En septiembre del 2009 la población del valle de Tambo se expresó en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo. A pesar de esta larga lucha y la resistencia de las autoridades regionales de Arequipa y las regiones a los alrededores en las últimas semanas, 10 años después el actual gobierno del presidente Vizcarra, a través del Ministro Francisco Ismodes,  ha informado que ha otorgado la autorización de construcción del proyecto Tía María, a la empresa minera mexicano norteamericana Southern.

Esta situación ha acontecido pese al anuncio del Presidente de la República Martín Vizcarra, de que en su gobierno los proyectos mineros sólo se realizarían como “fruto del consenso, no fruto de la imposición”, y que por ello impulsaría un proceso de diálogo con la presencia incluso del primer ministro Salvador Del Solar.Lamentablemente el anuncio de diálogo ahora queda desvirtuado, en tanto habiendo otorgado ya la autorización el Estado a la empresa, ahora ya no está discusión la realización  o no del mismo, sino sólo las condiciones y tiempos para su realización, lo que ya queda en manos de la empresa y la población, si es que considerara participar.

La situación decidida por el gobierno nacional, reaviva el conflicto social en el Valle de Tambo y las provincia de Islay, en Arequipa, por el mayoritario rechazo que desde el año 2009 existe al proyecto minero Tía María, por el riesgo que genera la minería en la agricultura, agroindustria y agroexportación del Valle, la que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú y a la exportación, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.

Debemos recordar, que la empresa minera Southern en su momento no había podido levantar las 136 observaciones que en el primer EIA del proyecto minero realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS por eso tuvo que presentar un nuevo EIA, que fue cuestionado porque en su audiencia pública no se permitió la participación de los pobladores afectados del Valle de Tambo.

Las observaciones presentadas en éste último EIA al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese todas ésta ello el EIA finalmente fue aprobado.

Desde RED MUQUI consideramos irresponsable y un grave error político del gobierno ésta decisión generada por la presión de los gremios empresariales, y más aún el anuncio del envío de las fuerzas policiales al Valle del Tambo. Ambas decisiones ya han propiciado la movilización mayoritaria de la población del Valle de Tambo que anuncia un paro indefinido a partir del lunes 15 de julio en defensa de sus derechos a la vida, salud, ambiente sano, a definir su modo de desarrollo basado en la agricultura, la agroindustria y agroexportación y a vivir en paz social, sin conflictos sociales ni militarización de su localidad y sus tierras.

El día lunes se llevó a cabo en el Congreso de la República la “Audiencia pública: avances para la prevención y atención integral de los afectados en salud por metales tóxicos”, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), comisión encabezada por el Congresista Wilbert Rozas.

Ésta audiencia es el resultado de las seis sesiones de la mesa técnica de la CPAAAAE que mediante control político dio seguimiento a las gestiones que el Ejecutivo debe desarrollar para la implementación de una política nacional multisectorial y especializada para atender el tema.

La Audiencia Pública es una vía institucional donde la ciudadanía puede plantear sus necesidades de manera democrática. A ésta audiencia fue convocado el actual Presidente del Consejo de Ministros (PCM) Salvador del Solar a pedido de la CPAAAAE y como demanda de las comunidades andinas y amazónicas que conforman la “Plataforma Nacional de Afectados en salud por Metales Tóxicos”, ya que es clave que se pueda conformar una Comisión Multisectorial de Alto Nivel impulsada por la PCM y con participación efectiva de ministerios como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de quienes dependen decisiones de éste tipo.

Sin embargo, a pesar de la importancia de este espacio en que los afectados por metales tóxicos expusieron sus demandas y propuestas, el Premier no asistió a la cita, con lo que la PCM ha evidenciado que no tiene la voluntad política ni prioriza impulsar una política en salud a pesar de ser una demanda no resuelta por décadas y que los afectados por metales tóxicos en todo el país exigen un solución con urgencia.

En la audiencia se presentó el representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros Yuri Pinto Ortiz, quien informó sobre las gestiones que vienen desarrollando para la remediación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de alto y muy alto riesgo, sin embargo el MINEM no informó sobre los avances en el compromiso que asumió en la mesa técnica respecto al desarrollo de un marco normativo que regule del “reaprovechamiento” de PAMs.

De Igual forma la representante del Ministerio de Salud (MINSA) no informó sobre mayores avances para la coordinación multisectorial necesaria para que lo establecido en los Lineamientos Sectoriales que emitió el año pasado puedan implementarse. Recordemos que el MINSA retiró a pedido de la PCM el proyecto de Resolución que crea la Comisión Multisectorial para desarrollar una política nacional sobre el tema, al parecer por presiones de la PCM. En la audiencia tampoco se señaló avances concretos de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el cumplimiento de la identificación de las fuentes hídricas contaminadas, y el mapeo de las rutas de contaminación.

Como lo señaló Karem Luque, Bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, institución miembro de Red Muqui, el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones de protección a la salud ambiental y humana y de atención especializada a las personas afectadas, el Estado está declinando a su responsabilidad de identificar las causas de la contaminación y de realizar una atención integral y efectiva de salud en las zonas contaminadas.

Por su parte Yolanda Zurita, representante de los afectados de La Oroya (Junín) y vocera de la zona andina de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, señaló que hasta la fecha las zonas con antiguo PAMs como La Oroya siguen sin ser remediadas, y aun así el Estado sigue permitiendo actividad minera en la zona. Señaló también que nada de lo informado en la audiencia se implementará sin un nivel de coordinación multisectorial y presupuesto asignado a nivel nacional y de gobiernos regionales.

El día de hoy, a partir de las 10am, se fueron congregando frente al Ministerio de Energía y Minas en el distrito de San Borja, las delegaciones de Cerro de Pasco, Junín, San Mateo (Lima región), Cajamarca, Espinar – Cusco, Chiriaco (Amazonas), pueblos indígenas de las 4 cuencas de Loreto, Ancash, Puno, Junín y Moquegua; que a viva voz exigían que el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, los atienda. La Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos había cursado ya un oficio el día 03 de Julio para tener una reunión con representantes del MINEM con el objetivo de plantear la necesidad de la conformación de la “Comisión Multisectorial de alto nivel para el abordaje integral a favor de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas”. Es importante recordar que el Ministerio de Salud emitió en octubre del 2018 la Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA que aprueban los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”,y hace algunas semanas recomendó a la PCM la necesidad de impulsar una Comisión Multisectorial que articule a todo el Ejecutivo en la respuesta integral a este grave problema.

La respuesta del Ministerio de Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas en representación de Augusto Cauti Barrantes, viceministro de minas, respondió el 04 de julio que no podrían atenderlos por la premura de la solicitud pero sobre todo porque principalmente la problemática involucra particularmente al Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Salud.

Finalmente, en medio de la realización del plantón, el mayor Castañeda, policía a cargo de los 30 policías que estaban en el frontis del Ministerio, comunicó que representantes del Ministerio los atenderían.

Policía intimida a manifestantes

Cuando la policía comunicó que una delegación del Ministerio los recibiría, pidió los DNIs de 10 personas que ingresarían a la reunión. Lo extraño fue que la policía tomó fotos a los DNIs de los manifestantes, cuando su función no es la de ser mesa de partes del Ministerio. Este hecho generó la protesta de los manifestantes porque es conocido el convenio entre empresas mineras y policías en diferentes regiones y porque las y los afectados por metales tóxicos han sufrido amedrentamiento en sus territorios por protestar por sus legítimos derechos.

 

MINSA y PCM llegan a la reunión

Antes de ingresar al ministerio, las y los manifestantes observaron que representantes del Ministerio de Salud y la Presidencia del Consejo de Ministros ingresaban al Ministerio de Energía y Minas. En palabras de la vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, Yolanda Zurita, primera vez que se tiene una reunión conjunta con el MINSA, el MINEM y la PCM. “Esto demuestra el peso que tiene el Ministerio de Energía y Minas en el ejecutivo”.

Durante la reunión, el representante de la PCM, Daniel Vela, de la Secretaría de Gestión Social; y los representantes del Ministerio de Salud, mostraron su voluntad de conformar la Comisión Multisectorial que logre la atención integral a los afectados y expuestos a metales tóxicos; sin embargo, el viceministro de Minas, Augusto Cauti Barrantes, señaló que evaluarían la propuesta por ser una propuesta principalmente técnica y porque la responsabilidad principal recae en el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud. Frente a ello, la vocera Yolanda Zurita señaló que “el Ministerio de Energía y Minas tiene también responsabilidad porque son la entidad que extrae y procesa los recursos minerales que son los determinantes que generan los metales tóxicos que habitan en los organismos de miles de personas a nivel nacional; que finalmente generan enfermedades que no tienen ningún tratamiento especializado”.

Frente a la respuesta evasiva de los representantes del Ministerio de Energía y Minas, los representantes de la Plataforma de Afectados exigieron que el ministro Ísmodes los atienda y que se gestione esa reunión para avanzar en la conformación de la Comisión Multisectorial, que logre una atención integral involucrando a los diversos sectores del Ejecutivo.

Lunes: Audiencia Pública en el Congreso

Finalmente, los representantes de la Plataforma señalaron a los representantes de la PCM, Salud, y Energía y Minas, que esperan la asistencia de los ministros, en particular la del premier, Salvador del Solar, a la Audiencia Pública organizada por la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología del Congreso de la República, para lograr acuerdos institucionales concretos que permita lograr un presupuesto con un Plan integral que permita avanzar en la solución de esta grave problemática que está acabando lentamente con la vida de varias personas a nivel nacional. La voluntad política del Ejecutivo es clave para ello.

El MINJUSDH después de la renuncia de Pedro Grández…

Durante la presente gestión del Dr. Daniel Sánchez, actual Viceministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) priorizó la elaboración del Protocolo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; obligación que había asumido el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2016 frente a las exigencias que veníamos desarrollando desde el movimiento de derechos humanos.

Para ello, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y su director el Dr. Pedro Grández, que recientemente acaba de renunciar; impulsaron un proceso de construcción del protocolo con amplia participación de la sociedad civil.

Es así que en abril del presente año mediante la Resolución Ministerial Nº 0159-2019-JUS, el MINJUSDH aprobó este instrumento; a pesar de no haber contado con la participación activa de otros sectores, como el Ministerio del Interior y el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este es un instrumento importante como primer paso para crear una política pública para la protección integral de las personas defensoras de los derechos humanos en el Perú.

Lamentablemente, el instrumento ha sido criticado por diversos sectores de la política nacional, gremios empresariales, y grupos conservadores, que incluso en sus críticas han planteado: ¿debe el Estado apoyar a los activistas antimineros?; y han adelantado que puede “ser aprovechado por una diversidad de personas; entre ellas miembros de organizaciones generadoras de conflictos, que ven en este protocolo una protección a sus actividades”. Incluso se ha etiquetado al Protocolo, como “un subsidio público a la conflictividad social”. En el mes de mayo de 2019, el Ministro del MINJUSDH, Vicente Zevallos, fue citado al congreso por el Congresista de Fuerza Popular, Francisco Villavicencio, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, “con carácter de urgencia”, para responder sobre el citado Protocolo.

Se generó una campaña pública de desprestigio contra el Dr. Grandez, responsable de la Dirección Nacional de Derechos Humanosdel MINJUSDH, que incluyó a prensa de diversos medios de comunicación, y que culminó con su renuncia. Surge ahora la inquietud de cómo se dará continuidad desde el MINJUSDH a la aplicación efectiva del Protocolo frente a las presiones de los grupos de poder económico y político que lo cuestionan y que buscan su no aplicación efectiva.

Asimismo, en la Red Muqui queda la preocupación respecto de la continuidad de otro importante proceso iniciado en la gestión del Dr. Grandez en la Direccion General de Derechos Humanos del MINJUSDH, que es la elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Este proceso es estratégico para avanzar hacia la regulación de la responsabilidad de las empresas mineras frente a la vulneración de derechos humanos en el contexto en que realizan dichas actividades económicas, y se llevaba a cabo en el marco de la normativa internacional de los “Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos”, impulsada por las Naciones Unidas, donde se desarrollan conceptos importantes para la regulación de la “debida diligencia” de las empresas y sus “responsabilidades extraterritoriales”.

La RED MUQUI viene participando en estos procesos para la elaboración de dichas herramientas de políticas públicas, a pesar de las dificultades de contar con el poco compromiso de otros sectores del Estado. La renuncia del Dr. Pedro Grandez, quien asumió un compromiso firme por éstas tareas, pese a las infundadas críticas y la campaña de difamación y presión política que ha sufrido por parte de los sectores empresariales mineros, entre otros; nos plantea la preocupación sobre la continuidad en la construcción del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos, y la posible ausencia de garantías para un proceso participativo y democrático frente a las injerencias del poder económico y político.

Esperamos que la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, y la exigencia a las empresas extractivas, en particular las mineras, de respeto a los derechos de comunidades y poblaciones; sea priorizado por las instituciones del Estado, y en particular por el actual gobierno que debe recuperar su rol garante de derechos de las personas, que son las que deben beneficiarse de la economía, y no estar a su servicio.

La RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. Si bien respaldamos las medidas del gobierno para afrontar la inseguridad ciudadana que tanto nos afecta, nos preocupa el anuncio que al respecto ha realizado el Presidente de la República Martín Vizcarra en medios de prensa: “si las Fuerzas Armadas podrían ayudar en el cuidado de los activos críticos del Estado, quedarían libres muchos policías que están cumpliendo esa función para que cumplan el rol de seguridad ciudadana”.
  2. Estas declaraciones visibilizan un tema presente desde noviembre 2017, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), y el Ministerio del Interior dictó poco después la Directiva Nacional de Orden Interno para la protección de los Activos Críticos.
  3. Los activos críticos nacionales son definidos por el reglamento como aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que requieren ser utilizados para satisfacer las necesidades vitales de la Nación (salud, integridad física, seguridad, bienestar social y económico de la población, servicios públicos, etc.). El operador o administrador de un activo crítico es una entidad pública o privada. Cada sector define sus activos críticos, en función de esas necesidades vitales. Son consideradas como tales, la energía y minería y, en consecuencia, el Ministerio de Energía y Minas define activos críticos, que serían los proyectos mineros, hidrocarburíferos y de electricidad. El propósito de definirlos es gestionar su seguridad, garantizando con ello la intangibilidad o continuidad de sus operaciones,
  4. Lo que quiere decir es que, por esta norma se está brindado seguridad a emprendimientos que no necesariamente tienen una finalidad pública, como ocurre con la minería, y para ello se están utilizando recursos del Estado, proporcionando seguridad a través de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La pregunta es si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben hacerlo. Consideramos que no.
  5. La finalidad principal de la Policía Nacional es garantizar, mantener y restablecer el orden interno; y el de las Fuerzas Armadas, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Distorsionar sus funciones constitucionales para beneficiar a privados debilitan la democracia y puede tener consecuencias lamentables, principalmente en zonas de conflictos socio ambientales.
  6. Nos preocupa que se agrave la situación de violación a derechos humanos con la figura de los activos críticos. No debemos olvidar las distorsiones y consecuencias que ha generado en zonas de conflictos mineros, la celebración de convenios de seguridad entre policía y empresa. Consideramos que la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios dando seguridad a empresas mineras es un riesgo ya que están preparadas para otro propósito, el defender al país de una agresión externa. Añadido a ello, nos parece que asumir los costos de la seguridad privada de las empresas con personal y fondos públicos es algo que debería revisarse, más aún cuando el país tiene déficit significativo en servicios públicos.
  7. Los conflictos mineros se producen no por un rechazo sin fundamento de la actividad, sino porque las comunidades y poblaciones que habitan en territorios tratados como zonas mineras, en su mayor parte no son informados debidamente sobre los proyectos mineros, no reciben asesoramiento técnico para comprender la información y tomar una decisión; no reciben apoyo del Estado como garante de sus derechos, que más bien prioriza criminalizar sus protestas y reprimirlas, sin escuchar ni entender sus demandas y propuestas.
  8. En ese sentido, es evidente la presión que algunos empresarios mineros ejercen en el gobierno para que se realice el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, pese a la oposición de la población que defiende su actividad agrícola, agroindustrial y agroexportadora, y sus modos de vida alternativos. Nos preocupa el riesgo que se cree un “escenario propicio” para aplicar una eventual “militarización”, pese al “diálogo” anunciado por el gobierno.

Invocamos al Presidente de la República a revisar su política para enfrentar los conflictos mineros, a fin de que ésta sea acorde con los derechos humanos, cumpla con las condiciones de un Estado democrático, y no ceda ante la presión del poder económico, priorizando la paz social y el bienestar de todas y todos los peruanos.

Lima, 20 de junio de 2019

Desde tempranas horas se han movilizado por trochas y carreteras las diversas comunidades de Huachuma, San Juan, Hualcuy, Curilcas, San Martín, Singoya, Tapal, Yanta, y otras comunidades de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, pertenecientes a la región de Piura, en dirección a la la plaza de armas de la provincia de Ayabaca, donde se vienen concentrando todas las delegaciones, incluidas las de otras provincias de la región. Miles de comuneros, ronderos y pobladores de Ayabaca acatan el paro provincial. Todos los colegios y negocios de la provincia cerraron sus establecimientos respaldando la medida de lucha.

 

 

El proyecto minero Río Blanco invertiría 2500 millones de dólares y tendría una producción anual de 200 mil toneladas de cobre metálitco y y 3 000 toneladas de molibdeno metálico. El desarrollo de la mina sería a tajo abierto y se ubicaría sobre los territorios de las comunidades de Yanta, Ayabaca; y Segunda y Cajas, Huancabamba.

Las comunidades de Ayabaca y Huancabamba exigen al gobierno que se respete la decisión de la consulta vecinal realizada el 2007, donde el 95% de la población dijo NO a la minería en sus territorios. También exigen que el gobierno central cierre las oficinas de Río Blanco que opera sin licencia social en la zona. Como es de conocimiento público el 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y son fuente de agua para las comunidades de las provincias mencionadas, así como los bosques de neblina.

La Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca – FEPROCCA, recalcó durante la movilización que el gobierno debe priorizar la inversión en la agricultura y el turismo como modelo de desarrollo económico, antes que insistir con un proyecto minero que nadie respalda.

La dirigente ronderil y actual regidora del distrito Carmen de la Frontera en Huancabamba, Isela Torres Castillo, señaló: “Mi presencia acá es porque soy madre de familia y queremos dejarles a nuestras futuras generaciones un aire puro, el proyecto minero solo trae muerte, pobreza y destrucción… el gobierno debe invertir en proyectos que sean productivos a largo plazo”.

 

Empresa opera sin licencia social

En la actualidad el consorcio minero chino Zijin opera clandestinamente, señalaron en la protesta, debido a que no se conoce la locación de sus oficinas administrativas.

El pasado 31 de octubre del 2018, mediante carta notarial, la municipalidad provincial de Huancabamba notificó a la empresa minera la improcedencia de la expedición de la licencia municipal de funcionamiento para el establecimiento de sus oficinas en Pasaje Centenario N° 111 – Huancabamba.

El argumento central de la Municipalidad fue que la empresa minera no contaba con la declaración jurada de la autorización sectorial respectiva; quiere decir, la autorización del Ministerio de Energía y Minas.

En la actualidad, el alcalde provincial, Ismael Huayama Neira, ex rondero, está denunciado por la empresa minera en el poder judicial por no otorgar la licencia de funcionamiento para que instalen sus oficinas en la provincia.


En medio del debate sobre la reforma política impulsada por el gobierno de Vizcarra, tras haber recibido el voto de confianza por la mayoría congresal; a marzo del presente año, la Defensoría del Pueblo reporta 73 conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera. Este tipo de conflictos representa el 63.5% del total de conflictos sociales en nuestro país. Y muestra no solo estadísticamente la importancia de atenderlos, sino la necesidad de generar un debate público para buscar soluciones integrales a las causas que originan estos conflictos. El peligro de buscar solo soluciones caso por caso como generalmente hacer el gobierno y las empresas mineras, genera que no haya soluciones integrales nacionales, y puedan surgir nuevos conflictos en otros lugares o en los mismos lugares, tras el incumplimiento de acuerdos entre el Estado, la empresa minera y las comunidades.

Por ello, desde la Red Muqui y sus instituciones miembros, realizamos este Foro para dialogar sobre las perspectivas de la minería en el presente y futuro; qué está pasando en los territorios donde la minería está amenazando en entrar sí o sí, como es el caso de Tía María en Arequipa, y en Tambobgrande, Piura, para mencionar algunos casos; y qué lecciones se pueden sacar de lo ocurrido en las Bambas hasta ahora, en que se están desarrollando las mesas técnicas por ejes frente a la problemática social y ambiental denunciada por las comunidades.

Ponentes:

– José De Echave – Economista (CooperAcción)
– Eduardo Cáceres – Filósofo (Aprodeh)
– Rocio Silva – Periodista y abogada
– Ana Leyva – Abogada (CooperAcción) (por confirmar)

 

Lugar: Auditorio Hotel Perú Pacífico Av. Cuba 127, Jesús María

Fecha: Miércoles 12 de Junio de 2019

Hora: 5:30 – 8 y 30pm

Mayor información: bit.ly/2Kwawhh

 

Ingreso Libre.

Durante la última reunión de los ronderos de las comunidades del distrito de Chugur, de la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, vinculados a la Federación de rondas campesinas del distrito; las y los ronderos alertaron al alcalde distrital, José Vargas Paredes, sobre la presencia de la Minera Anta Norte ubicada en zona denominada como el Sinchao. El Sinchao es una zona declarada en emergencia ambiental como consecuencia de la presencia de pasivos ambientales mineros dejados por empresas mineras pasadas como Cleopatra, y por la presencia de metales tóxicos en más de 57 personas, como señaló el alcalde José Vargas a la prensa regional.

A la actualidad, en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera, existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar, según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es la provincia con mayor número de pasivos ambientales mineros en todo el país. Un total de 1067 pasivos mineros se registran en la provincia; y en toda la región, Cajamarca, se registran 1183 pasivos mineros.

 

Recordemos que en febrero del presente año, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Venta de tierras

La presencia de la empresa minera en la zona se debe también a que el presidente de la ronda campesina de Chugur, vendió ilegalmente varias extensiones de tierra de la comunidad a la empresa minera Anta Norte; por lo cual ha sido denunciado y la junta directiva de la ronda campesina se encuentra en reestructuración, según relataron ronderos de la comunidad.

Según lo establece el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

En este contexto, la empresa minera Anta Norte ha solicitado el permiso al ministerio de Energía y Minas para instalar 23 plataformas y efectuar sus exploraciones, la cual está a pocos metros de la minera Coimolache-Tantahuatay, advirtió el alcalde José Vargas Paredes.

No a la minería

A la actualidad, los pasivos ambientales mineros de la zona el Sinchao, pertenecientes a Chugur, aún no han sido remediados. Según relata Nancy Fuentes, directora de la institución Grufides de Cajamarca, que es parte de la Red Muqui; la información de Activos Mineros SAC – la empresa del Estado para la remediación- hacia la población, es que todavía no inician la remediación de los pasivos ambientales por las condiciones climáticas de la región, pero que ya han planificado el inicio de las operaciones para la remediación.

“Los ronderos y ronderas de la comunidad campesina de Chugur señalan que no quieren más minería, y se han visto sorprendidos de que pretenda ingresar una nueva empresa cuando aún viven con los pasivos ambientales mineros dejados por empresas que ya se fueron abandonaron sus responsabilidades ambientales”, finalizó Nancy Fuentes de Grufides.

Finalmente, como hemos venido informando anteriormente, en la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología se aprobó el dictamen para mejorar la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera; sin embargo, el congresista Olaechea, mediante una maniobra política ha recabado firmas de un dictamen en minoría que impulsó y ha logrando mayoría sin que ello pase por la discusión de la propia Comisión, obviando los importantes elementos que habían sido colocados en el Dictamen anterior.

Desde la Red Muqui señalamos nuestra preocupación frente a este intento de la empresa minera Anta Norte de imponerse en Chugur, Hualgayoc, Cajamarca; y frente a la maniobra del fujimorismo para que la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera no tenga ninguna mejora y sigamos en la misma situación de hace años.

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
A LAS AUTORIDADES DE LA REGION PIURA
A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL

La comunidad campesina Apostol Juan Bautista de Locuto, las comisiones de regantes de San Lorenzo, organizaciones agrarias, organizaciones de la sociedad civil del campo y la ciudad del distrito de Tambogrande, ante el anuncio del actual gobierno a traves de pro inversión de dar inicio a las operaciones mineras en la zona de Locuto, ubicada a un kilómetro de Tambogrande en la margen izquierda del Rio Piura en el tercer trimestre del presente año, manifestamos lo siguiente:

  1. Respaldar firme y solidariamente, el pronunciamiento publico del alcalde del distrito de Tambogrande ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, en su decidido rechazo a la explotación minera en el caserío (ciudad) de Locuto-Tambogrande.
  2.  Desde nuestras bases ratificar la valides y vigencia de la consulta vecinal del 2 de junio del 2002, fecha en que conmemoraremos y celebraremos este año,  el 17 aniversario de la decisión libre democrática y soberana del pueblo de Tambogrande, que en un 98.5% dijo no a la explotación minera en nuestro distrito.
  3. Repudiamos y rechazamos la actitud autoritaria del gobierno que combinada a una estrategia mercantilizadora de las empresas mineras, pretenden comprar conciencias, engañando a la población con un falso desarrollo con la inversión minera, por que en ningún sitio de nuestra patria donde hay actividad minera hay desarrollo humano.

El valle de San Lorenzo, el pueblo y la margen izquierda de Tambogrande, unidos en una sola fuerza.

“el algarrobo no va”
El comité de coordinación.

En octubre del 2018 el Ministerio de Salud emitió la Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA que aprueban los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”. Como ya se había señalado desde la “Plataforma Nacional de afectados y afectadas por metales tóxicos”, esta norma es importante porque es un paso hacia la construcción de una Política Nacional de atención integral a los afectados y afectadas por contaminación con metales tóxicos en contextos de extracción de minerales; sin embargo, a pesar de haber pasado 6 meses de la emisión de esta política sectorial, no se están teniendo avances concretos para salvaguardar el derecho a la salud de las y los afectados.

Como lo viene informando el Ministerio de Salud ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República; este ministerio ha presentado ante la PCM una propuesta de decreto supremo para la conformación de la “Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para proponer el abordaje integral a favor de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas”. Sin embargo, hasta la fecha, no hay respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es así que el miércoles 15 de mayo, los representantes de la Plataforma de afectados que aglutina casos de contaminación de las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Cerro de Pasco, Lima y Amazonas, se hicieron presentes ante la CPAAAAE; el Viceministerio de Salud del Ministerio de Salud; y la Defensoría del Pueblo, para buscar respuestas concretas de parte del gobierno central ante esta problemática generalizada en el país. Sin embargo, la respuesta de instituciones como la Defensoría del Pueblo muestran que no hay prioridad para una política ambiental específica para el tema de salud ambiental por contaminación por metales tóxicos. El argumento de Alicia Abanto, de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas; es que no tienen presupuesto para impulsar un informe defensorial en esta temática, cuando para los afectados por este tipo de contaminación sería un gran respaldo contar con un informe de ésta institución.

Reunión con el MINSA y Congreso

De la reunión con el Viceministro de Salud Pública, el doctor Neptalí Santillan; el Viceministerio se ha mostrado con la predisposición de impulsar una política pública nacional intersectorial y especializada, pero no han mostrado claridad en cómo se va a lograr ello si no se tiene un plan de cómo gestionar el presupuesto para esta política, que si bien tiene alcance nacional también tiene que ver con la función que vienen desarrollando las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) en cada territorio afectado.

Por su parte, la CPAAAAE, a cargo del congresista del Frente Amplio, Wilbert Rozas; a pesar de la ausencia constante de la bancada fujimorista; en función a su rol de control político viene dando seguimiento a la construcción de una política intersectorial que garantice atención efectiva a los afectados y afectadas. La próxima semana con la coordinación de Red Uniendo Manos, CEAS Y Red Muqui, se estará desarrollando la Audiencia Pública temática en Junín con la participación de comunidades y organizaciones afectadas e interesadas.

En palabras de una de las voceras de la plataforma de afectados, Yolanda Zurita: “hemos venido para exigir una atención integral al Ministerio de Salud, con profesionales especializados, con presupuesto asignado por región y Planes de Salud efectivos, así como mecanismos de prevención para que no sigamos expuestos a esta contaminación. Hay regiones como Cerro de Pasco que llevan casi 80 años contaminadas; el 2017 ellos han venido a encadenarse y no es posible que a la fecha no exista una política nacional intersectorial y efectiva: solo respuestas limitadas, aisladas y a corto plazo”