Por: Juan Aste Daffós
La campaña que hoy desarrollan las empresas mineras a través de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y medios de comunicación afines está centrada en que el Perú necesita con urgencia invertir en exploración para que en un futuro cercano se puedan ejecutar grandes proyectos mineros. De tal manera que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales obtengan más ingresos por canon y regalías y lleven adelante proyectos para el desarrollo territorial con el objetivo de cerrar las “brechas” (léase desigualdades) sociales, entre los más pobres y el promedio de los menos pobres.
Sin embargo, la verdad es otra. El objetivo principal de las empresas mineras, principalmente de las grandes corporaciones transnacionales, es aprovechar la coyuntura actual de precios elevados de los metales. La finalidad es asegurar su rentabilidad para los próximos 20 a 30 años invirtiendo las sobreganancias obtenidas en la ejecución de proyectos de exploración, accediendo a nuevos territorios o regresando a otros, así como, en proyectos de ampliación de los que están en operación. Por eso, plantean la urgencia de realizar la expansión minera
Para este objetivo cuentan con el apoyo de un gobierno deslegitimado, en un contexto que suponen de debilidad en la respuesta del movimiento social que. En caso que las fuerzas policiales y militares empleen la violencia, en particular en aquellos proyectos que no tienen licencia social, los conflictos socioambientales que enfrentan a comunidades y poblaciones locales con las empresas mineras y el gobierno se expandirán e intensificarán. Quizás por esto preferirían priorizar proyectos en territorios de las regiones macro norte.
El tiempo corre en contra de la estrategia actual de las empresas mineras y del gobierno en la medida que la reactivación de la movilización social logre la renuncia de Dina Boluarte y se concrete el adelanto de las elecciones generales. Por ello están incidiendo con una campaña destinada a obtener la eliminación de trámites administrativos y una mayor desregulación de las normas ambientales, a fin de reducir el tiempo y conseguir legalmente una rápida autorización para el ingreso a explorar los territorios. En este sentido, no es casualidad que del 08 al 10 de mayo próximos se realizará en Lima el XIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores titulado “Descubriendo la Minería del Futuro”.
La agenda del empresariado minero, de acuerdo al Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (Feb.2020, PCM) es: eliminar la consulta previa (derecho de las comunidades) y que solo haya acuerdo previo (negociación que establece un compromiso económico de la empresa minera con la comunidad) para el acceso a la exploración; limitar al máximo la acción supervisora del Organismo de Evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) y que las empresas se auto controlen y envíen sus informes ambientales al Estado; simplificación de los procedimientos administrativos (tramitología) en la obtención de las autorizaciones, planteando incluso el silencio administrativo positivo (en caso de que el funcionario no responda en plazo determinado, se asume la autorización del trámite); ningún cambio en la estructura tributaria, lo que se traduce hoy en no aceptar un impuesto a la sobreganancia minera; apoyar la formalización de los mineros informales e ilegales que acompañen la expansión de la minería formal.
Lo cierto es que las comunidades, los agricultores y los centros poblados involucrados consideran que la ejecución y operación de los proyectos mineros afectarán sus planes de vida, las cuencas hídricas y los ecosistemas vinculados a la salud y la producción agroalimentaria, lo que agravaría su situación económica y social. A su vez, la consulta previa actual es un trámite burocrático utilizado para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). A su vez, la inexistencia de planes de ordenamiento territorial legalmente amparados facilita la imposición de los proyectos mineros.
La asimetría o la desigualdad en las relaciones de poder entre un sector y otros y los incumplimientos reiterados de los acuerdos en las mesas de diálogo abonan en la misma dirección. Asimismo, la historia ha revelado que minería y pobreza en su entorno han ido de la mano desde siempre, sin contar con los actuales y potenciales efectos de la crisis climática y la pandemia. Más aún, cuando las empresas se niegan a pagar un impuesto a la sobreganancia minera que allanaría los gastos del Estado en salud, educación, proyectos para la diversificación productiva generadores de empleo masivo, y la atención de desastres y pandemias en beneficio de las mayorías del país. Por estas razones, las comunidades, agricultores y poblaciones locales del entorno de los proyectos no otorgan la licencia social.
Las empresas mineras y el gobierno nacional asumen que con su apoyo “técnico” y el de algunas universidades limeñas de “élite” se pueden elaborar planes de “desarrollo territorial”, e incluso comprometer a los gobiernos regionales y locales, para garantizar la ejecución de proyectos que “beneficien” a las comunidades, desplazando sus planes de vida y los proyectos que ellas mismas han decidido autónomamente ejecutar. Pero, dejar a las comunidades y poblaciones locales fuera de las decisiones sobre su destino es exactamente lo contrario a lo que estas han estado demandando con la movilización social suspendida por el momento.
Respecto a la crítica de las empresas mineras que los recursos del canon y la regalía minera son mal utilizados, y por ello proponen participar con el gobierno nacional en “ayudar” a elaborar planes de desarrollo territorial en beneficio de las poblaciones del entorno minero, debe precisarse el carácter legítimo y legal de estos recursos obtenidos por el Estado y la autonomía en las decisiones sobre su uso y gestión por parte de los gobiernos regionales y locales.
El Estado redistribuye la mitad del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras en forma de canon minero a los gobiernos regionales y locales y a las universidades de las regiones donde se encuentran los recursos minerales. A su vez recibe el ingreso de la regalía que pagan las mineras como una “contraprestación económica por la explotación de los recursos minerales, metálicos y no metálicos”, que en realidad es el pago que hacen las empresas mineras al Estado y que este transfiere a las regiones donde se explotan los recursos minerales que son agotables dado su carácter de no renovables. En consecuencia, canon y regalía son ingresos legítimos y legales que recibe el Estado y que canaliza a las regiones donde se encuentran y explotan los recursos minerales.
Una vez en manos de los gobiernos regionales y locales y las universidades, las decisiones sobre su uso y el control de su gestión pasan a depender de estas instancias del Estado y de la participación de la población organizada, y no es incumbencia de las empresas mineras inmiscuirse en estas decisiones.
El hecho que los proyectos de los gobiernos locales y regionales se decidan en función de contrataciones fraudulentas y otras acciones de corrupción aprovechando la inexistencia de poblaciones organizadas que demanden y participen en la elección y ejecución de proyectos y en la rendición de cuentas es un problema de elección de los gobernadores y los alcaldes, así como, de la débil o inexistente participación ciudadana.
Asimismo, los gobernadores regionales y los alcaldes, en su gran mayoría tienen como objetivo principal disponer de mayores recursos financieros u obtener el ahorro de los mismos mediante el mecanismo de obras por impuestos. Lo que inhibe no solo a estas instancias del Estado a realizar demandas frente a las infracciones ambientales y sociales de las empresas mineras, sino que posterga la formación de capacidades para una gestión pública descentralizada, eficiente y libre de corrupción.
Pero ¿cuál es límite de la expansión minera? En la práctica no hay límites porque los que promueven a ultranza la actividad minera afirman que el Perú debe aprovechar la extracción y explotación de los recursos mineros allí donde se encuentren, lo que deja como “letra muerta” la prohibición del ingreso en áreas naturales protegidas, áreas de restos arqueológicos, y la protección de las fuentes de agua como las cabeceras de cuenca. Más aún, si la consulta previa es solo un procedimiento burocrático, por lo que nada de lo señalado se cumple realmente por las decisiones de política minera de los gobiernos y la aplicación de una legislación muy conveniente para las empresas mineras.
Así esta política termina reforzando una economía predominantemente extractivista minera que genera muchos dólares de ganancias con precios altos, los que incentivan mayores importaciones que terminan en una mayor dependencia o destrucción de lo poco que queda de la producción y el empleo generados en el país. Lo que conduce a que ahora casi el 80% de los trabajadores y micro y pequeños empresarios sean informales y que el comercio ambulatorio se realice con productos mayoritariamente importados.
Con ello, los 300 mil jóvenes que ingresan anualmente al mercado laboral no encuentran trabajo y pasan a ser informales o se incorporan en la economía ilegal del contrabando, el narcotráfico, la tala y la minería ilegal, o pasan al hurto o el sicariato. De nada sirve que nos digan que ha aumentado el PBI per cápita y que se ha reducido la pobreza monetaria debido al crecimiento económico medido por el aumento del PBI, donde la minería aporta con la décima parte y que sus exportaciones superan el 60% del total de las exportaciones, porque ello no se ha traducido en la reducción de las desigualdades económicas y sociales del país.
Por el contrario, una economía basada en la exportación de minerales, principalmente de cobre y oro, reproduce un círculo vicioso de generación de mayor informalidad e ilegalidad, y cuando caen los precios de los minerales, la inflación aumenta porque al haber menos dólares sube su precio y aumenta el costo de las importaciones de las que depende la economía interna. Salir de esta situación supone depender cada vez menos de la actividad minera y promover la diversificación productiva que dinamice la economía interna, nos haga menos dependientes de las fluctuaciones y cambios del comercio exterior, y se sostenga en una efectiva descentralización económica y de la gestión ambiental, con participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Los que ilusamente hablan de industrializar la minería no contemplan la imposibilidad de esta opción, debido a que los dueños de la minería, principalmente del cobre, son empresas transnacionales, cuyos contratos de venta futura de concentrados a largo plazo con sus compradores, deciden el grado de elaboración y su destino, y porque la producción industrial a base a los metales existe hace mucho tiempo y la realizan grandes corporaciones que poseen ventajas en el mercado internacional debido a su bajo costo en razón a su alto nivel de productividad y economías de escala, por lo que difícilmente un empresario minero se arriesgaría a ejecutar proyectos de industrialización de los metales en el Perú.
En resumen, el modelo económico en el Perú basado en la minería resulta insostenible, porque solo beneficia a sus dueños, funcionarios y representantes que tienen vínculos con esta actividad, y afecta al conjunto de la sociedad peruana, trasladando solo una pequeña parte de su renta al Estado. Ésta ha fluctuado alrededor del 3% del total de ingresos tributarios del Estado peruano, menos la devolución de parte de estos impuestos, y genera muy poco empleo directo (210 mil personas ó 1.2% de la PEA en 2022) y por cada puesto directo crea menos de 3.6 empleos indirectos que presenta la minería chilena de mayor dimensión y competitividad.
Por lo tanto, si a los ingresos tributarios neto (en los que se consideran los descuentos) le restamos el valor del impacto ambiental, la diferencia sería negativa, con el agravante que los ecosistemas afectados se pierden para siempre en un país megabiodiverso, pluricultural y multilingüe. Donde el lema de “Perú país minero” termina siendo una expresión interesada y peor aún, cuando en los discursos de los representantes de los intereses mineros se mencionan conceptos como “regiones mineras”, “provincias mineras”, y corredor minero.
Así, en el corto plazo dependemos de las exportaciones mineras, pero debemos ir dependiendo cada vez menos de esta actividad y colocar la prioridad en la producción agroalimentaria; de productos biomedicinales; el turismo en sus variantes ecológica, arqueológica y vivencial; y la producción industrial donde exista una experiencia histórica de calidad como en tejidos y confecciones. También se debe priorizar el cambio de la matriz energética hacia bienes renovables que vayan en concordancia con la conservación y protección de los ecosistemas que albergan una rica biodiversidad y con proyectos y acciones para la mitigación y adaptación frente a la crisis climática.
