniformización adecuada de los criterios técnicos y normativos, así como “impulsar” la economía otorgados por entidades públicas a los administrados. Además, se prevé que, en el mismo periodo mencionado, el MINAM y el SENAMHI elaboren los «Lineamientos para la elaboración de modelos de dispersión de contaminantes en el aire», los cuales serán un referente obligatorio para la confección de dichos modelos como parte integral de los IGA.

Por último, se excluye la necesidad de obtener el permiso del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para llevar a cabo estudios del patrimonio en los monitoreos de vigilancia y control asociados a los IGA aprobados dentro del área de influencia. Además, la disposición complementaria final establece que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva del SERFOR, se deberán realizar modificaciones a los «Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental» en un plazo de 60 días calendario. Esta medida podría generar un perjuicio al patrimonio natural y a la biodiversidad, ya que podría afectar a las comunidades indígenas. Si los monitoreos no se llevan a cabo de manera adecuada, existe el riesgo de pérdida de flora y fauna, incluyendo aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción. Es crucial considerar cuidadosamente estos aspectos para garantizar la preservación del entorno natural y la protección del territorio indígena u originario.

Desde Red Muqui, instamos a considerar que todas las disposiciones legales contempladas en el mencionado decreto supremo deben adoptar un enfoque intercultural crítico hacia los pueblos indígenas u originarios y ser participativas con la ciudadanía. La aceleración de proyectos mineros bajo el concepto de «destrabe», que busca impulsar la economía mediante la reducción de plazos, debe ser abordada con precaución, ya que puede entrar en conflicto con los derechos humanos y ambientales de la población cercana a las empresas mineras. Es crucial destacar que la falta de rigurosidad en las evaluaciones podría exponer a la población aledaña a riesgos de contaminación por metales pesados u otras sustancias tóxicas. En este sentido, exigimos un fortalecimiento integral del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sin que se generen presiones desde el Ejecutivo para debilitarlo mediante procedimientos administrativos acelerados, ya que favorecen únicamente a los grupos empresariales, sin tomar debidamente en cuenta la participación de la población en las zonas de influencia directa e indirecta de las empresas mineras. Es fundamental equilibrar el desarrollo económico con la protección de los derechos humanos, ambientales y la participación ciudadana.

Fuente: Proyección de eficacia de medidas de tiempo – Ministerio del Ambiente

1. Ver en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5633364/4985762-exposicion-de-motivos-decreto-supremo-n-013-2023-minam.pdf?v=1704324440
2. Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/ley-30230-spda-expresa-desacuerdo-en-puntos-clave-de-la-sentencia-del-tribunal-constitucional/
3. Recomendaciones realizadas luego del balance de 20 años del SEIA realizado el 2022 en el libro
“20 años del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)”. Disponible en: https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2023/04/SEIA_vf.pdf
4. Ídem
5. Ídem

/por