Se presentará en el Congreso la Investigación de universidad de Humboldt que el Perú que evalúa los impactos ambientales de la minería y propone alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú. En el panel estará el geógrafo alemán Constantin Bittner, la congresista de la República María Elena Foronda, el investigador José de Echave, así como otros representantes de la sociedad civil y del sector empresarial minero. El evento se realizará este 20 de junio en Auditorio Alberto Andrade (Cuadra dos de la Avenida Abancay – Cercado de Lima) a las 6 de la tarde, el ingreso es libre. Se entregarán certificados de participación.

La tasa de pobreza en regiones donde la principal actividad es la minería no ha disminuido en los últimos años. El instituto Nacional de Estadística(INEI) señala que, en el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Cajamarca, Huancavelica y Apurímac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.  Para entender qué está sucediendo en las regiones mineras y por qué el desarrollo no parece alcanzar a la población, Red Muqui junto a la Universidad de Humboldt realizaron la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú.

La presentación del estudio se realizará en el Congreso de La República y estará a cargo del geógrafo Constantin Bittner, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú.  Fue miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

En la presentación que se realizó en Huancayo, Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

Durante la elaboración del libro, se analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se evaluó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas.

La publicación que se encuentra en el portal de Red Muqui para su descarga libre evalúa los impactos ocasionados por la minería: escasez de agua, contaminación, daños a la salud, pérdida de cosechas, perdida de servicios ecosistémicos. De todo esto, se hace una valoración económica para medir los costos ambientales de la minería y conocer los verdaderos impactos.

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/238031543521208/

 

Ciudadanos acusados, y su defensa legal en el frontis del  Juzgado de Investigación Preparatoria Cotabambas – Tambobamba, Apurimac. Fuente: CooperAcción

Se tenía prevista para el día de hoy la audiencia judicial, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac; donde la fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

El día de hoy, se hicieron presentes en el Poder Judicial de Tambobamba, los ciudadanos acusados; su defensa legal constituida por instituciones de derechos humanos como Fedepaz y Aprodeh; la defensa legal de la empresa minera; y el procurador del Ministerio del Interior. Sin embargo, fue el propio Fiscal a cargo del caso, Fredy Quispe Manchego,  quien pidió la suspensión de la audiencia. Alegó que el día anterior se le habría asignado el caso, ya que el fiscal que tenía a cargo la audiencia, Julio Hinojosa, acababa de salir de vacaciones. Asimismo, indicó que fue recién el  día de ayer que tuvo acceso a todo el expediente, y  que se le entregaron incompletas las carpetas del proceso.

Por su parte, la jueza a cargo de la audiencia le reclamó al fiscal que era la segunda vez que la fiscalía presenta algún tipo de justificación para suspender la audiencia. Del mismo modo, David Velazco, director ejecutivo  de FEDEPAZ y defensa de los acusados,  indicó que no había razón para suspender una vez más la audiencia, debido a que la fiscalía trabaja de manera corporativa. Sin más oposiciones se postergó la audiencia para el 10 de setiembre.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados  sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

Iván Villagomez, alcalde del distrito de San José de Ushua, donde ocurrió la intoxicación de más de 100 personas, declaró esta mañana que la tragedia podría haber sido desatada por los problemas ambientales en la zona. Otros pobladores señalaron que existe minería artesanal y extracción metales. Red Muqui hizo la consulta en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y efectivamente, hay presencia de minería artesanal en la provincia de Paucar del Sara Sara. Esta provincia figura entre las que posee mayores petitorios de minería artesanal.

En el mapa de las concesiones mineras del MINEM también figuran yacimientos mineros de mayor escala en el distrito aledaño a San José de Ushua. Cabe resaltar que en las declaraciones que dio el alcalde a América Noticias, «este es un caso extraño, no es por consumir el alimento, no, este es un caso que nos está afectando, un fenómeno. Es un tóxico que está en el ambiente y está centrado en el distrito». Indicó que otras personas que no estuvieron presentes en el velorio fueron afectadas y presentaron síntomas de intoxicación.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Al respecto, el Secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke señaló “que se debe investigar bien el origen de la intoxicación, se deberían hacer pruebas de agua y suelo en la zona para determinar el agente contaminante”. Añadió que por eso es tan importante tener protocolos de atención para personas afectadas por metales tóxicos y hacer el seguimiento del estado de salud.

Hace una semana, el Ministerio de Salud presentó la propuesta de Política Nacional para atención a afectados por metales tóxicos donde se establecen lineamientos para atención prioritaria. En otras regiones de país se ha comprobado que la presencia de metales y metaloides en el aire, agua y suelo han desencadenado intoxicación y enfermedades en la población. Ese es el caso de Cerro de Pasco y La Oroya donde las pruebas de sangre en niños y niñas han dado como resultado que los evaluados tienen hasta cuatro tipos de metales en su organismo.

Foto de portada: Perú21

En la foto  la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm y Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia

Una carta de la Unión Europea (UE) llama la atención al Perú sobre el cumplimiento del acuerdo comercial en materia ambiental y laboral. El 30 de julio, la Comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstiröm, envió una carta al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia donde expresa sus preocupaciones sobre varios puntos del acuerdo comercial con UE que se refieren a medio ambiente. Así, el Perú estaría incumpliendo con el acuerdo comercial en el Título IX sobre Comercio y desarrollo Sostenible (TSD).

La comisaria afirma en la misiva que la Unión Europea desea garantizar una actividad económica que contribuya al Desarrollo Sostenible. En un punto de documento señala que no hay participación de parte de la sociedad civil en la implementación del TSD. Con ello, reafirma el pedido que las organizaciones de sociedad civil en el Perú han realizado, de participar de los espacios de seguimiento en materia ambiental y laboral. Esto ante la necesidad de transparencia y garantizar el cumplimiento de derechos.

En la carta también se afirma que “en materia de protección ambiental, como se discutió el pasado noviembre en Lima (con delegación de UE que llegó al Perú), la simplificación de procedimientos administrativos en materia ambiental no debería conducir a una disminución del nivel de protección ambiental”. Esto se debe a que el Estado peruano ha dictado una serie de paquetes normativos y de políticas públicas que han disminuido los estándares de calidad ambiental en pro de atraer inversiones, lo que justamente el Acuerdo Comercial prohíbe en su artículo 277.

Cabe recordar, que el Estado Peruano ha dictado normas que redujeron el estándar de calidad de aire (ECA) para posibilitar la venta del Complejo metalúrgico de La Oroya y el funcionamiento de la refinería de Ilo para facilitar el proyecto minero Quellaveco. Ello ha sido señalado reiteradas veces por organizaciones sociales entre las que se encuentra Red Muqui. También, se han pasado por alto sanciones respecto de la situación de los pasivos ambientales de San Mateo, que involucró en su momento a la empresa minera Nyrstar de capitales belgas.

Recientes normas emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), ya en el Gobierno del Presidente Vizcarra, han dado facultades para facilitar expropiaciones, las que se han aplicado en el caso del proyecto Toromocho, otorgando tierras a la empresa minera china Chinalco, y afectando los derechos de las familias que aún no habían sido reasentadas de la ciudad de Morococha antigua, facilitando el proyecto con la agudización de una nueva situación de imposición y conflicto.

Estas mismas normas que favorecen expropiaciones en favor de la SBN, también ponen en peligro a comunidades y poblaciones con tierras no tituladas, que no hayan inscrito sus títulos o que éstos tengan “errores”. También, mediante el Decreto Legislativo Nro. 1360 se deslegitima el rol de gobiernos regionales en el reconocimiento de pueblos indígenas u originarios, lo que afecta el respecto a sus derechos colectivos, en especial a que sus territorios ancestrales no sean otorgados en favor de otros intereses, fundamentalmente económicos, condenándolos a su desaparición.

Frente a todo este panorama, la comisaria de comercio de la UE indica en la misiva dirigida al MINCETUR, que realizará una visita de investigación a Lima “en otoño para seguir discutiendo las preocupaciones de la Unión Europea”. En dicha reunión se convocarán autoridades y sociedad civil, en la que desde Red Muqui esperamos participar.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke comento que se “ espera que hasta entonces que el gobierno responda a las preocupaciones de la UE, con acciones concretas, sobre la “disminución de la protección ambiental”, la “regulación de actividades industriales para lograr la protección efectiva del medio ambiente, y la necesidad de garantizar la capacidad institucional (en materia ambiental), resquebrajada con los paquetes normativos que han limitado sus funciones, además de generar espacios de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Comercial en materia ambiental y laboral con participación de la sociedad civil”.

Derechos Humanos sin Fronteras.- Después de 8 años de procesos e investigaciones, el último 20 de julio, al promediar las once de la mañana, Los Magistrados del Juzgado Colegiado de Cusco declararon sentencia absolutoria a favor de los dirigentes de Espinar procesados por las manifestaciones en contra del proyecto ‘Majes Siguas’.

Como se recuerda en el año 2010 en la provincia cusqueña de Espinar, la población inició manifestaciones y protestas en defensa de sus recursos hídricos que se verían afectados por del otorgamiento de la licitación para ejecutar el proyecto de la represa de Angostura.

Ante estas manifestaciones, Horacio Quispe Succllo, Edgar Zevallos, Nestor Cuti, entre otros dirigentes, fueron denunciados por la Fiscalía por los supuestos delitos de extorción, disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos.  Después de varios años de investigaciones a los dirigentes mencionados por parte de la Fiscalía Penal Corporativa de Espinar, recién en marzo del presente años inició el juicio oral en el Juzgado Colegiado de Cusco.

Luego de cinco meses de permanentes audiencias en etapa de juzgamiento, los testigos y los medios probatorios ayudaron a reafirmar la inocencia de los procesados. La defensa y asesoría legal, en el último tiempo del proceso, estuvo a cargo de las y los abogados de Derechos Humanos sin Fronteras. Esta sentencia marca un precedente importante para empezar a cuestionar los casos en que la Fiscalía criminaliza la protesta social.

El señor Vizcarra dice que dictará las normas que los peruanos reclaman y no le temblará la mano para hacerlo. También que se requiere de ciudadanos comprometidos con la Republica y dispuesto a actuar cuando sea necesario. Habla de los avances a nivel regional y local de la descentralización, pero sigue tomando decisiones centralizadas en la actividad minera, pasando por encima de los procesos de ordenamiento (ya no vinculante) y de los planes de desarrollo a nivel regional y local, como priorizar inversiones descentralizadas desde los propios gobiernos regionales y locales o más bien se busca hacer depender las decisiones y centralizarlas, ojalá que los avances en la descentralización no sigan ese camino. Hay mucho aún por evaluar del discurso presidencial, pero está clara la perspectiva en materia económica, en lo relativo a la minería, y las implicancias que ello va a seguir generando en nuestro país, en la labor de nuestras instituciones, y en el acompañamiento a las comunidades y poblaciones que realizamos.

También Quellaveco que acaba de anunciarse sale, y qué es de Moquegua  y del el impulso para ganar el canon con el Moqueguazo cuando era presidente regional. El señor Vizcarra habla de educación intercultural para nuestros pueblos indígenas. Está muy bien que se aplauda los avance, pero si las propias normas de su gobierno como la 1366 ponen en riesgo los territorios de las comunidades, si la consulta previa es una pantomima… si se busca desaparecer a nuestros pueblos indígenas u originarios… que respeto se tiene hacia ellos? Comparto, un resumen de los puntos resaltantes del discurso presidencial para su análisis detallado.

Ambiente

Diversidad ambiental sustenta nuestra gastronomía, pero está en peligro. Ya aprobamos la Ley de Cambio Climático

Todos debemos aportar al cuidado del ambiente y necesitamos cambiar los patrones de producción y consumo del plástico. Llama a evitar su consumo…. y eso es todo lo que dijo del ambiente.

¿Y los ECA aire que se elevaron 12 veces para poder vender el complejo de La Oroya?… para posibilitar la refinería de Ilo

 

En Corrupción y Reforma del Poder Judicial

Anuncia que se ha creado el Plan Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción 2018. Hay 7 sectores involucrados desde el Estado. Informa que existen anteproyectos de ley de Tipificación de delito de corrupción privada, colusión de intereses. Se hará pública la información de contratos, denuncias, informes por transparenciaProblema de justicia en él Perú es estructural. La labor de los periodistas de investigación se encuentra amparada en tratados internacionales de derechos humanos.Información política y económica en el Poder Judicial era un secreto a voces.Vizcarra presenta medidas para mejorar el sistema de justicia, incluyendo 10 medidas de aporte de la Comisión que se conformó para ello.

Inhabilitación perpetua de jueces y abogados vinculados con corrupción es una de las medidas.Presenta 6 proyectos de ley:

  1. Creación de la autoridad nacional de integridad del Poder Judicial, diferente a la OCMA.
  2. Limitar actuación del Ministerio Público en procesos contencioso administrativos.
  3. Modificación de la ley de transparencia para dar mayor información del Poder Judicial.
  4. Probidad en el ejercicio de la abogacía. Sanciones a abogados
  5. Crea sistemas de fiscales especializados por delitos en la administración pública
  6. Creación de Consejo para la reforma del sistema de justicia.

Referéndum

Plantea modificación constitucional a través de referéndum de forma de elección de jueces en el CNM y la elección de sus miembros.

Entre los temas centrales de la reforma busca inversiones sostenibles y desarrolloSumará a referéndum plateado otros temas que amerita decisiones

Los Otros tres temas para referéndum:

  1. Reelección de los congresistas
  2. Financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales
  3. Bicameralidad sin que ello signifique sumar más  congresistas

Asume que su gobierno nació de la inestabilidad política, e invoca a los poderes del estado y la ciudadanía a asumir responsabilidades.

Sobre reconstrucción con cambios

Plantea proceso simplificado para realizar obras a través de nuevos decretos como el 1366.

Ese decreto es uno de los que cuestionamos en al artículo que compartí con ustedes hoy por la mañana.

Parte del paquete normativo de fiestas patrias que hemos denunciado.

Respecto a la economía.

Habla de encontrar economía frenada y que generó incremento de la pobreza. Él olvida que es parte de ese gobierno.

Busca potenciar inversión pública y privada para mejorar los ingresos, y potenciar el crecimiento que llegará al 4% el 2018.

Transferencia de recursos a GOREs y Municipalidades han aumentado inversión y obras que están aportando a la mejora de la economía en base a la generación de infraestructura con hospitales, colegios y obras de riego… ese es el centro de la economía actual…

Plan nacional de competitividad y productividad ha sido publicado ayer y es otro centro de la economía.

Nuevas medidas de impuesto a la renta busca mayor ingreso, masificar uso de comprobantes de pago para desalentar la evasión.

Crecimiento económico no pasa por nuevos impuestos sino con dinamismo de la inversión, y mayor formalización.

Habla de asumir conflictos laborales para mejorar el empleo y la producción, pero no habla de los conflictos socio ambientales…

Sobre los sectores productivos

En Agricultura informa Plan Nacional de Cultivos, para mejorar condiciones de vida de 1 millon 800 mil familias productoras. Prioriza los números de exportación generados por la agroindustria.

Importantes inversiones mineras: Michiquillay, Toromocho, Quellaveco, Corani, Pampa de Pongo, entre otros proyectos con más de 15 mil millones de dólares

Interés como dijimos es formalizar a los mineros pequeños e informales para que aporten con impuestos con preocupación en lo ambiental. Está claro cómo hemos denunciado que no es solucionar el problema a de la minería ilegal y sus impactos, sino lograr más ingresos económicos sin importar sus impactos ambientales y los riesgos para las poblaciones especialmente comunidades…

Más de 3 millones son agua potable y 8 millones sin alcantarillado. El agua potable es un derecho humano. Se ha priorizado obras para ampliar cobertura de agua potable. Pero y la protección de las fuentes de agua de donde viene el recurso hídrico para actividades económicas alimentarias y para en consumo humano… quien lo protege…

si se afectan con contaminación minera las fuentes de agua y se prioriza otorgarlas para que las tengan las industrias extractivas, de donde va a venir el agua potable para las poblaciones y comunidades.

De qué sirve entonces declarar el agua potable como derecho humano si no se protege las fuentes de donde viene.

 

En Salud

 

Tratan de mejorar calidad de atención, pero en especial infraestructura. Todo lo está entrado en infraestructura. El tema son dotarlos de médicos, paramédicos y enfermeras… y políticas y protocolos, los hospitales que se impulsen construir…Red nacional de telesalud interconecta 158 centros de salud para atención especializada e información sobre medicamento. Se va a implementar visualización on Line de las historias clínicas de los pacientes. Ojalá se aplicara dichos procesos a los casos de atención de intoxicados por metales tóxicos. Ni una palabra respecto de esta realidad que ha generado serios conflictos ambientales y sigue ocasionando muertes en especial de niñas/os a nivel nacional en especial en zonas mineras.

 

Lima, 28 de julio de 2018

Javier Jahncke

Se declaró en Estado de Emergencia los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, por peligro de ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca. Así se señala en el Decreto Supremo N° 077-2018-PCM emitido el sábado 28 de julio.

Cabe recordar que Quiruvilca es un antiguo yacimiento minero que tuvo unos 388 años de operación. En ocasiones anteriores se había reportado que los pasivos mineros estaban contaminando el Río Moche, sin embargo, no se tomaron acciones para su remediación. En una ocasión anterior Red Muqui alertó sobre la afectación del río y los problemas de salud que se estaría ocasionando a la población.

En la declaradoria de emergencia que fue publicada en el Diario El peruano el viernes pasado, se señala que existe un peligro inminente generado por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca,  ello que afectaría la salud de la población. También se señala que tras haber sido sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de La Libertad la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)  declaró el Estado de Emergencia en un plazo de sesenta (60) días calendario, en los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad. Se espera la ejecución de acciones inmediatas de remediación.

Nuevas concesiones mineras se están dando en Ayabaca, Piura. El viernes se publicó el Decreto Supremo N° 016-2018-EM que declara de necesidad pública la inversión privada e actividad minera y autoriza a la empresa minera: Sociedad Minera San Miguelito S.A.C., a adquirir derechos mineros dentro de los 50 km. de zona de frontera en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Eso se da a pesar de que la Constitución peruana señala en el artículo 71 que no se pueden realizar actividades económicas en zonas froterizas, pero se ha dado un Decreto para hacer una «excepción». No se trata del único caso donde se aplica , hay otros permisos dados en esa zona como el que se otorgó al proyecto minero Río Blanco.

 

El principal accionista de Sociedad Minera San Miguelito SAC. es la empresa canadiense Plexmar Resources INC. que tiene el 99.9% del capital social, siendo que el 0.01% del capital restante está a nombre de Danilo Guevara Cotrina. Guevara es abogado y es apoderado además de San Miguelito, de Sociedad Minera Corona S.A.C., Minera Ate SAC. y de Dia Bras Perú SAC.

La empresa minera canadiense Plexmar Resources INC informó que cuenta actualmente con 24 concesiones que cubren un total de 22.500 hectáreas en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Este es un segundo decreto a su favor que esta vez autoriza en total 2000 hectáreas, que sumadas a las 1800 hectáreas ya autorizadas en enero del 2018 con otro decreto similar, ya suman 3800 hectáreas con autorización de ser operadas para minería en zona de frontera.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL se sumó al llamado mundial que cada año en esta fecha se realiza, para expresar la indignación por los efectos que causa la minería en todo el mundo. El siguiente texto fue compartido por ellos para reflexionar sobre la minería a cielo abierto en la región:

Vemos con preocupación la permanente presión de las empresas mineras y los gobiernos que las patrocinan, sobre las comunidades y ecosistemas que muchas veces son brutalmente agredidas para dar paso al extractivismo minero desenfrenado.

A pesar que ese extractivismo minero no hace más que profundizar las desigualdades, la injusticia, la pobreza, la corrupción y la dependencia en muchos países, vemos que las elites gobernantes sostienen el modelo extractivista como única opción económica, sin medir sus consecuencias.

Gobiernos conservadores, neoliberales y alternativos, defienden el extractivismo minero como si fuese la respuesta a los innumerables problemas que viven nuestras sociedades.

Por el contrario, vemos como ese modelo de explotación brutal de minerales, condena cada vez más a las comunidades a la pobreza, el desarraigo, la violencia, la crisis ética, la corrupción de la política.

No solo sobre la tierra, arrollando ecosistemas frágiles y desplazando comunidades. También el el fondo marino, sin medir las fatales consecuencias para la sobrevivencia del planeta.

La actividad minera ya ha producido suficientes crisis hídricas en países de la región, además de poner la energía a su servicio, con las tremendas consecuencias que vemos a diario.

Es por ello que la minería muestra tal grado de conflictividad en el mundo.

América Latina es una muestra de lo que sucede a nivel planetario. Con mas del 25% del aporte en minerales a nivel mundial y con enormes yacimientos de varios minerales tanto metálicos como no metálicos, expresa a través de la conflictividad con la actividad minera, su desacuerdo con el extractivismo minero.

Nuestro mapa de conflictos mineros de América Latina registra ya casi 250 conflictos entre comunidades, empresas mineras y Estados y pone de relieve el carácter brutal de la conflictividad con más de 170 casos de criminalización que afectan a defensoras y defensores de derechos frente a la minería.

Mientras crece la presión por explotar minerales a como dé lugar, aumenta también el rechazo a la actividad en todo el mundo.

Imaginarse un mundo sin minerales es casi imposible, pero uno donde estos estén al servicio de las necesidades fundamentales y no al servicio de la especulación, la concentración de capitales, la dominación, la opresión y la violencia, no solo es perfectamente posible sino absolutamente necesario.

El post-extractivismo es por ahora la respuesta ante esta ola de destrucción natural, física, cultural, espiritual y biológica.

Suspender la minería actual hasta repensar una existencia del planeta con futuro es también una necesidad urgente con la que podemos y debemos comprometernos.

Los defensores de derechos humanos están siendo perseguidos en el Perú. Red Muqui alertó sobre las amenazas que estaba recibiendo el presidente de la central única de ronda campesinas de Huancabamba en Piura, Isaac Huamán quien nos dio detalles de lo sucedido.

El dirigente afirmó: “difundimos un pronunciamiento por las redes sociales, donde alertamos sobre el Proyecto Minero Río Blanco, después de ello, han surgido amenazas”. Agregó que dos ciudadanos habían llegado a su casa preguntando por él y amedrentaron a su familia. “No saben con quién se han metido”, le habrían dicho a su hermano. “Días después también recibí llamadas donde se me acusa de haber recibido dinero y me dicen que me van a buscar en el colegio donde trabajo, tengo esa información para hacer la respectiva denuncia”, aseveró.

El comunicado de las Rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba fue difundido por Red Muqui el 10 de julio. Allí se daba a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura.  En el comunicado se señalaba que:

“Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible”.

También, se denunciaba las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper para obtener licencia social en la zona como la compra de dirigentes, las dádivas y la infiltración en las organizaciones para generar división entre la dirigencia. El comunicado rechaza que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba. “Lo ha hecho sin tomar en cuenta de que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo de 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento”, se lee en el documento.

Días después de este comunicado iniciaron las amenazas como señala el rondero Isaac Huamán. Ante esta situación, Red Muqui lanzó la alerta que ha sido compartida en redes sociales por cientos de personas. Isaac Huamán ha señalado, que va tomar las medidas legales pertinentes.

Cabe señalar que el 10 de abril de este año, que Gianni Magazzeni, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigió una carta al Ministerio de Relaciones exteriores de Perú donde da una serie de recomendaciones.  En la carta se pide al gobierno peruano “Adoptar medidas concretas para garantizar la protección de los defensores/as de los derechos humanos, que incluyan el establecimiento de un mecanismo específico y la finalización del protocolo de protección”.

 

Foto de portada: La República