Después de 8 días de protestas en que las organizaciones sociales de Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, se fueron uniendo: rondas campesinas, juntas vecinales, comerciantes, gremios, sindicatos; para exigir a la empresa minera Gold Fields que asuma su responsabilidad sobre la contaminación ambiental causada en el río Tingo Maygasbamba, tras el derrame de relaves mineros el 16 de diciembre del 2018; para exigir al gobierno central que haya una atención especializada a las personas contaminadas con metales pesados que fueron examinados por el MINSA en el 2012 y 2016, y que haya una política de remediación de los pasivos ambientales que llevan más de 200 años en la provincia de Hualgayoc; los dirigentes del Comando Unitario de Lucha de Hualgayoc – Bambamarca decidieron suspender temporalmente el Paro hasta la próxima semana para emprender una ruta de diálogo con la empresa minera Gold Fields y el gobierno central, a través de la intermediación del alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar Vásquez.

Al respecto, la institución Grufides, integrante de la plataforma Red Muqui, entrevistó telefónicamente al dirigente Victor Jambo Sanchez del Comité Unitario de Lucha, tras conocerse la suspensión del paro y el dirigente señaló que acordaron la suspensión del paro tras el compromiso del alcalde provincial de Hualgayoc de enviar un documento formal para sostener una reunión entre el Comité de Lucha, la empresa Gold Fields y el Ministerio de Energía y Minas. Teniendo en cuenta que el Comité de Lucha planteó una reunión al MINEM y a Gold Fields para el martes 12 de febrero pasado, pero la empresa señaló públicamente que no asistiría a esa reunión si no a una reunión que sea convocada por el Ejecutivo y que sea en un lugar “neutral”. Y, posteriormente se conoció, que el MINEM contestó que no podría participar de esa reunión porque el ministro Francisco Ísmodes tenía una reunión del COER en la ciudad de Cajamarca por la afectación de los huaycos en la región.

A la fecha existe una convocatoria realizada por el Ministerio de Energía y Minas para sostener una reunión el próximo martes 19 de febrero a las 10 de la mañana en un lugar por confirmar en la ciudad de Bambamarca; y los dirigentes del Comando Unitario de Lucha están evaluando su participación el día de hoy, jueves 14 de febrero, porque se tiene que precisar la agenda de la reunión, el lugar y la participación de los dirigentes de las distintas organizaciones que conforman el Comando Unitario de Lucha.

Existe mucha desconfianza hacia la empresa minera Gold Fields y el gobierno central, porque el día de ayer en la mañana, miércoles 13 de febrero, durante la protesta en la zona de Trucha de Oro, los bambamarquinos fueron reprimidos por la DIROES con bombas lacrimógenas y perdigones cuando se encontraban en uno de los terrenos de una de las manifestantes.

Asimismo, el dirigente Victor Jambo Sanchez del Comité Unitario de Lucha señaló que ha sido afectada la productividad de los cultivos de más de 5 mil usuarios de los canales de regadío que están conectados al Río Tingo Maygasbamba donde cayeron los relaves mineros, y que es necesario que se haga un análisis también de la baja de la producción agrícola.

Finalmente señaló que es necesaria que siga la unidad del pueblo de Bambamarca y toda la provincia de Hualgayoc y el respaldo de diversos tipos de instituciones para poder solucionar el problema de la contaminación ambiental en la provincia y la salud de las personas afectadas con metales pesados en su organismo.

Tras no haber llegado a ningún acuerdo con los ministros del Estado, se confirmó el paro indefinido en Bambamarca a partir del 6 de febrero. El diálogo con el Ministro de Energía y Minas Francisco Ísimodes y la Ministra de Salud Zulema Tomas este lunes 4 de febrero 2019 en Bambamarca, no convenció a los/as dirigentes/as de la sociedad civil que consideran este encuentro como “un paseo más” y exigen“ la presencia del presidente Vizcarra y el responsable de Gold Fields.» Consideraron que los Ministros no tuvieron capacidad de responder con decisiones concretas a los graves hechos de contaminación minera que ocurren en la región, como por ejemplo el derrame de relaves mineros de la empresa Gold Fields este pasado 16 de diciembre 2018. La población se encuentra movilizada en protesta frente a la situación de contaminacíon que se vive en la zona a causa de la actividad de a la empresa minera Gold Fields en Hualgayoc, Bambamarca y ante el anuncio de operaciones de la minera Yanacocha con su proyecto minero «la Lorena» en en distrito San Pablo.

Para entender el conflicto en Bambamarca, hay que recordar el contexto y la cronología que explica cómo se ha ido desarrollando la insatisfacción de los/las pobladores, organizaciones sociales y autoridades de las provincias de Hualgayoc y San Pablo, que les llevó a llamar al paro indefinido este miércoles 6 de febrero 2019.

Conflicto por emergencia ambiental: Minera Gold Fields en Hualgayoc – Bambamarca

  • Razones del conflicto: Contaminación o deterioro ambiental; contaminación e impactos en suelo, agua, aire, fauna; daños en la salud de las personas; incumplimiento de acuerdos.
  • Proyectos y empresas involucrada: Gold Fields La Cima S, Compañía Minera Coimolache S.A. (proyecto Minero Ciénega Sur, proyecto Mirador Sur, proyecto Minero Tantahuatay, Compañía Minera San Nicolás) – MASGLAS Perú.

2016
Se declara la provincia de Hualgayoc-Bambamarca en Emergencia Ambiental con la Resolución Ministerial N 272-106-MINAM por contaminación de los ríos Tingo – Maygasbamba (vertiente de 36 canales), Hualgayoc – Arascorgue y Perlamayo, debido a pasivos ambientales y proyectos mineros. Además, se registraron 372 personas con la sangre contaminada por metales pesados. La Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) de la provincia Hualgayoc – Bambamarca permitió la elaboración del “Plan Multisectorial Post DEA de la provincia de Hualgayoc”. Este plan, tenía que permitir el inicio de proceso de remediación de los pasivos ambientales de la zona. Además, se debía implementar atención integral, vigilancia, seguimiento y consejería en salud a la población contaminada y expuesta a metales pesados.

2018
2 años después de la Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) y de la elaboración del “Plan Multisectorial Post DEA de la provincia de Hualgayoc”, la población y rondas campesinas expresan su disgusto frente a la demora de la implementación de dichos acuerdos. El derrame de la presa de relaves de la empresa minera Gold Fields el 16 de diciembre 2018 aumentará el descontento y temor de las poblaciones locales.

2019
Debido a la ausencia de los Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud y Ministerio Ambiental a la Asamblea Multisectorial realizada en Bambamarca el 25 de enero 2019 a la cual estuvieron convocados para organizar medidas de remediación y atención, las organizaciones sociales y autoridades de Hualgayoc, Bambamarca, Chugur y Cajamarca, acuerdan acatar paro indefinido el 06 de febrero 2019. Los representantes de los ministerios previamente citados pospusieron su visita al lunes 04 de febrero. Considerando que no habría la expresión de un compromiso real del Estado para remediar concretamente a los casos de contaminación, se anunció el mantenimiento del paro indefinido.

Conflicto ambiental: Minera Yanacocha en San Pablo – Alto Perú

  • Razones del conflicto: rechazo de la población a la instalación de exploración minera; minería informal; peligro de contaminación y desaparición manantiales de agua y lagunas alto Perú
  • Proyecto y empresa: Minera Yanacocha (proyecto Lorena)

2019
09 de enero 2019, la Minera Yanacocha anuncia la aprobación del proyecto minero Lorena que generará una inversión de 500 000 dollares para una primera fase de exploración. Sin embargo, la población de San Pablo expresa su desacuerdo e iniciará una serie de movilizaciones y marchas en muestra de su rechazo a la instalación del proyecto minero “La Lorena”. Los pobladores tuvieron el respaldo de los alcaldes de los distritos de San Luis, San Bernandino y de la provincia San Pablo. El alcalde provincial se pronunciará el 23 de enero en una movilización hasta el caserío Las Vizcachas, con el compromiso de expedir una ordenanza municipal para colocar una tranquera de protección para evitar ingreso de maquinaria perteneciente a Minera Yanacocha.

Durante una inspección realizada a la zona de San Cirilo, pobladores e integrantes del Frente de Defensa Ambiental y rondas campesinas manifestaron encontrar trabajos relacionados a la minería informal.

 

Otros conflictos mineros:

Cajamarca se encuentra con un aumento de conflictos sociales relacionados a la minería en sus distintas provincias: conflicto social en Combayo y Baños Dellnca con la empresa Yanacocha, conflicto social en Cajabamba con  empresa Shahindo, conflicto social en la Encañada con el proyecto Michiquillay, conflicto social en Chugur con el proyecto Tantahuatay.

Artículo escrito por Grufides

Los representantes del Frente de Defensa y Desarrollo de Morococha, representados en Elvis Fuster; la Asociación de los Hijos Nacidos en Morococha, representados en Mauro Marin; la Asociación de Propietarios Desplazados, representados en Noel Gamarra; y el vicegobernador de Junín, Fernando Orihuela, en representación del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón; se unieron en conferencia de prensa realizada el martes 5 de febrero en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto a representantes de PASSDIH Arzobispado de Huancayo, Luis Samaniego; CNDDHH, Ana María Vidal; y Red Muqui, Javier Jahncke; para exigir a Chinalco que cese en la hostilización a las familias que aún permanecen en antigua Morococha, y acate la reciente medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto – Sede La Oroya, que establece que la minera de capitales chinos, Chinalco: se abstengan de ejercer “actos de destrucción, desmantelamientos y destrozos en el ornato Urbano, espacios libres acceso y esparcimiento de la Antigua ciudad de Morococha dentro del lote Municipio 34 472.30 hectáreas”.

La empresa minera Chinalco, según Carlos Castro, abogado de las 3 organizaciones demandantes de Morococha; tiene hasta el próximo jueves para interponer alguna acción legal frente a ésta resolución.

Ver la resolución del Juzgado Mixto de La Oroya aquí: goo.gl/kaZVW8

El presidente del Frente de Defensa de Morococha, además, señaló que según el EIA del proyecto minero Toromocho de Chinalco en la nueva Morococha, existe presencia de metales tóxicos en el ambiente por la presencia de un depósito de relaves y también existe peligros de inundación.  Recordemos que la mayoría de la población fue desplazada forzosamente de Morococha a Carhuacoto a fines del 2013, llamada ahora Nueva Morococha, porque se encontraron minerales debajo de la ciudad de Morococha y el proyecto de ampliación de Toromocho de Chinalco comprende ese territorio, siendo una mina a tajo abierto.

“No se ha cumplido con un reasentamiento digno, y se ha vulnerado el derecho a nuestra propiedad”, agregó Elvis Fuster, tras afirmar que el modo y la forma como la empresa les arrebató su territorio fue arbitrario y contó con la colusión del ex viceministro de minas, Ricardo Labó.

Los dirigentes señalaron qué debido a los incumplimientos de la empresa minera, continuamente han buscado el diálogo, y por ello el 26 de septiembre del 2018 fueron a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Por ello emprendieron acciones de protesta pacífica y posteriormente emprendieron la acción legal para paralizar la destrucción de la antigua Morococha y de sus viviendas.

 

Puertas Giratorias

El ex viceministerio de Minas, Ricardo Labó, anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco. Ricardo Labó fue quien pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, que tenía como objetivo evitar los riesgos de una zona con pasivos ambientales mineros y remediarlos. Posteriormente Ricardo Labó asumió la presidencia del directorio de Activos Mineros S.A.C, luego de renunciar al viceministerio de minas, y en su período destinó estas tierras al proyecto minero de ampliación de Toromocho operado por Chinalco.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ex Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Éste artículo fue utilizado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para expropiar las 34 hectáreas de Morococha, utilizando también las potestades otorgadas por el Decreto Legislativo 1192 que en su artículo 41° señala que por el solo mérito de una resolución de la SBN se hará la transferencia de inmuebles a propiedad del Estado a título gratuito. Como ya se había señalado anteriormente por Red Muqui, la aplicación de éstas disposiciones, vulneran los derechos de posesión y propiedad de las poblaciones de la zona.

 

Denuncia penal por negociación incompatible

 

 

Durante la conferencia, también acompañaron a los dirigentes, los abogados Carlos Castro y José Camayo, quiénes minutos antes acudieron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para presentar la denuncia penal contra Ricardo Labó, ex viceministro de Minas y otros funcionarios involucrados en la irregular transferencia de las 34 hectáreas de antigua Morococha a Chinalco.

Ésta denuncia es por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Según el artículo 399: “el funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene en razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2del artículo del código penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días de multa”.

Según el abogado Camayo, en dos momentos se cometió el delito de la negociación incompatible: “en la transferencia de expropiación de la SBN a Activos Mineros S.A.C y luego cuando Activos Mineros S.A.C. vende a Chinalco las 34 hectáreas”. ¿A provecho de quien se hizo esta transacción? ¿Acaso fue de Chinalco y también del viceministro Ricardo Labó Fossa?, se preguntó el abogado.

El abogado Camayo señaló que el Decreto Legislativo 1192 en el que se ampara la SBN, “menciona que solo se debe transferir predios para obras de infraestructura o para beneficio de la sociedad. Teniendo en consideración ello, en ese entonces el ex viceministro Labó solicita a la SBN se transfiera la propiedad de 34 hectáreas a Activos Mineros S.A.C, empresa estatal que depende del Ministerio de Energía y Minas. Pero, Activos Mineros S.A.C luego vende éstas 34 hectáreas a la empresa minera Chinalco, violando lo establecido en la ley”.

Y, además, en el contrato de compra y venta, precisa el abogado, “en una de las cláusulas señala que las partes declaran que en la retribución establecida en la cláusula tercera de la presente adenda y recibida por Activos Mineros S.A.C; los 5 millones 900 mil soles que Chinalco pagó a Activos Mineros S.A.C por las 34 hectáreas luego pasan como aporte a favor del fondo social Toromocho. Es decir, los 5 millones 900 mil soles vuelven a Chinalco porque el fondo social Toromocho pertenece a Chinalco.

Y un último factor señala el abogado Carlos Castro, es la prohibición expresa de la ley que “prohíbe la venta de predios que se encuentran en zonas de riesgo no mitigable”. Y contrario a ésta norma, Activos Mineros S.A.C transfirió las tierras a título oneroso. Esto advierte una confrontación a las leyes vigentes y han afectado el derecho a la propiedad de los pobladores que es un derecho constitucional.

Javier Jahncke de Red Muqui señaló que el Ministerio Público debe actuar de acuerdo a las denuncias porque “seguramente se ejercerán muchas presiones, porque en la cartera de proyectos de inversión a nivel nacional, la ampliación del proyecto minero Toromocho de Chinalco es uno de proyectos que está esperando Vizcarra como parte de los ingresos económicos fuertes en el país. Consideramos que el derecho de las personas y las familias a su salud, a su vivienda, y sus derechos, está por encima de algún ingreso económico”.

 

Gobierno Regional de Junín

Finalmente, el vicegobernador de Junín, Fernando Orihuela, en representación del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón; señaló que respaldan las exigencias planteadas porque “mucho de los acuerdos tomados en el proceso de negociación en su momento entre las organizaciones de Morococha, la empresa y el Estado, no han sido justos y no han sido alcanzados”

Agregó que el gobierno regional ha solicitado una reunión con representantes de Chinalco y a la fecha no han tenido alguna respuesta. Expresó, además, la molestia del gobierno regional porque la empresa minera Chinalco ha solicitado 5 años más de exoneración del pago del canon para toda la región Junín.

Los representantes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de Morococha, la Asociación de los Hijos Nacidos en Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toro Mocho de Morococha; invitan a los medios de comunicación a la conferencia de prensa a realizarse el martes 5 de febrero a las 11am en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), para presentar sus demandas específicas, tras haber logrado una resolución favorable del Juzgado Mixto – Sede La Oroya, el reciente martes 29 de enero, que ordena a la empresa minera Chinalco: se abstengan de ejercer “actos de destrucción, desmantelamientos y destrozos en el ornato Urbano, espacios libres acceso y esparcimiento de la Antigua ciudad de Morococha dentro del lote Municipio 34 472.30 hectáreas”.

Ver la resolución del Juzgado Mixto de La Oroya aquí: goo.gl/kaZVW8

El mismo martes 29 de enero, las organizaciones de Morococha presentaron un memorial con la firma del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, y autoridades ediles de la región, respaldando el pedido de las familias de Morococha: Chinalco debe de cesar en las hostilizaciones, abusos y agravios a las familias de Morococha, que tiene como finalidad obligarlos a que abandonen su ciudad. Las familias conviven más de cinco años con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera china Chinalco.

La Pastoral Social Dignidad Humana, Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estarán acompañando a la delegación de los representantes de las organizaciones de Morococha, que informarán, también, sus próximas acciones para lograr que se implemente inmediatamente la resolución a su favor, así como otras medidas como parte de su estrategia social y legal por defender los derechos humanos de los pobladores de Morococha.

 

Lugar: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Jirón José Pezet y Monel 2467, Lince.

Fecha: 5 de febrero – 11am, 2019

El martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron tomando medidas de protesta y sacando un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín, entre ellos, el gobernador regional Vladimir Cerrón.

El memorial publicado exigió apoyar y respaldar los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio. Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

Juzgado mixto de La Oroya

La creciente presión y las medidas adoptadas por el pueblo de Morochocha Antigua han dado lugar a un resultado positivo. El mismo día el juzgado mixto de la Oroya emitió una resolución que aprueba la medida cautelar de no innovar: que ordena que los demandados Minera Chinalco Perú SA, la Superitendencia Nacional de Bienes Estatales y la Empresa del Estado del Derecho Privado, Activos Mineros SAC; se abstengan de ejercer “actos de destrucción, desmantelamientos y destrozos en el ornato Urbano, espacios libres acceso y esparcimiento de la Antigua ciudad de Morococha dentro del lote Municipio 34 472.30 hectáreas”. Ver la resolución del Juzgado Mixto de La Oroya aquí: goo.gl/kaZVW8

La medida cautelar resulta en suspender alguna acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria que fue amparado anteriormente por el Estado peruano.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ex Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Éste artículo fue utilizado por la SBN, utilizando también las potestades otorgadas por el Decreto Legislativo 1192 que en su artículo 41° señala que por el solo mérito de una resolución de la SBN se hará la transferencia de inmuebles a propiedad del Estado a título gratuito. Como ya se ha señalado anteriormente por Red Muqui, la aplicación de éstas disposiciones, vulneran los derechos de posesión y propiedad de las poblaciones de la zona.

Puertas Giratorias

Como se ha señalado anteriormente, tras los cambios legales operados en el Congreso; el viceministerio de Minas, que presidía Ricardo Labó en febrero del 2017, que anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco; pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, de la cual Ricardo Labó también era presidente, para ser destinado al proyecto minero de ampliación de Toromocho, operado por Chinalco.

OJO

Cuando Chinalco anunció el inicio de las obras en la ampliación del proyecto minero Toromocho, lo hizo junto al propio Vizcarra en junio del 2018. Quién señaló: “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el acual presidente. 

El viernes 25 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo N° 008-2019-PCM que vuelve a prorrogar el Estado de Emergencia en las comunidades que son atravesadas por el Corredor Vial Minero Sur de Apurímac- Cusco- Arequipa. Como sabemos, desde el año pasado, el Ejecutivo viene declarando y prorrogando este estado de emergencia y, desde el 2017, ha estado declarando estados de emergencias en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurimac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco.

En el sur del Perú, específicamente en Apurímac, se viene desarrollando el proyecto minero cuprífero “Las Bambas” del consorcio chino Minerals Metals Group (MMG), que es el más grande del país. Desde el 2016 despacha el concentrado de cobre hacia China por el puerto de Matarani en Arequipa; y la población de Cotabambas (Apurímac), viene protestando porque la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para sus comunidades y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor minero sur (Apurímac-Cusco-Arequipa), sigue afectando a la población.La “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM fue suspendida a fines del 2016 y eliminada hace unos meses a través una resolución del Gobierno de Vizcarra; negando así la posibilidad de diálogo entre la población, el Estado y la empresa minera.

Asímismo, en los últimos meses se han registrado enfrentamiento entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) y la policía porque el corredor vial minero sur (la carretera), atraviesa sus territorios y recién el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asumido el diálogo con estas comunidades para establecer responsables en la construcción de esa parte de la carretera.

Como ya se ha señalado anteriormente, desde Red Muqui y otras organizaciones: las declaratorias de estados de emergencia permanente, sin que se configuren los supuestos constitucionales para esta medida; son violatorios a los derechos humanos y violatorios a las obligaciones de protección que tiene el Estado peruano en contextos donde se desarrollan actividades económicas.

Esta medida se da días antes de que empresas mineras, entidades del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo de Alto Nivel (GAN); presenten la Visión de la Minería al 2030, donde supuestamente se presentará una “minería sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. Pero que, sin embargo; no renuncia o deslinda con el uso de estrategias como la criminalización de la protesta, los convenios entre empresas mineras y la policía para seguridad y la declaración de estados de emergencia “preventivos”; que, como vemos, el Ejecutivo sigue dictando para controlar el territorio y garantizar la extracción minera sin importar el respeto a los derechos fundamentales de comunidades y poblaciones que viven en zonas mineras.

Según información publicada en el diario oficial El Peruano y propalada por Diario Radio Karisma La Oroya, el 10 de diciembre del 2018, la Minera Chinalco Perú S.A. y Minera Centenario S.A.C han aprobado una fusión por absorción. La fusión de sociedades implica la fusión de sus patrimonios; tanto los activos como los pasivos de las empresas que pasan a fusionarse formarán parte del nuevo patrimonio constituido de Minera Chinalco Perú S.A. En éste caso, extinguiéndose sin liquidarse Minera Centenario.

Minera Centenario S.A.C tiene un total de 14 concesiones mineras en el centro del Perú. Con la fusión con la Minera Chinalco, que despojó de sus tierras a las familias de propietarios que aún quedaban de Morococha para poder explotar el proyecto minero Toromocho; las inversiones y actividades de la empresa minera china se amplían a gran escala en la región Junín.

Morococha antigua hoy en día se ha convertido en una ciudad fantasma; Carhuacoto, la «Morococha Nueva», a la que fue trasladada la mayor parte de la población; se ha convertido también en una ciudad inviable, sin actividades económicas por el incumplimiento de la empresa Minera Chinalco S.A de establecer en dicha ciudad el campamento de sus trabajadores para promover la economía local, por lo que muchas familias se han visto obligadas a migrar.

Exigimos que las empresas asuman con responsabilidad las nuevas obligaciones que conlleva la fusión en curso; que el procedimiento sea el legalmente correcto, y que ante todo se respeten los acuerdos y convenios suscritos y las decisiones sean participativas, respetando los derechos fundamentales de las personas de Morococha antigua y Carhuacoto (Morococha nueva).

El día 31 de diciembre el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad; norma preparada desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma aprueba una política intersectorial y de alcance nacional.

Esta política nacional busca emprender ajustes estructurales en la economía del país, no sólo en el sector laboral que es lo que se ha visibilizado a través de las movilizaciones sociales que respaldamos y apoyamos, sino en educación y ambiente. La fundamentación de esta política sostiene que tiene como objetivo “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990, las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo” (p.7). Ver el Decreto Supremo aquí.

Contiene 9 objetivos prioritarios que aplican fórmulas para facilitar la inversión y reducir los costos y trabas regulatorias al sector empresarial. La política también señala la necesidad de avanzar hacia la diversificación productiva; sin embargo, no fundamenta adecuadamente como la reducción de costos y el destrabe regulatorio para las empresas conllevará a diversificar la matriz productiva y a generar mayor bienestar social. Por el contrario, la propia política en su objetivo prioritario n°6, hace referencia a la necesidad de seguir promoviendo la aprobación de proyectos de inversión minera y para ello señala lo siguiente:

“El ambiente de negocios tiene que considerar reducir los riesgos de conflictos sociales para los inversionistas privados” (p.59). Es decir, se aborda la problemática de conflictos sociales como “riesgos” para las inversiones y no desde un enfoque de derechos humanos, que debe ser una perspectiva transversal a la aprobación de toda política nacional.

Para lograr que los conflictos dejen de ser un riesgo para las inversiones, la política señala que el Ministerio de Energía y Minas ha creado el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas (Rimay), que está elaborando una visión para la minería peruana al 2030, la que actualmente construye el denominado Grupo de Alto Nivel (GAN). Este es un espacio en el que RED MUQUI estuvo participando y del cual se ha retirado por no haber un diálogo con participación de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería; no haber garantías de respeto a sus derechos en los acuerdos; y por mantener una economía dependiente de la actividad minera, fundamentalmente.

Generar un ambiente de negocios y competitividad no puede realizarse a costa de la desregulación de los estándares ambientales, ni de la imposición de una visión de desarrollo económico desde el gobierno central hacia las comunidades y poblaciones. Lamentablemente, la Política Nacional de Productividad y Competitividad tiene como objetivo seguir sosteniendo el modelo económico extractivo y las rentas del empresariado a costa de los derechos humanos de la mayoría de peruanos y peruanas.

Desde Red Muqui, y en base a nuestra Agenda Muqui 2018-2021 (ver aquí) proponemos avanzar hacia un desarrollo económico alternativo del Perú, que no mantenga a nuestra economía dependiente de la minería, que respete los derechos humanos de comunidades y poblaciones afectadas, y que garantice el bienestar general, y no solo busque el beneficio económico de las empresas.

El 12 de enero del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta  de Shougang ubicado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.

Ello, debido a que el OEFA, durante acciones de supervisión, detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y stock de concentrado de hierro de la planta Marcona. Actualmente no existen medidas de manejo ambiental que impidan y controlen la dispersión de partículas. En este caso en particular, dichas partículas se están dirigiendo, por acción del viento, hacia la bahía San Nicolás.

En ese sentido, el OEFA ha exigido a la empresa Shougang que presente un calendario para la rehabilitación de la zona en un plazo de 5 días. Si no cumplen las medidas impuestas, el OEFA, señala en su comunicado, tomará medidas administrativas, civiles y penales.

Desde Red Muqui señalamos que es fundamental que exista una institucionalidad sólida en materia ambiental, con funciones bien definidas y suficiente presupuesto para que pueda ejercer su rol fiscalizador y sancionador de manera independiente. Consideramos que aún es frágil en ese sentido el rol que cumple OEFA, que debe ser respaldado por el gobierno central, para evitar las presiones de las empresas mineras en la aplicación de las sanciones correspondientes.

Procesos como el de la agenda minera 2030 que discute el Grupo de Alto Nivel (GAN) con empresas mineras, entidades del Estado y con algunas instituciones de sociedad civil; visualizan una minería con más facilidades y menos exigencias para realizarse donde hay mayores riesgos ambientales o rechazo de la población. Lo que sólo puede generar antes que soluciones; mayores conflictos, porque son las empresas las que toman las decisiones y luego las imponen ante un Estado sumiso a dichos intereses.

En diciembre del 2018, varias organizaciones civiles latinoamericanas, entre ellas Red Muqui y CooperAcción, como parte del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) que correspondió a China; denunciaron los abusos de las empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Específicamente las empresas mineras chinas, que disponen el 32% de las inversiones en minería en el Perú, han sido acusadas por cometer abusos ambientales. Empresas como Shougang Corporation, Chinalco (Ica), MMG (Apurímac), Shouxin, Nanjinzhao Group Co Jiangxi Copper, Junefield Group, Zijin Mining Group (Piura), Toromocho (Junín) y otras más; son acusadas de haber violado los derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

Antecedentes

No es la primera vez que la empresa minera Shougang es acusada por violencia de los derechos humanos. Últimamente, en el 2017,la acusaron por negar el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.

Ante el anuncio de la empresa minera Candente Cooper en octubre del presente año respecto al reinicio de actividades para implementar el proyecto de exploración Cañariaco en territorio de la comunidad indígena San Juan de Kañaris, provincia Ferreñafe, región Lambayeque; la comunidad se viene organizando para desarrollar una estrategia que les permita que se respete la voluntad popular expresada en el 2012, en que el 95% de la comunidad le dijo NO al proyecto minero Cañariaco a través de una consulta popular realizado por la propia comunidad, según las declaraciones del presidente de la comunidad, Hermógenes Tantarico.
La empresa canadiense Candente Cooper anunció que estaría reiniciando las operaciones del proyecto minero cuprífero Cañariaco en el marco de la delegación de facultades que el Congreso le dio al Ejecutivo en el mes de septiembre, en que se emitió el Decreto Legislativo  N° 1394, que modifica algunas disposiciones del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA) respecto al plazo de pérdida de vigencia de la certificación ambiental cuando no se inicia la ejecución de un proyecto.
A pesar de los impactos ambientales de gran magnitud que generaría el proyecto minero, ya que se encuentra en una zona de bosque de neblina, ecosistema de alta fragilidad y complejidad; éste cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) aprobado el 2012 y una modificatoria aprobada el 2014 por el Ministerio de Energía y Minas.  De los estudios que ha podido realizar Red Muqui, a través del informe de la ingeniera consultora Mary Chávez, respecto a los EIA aprobados; se concluye que los impactos generados en el medio ambiente serían irreversibles:
“El desbosque en la parte alta de la cuenca del río Cañariaco trae como consecuencia directa la erosión de suelos, la interrupción del ciclo hidrológico y la pérdida de la biodiversidad. Los impactos ambientales negativos se agudizarían por fenómenos naturales como el Niño y la actividad sísmica. Sin embargo, para la empresa CCPSA, son impactos de baja significancia en sus EIA-sd.
Entre las especies afectadas se encuentran el tapir andino, la musaraña de orejas cortas y los sapos del género Pristimantis sp., estos dos, últimas especies nuevas para la ciencia o registros nuevos para el Perú (información que se señala en el informe EIA-sd 2014). Los hábitats afectados no podrían suplirse con un Plan de Revegetación o un Plan de Rescate».
Entre otros impactos ambientales se tendrían:
–  Las perforaciones tienden a impactar las aguas freáticas de manera irreversible: cambio en la dirección y flujo del agua freática, y también, por la cavidad de perforación, puede fluir agua subterránea lixiviando metales hacia la superficie.
–  Afectación a los cuerpos de agua superficial. Para la aprobación del EIA-sd 2012 tuvieron que reubicar 13 plataformas por encontrarse a menos de 50 m de un cuerpo de agua; sin embargo, en el EIA-sd 2014 se aprobó plataformas ubicadas a menos de 50 m, un  gran número de ellas a unos 10m de distancia de las quebradas; y llama la atención que se aceptó como “medida” el uso de tinas y/o tanques metálicos de 1m3 para evitar el vertimiento al agua superficial (río Jatun Yacu y las quebradas adyacentes).
–  Contaminación de suelos, y también de las aguas subterráneas y superficiales.
Los lodos de perforación –agua con aditivos de perforación-, serían enterrados en las pozas de sedimentación instaladas en las plataformas (alrededor de 600 pozas en total). Cabe acotar que el material de las pozas son de geomembrana; esto es, se deja plástico, más residuo de la perforación en los suelos donde se tiene bosques con gran biodiversidad.
Ante el anuncio del inicio de actividades por parte de la empresa Candente Cooper el presidente de la comunidad Hermógenes Tantarico ha señalado que la población de Cañaris se encuentra en alerta y preocupada por esta situación en tanto se generarían impactos ambientales dentro de su territorio que afectarían sus actividades productivas, ya que ellos basan su economía en la producción agrícola y ganadera, y para esto la protección de los cuerpos de agua y suelos es fundamental. «Nosotros hemos realizado una consulta popular el 2012 y el 95% de la comunidad dijo NO a la minería. Esto debe ser respetado por el gobierno central»