25N: Mujeres contra todas las violencias y la dictadura

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Por: Yulissa Casana y Beatriz Cortez – Red Muqui

Las voces de las mujeres populares y rurales resuenan cada vez más fuerte en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Denuncian que ahora no solo se enfrentan a un sistema machista que reproduce y naturaliza la violencia simbólica y estructural, también contra un gobierno ilegítimo y racista que justifica las graves violaciones de los derechos humanos. Así lo han manifestado meses antes, por ejemplo, en las asambleas populares, en pronunciamientos, en las movilizaciones de distintas regiones, en el último encuentro feminista y ahora en la convocatoria a la movilización por el 25 de noviembre.

La violencia y represión estatal es perpetrada por Dina Boluarte y sus aliados, la primera mujer en asumir la Presidencia del Perú, quien no nos representa, por el contrario, es una amenaza regresiva en cuanto a los derechos conquistados en intensas batallas políticas y sociales reivindicativas. Ahora en alianza con el Congreso de la República allanan el camino hacia el recorte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, así como en retrocesos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto al abordaje de la violencia de género.

Esta democracia ya no es democracia, ha sido una de las principales consignas y cantos de las organizaciones populares este año. Esto expresa la lucha de los pueblos marginados históricamente, en su mayoría mujeres, por una verdadera representación y participación política. La violencia y discriminación, además, las afecta de manera distinta y/o en un grado diferente por su condición de género, clase, etnia, entre otros factores interseccionales. El extractivismo minero, que atraviesa sus cuerpos y sus territorios, también ha ganado terreno, sobre todo ahora que vivimos en un régimen autoritario.

Dina Boluarte y Alberto Otárola han anunciado más expansión minera a costa de los derechos humanos y ambientales de los pueblos, sin importar los graves costos que nos trae este modelo minero sin límites. En 2020, el Ministerio de Salud reconoció que hay más de 10 millones de personas expuestas a contaminación por metales tóxicos, de las cuales la mayoría son niños y niñas. De ahí que las madres campesinas y de las poblaciones afectadas estén en la primera línea de la defensa del agua frente a la contaminación y el despojo territorial minero.

Este 25 de noviembre recordamos el brutal asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, que dio origen de este día conmemorativo.

Hoy, más que nunca, urge recuperar el sentido político de nuestra lucha, porque las mujeres del mundo y de Latinoamérica nos seguimos enfrentando a la violencia política y la violencia feminicida. Por ello, es importante reflexionar, debatir y replantear acciones organizadas que ayuden a debilitar y derribar a estos sistemas hegemónicos que en forma conjunta oprimen a las mujeres y les arranca la vida (110 feminicidios en lo que va de 2023).

Con más de 60 muertos producto de la represión policial durante las protestas sociales registradas a fines de 2022 y a inicios de 2023, y a casi 1 año de los crímenes de Dina Boluarte, las acciones colectivas por justicia y memoria son lideradas, de igual manera, por las mujeres y diversidades que resisten y aspiran a tener una Nueva Constitución, y así cambiar la historia de un país capturado por las élites de poder económico, las cuales no han logrado quitarnos el miedo ni la esperanza de un Perú con justicia y dignidad.

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Reinicio de operaciones de La Oroya dispara alarmas de defensoras y especialistas ambientales

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado esta semana el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) en la provincia de Yauli-Junín, tras 13 años de paralización, ahora en manos de sus extrabajadores.

Una decisión adversa a los intereses de la población, según el ingeniero ambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi, quien recordó que mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, debido a los altos niveles de contaminación emitidas en el proceso de refinamiento de minerales del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre.

La contaminación de La Oroya por metales pesados es un proceso que data de 1922, época en la que que el CMLO inicia sus operaciones como sucursal de la empresa Cerro de Pasco Corporation.

El precedente de las operaciones que ha dejado la empresa Doe Run, propietaria del complejo, cuando fue privatizada en 1997, es catastrófico, explica Alejandro Berrospi, tanto para las personas como para los ecosistemas. Entre los primeros se encuentran los tristemente célebres casos de niños de familias cercanas a las instalaciones que nacen con altísimos niveles de plomo, pese a que las operaciones estuvieron paralizadas desde el 2009, de acuerdo a estudios realizados por Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín en La Oroya. Entre los segundos, en tanto, el ingeniero y experto en temas ambientales expone el caso de la cuenca del río Mantaro, afluente muerto según sus palabras por los altos niveles de contaminación a los que está expuesto.

Quedará por ver cómo funcionará el circuito de zinc, el primero de los que se ha puesto en marcha, antes que continúe con los circuitos de plomo y de cobre hacia 2025. “Ninguna de estas tecnologías han estado controladas en una fundición terriblemente contaminante, siendo La Oroya una de dos de las que existen en el país junto con la fundición de ILO de Southern Perú, que contamina todo el mar y todo el litoral de la zona y ambas son letales, tanto para el ambiente como para la población”, expresa Edwin Alejandro.

Por todo esto, preocupa el reinicio de las actividades, dado que no se conocen aún con exactitud los compromisos ambientales de las operaciones. Según el experto de Red Muqui: “El Estado está otorgando licencias de operación, sin respetar los derechos de las poblaciones que viven ahí y de las comunidades del Valle del Mantaro, o sea no hay consultas a las poblaciones, no hay una debida fiscalización ambiental, ni una serie de evaluaciones de los riesgos que conllevan su operación”

Por último, es importante destacar que está pendiente un fallo de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que podría determinar la responsabilidad del Estado en perjudicar gravemente la salud de los habitantes de La Oroya. Sesenta y cinco de los cuales iniciaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que quince años después presentó ante la Corte el caso de la comunidad de La Oroya y que tiene como denunciado al Estado peruano por contaminación ambiental.

Para Edwin Alejando, esto demuestra que al régimen de Dina Boluarte no le interesa esta sentencia y antepone el interés empresarial por sobre el resguardo de la salud y del medioambiente.

Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya, expresó que antes del reinicio de las actividades de la fundición habría sido lógico que el gobierno subsanara todos los factores que han llevado a la contaminación del ambiente y el daño a la salud de las personas. “Si bien es una empresa nueva, que está a cargo de los trabajadores que han estado paralizados y el gobierno ha favorecido el trabajo de ellos, hay temas pendientes respecto a la responsabilidad ambiental y de la salud”, cerró Carhuaz.

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Red Muqui presentará estreno del documental “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

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Estreno de documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

Red Muqui invita a la proyección del documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida” (30 minutos), producido por Red Muqui y Grufides bajo la dirección de Eliana Lafone, que revela la resistencia y defensa comunitaria del agua ante la amenaza del proyecto minero Michiquillay.

El documental se proyectará en el Hotel Carrera (Jr. León Velarde 123, Lince), el miércoles 25 a las 3 p. m. y cierra el Foro Nacional, organizado por Red Muqui por sus 20 años de existencia, titulado “Las comunidades frente a la expansión minera: balance y perspectivas”, donde se realizarán mesas de trabajo con diálogo posterior entre participantes y panelistas.

Lo que revela el documental
El departamento de Cajamarca se retrata muchas veces en los medios, como una región pobre, debido a los altos índices de pobreza que en 2018 afectó al 13,9 por ciento de la población. Si se tiene en cuenta que es la principal región extractora de oro que aporta casi una cuarta parte de la producción peruana, con megaproyectos tan conocidos como Yanacocha, cabe hacerse la pregunta ¿Por qué tanta pobreza en medio de montañas de oro que atraviesan literalmente su geogratia? A cualquier visitante de su ciudad capital, llaman la atención lo verde de sus paisajes y la cantidad de productos lácteos que se venden en sus antiguas y atiborradas calles.

Aquí hay dos claves que revelan los verdaderos tesoros de un departamento rico en recursos imprescindibles para la supervivencia humana: agua y su rica biodiversidad que han transformado a Cajamarca en la principal cuenca lechera del país.
De hecho, más de la mitad de su población trabaja en la agricultura, ganadería y pesca. Gente de comunidades y poblados que generan autoempleo en sus numerosos y fértiles valles y activan una compleja cadena de actividades económicas intensivamente vinculadas a la agricultura y ganadería.

En tanto, la contribución de la minería al empleo es muy baja ya que solo representa el 0,8 por ciento de la población económicamente activa. Pese a esta realidad los gobiernos y el gremio minero presionan por nuevos proyectos de extracción de minerales. Uno de ellos, Michiquillay de la empresa Southern Copper Perú está a punto de iniciar su fase de explotación en la cabecera de cuenca del río Crisnejas.

Con ello está generando preocupación entre los habitantes de las zonas indirectamente impactadas por encontrarse río abajo del Crisnejas y del Valle de Condebamba que sufren desde hace años el impacto de la extracción formal a gran escala como la minera Shahuindo, pero también de numerosos proyectos de la minería informal localizados en la zona. Percepciones basadas en la observación de la pérdida de la fauna acuáticas de los ríos, coloración extraña de las aguas de manantiales, lento crecimiento de cultivos, frutales afectados, pérdida de fertilidad natural de las tierras, desaparición de animales silvestres, batracios y mariposas de las riberas de los ríos, afecciones dérmicas en los niños que se bañan en los ríos. De otra parte, las familias agricultoras del entorno de las operaciones mineras de Condebamba, que aún no sufren efectos severos de contaminación, como las familias de la Encañada expresan su preocupación y temor por el inminente daño que se avecina.

La amenaza para un espacio ecológico biodiverso y con especies endémicas del Perú
El documental audiovisual, “Valle de Condebamba: Donde nace la vida”, realizado por la documentalista Eliana Lafone con el auspicio de Pan para el Mundo muestra la vida y esperanzas de la gente del valle y sus formas de organizarse frente a este y otros proyectos mineros que amenazan con acabar con este espacio ecológico único, el segundo valle interandino más biodiverso del planeta.

La película de una duración de aproximadamente 30 minutos también presenta algunas de la conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras en el Valle de Condebamba realizado por el botánico y doctor en bioquímica Fidel Torres que realizó detallados estudios químicos y biológicos de la calidad de agua en diferentes puntos del Río Crisnejas en octubre de 2022. El propio Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración minera “Michiquillay”, presentado por Southern Perú, a desarrollarse en el distrito de Encañada, provincia y departamento de Cajamarca señala impactos inmediatos en el ambiente del área de ejecución de la explotación que afectarán notablemente factores importantes de esta zona que pertenece a la naciente de la cuenca Crisnejas.

El estudio concluye que se afectarán las zonas de vida de páramos, bosques de neblina, lagunas y bofedales y 169 especies que habitan esas zonas quedarían expuestas a ser exterminadas, de las cuales tres son endémicas del Perú, es decir no existen en ninguna otra parte del planeta.

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Comunidad campesina de Accomarca cuida memoria por los crímenes cometidos por el Estado y enfrenta burocracia por minería informal

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Por: Mayra Zambrano – Área Legal – Red Muqui

Masacre de Accomarca durante el conflicto armado interno

Uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces cometidos por el Estado peruano, y que despertó el repudio nacional e internacional, ocurrió el 14 de agosto de 1985 (Vilcashuamán, Ayacucho), cuando el ejército peruano, al mando del subteniente Telmo Hurtado, ejecutó a aproximadamente 69 comuneras y comuneros desarmados, entre ellos ancianos y 28 niños. Según APRODEH (1), en octubre de 1985, la comunidad denunció a Hurtado por el delito de homicidio; sin embargo, el Fuero Militar inició una contienda de competencia frente a la Corte Suprema para poder encubrir sus crímenes. Dicha instancia aplicó en 1995 las leyes de amnistía promulgadas por el dictador Alberto Fujimori. No obstante, debido a la incansable lucha de los familiares once años después, en agosto de 2016, la Sala Penal Nacional condenó a la línea de mando militar que estuvo involucrada en la ejecución extrajudicial de los comuneros de Accomarca a 25 años de prisión. Un fallo que fue calificado como histórico ya que no dejó impune el crimen de lesa humanidad del Estado en contra de su propia población (2).

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas, se integraron en la Asociación Hijos del Distrito de Accomarca (AHIDA), así como en la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del distrito de Accomarca (AFVPDA) (3), quienes mediante actos culturales, han recreado la dolorosa experiencia de la matanza a través de una actuación anual presentada durante el carnaval ayacuchano, con coreografías y canciones testimoniales para seguir exigiendo justicia para las víctimas de la masacre, evidenciando así la desgarradora violencia política y la discriminación sufridas, con la finalidad que las futuras generaciones no las olviden.

Actividad minera sin consulta ni consentimiento previo

Actualmente la histórica comunidad campesina de Accomarca, productora de cultivos de palta, viene afrontando otra problemática: actividades de pequeña minería realizadas por el empresario Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417, en la concesión Huacachina 2016 III, cuyo titular es Edgardo Rojas Anayaipoma. De acuerdo con el expediente de la concesión minera (4), se encontró con las siguientes limitaciones: la existencia del sitio arqueológico “Quilquikucho”, y una zona agrícola parcial. La concesión minera sin embargo, no tomó en cuenta el área restringida del área urbana ni expansión urbana, es decir la existencia de las comunidades superpuestas, tal como la comunidad campesina de Accomarca.


Fuente: Red Muqui

Tal como se puede apreciar en el mapa realizado por la Red Muqui, el territorio de la comunidad se encuentra superpuesto no solo por la concesión en referencia, sino también por ocho más que se encuentran tituladas y tres, aún en trámite (5). Es decir, se incumple el artículo 3 del Reglamento de la Ley Especial que Regula el Otorgamiento de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana – D. S. Nº 008-2002-EM, la cual expresa que una de las limitaciones para los petitorios mineros es la existencia de zonas urbanas o expansión urbana, como es el caso del territorio de la comunidad campesina.

La problemática recae en las actividades informales del operador minero Ismael Medina, quien explota sulfuro de cobre, cuenta con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y que, sin embargo, de acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública presentado por el área legal de Red Muqui (6), no entregó el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM). Aquí, la indicación textual del INGEMMET: “[..] respecto de los requisitos presentados por los mineros antes citados para la culminación del proceso de formalización minera (entre ellos el IGAFOM) ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, advirtiendo que no se encuentra sistematizado ningún IGAFOM. En tal sentido, no se cuenta con información respecto de los instrumentos ambientales, así como de las opiniones técnicas favorables del SERNANP, ANA, o SERFOR, respecto de la evaluación del IGAFOM”. (subrayado agregado)


Fuente: REINFO
De esta forma, aparentemente la empresa no cuenta con el instrumento de gestión ambiental necesario para el inicio de la explotación minera. Según el punto N° 3 del Informe Técnico N° 35-2023-GRA/GG-DRDE-DREMA-MRJH de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA), el IGAFOM estaba en estado de evaluación por la Ventanilla Única de la Dirección.
Instrumento que fue desaprobado por la DREMA posteriormente y, pese a ello, el operador minero continuó sus actividades de extracción de mineral en el lugar denominado Chamana, zona que no fue incluida en ningún instrumento de gestión ambiental (IGA), el cual solo mencionaba al área de Pichuscucho que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. En otras palabras, mediante el IGAFOM desaprobado -que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales- se pretendió engañar a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y el impacto socioambiental que genera sobre la comunidad campesina.
En ese sentido, la Junta Directiva de la comunidad campesina de Accomarca con el acompañamiento técnico – legal de la Red Muqui, decidió presentar medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del empresario. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello estuvo condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado. Posteriormente, el operador informal presentó el 10 de agosto un recurso de apelación de derecho referido a la resolución mencionada, argumentando razones insuficientes para la paralización de su campamento minero y alegando una vulneración de derechos.

Estigmatización y criminalización de dirigentes comunales de Accomarca

Mediante Acta de Asamblea General la comunidad campesina de Accomarca rechazó unánimemente la explotación minera y determinó que la harían respetar. De este modo, se acordó que el 25 de agosto se iba a realizar el desalojo de la operación minera, lo que llevaron a la práctica en la fecha mencionada. Sorpresivamente, el Ministerio Público respondió a la acción citando el mismo día al presidente y otros comuneros parte de la Junta Directiva de la C.C. Accomarca para una acción preventiva de esclarecimiento de hechos frente a la denuncia del empresario Medina. Se les acusa por el delito de daños contra el patrimonio, tipificado en el artículo 205 del Código Penal (7), porque los comuneros retuvieron temporalmente los bienes de su campamento minero.
Así empieza la estigmatización y criminalización por parte de la Fiscalía Provincial Penal de Vilcashuamán (8); cuyo caso está a cargo de la Fiscal Provincial Jeny Prado, quien abrió una investigación preliminar en contra del presidente Zósimo Sulca Quispe y otros directivos de la comunidad, en agravio del operador informal. La Fiscal los ha citado en reiteradas oportunidades al despacho, a pesar de que el costo de la movilización implica un gasto adicional no previsto por los comuneros, desatendiendo así el principio de interculturalidad que debe ser parte del proceso penal.
A la par, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Ayacucho exhorta a la DREMA dar cumplimiento de la Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM e iniciar investigación preliminar en contra de Ismael Medina por la presunta comisión de delito ambiental – delitos de contaminación, en la modalidad de minería ilegal en agravio del Estado, tipificado en el artículo 307-A del Código Penal. Así, se realizaron múltiples diligencias, entre ellas se puede resaltar un extracto de la copia del acta testimonial de Zósimo Sulca (9), quien expresa textualmente: “quiero agregar que la comunidad de Accomarca no quiere actividad minera, las zonas de Pichuscucho y Chamana son zonas de agricultura y plantaciones frutales”. De este modo, queda expresada la voluntad de la Asamblea basada en las principales actividades económicas que ejercen. Sin embargo, por parte de la explotación minera, no hubo diálogo con resultados suficientes y se siguió extrayendo los recursos minerales sin consentimiento previo ni permiso de uso de terreno superficial por parte de la comunidad campesina.
Por todo lo expuesto, se evidencia una total falta de transparencia, buen gobierno y articulación de la información entre entidades multinivel y la Ventanilla Única instalada en la DREMA. Asimismo, por distintas presiones económicas e intereses políticos del Congreso de la República, se ha venido ampliando y desnaturalizando el acceso al REINFO, ya que luego de 21 años de fracasos normativos, hasta la fecha no se cuenta con una debida formalización integral de la pequeña minería, lo que permite la ilegalidad y se avala la impunidad. Son principalmente las comunidades nativas y campesinas las afectadas por la falta de consulta previa por la entrada de actividades extractivas en sus territorios. Resaltamos la necesidad de un correcto diálogo intercultural y el respeto a la autonomía comunal, de conformidad con los artículos 88 y 89 de la Constitución Política del Perú; así como la Ley N° 24656 y el Pleno 310/2023.

Fuentes bibliográficas:
(1) Más información en: https://www.aprodeh.org.pe/caso-accomarca/
(2) https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion_1/el-caso-accomarca-y-la-judicializacion-de-violaciones-de-derechos-humanos-31-anos-despues/
(3) https://lum.cultura.pe/sites/default/files/publicaciones/PDF/lum_-_memoria_2_-_accomarca_pdf.pdf
(4) https://portal.ingemmet.gob.pe/web/guest/sidemcat?CodDM=010104417&TipoDoc=0
(5) https://muqui.org/noticias/ayacucho-comunidad-campesina-de-accomarca-en-riesgo-por-la-presencia-de-pequena-mineria/
(6) Datos obtenidos a partir de accesos a la información: Expediente N° 3489105 del Ministerio de Energía y Minas; Expediente N° 4359528/3508851 del Gobierno Regional de Ayacucho; y, Expediente N° 3490475 del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(7) Información recaída en la carpeta fiscal N° 2023-313
(8) https://muqui.org/noticias/alerta-comuneros-de-accomarca-de-ayacucho-son-denunciados-por-productor-minero/
(9) Solicitada a Miguel Angel Guerrero Moscoso, Fiscal Adjunto Provincial de la FEMA de Ayacucho

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Alerta en Madre de Dios por el retorno de la minería ilegal en La Pampa

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De acuerdo con los alarmantes datos de Monitoring of the Andean Amazon Project – MAAP, la minería aurífera ilegal ha retornado en zonas degradadas de La Pampa. Este lugar se ubica dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios. Allí se ha incrementado en más del 400 % las infraestructuras mineras respecto al 2021, luego de la denominada “Operación Mercurio” (2019), cuyos resultados se vieron frustrados debido a la pandemia que imposibilitó trabajos de campo y seguimiento a la actividad minera en pozas residuales. Así, en 2021, se identificaron 148 dragas remanentes en espacios degradados, mientras que, en el 2023, se han encontrado 598. Este hallazgo demuestra el retorno peligroso de la minería ilegal en la zona de La Pampa.

Por otro lado, es importante recordar que uno de los principales impactos que deja la minería ilegal, además de áreas deforestadas, es la generación de pozas residuales donde se concentran sedimentos removidos del suelo y elementos contaminantes utilizados durante la extracción del oro. En ese sentido, se aprecia que, en el año 2021, la gran mayoría de pozas se encontraban inactivas; sin embargo, en el año 2023, la mayoría de estas pasaron a ser pozas activas, incrementándose en un 320 % en tan solo dos años.

Desde Red Muqui, condenamos rotundamente la minería ilegal que, además de generar un impacto negativo sobre el ambiente, conlleva la violación de derechos humanos conexos, vulnera aún más los ecosistemas frágiles y refuerza el despojo y destrucción de los territorios, con grave daño a la vida de las comunidades y población en general.

Fuente: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica

Crédito de la foto principal: El Comercio

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El proyecto minero Tía María en Valle de Tambo es inviable social y ambientalmente

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Ante los anuncios del régimen de Boluarte, su ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, el premier Alberto Otarola y, los representantes de la empresa Southern Perú Copper Corporation que se han pronunciado a favor de la viabilidad del proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo, en el marco de la 36 edición de la convención PERUMIN en Arequipa, es importante señalar lo siguiente:

Es absolutamente irresponsable que el gobierno y la empresa minera busquen retomar el proyecto minero Tía María, conociendo que la población local del Valle de Tambo ya rechazó el proyecto a través de una consulta vecinal (donde el 97% de la población le dijo no a la minería) porque consideran que afectará, de manera irreversible, un valle fértil. Además, resulta inviable ambiental, económica y socialmente. Las declaraciones que hacen estos funcionarios en PERUMIN 2023 contribuyen a azuzar, aún más, la posible reactivación de un conflicto socioambiental en la zona.

El 14 de marzo del 2021 los candidatos a la presidencia y vicepresidencia Pedro Castillo y Dina Boluarte firmaron un acuerdo con la población del Valle de Tambo, en el cual se comprometieron a defender la agricultura y el agua en la zona, así como refrendar el retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay. Además, ambos candidatos acordaron la cancelación definitiva de todo denuncio minero (para hacerse de la concesión de proyectos mineros abandonados) en la provincia, para garantizar el desarrollo del agro, el turismo y la agroexportación, en un compromiso que declara la intangibilidad del valle.

La población de este fértil territorio se ha decidido por el desarrollo de la actividad agrícola, principal actividad económica en la zona, que genera trabajo a miles de personas de manera permanente. Es importante, también, recordar que, durante la pandemia, este valle sostuvo la vida de millones de peruanos y peruanas a través de la producción de la cebolla, ajo, arroz, papa entre otros productos.

Finalmente, la situación de los heridos, criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente, así como de los familiares de los fallecidos, en las sucesivas protestas sociales, ha generado la sensación de impunidad, ya que muchos casos no cuentan con ninguna investigación, ni mucho menos sanción a los responsables. Por tanto, pretender revivir un proyecto que tanto dolor ha generado al pueblo del Valle de Tambo, reiteramos, no solo es irresponsable, sino una afrenta a los agricultores y a la población local.

Lima, 26 de setiembre del 2023

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Ayabaca y Huancabamba: comunidades defienden por 16 años territorio, páramos y bosques de neblina amenazados por Río Blanco

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Hace dieciséis años la decisión de las comunidades y población local de los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera, provincias de Ayabaca y Huancabamba, respectivamente, marcaron un precedente histórico en la defensa de su territorio, los páramos y bosques de neblina frente a la amenaza del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco.

El 16 de septiembre de 2007, se convocó a la población en una consulta vecinal con un arrasador resultado: el 95 por ciento le dijo NO al ingreso de este proyecto minero de la empresa china Zijin. Si bien sus resultados no son vinculantes desde un punto de vista legal, sí son expresión legítima de los anhelos comunitarios y así ha quedado demostrado con el tiempo.

Desde entonces, cada año se rememora la voluntad popular de la consulta de 2007 y la movilización organizada para que no se repitan los casos de secuestro, tortura, intimidación, criminalización de la protesta social, así como la pérdida de vidas humanas. Muestra de ello, son las muertes de Reemberto Herrera Racho (2004) y Melanio García González (2005), víctimas fatales de la represión policial en marchas pacíficas. A ellos se suma una larga lista de personas heridas.

La importancia de los páramos, bosques de neblina y el agua que sostienen la vida

A pesar de las acciones violentas, ilegales y disolutas contra dirigentes ronderiles, defensores ambientales y organizaciones sociales, que han contado con la complicidad de los gobiernos de turno, la empresa china Río Blanco Copper del consorcio Zijin no ha podido conseguir la licencia social para la exploración minera de cobre y molibdeno a tajo abierto en las nacientes de las cuencas de los ríos Quiróz y Chinchipe, en la zona de páramos y bosques de neblinas, en territorios de las comunidades de Segunda y Cajas; y Yanta. El agua proveniente de estos ecosistemas hídricos aseguran la agricultura, la alimentación, la ganadería, el turismo y la vida de estas comunidades y de toda la población de Piura.

Esta resistencia colectiva, ante la pretensión de imponer el proyecto minero, se ha manifestado a lo largo de los años en encuentros, reuniones y asambleas. Para conmemorar esta fecha histórica, las federaciones de las rondas campesinas y comunidades originarias realizaron dos actividades públicas el fin de semana. Una de ellas se realizó en el distrito de Sapalache, provincia de Huancabamba, y la otra en la comunidad de Yanta, provincia de Ayabaca.

La participación de las rondas campesinas de Piura y Cajamarca, autoridades políticas y población en general fue masiva. El equipo técnico de Red Muqui y sus instituciones miembros, la Diócesis de Chulucanas, REDAD y CEAS acompañaron las actividades conmemorativas.

En ambos encuentros, las comunidades y la población local ratificaron su compromiso de proteger sus páramos y bosques de neblina de toda actividad extractiva, que amenaza con depredar sus aguas y territorios.

Prácticas cuestionables de la empresa

Asimismo, hicieron un recuento de este conflicto socioambiental que inició en el año 2001, luego de la concesión otorgada al proyecto Río Blanco, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, por parte del gobierno de Alejandro Toledo. Un año después, la empresa minera ingresa a operar ilegalmente dentro del territorio de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta, sin la autorización de las asambleas comunales. Provoca tal impacto social y ambiental (en la fase de exploración entre el 2004 y 2008) que tiene que ser remediado por la empresa con la supervisión y vigilancia de las comunidades afectadas.

A la fecha la empresa minera sigue intentando entrar a territorios comunales con el ofrecimiento de puestos de trabajo y la generación de canon minero pese a que la población dijo no a la minería en la referida consulta, realidad que merece ser develada, puesto que la empresa pretende crear una narrativa que altera los hechos, a través de campañas en medios de comunicación.

Los riesgos de la minería al medio ambiente

Pero, ¿cuáles serían los impactos ambientales de Río Blanco en zona de páramos y bosques de neblina?

– Perjudicaría la calidad de aguas superficiales y subterráneas.
– Disminuiría la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agropecuarias.
– Afectaría los ecosistemas naturales y la biodiversidad.

Por lo tanto, la presencia de Río Blanco y de cualquier otro proyecto minero en la zona de páramos y bosques de neblina que son parte de un corredor biológico, que se extiende desde el Parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y se prolonga hasta el Santuario Tabaconas Namballe, pone en serio riesgo las aguas superficiales y subterráneas, afectando con ello la calidad y la disponibilidad del esencial líquido para el consumo humano y la economía agraria.

La agricultura familiar es la principal forma de organización de la producción agraria. Entre los principales cultivos aparecen el maíz, trigo, frijol, café, plátano, yuca, entre otros, que a diferencia del cobre tiene un valor inconmensurable, aún más en el marco de la crisis climática que estamos padeciendo.

Por ello, se debe destacar que la agricultura familiar es la base fundamental de la disponibilidad de alimentos, de la economía, el trabajo y de las formas de organización de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba. Tampoco se debe olvidar el importante rol de los páramos para surtir de agua a la agricultura piurana.

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Comisión multipartidaria suspende sorpresivamente presentación de los resultados del estudio sobre salud ambiental y humana de Pasco

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La presentación de los resultados del estudio científico sobre salud ambiental humana de Pasco fue suspendida sorpresivamente por la Comisión multipartidaria investigadora de la atención de los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio, y demás metales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y del Perú, a dos días de desarrollarse el evento.

De acuerdo al oficio enviado por el presidente de la Comisión Multipartidaria, Idelso García Correa, a las instituciones organizadoras, la cancelación es “por motivos de agenda parlamentaria”. El documento también señala que el congresista comunicará la próxima fecha y hora de reprogramación de la quinta sesión extraordinaria donde iba a presentarse dicho estudio en el Congreso de la República.

La exposición de los resultados de la investigación iba a estar a cargo de la científica ambiental y representante de Source International, Laura Grassi, quien viajó desde Italia exclusivamente para participar del evento (viernes 18 de agosto), pues ella estuvo a cargo del estudio junto al ecologista y naturalista Flaviano Bianchini.

Las instituciones organizadoras de la presentación del estudio son Centro de Cultura Popular Labor Pasco, Red Muqui, Source International, Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha, y la Comisión Multipartidaria integrada por los congresistas Idelso García Correa (Alianza para el Progreso), Luis Kamiche Morante (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Diego Bazán Calderón (Avanza País – Partido de Integración Social), Miguel Angel Ciccia Vásquez (Renovación Popular), Dávila Pasión Neomias (Bloque Nacional de Concertación Nacional) y María Zeta Chunga Cruz (Fuerza Popular).

Finalmente, desde Red Muqui consideramos que la problemática ambiental y de salud de Pasco amerita ser atendida con prioridad, sobre todo cuando el estudio sobre salud ambiental y humana demostró la afectación a la salud de los niños que viven en Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen por la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno.

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SNMPE propone eliminar autoridades ambientales

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El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

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Ayacucho: Comunidad campesina de Accomarca en riesgo por la presencia de pequeña minería

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La comunidad campesina de Accomarca que se encuentra ubicada en la provincia de Vilcashuamán del departamento de Ayacucho fue escenario de las violaciones más graves a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno (1980-2020), siendo su población aniquilada a sangre fría y sin escrúpulos por la cadena de mando del Ejército y políticos que justificaron la masacre como medida para combatir una supuesta base terrorista en la zona. Debido a la experiencia sufrida, la comunidad se encuentra en constante organización para protegerse y salvaguardar su territorio. En tal sentido, desde el 2019 se ha evidenciado la afectación de sus derechos colectivos por las actividades del productor minero Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417 en la concesión Huacachina 2016 III. Frente a ello, la comunidad campesina de Accomarca advierte y denuncia irregularidades en el proceso de formalización.

La concesión minera Huacachina 2016 III está ubicada en Vilcashuamán, Ayacucho; cuenta con una extensión de 200 ha y su titular es SMRL Sorpresa Tres, representado por Edgardo Rojas Anayaipoma. A través de un contrato privado de alquiler de la concesión, su operador informal es Ismael Medina, con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del MINEM. Sin embargo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA) desaprobó el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM preventivo y correctivo. Pese a la negativa, el operador minero continuó sus actividades de extracción de sulfuro de cobre en el lugar denominado Chamana, una zona que no fue incluida en su instrumento de gestión ambiental, que aplica para el área de Pichuscucho, que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. Es decir, mediante el IGAFOM, que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales, se engañó a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide tanto la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y como el impacto que genera sobre la comunidad campesina.

En ese sentido, como parte del acompañamiento técnico – legal que la Red Muqui realiza a la Junta Directiva de la comunidad de Accomarca, se presentaron medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del señor Medina. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello está condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado.

Por todo lo expuesto, desde la Red Muqui exigimos que haya una adecuada coordinación para la paralización de actividades mineras de manera inmediata. Debido a que el operador Medina no cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) estaría explotando el mineral en forma ilegal, lo que conlleva a la consecuente aplicación de la interdicción minera respaldado por los Decretos Legislativos números 1100 y 1101. Así mismo, el proyecto minero ha vulnerado la autonomía comunal, ya que no ha facilitado información y menos aplicado la consulta previa, lo que constituye un engaño a las familias que allí viven.

Para mayor información legal y mapa técnico sobre superposición de concesiones mineras en territorio de la comunidad campesina de Accomarca: aquí

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