RED MUQUI saluda la publicación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

Reconocemos que ha sido un proceso amplio el que ha sido llevado adelante por el MINJUS, con la participación de diversos sectores, incluida la sociedad civil y la academia, y si bien es perfectible, lo consideramos un gran avance en la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos.

Es importante aclarar a quiénes alcanza la definición de las personas defensoras de derechos humanos en el Protocolo. Se señala que son aquellas “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de os derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional.”

En el campo que aborda la Red Muqui, sentimos un gran avance, al ver recogidos en dicha definición a las y los dirigentes sociales de comunidades campesinas y nativas, pueblos originarios o indígenas, y de frentes locales y otras articulaciones representativas de poblaciones, que en la mayor parte de los casos, sufren de persecución y criminalización de su protesta pacífica, ante la pasividad de un Estado que no cumple con los acuerdos suscritos en los procesos de diálogo, o que impone decisiones sin mecanismos de consulta y participación adecuados, que sólo sirven como meros trámites o “requisitos” que cumplir para que en el caso de la minería los proyectos se lleven adelante.

Además de ello, la política de los gobiernos en los últimos 25 años ha buscado abordar los conflictos socio ambientales con estados de emergencia “preventivos”; convenios de la Policía Nacional con las empresas mineras para posibilitar la “represión” de las protestas sociales; criminalización de la protesta creando nuevos delitos en el Código Penal, aplicando figuras delictivas como la “asociación ilícita para delinquir” y el “crimen organizado” en casos como los proyectos “Tía María” en Arequipa y en el propio “Las Bambas”, impulsando la aplicación del delito de terrorismo en casos como el del Proyecto “Río Blanco” en Piura; esas son las estrategias de los gobiernos que sufren las y los defensores y defensoras de derechos humanos, y que esperamos con una aplicación efectiva del protocolo puedan generar acciones de protección efectivas en los casos que corresponda.

Lima, 06 mayo de 2019

Desde tempranas horas miles de ronderos y campesinos de las distintas comunidades de la provincia de Huancabamba y Ayabaca de Piura, y Namballe y San Ignacio de Cajamarca; se concentraron en la ciudad de Huancabamba realizando un mitin de cierre en la plaza principal de la ciudad. Hicieron uso de la palabra autoridades locales, dirigentes de las rondas campesinas y presidentes de distintas comunidades que rechazan el proyecto minero Río Blanco del consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation; y otros proyectos mineros que quieren realizarse en la región. También participó el congresista por Piura, Hernando Cevallos.

Como es de conocimiento público el 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas. Asimismo, los bosques de neblina que se encuentran en estas provincias proveen de agua a las comunidades.

Palabras de los dirigentes y autoridades

En palabras del presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba, José Octavio Cunayque, el presidente Martín Vizcarra; el presidente regional de Piura, Servando García; no deben imponer el proyecto minero Río Blanco en la región. “Vamos a luchar por nuestro medio ambiente y no queremos que nos impongan un modelo extractivista que solo contamina. Alcaldes de Pacaipampa, Ayabaca, Huancabamba, Carmen de la Frontera: hay que trabajar proyectos productivos que permitan que nuestra gente tenga mejores condiciones de vida”, señaló el dirigente, enfatizando que es necesario demostrar las alternativas a la minería existentes en la región. Hizo el llamado a que se invierta no solo en piedra y cemento sino también en proyectos alternativos que permitan el desarrollo de los pueblos.

Asimismo, señaló que anteriormente se acusó de terroristas a los dirigentes, de narcotraficantes, y que ahora tienen 3 juicios por delitos que no han cometido. “Nos acusan de secuestro, de cohecho, de robo agravado. 30 dirigentes nuevamente enjuiciados. La persecución que se nos hace no la podemos permitir, por eso esta jornada de lucha nos fortalece. Solo unidos vamos a poder vencer”, finalizó.

El alcalde de la provincia de Huancabamba, Ismael Huayama Neira, ex rondero; señaló que a pesar de los 30 juicios que tuvo por parte de la empresa minera siguió adelante escuchando su pueblo y que ahora como alcalde de la provincia seguirá ratificando la voluntad popular expresada el 16 de setiembre del 2007 en qué a través de consultas populares realizadas en los distritos de la provincia Huancabamba y Ayabaca, la población votó en un 95% por el No a la realización de actividad minera en sus tierras.

Actualmente señaló que está denunciado por la empresa minera en el poder judicial por no otorgar la licencia de funcionamiento para que instalen sus oficinas en la provincia. “No daremos licencia a esta empresa criminal que nos asesinó, secuestró y persiguió, dejando viudas y personas discapacitadas”, enfatizó fuertemente.

Agregó que “debemos preocuparnos por conservar, reforestar las cuencas donde están los colchones acuíferos; ahí están las nacientes de agua, los bosques de neblina. No permitiremos que lo malogre una inversión minera. Saludo que varias comunidades como Paicampampa se hayan plegado a la lucha al darse cuenta que en sus zonas también hay otras concesiones mineras de otras empresas”. Señaló que al aprobarse el ingreso del proyecto minero río blanco sería carta blanca para que otras empresas operen en la región.

A su turno, el presidente de la comunidad campesina de Segundo y Cajas señaló que son más de 36 empresas mineras que quieren entrar en la zona, y que unidos como el día de hoy van a vencer. “Hace tiempo no se veía una movilización tan grande y unida”, enfatizó. El alcalde del distrito de Carmen de la frontera, Sebastián Meléndez Ubilluz, coincidió con lo señalado y agregó que “hoy se ha demostrado que las rondas campesinas, los pueblos y autoridades, estamos unidos”.

Amanda Cruz, secretaria de la mujer de la Central Única Provincial de rondas campesinas de Huancabamba, señaló: “nosotros seguimos más fuertes que nunca, los que queremos nuestra tierra, los que defendemos nuestra naturaleza, estamos aquí presentes y seguiremos fuertes. A pesar que los medios de comunicación nos calumnian, seguiremos adelante.

Entre la participación de los dirigentes mencionados, todos coincidieron en que el pueblo nunca va a olvidar las mueres, mutilaciones y torturas, y que la señal de ello es la masiva movilización que se presenció el día de hoy.

Casi finalizando el mitin, el congresista por Piura, Hernando Cevallos señaló que no se puede permitir que el poder Ejecutivo y el Congreso estén esperando la oportunidad para permitirle al proyecto minero Río Blanco que entre a Ayabaca y Huancabamba. Afirmó que la única garantía que se tiene es al pueblo movilizado; “es una lección en el país lo que hacen para parar a las mineras y a la corrupción. Constitucionalmente a 50 km de la frontera no debería haber una empresa transnacional”, enfatizó. Agregó que la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que la consulta previa sea vinculante, en referencia a la actitude de los gobiernos que no han respetado la voluntad popular expresada el 2007, que le dijo no a la minería en Piura.

Finalmente, el presidente de la Federación Regional de las Rondas Campesinas, Marcial Calle; denunció el olvido y la marginación de las autoridades del gobierno central y regional. “Para ellos nuestras comunidades están olvidadas; no nos ven, no nos dan desarrollo de nuestros proyectos, especialmente la agricultura. Por eso a nuestros alcaldes que tenemos como aliados, son los más cercanos. Pero sabemos que su presupuesto es pequeño. Por eso le decimos al gobierno nacional y regional que no traicione la voluntad popular”.

A un día de iniciarse la primera mesa de diálogo sobre justicia y derechos humanos entre el Ejecutivo, las comunidades de Cotabambas, y la empresa minera MMG Limited del proyecto Las Bambas, tras 66 días de protestas; el día de hoy, lunes 15 de abril, se suspendió por segunda vez el inicio del juicio oral contra 19 comuneros de la provincia de Cotabambas, acusados por la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho, por iniciativa de la empresa minera MMG, por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos en las protestas de septiembre del 2015. La fiscalía solicita entre 11,15 y 17 años de pena privativa de la libertad; una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado; y la empresa minera MMG de las Bambas, ratificando su pedido, solicita 88 mil 600 dólares como reparación civil por daños a la propiedad privada.

Como se recuerda, a fines de septiembre del 2016, las comunidades empezaron a protestar luego de conocer que la empresa minera china había realizado modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas ante el Ministerio de Energía y Minas. Estos cambios no fueron de conocimiento de las comunidades afectadas y no se aplicó la consulta previa. El conflicto tuvo como desenlace la muerte de 03 personas y numerosos heridos por impacto de bala de la policía.

En palabras del abogado de la institución FEDEPAZ, David Velasco, que está asumiendo la defensa de los comuneros conjuntamente con la abogada Mirtha Vasquez de APRODEH; la Fiscalía está actuando de manera irresponsable al oficialmente no señalar el motivo de su ausencia y de esta manera retrasar el juicio que ya lleva 4 años y que debería haberse resuelto en 2 años, por no haber elementos de juicio para acusar a los comuneros.

Extraoficialmente se conoció que hace dos semanas se ha realizado cambio de fiscales en el Ministerio Público, pero esto no es impedimento para que otro fiscal se pueda presentar como ocurre normalmente en otros juicios, señalo Velasco, quien agregó que la fiscalía no comprende que los comuneros tienen que viajar largas horas para llegar a la audiencia.

Según lo señalado por APRODEH, ninguno de los comuneros acusados presenta antecedentes de ninguna naturaleza. “En el caso de Brandon Quispe y Javier Mamani, según sus testimonios señalan haber sido víctimas de tortura y sembrado de un arma de fuego e incluso en el caso de Brandon Quispe refiere que fue obligado a “disparar” para ser incriminado por la Policía Nacional del Perú”.

 

¿Y el diálogo?

Sobre la mesa de justicia y derechos humanos a instalarse mañana entre el ejecutivo, la empresa minera y las comunidades, el abogado David Velasco de FEDEPAZ señaló que “el Estado debe reconocer que la protesta social es un legítimo derecho de las comunidades”, y sus altos funcionarios deben de dejar de llamar a todos los que protestan como personas que están opuestas al desarrollo y son antisistema. “El Estado antes de perseguir y reprimir a las comunidades usando el derecho penal lo que tiene que atender es la protesta estableciendo mecanismos como el de la mesa de diálogo”, enfatizó.

Agregó que el Estado tiene que promover la modificación normativa de varias normas penales que permiten la criminalización de la protesta social, por ejemplo la figura de organización criminal que ha sido incluida en una norma constitucional para permitir detenciones por 15 días sin expresión de causa o la modificación en la figura de extorsión permitiendo que se use esta norma para perseguir a los que protestan, o normas procesales para que las personas puedan ser detenidas sin expresión de causa como pasó con Gregorio Rojas, dirigente de Fuerabamba.

Sobre la participación del Ministerio Público en la mesa de mañana, señaló que se puede exhortar para que el Ministerio no denuncie por denunciar, que solamente abra investigación cuando existan fundados elementos de convicción o medios de prueba que obliguen a la apertura de una investigación penal. “A los magistrados que no dicten medidas de detención o impedimento de salida sin mayor justificación, o que no permitan que se pase a juicio oral cuando la fiscalía no tiene casos debidamente sustentados, como el caso de la audiencia suspendida el día de hoy”, finalizó el abogado.

El día de ayer, martes 9 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó el dictamen para remediar los pasivos ambientales que las empresas mineras han dejado en el país a lo largo de más de 50 años de actividad minera.

El dictamen reúne 10 proyectos de ley de diversos congresistas y propone que la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, tenga una gestión y manejo más eficiente, eliminando el riesgo para el ecosistema y la salud ambiental; por la que miles de personas se ven afectadas por la contaminación a nivel nacional. La Oroya – Pasco; Hualgayoc – Cajamarca; Espinar – Cusco; la cuenca del río Rímac – Lima; y comunidades de Huancavelica y Puno, son los lugares más afectados según el presidente de la Comisión Wilbert Rosas, quién agregó: “el Ministerio de Salud ha reconocido que los pasivos ambientales mineros es una de las principales causas de contaminación por metales pesados”.

¿Qué es un pasivo ambiental minero?

Según el artículo 2 del Dictamen: “Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas, cualquiera sea el momento en el que se hubiesen generado, y que constituyen un riesgo permanente o temporal y potencial para la salud ambiental, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables; el ecosistema circundante, la propiedad y los territorios indígenas”.

Al respecto, la congresista Marisa Glave señaló en el debate que el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. “Desde que aparecieron las listas de pasivos ambientales elaborados por el Estado, no se les designa responsabilidad”.

Ante este grave problema, el dictamen aprobado plantea que “la responsabilidad de la remediación y mitigación de los pasivos ambientales mineros clasificados de muy alto y alto riesgo recae en el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, hasta que este identifique y determine al responsable generador de dichos pasivos o a su remediador voluntario. Cuando esto ocurra, dicha responsabilidad le es transferida a este”.

La controversia con la Comisión de Energía y Minas

Durante la sesión de la Comisión de Pueblos, hubo una discrepancia respecto a la Tercera Disposición Complementaria y Final, que plantea sanciones para las empresas mineras que no cumplan con la remediación ambiental.

“Tercera Disposición Complementaria y Final. – Impedimentos para solicitar nuevos petitorios mineros y explotar unidades mineras, y caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, de beneficio, labor general y transporte minero”

Al respecto el congresista Olaechea señaló que lo que se debe hacer es incentivar y no sancionar a las empresas para que cumplan con la remediación ambiental y que asuman voluntariamente los pasivos ambientales de los relaves mineros que no tienen a una empresa responsable para volver a utilizarlos como se hace en otros países.

Finalmente, mediante votación, se aprobó por mayoría que sí vaya en el Dictamen tal y como está redactada la Tercera Disposición Complementaria.

Esta misma discusión se llevó a cabo en la Comisión de Energía y Minas hace más de un mes, en que se aprobó también un Dictamen para regular los pasivos ambientales de la actividad minera. En dicha Comisión no se aprobó las sanciones a las empresas mineras señaladas en la disposición de la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Comisión de Pueblos.

En la discusión en la Comisión de Pueblos, también se señaló que no existe actualmente un presupuesto para la remediación ambiental de los pasivos ambientales por actividad minera, por lo que se aprobó en el dictamen que: “El Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico puede transferir al FONAM un monto presupuestal anual, que puede incluir el monto que les corresponde por la distribución del dinero recaudado por derecho de vigencia, con la exclusiva finalidad de que el FONAM los destine a la remediación de las áreas afectadas por los pasivos ambientales mineros de responsabilidad del Estado”. Esta propuesta tampoco fue aprobada en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas.

¿Qué es lo que sigue?

Al haber dos dictámenes aprobados con algunas diferencias en la Comisión de Pueblos y en la Comisión de Energía y Minas, lo que sigue es que la Junta de Portavoces agende la discusión de la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y las dos Comisiones puedan realizar un texto sustitutorio conjunto para que entre un solo Dictamen a la discusión en el Pleno del Congreso, o de lo contrario, al no haber acuerdo final entre las dos Comisiones, entren los dos dictámenes a discutirse y finalmente votarse para tener una ley mucho más eficiente en la gestión y manejo eficiente de la remediación de pasivos ambientales mineros.

Desde Red Muqui respaldamos el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos y hacemos un llamado a las y los congresistas para discutir y aprobar tan importante Dictamen, que las comunidades afectadas por la minería están esperando.

Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica.

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas#Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Lima, 31 de marzo del 2019

Tal como lo denunciamos el lunes 11 de marzo a través de una nota de prensa y adjuntando un informe; el mismo día de la juramentación del nuevo presidente del Concejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar; el día de hoy, el Semanario Hildebrandt en sus 13, confirmó que Salvador del Solar, en ese entonces ministro de Cultura, se reunió entre enero y febrero del 2017 con varios miembros del Tribunal Constitucional (TC): el presidente del TC, Manuel Miranda Canales, y su sucesor Ernesto Blume Fortini; y los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos Nuñez; con el objetivo de que el TC rechace la demanda de amparo presentada por la comunidad campesina quechua Arboleda en contra del Ministerio de Energía y Minas por omisión de la consulta previa ante las concesiones mineras en la zona de Tiquicalla, Puno. Zona donde se encuentran las Chulpas de Sillastani, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El ahora premier Salvador del Solar acudió a esas reuniones junto al ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

El objetivo era influir en el voto de 4 vocales porque dos vocales ya habían manifestado su decisión de votar en contra y a favor de la consulta: José Sardón de Taboada en contra y Marianella Ledesma a favor; señaló uno de los magistrados que estuvo presente en esas reuniones, fuente de Hildebrandt en sus 13.

La respuesta del Ministerio de Cultura el 2017

La Red Muqui, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, enviaron una carta al Ministerio de Cultura el 28 de junio del 2017, señalando una serie de preguntas frente a las informaciones que habían llegado en ese entonces sobre una interferencia del ahora premier ante los magistrados del TC cuando se desempeñaba como ministro de Cultura.

En carta de respuesta a fines de agosto, el Ministerio de Cultura (MINCUL), a través del viceministerio de interculturalidad, precisó que efectivamente se habían reunido con los magistrados del TC para garantizar que el contenido del derecho a la consulta se dé de acuerdo al ordenamiento jurídico. “Desde el Ministerio de Cultura se realizaron diligencias al Tribunal Constitucional con la finalidad de entrevistarse con los miembros del referido órgano constitucional y exponer la necesidad e importancia del Ministerio de Cultura en dicho proceso, ello conforme al marco normativo vigente”. Y también adjuntaron una serie de argumentos de por qué no se debería aplicar la consulta previa antes de que el Ministerio de Energía y Minas otorgue las concesiones mineras: “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada y desnaturalizaba el derecho colectivo”.

Sin embargo, no dijeron si fue el procurador o el propio Ministro de Cultura Salvador del Solar, quién se reunió con los magistrados del TC. “Nos han respondido, sin negar o desmentir que el propio ministro de Cultura se ha reunido personalmente con los magistrados del TC”, señalamos en el informe que hicimos público el 11 de marzo a través de una nota de prensa, adjuntando la respuesta del MINCUL.

“¿Puede el Ministro de Cultura, cuyo Viceministerio de Interculturalidad se encarga de promover la política pública, abogar contra la consulta previa de una concesión minera?”

“¿A quién corresponde el patrocinio legal de los casos del Ministerio de Cultura, al Ministro de Cultura o al Procurador de dicho Ministerio?”, preguntó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, quién defiende el caso de la comunidad campesina Arboleda de Puno.

Y respondió: “Es evidente que no es competencia del Ministro de Cultura Salvador del Solar, la defensa judicial de los intereses del Ministerio de Cultura. No lo han nombrado ministro para eso.Su entrevista con los magistrados del TC constituye no solo un acto de inconducta funcional, sino incompatible con la prohibición expresa establecida en el artículo 139.1 de la Constitución, que reconoce: “La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.

Las empresas mineras

En la carta de respuesta del Ministerio de Cultura a Red Muqui, IDL y DHUMA en agosto del 2017, nunca mencionaron el nombre de las seis empresas mineras que tenían las concesiones en el distrito de Tiquicalla.

Sin embargo, hoy Hildebrandt en sus 13, a través de la recopilación que tiene el propio TC, publicó que tres empresas mineras son canadienses: “Candente Gold”, que tiene2,700 hectáreas concesionadas; “Bear Creek Mining Company”, con cuatro concesiones que ocupan 900 hectáreas, y ““IMGOLD Company”, dueña de un asiento minero de 300 hectáreas. En cuanto a las locales, son “Buenaventura”, la minera del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, que tiene una concesión de 1, 000 hectáreas, y las compañías “Servicios Integrales en Producción Industrial” y “Colque”, con sendas concesiones de 100 hectáreas cada una”.

¿En qué situación está el juicio?

El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.

El 2011, cuando el gobierno de Ollanta Humala otorgó varias concesiones en el distrito de Tiquillaca a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company; la comunidad campesina quechua Arboleda acudió al Tercer Juzgado Civil de Puno para solicitar que se realice la consulta previa.

La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque hubiera podido sentar precedentes constitucionales en la materia.

Sin embargo, con la última resolución del TC, que cambión de opinión entre noviembre y diciembre, devuelve a foja cero todo el proceso judicial, tras 7 años en esa instancia, perjudicando a la comunidad campesina que durante años ha esperado una respuesta de parte de la justicia peruana, gastando recursos y tiempo.

Para mayor ampliación sobre la última resolución del TC ver nuestra nota: Después de 7 años de espera TC se lava las manos ante Caso Arboleda en Puno

 

Documentos adjuntos:

1. Nota de Hildebrant en sus trece.

2. Carta de organizaciones de derechos humanos pidiendo explicaciones al Ministerio de Cultura.

3. Respuesta del Ministerio de Cultura

 

1

2


3

A partir de la audiencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos del Congreso de la República en la provincia de Espinar, región Cusco; ésta Comisión ha emitido dos informes de asesoría: “Contaminación, conflicto y demandas asociados a la minería a tajo abierto y las políticas de gobierno” e “Impactos en la salud por contaminación por metales pesados”. Estos informes documentan el proceso de afectación a la salud humana y ambiental que existe en Espinar cuyo conflicto data del 2012 y evalúa las medidas que desde el gobierno local se ha podido hacer frente a la problemática.

Los informes señalan que las contribuciones de la minería por concepto de regalías mineras y canon minero al presupuesto público de la Municipalidad Provincial de Espinar para el año 2017, ascendió a 44 millones de soles; lo que representó el 44% del valor total. Se tiene que en los últimos 10 años el valor de la regalía minera ha superado el valor del canon minero en la región.

Se señala también que un subtotal equivalente al 51.8% del presupuesto del Municipio de Espinar financiaron las obras de transporte y actividades de planeamiento (mantenimiento de obras de infraestructura pública, transferencias para proyectos de inversión, entre otros). Otro subtotal de casi 16% a los sectores agropecuario y comercio; mientras que fueron montos mucho menores los que fueron destinados a la atención de necesidades básicas como saneamiento (7.9%), educación (7.8%) y salud (2% que forma parte del casillero “Otros”).

En la práctica el aporte de los titulares mineros para garantizar las necesidades básicas de la zona es bastante limitado, así también los informes señalan que existen límites constitucionales al crecimiento económico basado en la minería cuando colisiona con los derechos que el Estado se obliga a garantizar. Por lo que la CPAAAAE señala que en el caso Espinar se vienen vulnerando las siguientes garantías constitucionales: (a) derechos ambientales, de salud, de tranquilidad social, de prioridad del agua para consumo humano y de seguridad agroalimentaria; (b) conservación ecológica y la sustentabilidad de los recursos naturales; (c) los derechos colectivos de las comunidades campesinas originarias (Convenio 169-OIT).

Sobre la situación de la atención integral de la salud humana en la zona; la CPAAAAP también señala que a pesar que ha solicitado al MINSA información respecto a la situación de la población de Espinar; ésta no ha sido brindada, y la CPAAAAP señala lo siguiente:

“Si bien no existe un resultado oficial que identifique la causa de la contaminación de las aguas, suelos y aire de la Provincia de Espinar, sí existen pruebas irrefutables de que ello viene afectando gravemente la salud de su población. Desde el 2010 hasta el 2017, se han realizado dosajes por DIRESA y CENSOPAS cuyos resultados evidencian ello (…) La no identificación de la fuente de contaminación referida, si bien no es impedimento para brindar una atención integral en salud, sí resulta grave, pues no permite la adopción de medidas preventivas efectivas y necesarias, ni tampoco la identificación de los responsables, quienes además de reparar los daños ocasionados deben indemnizar a los afectados”.

Una mirada desde Espinar – Cusco

Asimismo, la especialista Karem Luque de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, que hace parte de la Red Muqui, señala sobre los informes, que las comunidades aledañas a los proyectos mineros de la empresa Glencore en sus distintas etapas, y la población urbana de Espinar, exigen unánimemente que el MINAM haga público los estudios de causalidad que encargó al Instituto Peruano de Energía Nuclear el 2016 y que a la fecha no se conocen los resultados públicamente. Recalcó que la última protesta realizada en Espinar, que contó con miles de participantes, exigió ello y que se construya una nueva Planta de Tratamiento de Agua para que el agua potable tenga un tratamiento adecuado previamente y no consuman agua contaminada.

“Es importante saber la causalidad de la contaminación para realizar una política preventiva en aquellos lugares donde se reconozcan las fuentes de la contaminación”, y, agregó, para que se pueda pensar también en la posibilidad de reubicación de las comunidades afectadas por metales pesados, teniendo claridad de los responsables de la contaminación. Señaló, finalmente, que las personas de las comunidades están cansadas porque tras años de mesas de diálogos y promesas del Estado, no se ha cumplido ni en la atención en salud a las personas que tienen metales pesados en su organismo, contrariamente a lo que señaló la ministra de salud en su visita al Congreso de la República hace unas semanas.

Propuestas de la Red Muqui

Finalmente, como señalamos en nuestra Agenda Muqui (hacer clic), en el punto 1, sobre las propuestas en “Salud Ambiental y humana, y remediación de pasivos ambientales mineros”; es necesario:

  • “Desarrollar una política de salud que se proponga lograr el bienestar general, buscando prevenir enfermedades, no solo curar, sino que realice promoción de la salud. Ello implica una respuesta articulada desde el Estado, para mejorar los determinantes ambientales que influyen en ella”.
  • “Identificar e inventariar los focos de contaminación en las diferentes zonas del país y sus causas a fin de reducir sus impactos en la salud” (pág 16).

Como Red Muqui seguiremos dando seguimiento a la problemática de la minería en Espinar conjuntamente con la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, y seguiremos participando en la recientemente instalada “Mesa Técnica sobre Políticas para Atención Integral”, para lograr que el Estado cumpla con su responsabilidad de ser garante de derechos de las personas y comunidades de su país.

Exigimos al MINEM deje de utilizar nuestra imagen

El último viernes 22 de febrero, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, entregó públicamente en Palacio de Gobierno, el documento “Visión de la minería en el Perú al 2030” al Presidente de la República, Martín Vizcarra; documento que fue elaborado por el “Grupo de Alto Nivel” (GAN), y que en su resumen final establece 4 ejes estratégicos y 7 actividades prioritarias para avanzar hacia “el futuro de la minería en el país” dice, buscando se consolide “como una actividad competitiva e innovadora”.

El GAN finalmente estuvo conformado por empresas mineras, entidades del Estado y algunos representantes de sociedad civil, en un proceso de “Diálogo Multiactor», que en la práctica ha sido denominado “RIMAY – Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas”.

Red Muqui, que no fue invitado al proceso, solicitó integrarse al GAN; siendo incluido a fines de septiembre del 2018. Participamos a fin de plantear nuestra Agenda Muqui; que recoge las propuestas de los afectados/as desde las organizaciones sociales, y que se basa en 8 ejes: respecto a los efectos que ha causado y sigue causando la actividad minera en nuestro país y mostrando cuáles son las alternativas que nos ayudarán a transitar de un modelo económico dependiente del extractivismo minero, a un modelo económico basado en otros sectores productivos realmente sostenibles, como la agricultura, la pesca, el turismo vivencial, etc. Teniendo en cuenta la minería existente en nuestro país, pero no poniéndola como centro de la economía; cuando hay comunidades, organizaciones y ciudadanos afectados por la minería, por su impacto ambiental, económico, social, cultural y en salud ambiental y humana.

Al respecto, desde la Red Muqui, hemos publicado nuestro Pronunciamiento: Red Muqui no suscribió Visión Minería al 2030: por no involucrar a los afectados en su construcción y mantener la dependencia de la economía en la minería”

Red Muqui fue crítico en el GAN señalando que no es posible construir una “Visión de la Minería al 2030” sin que participen los principales afectados: “comunidades, poblaciones y organizaciones sociales que habitan en zonas con actividad minera o en riesgo de serlo, pues consideramos es fundamental para iniciar la construcción de una agenda, que se realice un diagnóstico de la realidad, con la participación de todos los actores debidamente representados”.

El pronunciamiento también señala que “la mayor parte de las personas que habitan en zonas mineras (o en riesgo), sienten que han cambiado las normas y políticas de Estado pero para eliminar garantías a sus derechos a la tierra y al territorio, a un ambiente adecuado y equilibrado, a la participación efectiva y la consulta previa, y fundamentalmente a decidir su desarrollo, afectando su identidad y el derecho a la autodeterminación”, lo que no se condice con todo lo propuesto por el GAN en su “visión minera al 2030”.

Por estas razones, las instituciones integrantes de la Red Muqui, que tienen presencia en las regiones donde hay actividad minera, sienten, como lo recalca el Pronunciamiento “que el Estado esquiva o calla los planteamientos de las personas afectadas para facilitar el crecimiento del sector minero. Por todo ello lamentamos que el documento de “consenso” del GAN se haya planteado en función de supuestos y no de situaciones concretas planteadas por los afectados o en riesgo de serlo por la minería”.

Finalmente, el Pronunciamiento señala que Red Muqui se retiró formalmente del GAN el pasado 08 de enero a través de una carta al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), señalando que no suscribiríamos sus acuerdos, además de la no participación de los afectados/as en el proceso, por qué:

  • “Se mantiene la dependencia que tiene nuestra economía de la minería, en particular a nivel regional con el canon; lo que hace que la actividad no se vea inserta en una propuesta integral de verdadera “diversificación económica” junto con otras actividades con las que debe interactuar, y que en muchos casos terminan siendo afectadas por los impactos que ocasiona la minería en especial en el agua, y con ello impacta a su vez en actividades como la agricultura y ganadera (…)”.
  • La invisibilización de los problemas de la criminalización de la protesta social, privatización del uso de la fuerza pública a través de los convenios de la Policía Nacional del Perú con empresas mineras, los estados de emergencia preventivos, los impactos en el ambiente y la salud de las personas por la presencia de metales tóxicos en zonas mineras, las corrupción generada por las “puertas giratorias” en el sector minero formal e informal; son una gran omisión, al igual que la necesidad de contar con un Ordenamiento Territorial que sea vinculante, lo que no se ha considerado como tal en la “Visión”.

Por estas razones, como Red Muqui mostramos nuestra extrañeza pues en el video oficial del MINEM sobre la “Visión Minería al 2030”, lanzado el viernes 22 de febrero, se está utilizando la imagen de nuestro Secretario Ejecutivo, Javier Jahncke, como si avaláramos los acuerdos finales del GAN – llamado ahora RIMAY-. Exigimos al MINEM que retire nuestra imagen del video y de toda documentación pública que tenga como objetivo presentar una narrativa que nos utiliza, y además sin que hayamos dado nuestro consentimiento para ello, recalcando que participamos de buena fe en la discusión temática con aportes, pero dejamos de asistir desde inicios de diciembre, y nos retiramos formalmente el 08 de enero, señalando de antemano que no suscribiríamos los acuerdos por las razones ya explicitadas.

Finalmente, RED MUQUI como colectivo que a través de sus instituciones miembro o directamente acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras en la defensa y promoción de sus derechos; señala que se tiene que abrir un debate público que permita discutir sobre qué país queremos al 2030; y no mantener la dependencia de la minería al 2030 y en adelante, creando zonas de “sacrificio minero” donde se proyectan actividades mineras con el fin de mantener el modelo económico extractivista.

“Nosotros y nosotras estamos acá desde ese grito de los afectados para que no se torne un grito que le toque a los cínicos vivir en paz. Estamos

“Nosotros y nosotras estamos acá desde ese grito de los afectados para que no se torne un grito que le toque a los cínicos vivir en paz. Estamos acá con mucha alegría, esperanza, desde la lucha de los pobres, de las mujeres, del rio, del lago, de la floresta; que están presentes ahora”. Así aperturó el Foro la Secretaria actual de la Red Iglesias y Minería, Moema Miranda, recordando la última última tragedia ocurrida en Brumadinho, Brasil, donde hubieron más de cien muertos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico, producto de la ruptura de una represa de la megaminería.

El foro fue organizado por la Red Iglesias y Minería, coalición conformada por cerca de 70 entidades latinoamericanas agrupados para actuar frente al desafío común de los impactos y violaciones a los derechos socioambientales provocados por las empresas mineras en los territorios donde viven y trabajan.El foro se realizó el miércoles 20 de febrero a las 6pm en el auditorio de la Universidad Ruiz de Montoya, con el apoyo de las instituciones peruanas Red Muqui y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS); como parte del Encuentro Latinoamericano del grupo de trabajo de Ecoespiritualidades de la Red Iglesias y Minería, que se desarrolló el 19, 20 y 21 de febrero en la ciudad de Lima.

Teología y espiritualidad del extractivismo

El foro desarrolló el encuentro entre la teología y la ecología asociado a un contexto de mayor profundización del extractivismo minero en América Latina; haciendo incapié, en palabras del especialista uruguayo de CLAES, Eduardo Gudynas, en que los extractivismos están asociados a una teología del progreso en que juegan un rol clave para mantener el crecimiento económico; y, al mismo tiempo, generan una espiritualidad negativa por los niveles de violencia que genera al imponer un proyecto minero como parte de la creencia del “progreso”. Un ejemplo, señaló Gudynas, es el caso de Máxima Acuña, cajamarquina que vive en medio de las lagunas del Proyecto Minero Conga, y a quién le mataron a su perro y destruyeron sus sembríos, además de otros amedrentamientos que sigue sufriendo hasta la actualidad. “Eso es malicia, es la espiritualidad del extractivismo”, enfatizó.

El especialista de CLAES también señaló que “la teología de los extractivismos anula el futuro”, como le comentaron pobladores de varias comunidades colombianas, debido a que ellos solo pueden pensar el presente, como sobrevivencia y resistencia frente a las acciones de las empresas mineras en sus territorios. “Para desmontar ésta teología de los extractivismos hay que desmontarla y decir que sí hay alternativas”, enfatizó.

 

Ecología y teología como casa común

A su turno, el teólogo brasileño, Sandro Gallazzi, señaló que toda teología es también ecología, porque no se logra hablar de dios si no a partir de la casa que nosotros queremos construir. “Eco quiere decir casa. Cuando se habla de ecología se piensa en el jardín, en la naturaleza. Pero no logramos poner en discusión la casa. ¿Qué casa nosotros queremos? Ecología es decir algo sobre la casa, no solo sobre el jardín”, comentó.

Asímismo, agregó que la economía es lo más concreto de la ecología, porque es una economía que privilegia los intereses de una minoría a cargo del sufrimiento y explotación de millones de personas. “Al mercado se tiene que obedecer como si fuera dios. Se dice: el mercado se pone nervioso, el mercado está insatisfecho, etc. Si hay sectores de la sociedad que señalan que el mercado es el que determina la economía, quiere decir que es el proyecto de casa donde 60 personas en el mundo tienen casi la mitad de los bienes en toda la tierra”.

La pregunta de fondo, culminó, es: ¿qué casa queremos construir en América Latina; en Perú? “Apostamos a una teología que hable a partir del pobre, de la casa del pobre; no del rico, no del empresario, porque todos ellos también hablan de dios. Por eso Jesús dijo, pueden destruir las casas de riqueza; ese no es el hogar de dios. Nuestra casa, es la casa del último; la de los pobres”, respondió.

 

La realidad desde el Perú

Desde la experiencia teológica en el Perú, el sacerdote Enrique Gonzales de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), señaló que el hombre y la mujer hacen parte de la naturaleza y tienen el derecho de disfrutarla; ser parte de ella. La naturaleza no es solo de algunos sino de todos. “Por ello hay que cuestionar si el extractivismo minero realmente le favorece a nuestro pueblo, si está generando desarrollo. En nuestro mundo andino ha entrado la minería y cada vez más nuestros hermanos agricultores están relegados a un lado, agregó.

Desde la Red Muqui, el secretario ejecutivo Javier Jahncke, señaló que la teología del progreso con el extractivismo nos impone un futuro. “La actividad minera está fuertemente asociada con los conflictos en el país. Pero pese a eso hay una decisión de los gobiernos y grupos de poder económico de imponer la minería en el país”. No se trata solo de la conflictividad que genera en el presente, sino del horizonte que termina trazando para el futuro.

Por ello, agregó, que hay que cuestionar al presidente Vizcarra por las políticas que impulsa como la Política Nacional de Competitividad y Productividad decretada el 31 de diciembre del 2018, que explicó en el Foro; porque perpetúa a nuestro país como un “país minero”, cuando en nuestro país existen distintas alternativas productivas locales en los territorios que no son tomadas en cuenta por los distintos gobiernos y que son perjudicadas por la imposición de la minería; y que con esta Política nacional en conjunto con el Grupo de Alto Nivel de Minería (GAN), conformado por el Gobierno y, principalmente, empresas mineras, perpetuarán este modelo económico extractivista mínimamente hasta el 2030 según lo establecido en su Plan.

En el Foro transcurrió una reflexión que atravesó todas las exposiciones y respuestas ante las preguntas del público, y fue la necesidad de un cambio de nuestro vínculo con el ambiente; quiere decir, un cambio en nuestras espiritualidades.

Durante la mañana del día de ayer, lunes 18 de febrero, una cantidad aproximada de 20 policías llegaron a Caraz junto con la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ancash con el objetivo de acompañar al Comité de Gestión de la Laguna Parón, que integran la Autoridad Nacional del Agua y organismos regionales, con la finalidad de que puedan abrir las compuertas de la Laguna y desaguarlas en una cantidad de 2 metros cúbicos, debido a que la cantidad de agua de la Laguna había crecido producto de las lluvias intensas y se encontraría en el límite con riesgo de desborde del agua hacia la Comunidad aledaña y hacia Caraz.

Días antes la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ancash había exhortado a la Comunidad Cruz de Mayo y sus dirigentes a que no realicen ninguna acción de bloqueo a la Comitiva y la acción de desaguar la Laguna de Parón porque si no serían denunciados por el “delito de desobediencia y resistencia social a la autoridad”.

Oposición de la Comunidad

Sin embargo, comuneros de la Comunidad Cruz de Mayo estaban apostados al ingreso de la Laguna Parón con el objetivo de impedir esa descarga del agua porque según su experiencia en la revisión de la Laguna de Parón el nivel del agua se encontraba en un nivel de máxima seguridad por lo que no habría necesidad de desaguar la Laguna, porque finalmente afectaría en el desabastecimiento de agua agricultura de la zona debido a que posteriormente cuando no sea época de lluvias, no habría suficiente agua reservada para los cultivos agrícolas de la Comunidad.

Se evitó el Conflicto

Frente a la alarma de un posible conflicto, alertados por miembros de la Comunidad, desde la Red Muqui y la institución Natura se coordinó con Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y el despacho de la Congresista María Elena Foronda, para plantearles una actuación rápida y conjunta que evite el inicio del conflicto por una actuación del Comité de Gestión de la Laguna Parón, apoyada por la Policia, para desaguar la Laguna cuando no tenía el consentimiento general de la Comunidad Cruz de Mayo.

Finalmente, a la laguna de Parón solo subieron 4 policías acompañando a la ANA, integrante del Comité de Gestión, y en diálogo con los dirigentes de la Comunidad, que mostraron una actitud dialogante, acordaron firmar un acta para impulsar un nuevo Comité de Gestión con una primera reunión hacia la quincena de marzo que corrija los errores del Comité de Gestión anterior y comparta información técnica oportuna y transparente y tenga un diálogo permanente con toda la Comunidad.

Antecedentes

La laguna de Parón pertenece al Parque Nacional Huascarán, que es patrimonio de la nación. Y anteriormente ha habido conflictos entre la Comunidad Cruz de Mayo y la hidroeléctrica estadounidense Duke Energy. Asímismo, el año 2014, aproximadamente, se desarrolló un conflicto con una empresa minera que estaba explorando minerales en el área del Parque Nacional Huascarán. Esta empresa minera tiene la concesión de la mitad del Parque Nacional Huascarán y tiene interés en controlar el agua de la Laguna para su actividad. Por ello la Comunidad Cruz de Mayo ha luchado anteriormente por tener el control de las compuertas de la Laguna de Parón y gestionar el uso del agua para el beneficio de toda la comunidad.