RED MUQUI, MIEMBRO DE LA RED IGLESIAS Y MINERÍA, RECHAZA INICIATIVA “MINING IN PARTNERSHIP” DE GREMIOS Y EMPRESAS MINERAS

La Red “IGLESIAS Y MINERÍA”es una red latinoamericana de comunidades cristianas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos e instancias Latinoamericanas de Iglesias Católica y Cristiana, se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería a nivel de la región. En el Perú, la RED MUQUI es miembro de ésta Red, además de algunos de sus miembros.

Los miembros de la Red Iglesias y Minería, conocemos de cerca el sufrimiento de muchas comunidades y pueblos tradicionales, así como las violaciones a los derechos humanos, ambientales y de las futuras generaciones que se han provocado por parte de los grandes emprendimientos mineros en expansión en nuestro continente.

Varios obispos y algunas conferencias episcopales a nivel América Latina se han pronunciado y han actuado en apoyo a las comunidades afectadas y han denunciado los conflictos provocados por las empresas mineras, muchas veces con el aval de los Estados nacionales.

La Red «Iglesias y Minería», ha hecho público el pronunciamiento “La Iglesia no se deja comprar” (adjunto),en el que denunciamos a nivel internacional  y rechazamos la denominada iniciativa «Mining in Partnership«, en español “Minería en alianza”, de gremios y empresas mineras transnacionales cuyos nombres se encuentran en documento adjunto.

La iniciativa «Minería en Alianza», se propone “ayudar a los seminarios teológicos de diversas partes del mundo para equipar mejor a los pastores y líderes de la iglesia para servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. Ello busca que los obispos, sacerdotes, pastores y otros agentes pastorales “piensen teológica, ética y litúrgicamente sobre la minería, a nivel local e internacional”. No es otra cosa que «utilizar a las Iglesias», para que sus acciones pastorales promuevan y defiendan dicha actividad entre sus feligreses.

El pronunciamiento deja claro que «No es papel de las iglesias convencer a sus fieles sobre la bondad de un emprendimiento. También es absurdo pensar que simplemente quepa a la iglesia “servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. La iglesia (cf.GS1)[1] asume los dramas, las esperanzas y las reivindicaciones de los más pobres y de las víctimas de una economía que tiende a descartar cada vez más personas (EG53)[2] y que está comprometiendo definitivamente el equilibrio de la Creación.

En general la Red considera que financiar iniciativas en conjunto con los seminarios teológicos es «una estrategia para cooptar a la iglesia, utilizarla en beneficio de los intereses de las mineras y dividirla», debilitando su papel de “abogada de la justicia y defensora de los pobres” (Papa Francisco)[3].

El pronunciamiento culmina indicando que “las empresas, en lugar de destinar dinero para reparar todos los daños denunciados por las comunidades, invierten en proyectos de propaganda” o en actividades que apuntan a cooptar a personas, líderes, dirigentes, funcionarios y autoridades a todo nivel para lograr sus objetivos.

Desde la RED MUQUI, lamentamos que las empresas mineras, además de acudir a acciones de presión para desregular la actividad minera, evitando procesos de fiscalización y sanciones por contaminación, como ha ocurrido con la OEFA en el Perú, y lograr se modifiquen normativas y políticas que faciliten inversiones mineras sin mayores restricciones, pretende ahora “utilizar” instancias históricas de iglesias católicas y cristianas, para su beneficio. Eso muestra que no hay un afán por mejorar sus prácticas sociales, sino de realizar sus actividades a como dé lugar, sin importar los conflictos que ello pudiera generar, lamentablemente todo ello con el favor y venia del Gobierno Nacional.

Lima, 05 de abril de 2015

 


[1] Constitución Pastoral Gaudium et Spes – Sobre la Iglesia en el Mundo Actual – Diciembre 1965
[2] Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium – El anuncio del Evangelio en el mundo actual – Noviembre 2013
[3] Discurso del Papa Francisco I a las comunidades de Rio de Janeiro en Julio de 2013.

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Pronunciamiento: La Iglesia no se deja by prensamuqui

ASEGURA OFICINA DE DIÁLOGO

  • En oficialización de la mesa con Cotabambas no se incluyó a provincia de Grau
  • Días hábiles para instalación de mesa con Cotabambas finalizó el viernes 27
  • Aun no se fija la fecha de reunión con dirigentes y autoridades

El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Ávila Herrera, anunció que en los próximos días, el Ejecutivo creará una mesa de trabajo aparte, con la provincia de Grau que también tiene distritos y caseríos en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas en Apurímac.

“Muy pronto vamos a expedir una norma para crear la mesa de desarrollo de Grau. En los próximos días se debe estar publicando la norma. Por supuesto que la provincia de Grau va a estar en parte de todo el desarrollo en la mesa de trabajo”, indicó a RED MUQUI.

Algo incómodo, Ávila no respondió porqué la PCM no informó a los alcaldes y dirigentes sobre la suspensión de la reunión de diálogo del lunes 16 y tampoco, porqué se emitió la oficialización delGrupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” recién el 15 de noviembre (R.M. Nº 263-2015-PCM).

“Lo que le puedo decir es en que todas las comunidades que están en la zona de influencia del proyecto de Las Bambas, nosotros vamos a garantizar su desarrollo sostenible. Ese es un compromiso”, respondió escuetamente a RED MUQUI.

No hay fecha de reunión con Cotabambas

La Presidenta del Comité de lucha Virginia Pinares de las provincias de Cotabambas y Grau, comentó a RED MUQUI que aun están a la espera de que el Ejecutivo les garantice en un documento que se tocarán sus puntos de reclamo. Mientras tanto, los distritos de Haquira, Cotabambas, Tambobamba y Coyllurqui, ya tienen a sus representantes designados para dialogar con el Gobierno central.

“Insisten en que acreditemos a nuestros representantes, pero no nos dicen el día de la reunión, y tampoco nos dan garantías de tratar nuestras demandas, pese a que le hemos pedido un documento de compromiso. Lamentablemente la gente desconfía de ellos. Debieron trabajar desde el principio con nosotros, los dirigentes”, dijo Pinares.

La dirigente del comité de lucha de ambas provincias indicó que algunos de los dirigentes no desean dialogar hasta que la PCM no garantice poner en agenda el memorial del 16 de noviembre, que les fue remitido desde Tambogrande.

El presidente del Frente de defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reiteró que están a la espera de la respuesta del memorial en el que se espera participar de una “Mesa de diálogo” y no de una “Mesa de trabajo”.

“Esperamos que cambien la denominación de esta mesa, queremos que sea “de diálogo”, porque lo que queremos es la modificación del EIA, y ese tema no incluiría una mesa de trabajo. Hasta ahora no hay respuesta de nada, ni siquiera de una posible fecha de reunión”, manifestó.

Abarca adelantó que de no haber respuesta la semana que viene, se llevarán a cabo asambleas distritales y dejar en manos del pueblo la decisión a seguir.

Que dice el memorial

Como se recuerda, el lunes 16 pasado, el Ejecutivo suspendió la primera reunión de diálogo en Las Bambas, lo cual fue tomado como un desplante por los alcaldes y dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau.

Es por ello que en conjunto emitieron un pronunciamiento en el que exigieron modificar las condiciones para llevar a cabo este proceso; una de ellas fue la inclusión de los representantes de Grau, los cuales no han sido tomados en cuenta en el Grupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”.

“(…) No están incluidos nuestros hermanos de la provincia de Grau, lo cual es rechazado (…) exigimos que sean incluidos los representantes de la municipalidad distrital de Progreso y su sociedad civil organizada”, exhorta el pronunciamiento.

De igual modo los frentes de lucha de ambas provincias, solicitan que sus autoridades y líderes sociales puedan elegir hasta 10 representantes ante esta mesa de trabajo.

Otro reclamo importante a la norma, es que la oficialización de un “Grupo de Trabajo” se refiere a la “promoción del desarrollo”, sin miras a tratar los problemas que originaron el conflicto, como las cinco modificaciones sustanciales al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Pues varias de las modificaciones atañen a componentes principales del proyecto y fueron tramitadas a través de procedimientos extraordinarios, sin informar a la población.

Asimismo, los alcaldes distritales y dirigentes de Grau y Cotabambas consideran que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas que ellos solicitaron, anteriormente, para la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno, la Empresa Minera MMG Las Bambas, la Sociedad Civil Organizada y las Autoridades Locales. Ahora reiteran este pedido: Liberación de los dos detenidos, indemnización para los deudos de los caídos en el paro, archivamiento de las denuncias y cese a la persecución de los dirigentes, y atención e indemnización a los heridos.

“Manifestamos contundentemente que los 11 puntos contenidos en el MEMORIAL presentado el 29 de octubre del presente año, sean debidamente respetados conjuntamente con la Carta circular que defiende la situación de cautiverio de las 23 familias al interior de la mina en Fuerabamba”, expresa el pronunciamiento suscrito el 16 de noviembre.

Otra respuesta a la suspensión del diálogo, fue el rechazo a la militarización de la zona que el Gobierno central, nuevamente decretó de sorpresa el sábado 14 de noviembre, un día antes de oficializar el Grupo de Trabajo para Cotabambas.

Foto: Gestión

  • Organismo especializado comenzará sus funciones a partir del 28 de diciembre
  • Este 2015 se espera terminar transferencia con MTC y el 2016 con MINAGRI y Vivienda
  • Jefe del SENACE informó que cuenta con presupuesto de S /. 24 millones y 130 profesionales permanentes

Esta mañana, diversas organizaciones de la sociedad civil avocadas al tema ambiental, entre ellas RED MUQUI, fueron convocadas a una reunión con el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland, quien informó sobre la Resolución Ministerial  Nro. 328-2015- MINAM (Publicada en el diario oficial El Peruano) con la que culmina el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en materia de minería, hidrocarburos y electricidad.

Durante la presentación “Enfoque y Perspectivas del SENACE”, Patrick Wieland, aseguró que en esta etapa, el SENACE será mucho más estricto con los consultores que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), debido a los malos resultados en los que se ha detectado que los EIA han sido “copy y paste” de otros anteriores. Para evitar estas malas prácticas, Wieland dijo que se apunta a que las evaluadoras tengan un comportamiento ético en el campo, y para ello, indicó que se busca estandarizar los procesos de evaluación ambiental.

La norma que se ha aprobado, sube la valla de las consultoras que participan en elaboración de los EIA”, aseveró.

En cuanto a presupuesto, el jefe del SENACE reconoció que este organismo ya cuenta con una partida de S/. 24 millones – casi el doble del que se tenía antes- de los cuales, S/. 4 millones serán destinados solo a la Dirección de Certificaciones Ambientales.

¿Participación social?

En este encuentro, Wieland se refirió a la participación ciudadana y dijo esperar un diálogo permanente con la Sociedad Civil y varios aportes de este sector para mejorar los EIA. Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades puedan hacer una evaluación y seguimiento más efectivos a los EIA.

Sin embargo, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, le recordó que el desafío que tiene el SENACE es la flexibilización de los marcos normativos han ido dejando los “paquetazos ambientales”, incluso en lo que se refiere a los EIA.

De igual modo, desde la RED MUQUI se le recordó que hasta el momento los mecanismos de “participación ciudadana” son procedimientos meramente informativos que no inciden en la decisión final de las instancias competentes del Estado.

Otra preocupación de la RED MUQUI es, si es que el SENACE  tendrá mecanismos de verificación de los EIA. “Solo así se puede otorgar una autorización adecuada, eso implica recursos que son necesarios para ser coherentes con una política de transparencia de la gestión”, se le aseveró.

¿Consulta previa?

Otro punto cuestionado por RED MUQUI al SENACE, es cómo lograr un proceso participativo para establecer el área de influencia de un proyecto minero.

“La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 16 expedientes de aprobación de EIA debió aplicarse la consulta previa. En varios de estos estudios incluso se ´presentaron´ supuestas actas de asambleas en donde las comunidades renunciaban a sus derechos de reconocerse como pueblos indígenas, lo que sería nulo ya que los derechos son irrenunciables”. También se han presentado documentos donde se ha negado la existencia de pueblos indígenas en zonas de influencia directa de las empresas mineras sin que consten en el expediente, informes técnicos emitidos por el viceministerio de interculturalidad, o estos no tenían el sustento técnico necesario.

Capital humano del SENACE

Ante varias ONG, Wieland señaló que el personal del SENACE cuenta con profesionales que provienen, tanto del sector público como del privado, y con una experiencia no menor a los 6 años en la elaboración y evaluación de EIA.

Para comenzar son 130 profesionales técnicos en staff, entre ingenieros ambientales (26), biólogos (21), ingenieros geógrafos (8), ingenieros geólogos (7), entre otros; además de una cartera de consultores a contratar, según dijo el encargado máximo del organismo.

Durante la reunión, el Jefe del SENACE aseguró haber avanzado en tener convenios con los Gobiernos Regionales a quienes se ha capacitado sobre EIA y Certificación Ambiental Global (CAG); así como haber firmado convenios con la ANA, OEFA, OSINERGMIN.

Funciones y competencias

Wieland enfatizó a la Sociedad Civil que el SENACE no promueve inversiones, y por ello se basan en garantizar una evaluación técnica, objetiva y especializada de los EIA. Además remarcó que tampoco se encarga de crear normativa, ni de sugerirla, pero sí puede generar procedimientos y reglamentación para su aplicación.

Según la Resolución Ministerial, Este organismo tendrá como función principal la revisión y aprobación de los EIA detallados y sus respectivas actualizaciones y modificaciones.

De igual modo se encargará de la revisión y aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), al igual que de las solicitudes de clasificación y aprobación de los términos de referencia de estos estudios; del plan de participación ciudadana; del acompañamiento en la elaboración de la línea de base, y de otros actos o procedimientos vinculados a las acciones señaladas.

Además, el SENACE administrará el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar estudios ambientales y el registro de certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Respecto de la Certificación Ambiental Global (CAG), la llamada «ventanilla única» ´para aprobación de los «títulos habilitantes», entrará en vigencia a partir de la aprobación del Reglamento del Título II de la Ley 30327, que debe regular el procedimiento para su aprobación.

Qué dice la Defensoría

Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que la transferencia total de funciones del SENACE era un asunto pendiente. “Ahora vamos a contar con un SENACE que le permitirá el Estado generar confianza entre la población. Si había algo deficitario, era que los EIA estaban a cargo del sector encargado de desarrollar la minería, es decir, el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo que tenemos es una organización más plural y altamente técnica”, señaló  a RED MUQUI.

Ya que el término de transferencia de funciones, y próxima puesta en marcha del SENACE, no son retroactivas, Luque indicó que la conflictividad actual se debe seguir enfrentando por medio de los procesos de diálogo.

“Se sabe que las leyes no son retroactivas en el Perú, entonces para los conflictos que se presenten en el futuro -que esperamos no se presenten- en base a nuevos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, ya contamos con el SENACE como la institución encargada de ver los EIA detallados”, comentó.

Precisamente la Defensoría presentó hoy el resultado de su último estudio sobre conflictos sociales referidos al recursos hídricos entre el año 2011 y 2014.

Al final de una década (2004-2014) de grandes ganancias para el sector extractivo “el Estado pudo haber capturado más renta, pero el gravamen minero aprobado en 2011 resultó tardío para lograr dicho objetivo”, expresó el econ. Gustavo Ávila, investigador principal del Grupo Propuesta Ciudadana.

Ávila expresó que las transferencias de canon beneficiaron principalmente a las zonas productoras –casi la mitad de los recursos se ubicaron en Cusco, Áncash y Piura, al interior de las cuales se generó inequidades. Frente a esta situación el MEF generó mecanismos de compensación, pero estos fueron poco transparentes y discrecionales.

El Economista Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana añadió que con el argumento que los gobiernos descentralizados son ineficientes en el gasto el MEF tomo medidas tendientes a la privatización del gasto público, a través de Alianzas Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). “De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, cinco empresas mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields concentran el 72%. Este mecanismo se vuelve más riesgoso aún si no va acompañado de acciones de control y supervisión”.

Otro problema identificado por Baca es la entrega automática y acelerada de las concesiones, lo que se torna insostenible y aumenta la conflictividad. “Se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras, especialmente en la sierra y selva. Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplico por ocho, mientras que la superficie (hectárea) entregada lo hizo por once”.

 

¿Qué dicen otros especialistas?

Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad discrepa con la posibilidad de ampliar la captura de la renta extractiva, debido a que esto puede desincentivar la inversión. Ante la dificultad de redistribuir el canon plantea el diseño de un sistema de transferencias intergubernamentales que tome en cuenta costos, capacidad fiscal y necesidad de gasto. Recalca además que “la prioridad del canon deben ser las zonas rurales donde hay mayor desigualdad”. Debido a la ausencia de una cultura de evaluación en el país también sugiere medir la eficiencia en el gasto.

Carlos Monge, Coordinador Regional de Natural Resource Governance Institute sugiere revisar los costos de producción y los precios de transferencia porque se exporta a bajo costo y afuera se vende a precio real, y eso no es considerado en el pago de impuestos. “Esto debe ser monitoreado”, expresa.

Humberto Campodónico añade que “los recursos naturales son del país y no es justo que no se recupere cuando hay sobreganancias”. Aseguró que “no avizora cambios sustanciales que evidencien una diversificación productiva y más bien se mantiene el patrón de producción”, por ello, propone enfocarnos en un tema mayor, el impacto de las políticas públicas.

Algunos desafíos

“Entregar la renta solo a los territorios productores ha sido un error más allá de las diversas performances”, afirma Baca. Por otro lado, propone “arribar a una estructura tributaria más equitativa en el marco de una reforma más amplia que este acompañada por la descentralización fiscal”.

En vista que el actual esquema de entrega automática de concesiones, genera conflictos y efectos caóticos en el territorio plantea su revisión inmediata, en el marco de un proceso de ordenamiento territorial y de planificación en el uso del territorio.

Para el tema de Obras por Impuestos afirma que estas deben ser temporales y contar con los debidos controles, además de exigir a las empresas que mencionen que “son recursos públicos y no parte de su responsabilidad social”.
Descarga el Reporte Nacional 19 sobre Vigilancia de las Industrias Extractivas: http://bit.ly/1QMnT6T

Descarga el resumen: “Al Final de una década de boom, ¿qué le dejó la minería al Perú? Balance 2004-2014: http://bit.ly/1kKIHS1

Fuente / Foto / cuadros estadísticos : Propuesta Ciudadana

Coordinaciones de prensa: Nelly Carrasco: #999-121-984
Entrevistas con economistas: Epifanio Baca: 996-615-553 / Gustavo Ávila: 993-689-683

La Centra Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-PERÙ), hace un llamado a todas las bases ronderas, comunidades campesinas y nativas, que de todas maneras realizaremos el paro de hoy 22 de junio a nivel nacional junto a la Confederación Nacional Agraria del Perú y de más organizaciones campesinas e indígenas que formamos parte del Pacto de Unidad.

1. En tal sentido les pedimos a los pueblos originarios a no dejarnos sorprender por las versiones que están emitiendo los operadores del Gobierno de Ollanta Humala, la CONFIEP y los del poder Ejecutivo y Legislativo, al decir que las rondas campesinas ya no hay razón para que protesten  porque ya no serían afectadas en nuevo Código Penal y ya no verían afectado su derecho a impartir justicia, debido a que el artículo que les quitaba dicha potestad en sus respectivas jurisdicciones será eliminado del proyecto de nuevo Código Penal. Así lo anunció el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren.

2. Debemos informales que nosotros como Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), no estamos pidiendo ninguna anulación de los artículos 14 (Diversidad cultural e interpretación intercultural) y 16 (Jurisdicción especial), tal como lo dice en un informe que nos hace llegar el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Republica Juan Carlos Eguren a través del oficio Nº 942-2014-2015-CJDHH/CR-P.

3. Lo que estamos pidiendo como CUNARC-P es que consideren LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA EL RESPETO DE LA JUSTICIA RONDERA FRENTE LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL y la propuestas como CUNARC-P del ARTÍCULO 16 DE CÓDIGO PENAL. Esto en cumplimiento del artículo 149 de la Constitución Política del Perú, de los artículos 8y9 del C169 de la OIT, del artículo 34 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116, del artículo 1 de la Ley de Rondas campesinas–Ley 27908, que dispone la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas a las rondas campesinas, las rondas campesinas gozan del ejercicio de funciones jurisdiccionales y la aplicación de su derecho consuetudinario. En consecuencia, las rondas campesinas no pueden estar excluidas de la aplicación de la ley y jurisdicción penal ordinaria.

La CUANRC-P estamos proponiendo la siguiente redacción alternativa al artículo 16 del proyecto de Nuevo Código Penal:

a) La ley penal ordinaria no se aplica a las autoridades ni miembros de los pueblos originarios, comunidades campesinas, rondas campesinas ni comunidades nativas, por el cumplimiento del derecho consuetudinario y/o el ejercicio de la jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política.

b) Los miembros de los pueblos originarios, comunidades campesinas, rondas campesinas o comunidades nativas, no pueden ser sometidos a la justicia ordinaria ni procesos administrativos, en los casos que corresponden al artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

4. Además nuestra protesta del día de hoy 22 de junio y del día 9 de julio es por lo antes mencionado y por la anulación de las leyes que el Estado ha aprobado para facilitar el despojo de la tierra y territoriode comunidades y pequeños productores, mediante leyes (Ley N°30230, Ley N°3941, recientemente aprobada por el Congreso de la República, Ley N° 30151 y DS 001-2015-EM) que ponen en riesgo la seguridad jurídica, violación a los derechos humanos, el derecho sobre tierras y territorios y sobre sus recursos naturales (tierra, agua, etc…), en favor de la gran inversión.

5. El abandono intencionado del Estado a la pequeña agricultura familiar y comunitaria, que es una enorme fuente de ingresos, de empleo y de alimentos para el país. Mientras se promociona, subsidia y apoya de forma exclusiva modelos agroexportadores que implican el acaparamiento de tierras, la explotación de recursos naturales, la privatización de la alimentación y la pérdida de soberanía alimentaria.

Atentamente

Ydelso Hernández Llamo
Presidente de la CUNARC-PERÙ