Han transcurrido tres años desde que se inició uno de los conflictos más violentos suscitados en Espinar – Cusco. Las demandas de las comunidades locales  y las organizaciones sociales provinciales estaba centrado en la atención a la contaminación ambiental que se percibía en el entorno minero,  la revisión y reformulación de un nuevo Convenio Marco con la empresa minera, la revisión de las políticas de relacionamiento de la empresa con las comunidades campesinas, entre otros.  Luego de varios días de paralización con enfrentamientos entre pobladores locales y efectivos policiales, el 28 de mayo terminó con el lamentable saldo de 3 personas fallecidas , una decena de heridos, 26 personas detenidas y posteriormente dirigentes y un alcalde encarcelado y la declaratoria de Estado de Emergencia en la provincia de Espinar. Frente a ello el gobierno instaló una Mesa de Diálogo para suspender y atender al conflicto.

Luego de la Mesa de Diálogo, que duró desde junio del 2012 a diciembre del 2013, se avanzó muy poco en su implementación. El 2014 fue un año casi muerto en términos de cumplimiento de compromisos  de parte del gobierno central, además de que fue un año marcado por el contexto electoral (elecciones regionales y municipales). En los últimos meses del 2015, la población espinarence ha reclamado la falta de cumplimiento de estos acuerdos en distintos foros, encuentros, y movilizaciones. A la vez, el Ministerio del Ambiente ha presentado a Espinar como un caso exitoso de diálogo y de resolución de las problemáticas que dieron origen al conflicto.

En ese sentido nos parece pertinente hacer un balance sobre lo avanzado y retrocedido en todo este tiempo, ya sea en materia ambiental, económico y en el aspecto socio-político en la provincia de Espinar.

El medio ambiente y la salud humana. Dentro de la Mesa de Diálogo de Espinar del 2012 se creó un sub grupo de trabajo para que se atienda la problemática medio ambiental de Espinar. En este grupo de trabajo hubieron algunos avances, ya que por primera vez varias instituciones del Estado realizaron un “Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar” donde participaron: DIGESA, OEFA, ANA, SENASA, INGEMMET y CENSOPAS. Los resultados se este informe señalan que sí existen niveles de contaminación y riesgos en la salud de las personas en el entorno del proyecto minero Tintaya – Antapaccay de la empresa Glencore-Xstrata. En ese sentido se identificaron metales pesados más allá de los límites establecidos por la ley, en el agua, el suelo y los sedimentos. Aunque ellos lo llamaron puntos críticos, se pueden entender bien como niveles de contaminación en un 52,7 %. Uno de los acuerdos además fue la aprobación de un Plan de Medidas Sanitarias y Ambientales de Corto, Mediano y largo Plazo, así mismo se creó un Comité de Gestión y Seguimiento del Plan de Acción Ambiental para hacer seguimiento a estos acuerdos.
Desde el 2012 hasta la fecha tanto ANA, OEFA como DIGESA han venido realizando sus respectivos monitoreos, cuyos resultados en algunos casos han sido cuestionados por el gobierno local de Espinar y la población afectada. Un tema neurálgico en todo este proceso es que hasta el momento no se ha establecido la causalidad de la contaminación en Espinar, a la fecha OEFA a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) debería generar estos resultados en los próximos meses para que determinen la causa de la contaminación.

En relación a la salud humana; es importante señalar que el gobierno solo reconoce el informe de CENSOPAS del 2013 y no del primer informe realizado por la misma institución en octubre del 2010 donde se revela que de las 33 muestras tomadas en la zona de influencia de la mina, en todas, las personas  presentan niveles de mercurio por encima de los estándares establecidos, para el consumo de agua según la legislación peruana.

Además en relación al informe de CENSOPAS del 2013 donde se analizó muestras de orina en 180 comuneros de las comunidades de Alto Huancané y Huisa, se detectó arsénico en la orina del 100% de los comuneros, así como cadmio, manganeso, mercurio, plomo y talio; luego se supo que otros 11 metales habían sido analizados en los 180 comuneros, sin su consentimiento, lo que resulta aún más grave es que recién en diciembre del 2014 fueron entregados los resultados de estos 11 metales pesados, dichos estudios demostraban la presencia de otros metales en sus cuerpos, superando ampliamente los límites permisibles. Es decir se habían realizado análisis en 17 metales pesados.

Lo preocupante es que aun sabiendo de estos resultados el gobierno central a través del MINSA no hizo nada para atender a las personas afectadas con metales pesados en todo este tiempo, el 2015 se anunció la implementación de un Plan de Salud para Espinar , algunos especialistas han señalado que este plan tendría varias deficiencias y vacíos. Por lo pronto hace unas semanas los afectados por metales pesados y comunidades del entorno minero han iniciado un proceso judicial contra el Estado Peruano, presentando una demanda de cumplimiento contra varias instituciones del gobierno central para que se atienda de inmediato el estado de salud de estas personas  y se declare en emergencia ambiental a esta provincia.

Sobre el plan de inversiones para Espinar. Culminada la Mesa de Diálogo en diciembre del 2013, el gobierno central anunciaba públicamente una inversión de más de 1,000 millones de soles provenientes de diferentes carteras ministeriales, el gobierno regional del Cusco y el mismo gobierno local de Espinar. De esa lluvia  de millones poco se ha visto en Espinar, por el contrario el 2013 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo en más del 90 % el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Espinar, dejando sin presupuesto la culminación de algunos proyectos que había iniciado el gobierno local .

Luego de casi dos años de inacción, el gobierno central anunció otra vez vía Ministro de Salud para este año otra lluvia de inversiones, esta vez se dijo que el gobierno invertirá S/. 1,200 millones en Espinar entre el 2015 y el 2016 , y estas se realizarían a través de los sectores de Agricultura, Ambiente, Energía y Minas, Salud, Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda y Construcción. Así mismo el Ministerio de Salud anunció la construcción de un nuevo hospital en Espinar valorizado en S/.170 millones.

Esta especie de anuncio de una lluvia de millones  para Espinar repite la misma fórmula de hace dos años: anunciar grandes inversiones cuando buena parte de estos presupuestos tienen que ver con montos ya comprometidos como parte de los gastos anuales en los ministerios. En este sentido, no representa una inversión adicional sustancial para la provincia.

Contexto socio-político. Desde el conflicto de mayo del 2012 hasta la fechas las principales organizaciones sociales de Espinar (FUDIE; FUCAE, FUJEK, AUPE entre otras) han ingresado a una especie de transición social. Los nuevos dirigentes le han dado otro matiz a sus organizaciones, en base a las demandas y agendas que cada una de ellas tiene o plantea. Por un lado el FUDIE no tiene la fuerza ni el peso organizacional de hace años y su principal bandera reivindicativa es la negativa al proyecto Majes Siguas II; la FUCAE se encuentra en etapa de recomposición de sus bases, y su principal demanda es la atención al sector agropecuario, aparte de que en los últimos meses han vuelto a levantar la agenda minero – ambiental en Espinar; en el caso de la organización de jóvenes FUJEK,  se mantiene su capacidad organizativa y han apoyado decididamente la derogatoria de la ley pulpin, sin embargo todavía falta su consolidación organizacional.

Por todo ello en el periodo de implementación (2013-2014) de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y en pleno proceso electoral estas organizaciones tuvieron un rol bastante pasivo. Sin embargo para el 2015, teniendo ya electo al nuevo alcalde provincial, y haciéndose público el reclamo de las comunidades afectadas por la minería, las organizaciones sociales sobre todo la FUCAE, FUJEK y AUPE han vuelto a tomar la iniciativa, a través de las movilizaciones convocadas en marzo, y el último encuentro nacional convocado para el 19 y 20 de mayo en Espinar, esto por conmemorarse el día de la dignidad espinarence.

 

Por: Jaime Borda
Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco (DHSF)

El Congreso de la República aprobó hace algunos días la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, que ha sido publicada en El Peruano el pasado 21 de mayo.  Esta ley establece un conjunto de disposiciones con el fin de simplificar e integrar permisos y procedimientos, principalmente, en temas de  evaluación del impacto ambiental, servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal y expropiación de bienes inmuebles para obras de infraestructura de gran envergadura.

Algo que no debería pasar desapercibido de la referida ley, y que motiva el presente artículo, es el procedimiento establecido para la servidumbre sobre los terrenos eriazos de propiedad estatal, pues se trata de un procedimiento que vulnera derechos ganados a los gobiernos regionales con el proceso de descentralización y que pretende obviar intentando recentralizar competencias que fueron otorgadas a dichos gobiernos desde el año 2003.

En el año 2002, el propio Congreso de la República aprobó la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización – LBD y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – LOGR, estableciendo entre las competencias exclusivas de los gobiernos regionales, la competencia de “Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal” (artículos 35° y 10° de ambas leyes respectivamente). Durante el gobierno del presidente Toledo la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN que por aquella época se encontraba adscrita al sector del MEF inició el proceso de transferencia de las funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado señaladas en el artículo 62° de la LOGR. Fue un proceso gradual porque los gobiernos regionales no las habían desempeñado anteriormente y entonces, requerían contar con equipos de profesionales adecuadamente capacitados para lograr un buen desempeño de las mismas. Además, para ello tendrían también la asistencia técnica de la SBN.

Los primeros gobiernos regionales que lograron acreditar las funciones en esta materia entre los años 2005 y 2006 fueron Lambayeque y Tacna. El MEF emitió la Resolución Ministerial N° 429-2006-EF/10 (2006-07-26), con la que dio por concluido el proceso de transferencia. A los pocos meses el MEF emitió la Resolución Ministerial N° 656-2006-EF/10 (2006-12-02), dando también por concluido el proceso de transferencia para los gobiernos regionales de Amazonas, Arequipa, San Martín y Tumbes. En los siguientes años el gobierno del presidente García no continuó con el proceso de transferencia de estas funciones para ningún otro gobierno regional, así como tampoco lo ha hecho el presidente Humala en lo que va de su periodo, permitiendo que la SBN continúe ejerciendo una competencia que desde el año 2003 ya no le correspondía ejercerla según lo establecido en la legislación de la descentralización del Estado. Sin embargo, los mencionados gobiernos regionales desde que recibieron formalmente las funciones han venido ejerciendo esta competencia exclusiva emitiendo, por ejemplo, actos resolutivos sobre los terrenos de propiedad del Estado que se encuentran bajo el ámbito de su jurisdicción.

La citada ley de promoción de las inversiones recientemente aprobada por el Congreso hace mención a los terrenos eriazos de propiedad estatal en varios de sus artículos para la realización de proyectos de inversión. Destacan los artículos que van del 18° al 27° respecto a la servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal. En ninguno de ellos se hace referencia a los gobiernos regionales como la autoridad legítimamente competente a quien, en todo caso, debería solicitarse la servidumbre. La norma cierra el círculo de este procedimiento “simplificado” como un arreglo solamente entre los sectores competentes y la SBN, y donde los gobiernos regionales quedan completamente al margen. No hay una sola referencia a la participación de los mismos.

Queremos pensar que  se trata de un apresuramiento y desconocimiento por parte de los congresistas del marco legal vigente sobre el proceso de descentralización; pero al haber sido promulgada, corresponde a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y a los seis gobiernos regionales que actualmente ejercen esta competencia exclusiva demandar la inconstitucionalidad de esta ley ante el Tribunal Constitucional, puesto que se contrapone explícitamente al mandato de dos leyes orgánicas de mayor jerarquía, la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que les confiere plenos derechos a los gobiernos regionales para actuar de manera exclusiva sobre la materia en cuestión.

 

Ricardo Muñoz Portugal

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ASEGURA OFICINA DE DIÁLOGO

  • En oficialización de la mesa con Cotabambas no se incluyó a provincia de Grau
  • Días hábiles para instalación de mesa con Cotabambas finalizó el viernes 27
  • Aun no se fija la fecha de reunión con dirigentes y autoridades

El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Ávila Herrera, anunció que en los próximos días, el Ejecutivo creará una mesa de trabajo aparte, con la provincia de Grau que también tiene distritos y caseríos en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas en Apurímac.

“Muy pronto vamos a expedir una norma para crear la mesa de desarrollo de Grau. En los próximos días se debe estar publicando la norma. Por supuesto que la provincia de Grau va a estar en parte de todo el desarrollo en la mesa de trabajo”, indicó a RED MUQUI.

Algo incómodo, Ávila no respondió porqué la PCM no informó a los alcaldes y dirigentes sobre la suspensión de la reunión de diálogo del lunes 16 y tampoco, porqué se emitió la oficialización delGrupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” recién el 15 de noviembre (R.M. Nº 263-2015-PCM).

“Lo que le puedo decir es en que todas las comunidades que están en la zona de influencia del proyecto de Las Bambas, nosotros vamos a garantizar su desarrollo sostenible. Ese es un compromiso”, respondió escuetamente a RED MUQUI.

No hay fecha de reunión con Cotabambas

La Presidenta del Comité de lucha Virginia Pinares de las provincias de Cotabambas y Grau, comentó a RED MUQUI que aun están a la espera de que el Ejecutivo les garantice en un documento que se tocarán sus puntos de reclamo. Mientras tanto, los distritos de Haquira, Cotabambas, Tambobamba y Coyllurqui, ya tienen a sus representantes designados para dialogar con el Gobierno central.

“Insisten en que acreditemos a nuestros representantes, pero no nos dicen el día de la reunión, y tampoco nos dan garantías de tratar nuestras demandas, pese a que le hemos pedido un documento de compromiso. Lamentablemente la gente desconfía de ellos. Debieron trabajar desde el principio con nosotros, los dirigentes”, dijo Pinares.

La dirigente del comité de lucha de ambas provincias indicó que algunos de los dirigentes no desean dialogar hasta que la PCM no garantice poner en agenda el memorial del 16 de noviembre, que les fue remitido desde Tambogrande.

El presidente del Frente de defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reiteró que están a la espera de la respuesta del memorial en el que se espera participar de una “Mesa de diálogo” y no de una “Mesa de trabajo”.

“Esperamos que cambien la denominación de esta mesa, queremos que sea “de diálogo”, porque lo que queremos es la modificación del EIA, y ese tema no incluiría una mesa de trabajo. Hasta ahora no hay respuesta de nada, ni siquiera de una posible fecha de reunión”, manifestó.

Abarca adelantó que de no haber respuesta la semana que viene, se llevarán a cabo asambleas distritales y dejar en manos del pueblo la decisión a seguir.

Que dice el memorial

Como se recuerda, el lunes 16 pasado, el Ejecutivo suspendió la primera reunión de diálogo en Las Bambas, lo cual fue tomado como un desplante por los alcaldes y dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau.

Es por ello que en conjunto emitieron un pronunciamiento en el que exigieron modificar las condiciones para llevar a cabo este proceso; una de ellas fue la inclusión de los representantes de Grau, los cuales no han sido tomados en cuenta en el Grupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”.

“(…) No están incluidos nuestros hermanos de la provincia de Grau, lo cual es rechazado (…) exigimos que sean incluidos los representantes de la municipalidad distrital de Progreso y su sociedad civil organizada”, exhorta el pronunciamiento.

De igual modo los frentes de lucha de ambas provincias, solicitan que sus autoridades y líderes sociales puedan elegir hasta 10 representantes ante esta mesa de trabajo.

Otro reclamo importante a la norma, es que la oficialización de un “Grupo de Trabajo” se refiere a la “promoción del desarrollo”, sin miras a tratar los problemas que originaron el conflicto, como las cinco modificaciones sustanciales al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Pues varias de las modificaciones atañen a componentes principales del proyecto y fueron tramitadas a través de procedimientos extraordinarios, sin informar a la población.

Asimismo, los alcaldes distritales y dirigentes de Grau y Cotabambas consideran que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas que ellos solicitaron, anteriormente, para la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno, la Empresa Minera MMG Las Bambas, la Sociedad Civil Organizada y las Autoridades Locales. Ahora reiteran este pedido: Liberación de los dos detenidos, indemnización para los deudos de los caídos en el paro, archivamiento de las denuncias y cese a la persecución de los dirigentes, y atención e indemnización a los heridos.

“Manifestamos contundentemente que los 11 puntos contenidos en el MEMORIAL presentado el 29 de octubre del presente año, sean debidamente respetados conjuntamente con la Carta circular que defiende la situación de cautiverio de las 23 familias al interior de la mina en Fuerabamba”, expresa el pronunciamiento suscrito el 16 de noviembre.

Otra respuesta a la suspensión del diálogo, fue el rechazo a la militarización de la zona que el Gobierno central, nuevamente decretó de sorpresa el sábado 14 de noviembre, un día antes de oficializar el Grupo de Trabajo para Cotabambas.

El texto aborda la construcción de la representación de los Pueblos Awajún y Wampis, en los diversos momentos de su relación con el Estado Peruano, culminando en la caracterización del estado actual de la disputa de esa representación entre la reciente organización “Nación Awajún y Wampis del Perú-NAWP”, iniciativa creada en el marco de eventos oficiales del Plan Binacional, y el grupo de organizaciones  liderados por el Consejo Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis –CPPAW y la organización ODECOFROC que persisten en liderar la movilización por la defensa del territorio ancestral coordinando actividades con otras organizaciones y con la re-constituida “Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú-ORPIAN-P”.

La principal motivación de la autora – Marlene Castillo Fernández – y de CooperAcción, es que la publicación que presentan contribuya a un discernimiento mejor informado y formado sobre la naturaleza y alcance de la disputa por lograr reconocimiento de representación de los Pueblos Awajún y Wampis ante el Estado, las empresas extractivas y la opinión pública regional y nacional, antes y después del suceso conocido como “Baguazo” (05 de Junio 2009).

El Capítulo 1 presenta la situación de representación de estos dos pueblos indígenas amazónicos cuando había un proceso de consulta previa sobre la categorización de la Zona Reservada Santiago Comaina que fue extendida hasta la margen derecha del río Morona y de acuerdos con el Estado. El Capítulo 2 examina los cambios que se producen en la época de conflicto abierto con el Estado hasta el suceso del Baguazo. Posteriormente, en el Capítulo 3 se analiza la situación de la disputa de representación profundizando “lo representable”, “los representantes” y “los representados” post Baguazo. Para finalmente, en el Capítulo 4 presentar una visión panorámica de la actual disputa a modo de mapeo organizacional en el territorio ancestral.

 

Esta publicación está especialmente dirigida a comunicar sus alcances a quienes desde su institución, organización y labor están preocupados por el reconocimiento efectivo de los derechos políticos de los Pueblos Indígenas en el Perú, lo que pasa por conocer y buscar comprender sus disputas – internas y externas – en la configuración y rumbos de los conflictos latentes y abiertos con las políticas estatales que denominamos colonizadoras y los proyectos principalmente minero-energéticos promovidos por dichas políticas.

No menos importante, es que también pretende llamar la atención sobre la demanda estratégica de diálogo intercultural con el Estado que viene planteando el grupo de organizaciones indígenas movilizadas, a razón de que no son escuchados ni convocados por las autoridades nacionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a pesar de la vigencia constitucional de sus derechos colectivos amparados por el Convenio 169 de la OIT. Precisamente la marginalidad de esta representación indígena en la interlocución con el Estado, es parte de la configuración del conflicto y del tránsito de lo que la Defensoría del Pueblo caracteriza como conflicto latente a  lo que  llama conflicto activo.

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Foto: Peru21

EN MARCHA POR EL CLIMA

Nuevamente la caravana de “Ciclistas de los Andes del Perú frente al cambio climático” recorrerá cientos de kilómetros desde la ciudad de Pasco hasta Lima para participar de la Marcha Mundial por el Clima que se llevará cabo en Lima, así como en distintas ciudades del mundo, y de manera con París, en el marco de la 21 Conferencia de las Partes.

En esta oportunidad, los ciclistas llevarán a Lima la “Declaración de los pueblos de montaña por un acuerdo climático justo y vinculante en la COP21” y la repartirán en la marcha. De igual modo, darán a conocer cada uno de los problemas y propuestas de los pueblos de montaña además de unirse a la voz de expresar y exigir un acuerdo climático justo y vinculante en la COP21.

Este documento, surgió de la sistematización de una serie de mensajes recopilados durante el primer recorrido interprovincial que los “Ciclistas de los Andes del Perú frente al cambio climático”, realizaron el 22 y 23 de octubre. Tras pedalear 246 km, los deportistas visitaron comunidades y ciudades, recogiendo información y demandas para llevar los “mensajes de los pueblos de montaña hacia la COP21”. Por esas fechas llegaron hasta Huancayo y entregaron dichos mensajes a los participantes de la Audiencia Climática que se desarrolló el 23 de octubre.

Asimismo, en diciembre, estos mensajes –contenidos en la “Declaración de los pueblos de montaña por un acuerdo climático justo y vinculante en la COP21”- serán compartidos por la sociedad civil, durante la Conferencia de Partes que organiza la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), es decir, la COP21.

Recorrido

El 28 de noviembre, esta caravana hará un primer recorrido de Morococha a Ticlio, registrando la contaminación ambiental en este lado del país. Al día siguiente, 29 de noviembre –día de la marcha climática a nivel mundial- se reunirán en el frontis de la Municipalidad Distrital de Ate y partirán desde las 7 de la mañana por la Carretera Central, rumbo a la Marcha Mundial por el Clima. Durante el trayecto, los atletas estarán acompañados por una movilidad de auxilio mecánico. Se calcula que a la 10:00 de la mañana este colectivo llegará al Parque Washington.

Organizan: RED MUQUI, Centro Labor de Pasco, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), FCVP, Municipalidades provinciales de Pasco, Junín y La Oroya, Municipalidades distritales de Matucana, San Bartolomé y Ate.

La COP21

En la COP 21 de Paris (Francia), nuevamente se reunirán estados y países para decidir el futuro del clima y de la humanidad. Todos esperamos que las partes de la CMNUCC suscriban un nuevo acuerdo climático justo, que apunte realmente a la mitigación respecto a la generación de los Gases de Efecto Invernadero (causantes del cambio climático).

Por eso las organizaciones sociales a nivel nacional e internacional vienen programando actividades alternativas a la COP21 para vigilar, llevar propuestas y exigir el compromiso con el futuro del planeta.

Por su parte, el Perú presentará el documento de las Contribuciones Nacionales Determinadas (iNDC) a la CMNUCC.  Por lo tanto, es necesario que los diversos sectores de la sociedad civil a nivel local y nacional continuemos involucrados en estas discusiones, generando propuestas y/o demandas principalmente para afrontar los efectos negativos del cambio climático.

AL PEDIR DERECHO DE RECTIFICACIÓN

  • Nota del diario indicaba que Mirtha Vásquez estaba a favor de minera Yanacocha

El Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES, envió una carta al diario La Répública, y le demostró que la nota periodística donde se afirma que la directora, Mirtha Vásquez, está supuestamente a favor de la ejecución del proyecto Conga, corresponde a una tergiversación de sus declaraciones.

En la misiva dirigida al director del diario, Carlos Castro, la abogada Mirtha Vásquez enfatizó en que jamás fue entrevistada directamente por ningún periodista de dicho medio de comunicación.

“Al respecto quiero manifestar que en principio el autor de la nota, el señor Edgar Jara que trabaja para su medio, nunca me entrevistó, ha tomado las declaraciones dadas por mi persona a otros periodistas locales, evidenciando esto una falta de seriedad en la publicación pues no se puede emitir una información en base a fuentes que no son propias sin citarlas”, señala la directora de GRUFIDES.

Como prueba de ello, Vásquez adjuntó un video con las declaraciones que brindó a otros reporteros, luego de culminado el Foro “Oportunidades para una Gestión Ambiental Sostenible en Cajamarca” del día jueves 12 de noviembre último.

“Respecto al contenido de mis declaraciones y la correspondencia con lo publicado en su diario, adjunto una copia del video fuente para probar que lo que se ha publicado no corresponde al titular sensacionalista y falaz que aparece en el diario”, enfatizó la también defensora de Máxima Acuña de Chaupe.

Tras rechazar que sus declaraciones hayan formulado algún pedido de escuchar propuestas respecto al Proyecto Conga, o de haber “dejado abierta ninguna posibilidad para su ejecución”, Mirtha Vásquez le expresó al director de La República su extrañeza e indignación por la nota periodística que evidentemente distorsiona de manera maliciosa, sus declaraciones a otros medios de comunicación de Cajamarca.

“En ese sentido denuncio la utilización de mis declaraciones de manera antiética para generar un titular falso y un contenido de la nota dirigido a inducir a una creencia errónea a los lectores, lo cual ha terminado no solo perjudicándome personalmente de manera moral, sino deslegitimando a nuestra institución respecto a las posturas que maneja y que son ampliamente conocidas”, aseveró.

 

Es así que GRUFIDES le solicitó a La República, la rectificación de dicha publicación, además de solicitar que se tomen las medidas del caso respecto al periodista Edgar Jara, a fin de evitar que continúe con estas malas “practicas” informativas que perjudican la seriedad de este diario.

Hace una semana, Mirtha Vásquez participó en el Foro: “Oportunidades para una Gestión Ambiental Sostenible en Cajamarca”, el mismo que fue organizado por la Comisión Técnica Regional (CTR) del proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT), junto al sector minero.

En la cita, se desarrollaron temas como: “La Minería en Cajamarca y el Nuevo Modelo de Desarrollo”, “Minería en Perú y en el Departamento de Cajamarca”, “Estado Ambiental del Departamento de Cajamarca: Avances y Desafíos del Sector Minero en la Gestión Ambiental” y “Experiencias en Gestión Ambiental Nacional e Internacional”.

En este espacio se realizó con el objetivo de generar un espacio de debate y propuesta sobre la gestión ambiental que se realiza en la región y el rol de la actividad minera y productiva en el cuidado responsable del medio ambiente. Participaron autoridades locales, regionales y nacionales, así como representantes de sector minero (Río Tinto Minera Perú, Gold Fields, Yanacocha y Proyecto La Zanja), el sector académico, de la sociedad civil organizada, profesionales, empresarios, y de entidades de la cooperación técnica nacional e internacional, involucrados en programas de desarrollo.

VER CARTA Nº 102 -2015-GRUFIDES-CAJAMARCA: http://bit.ly/1l6dCZ7

VIDEO con declaraciones completas de Mirtha Vásquez: https://www.youtube.com/watch?v=6DjmSO-qXHI

FOTOS: Captura YouTube / Portafolio periodístico de Tony Alvarado.

Por: Elqui Cruz / Geógrafo

El proceso de ocupación de tierras en el País, se remonta a los datos que la historia nos muestra en los periodos cronológicos de las culturas prehispánicas del antiguo Perú, sin embargo el futuro traería nuevos procesos de ocupación y concentración de tierras desde la aparición de un nuevo gobierno llamado colonia.

Muchos siglos después, este proceso de concentración de tierras, traería la preocupación de la ciudadanía en la década de los 50 y 60, ya que justo en este momento ocurrió un fenómeno en donde los pobladores del interior del país emprendieron un proceso de migración para ocupar las principales ciudades y capitales, buscando un mejor acceso a servicios, educación y empleo.

En estas décadas, la preocupación por la extensión y cantidad de tierras que algunas personas concentraban, llevo a buscar estandarizar sus dimensiones y establecerlas en 250 Hectáreas como propiedad individual (1) . En los años siguientes esta preocupación llevo a pensar en una nueva estandarización, la cual consiguió establecer en 150 Hectáreas (2) como máximo para la propiedad individual, preocupación que fue incorporada en la constitución de 1979, como un proceso permanente, es decir el país ya tenía claro que no era saludable para la planificación de un territorio, que la propiedad de la tierra se concentre en cantidad y extensión en solo un grupo de personas.

Décadas después, el país entra en un momento en donde la guerra interna dura más de dos décadas, generando otro fenómeno de movilización de la población que habitaba en el campo, fenómeno que fue inducido por la ocupación a la fuerza de grupos armados y despreocupación del propio Estado, obligando al abandono de tierras y terminando por desplazar a estas poblaciones nuevamente hacía las grandes ciudades del país. Este desplazamiento ya no solo sería por buscar mejores condiciones laborales y de servicios educativos, sino también por buscar una mayor seguridad, justicia y atención del Estado.

Sin embargo la preocupación por la concentración de la tierra en pocos individuos dejó de ser del interés de quienes tenían el gobierno en los años 90, promulgando la “Ley de Tierras” (3) , en la que no se define con claridad el tamaño o extensión de la tierra a la que puede acceder un propietario, como también no se define con claridad cuál sería el propósito del propietario en el uso de tierras de proporciones muy extensas. Acompañando a esta ley, surgen nuevos mecanismos para la promoción de la inversión en el sector minero (4) , en las que se le da estabilidad tributaria y con ello se abre todo un mercado dirigido por el MINEM y el INGEMMET, vía el Estado, para especular con la tierra y poner en concesión casi todo el territorio nacional, lo que ha conllevado a la ocupación en algunos casos en más del 100% (5) de muchos territorios de las regiones, provincias, distritos y comunidades campesinas e indígenas del país.

En este proceso cabe mirar al interior de la regiones del país, en donde no se tiene todavía claro quienes están concentrando la mayor cantidad de tierras y con qué propósito. En este sentido exploramos algunos datos de la región de Apurímac, en donde existe un gran proyecto minero y mecanismos de desarrollo de enclave (6) que están pensados para darle soporte a este tipo de actividad económica.

Apurímac, es una región ubicada en la sierra sur del país, donde se desarrollan los mecanismos de soporte de enclave para un gran proyecto minero, en la zona conocida como “Las Bambas”. En este territorio la configuración del espacio nos estaría evidenciando la despreocupación del Estado por normar y estandarizar la concentración de tierras y la propiedad, evidenciando un territorio ocupado en su mayoría por titulares mineros en proyectos de exploración y explotación minera y titulares de concesiones mineras que estarían esperando el momento más propicio para especular con las tierras que tienen dadas en concesión por el Estado.

Por otro lado, también pone en evidencia la cantidad de predios rurales que están registrados como propiedad individual, la cual tiene una extensión muy ínfima con respecto a la cantidad de territorio concesionado a la minería. En el caso de las comunidades campesinas, estas estarían ocupando un territorio mayor al de la propiedad individual de predios rurales, pero mayor a la extensión de tierras que ocupan las concesiones en actividad de extracción y explotación.

Otro elemento que marca las condiciones para la ocupación del territorio en Apurímac está en función de los mecanismos de desarrollo de enclave que estarían desarrollando conectores eficientes para mejorar los flujos que necesita la actividad minera, esto se manifiesta en los ejes de integración vial que están hechos para conectar los principales lugares donde ya existe la explotación de minerales y aún se está en proceso de exploración.

Cuadro N°1. Concentración de tierras en Apurímac

Esta figura podría dar la idea, de que se buscarían integrar a los centros poblados más desarticulados del país, sin embrago estos ejes viales, no se están pensando en desarrollar procesos de conexión para minimizar los espacios entre el agricultor y las grandes ciudades, si no para acercar los mecanismos de desarrollo de enclave que dan soporte a las actividades mineras.

Esta mirada en cuanto a la concentración de la tierra en Apurímac, nos lleva a las siguientes preguntas:

¿En el Perú no existe la preocupación del Estado por tener un manejo más integral y transparente libre de la especulación de la tierra?

¿La propiedad y concentración de la tierra no tiene más un interés de regulación de parte del Estado como mecanismos de protección del territorio?

¿Qué otros procesos regulatorios con respecto al uso y ocupación de la tierra podrían generar nuevas dinámicas, para proponer una alternativa al desarrollo de enclave?

Sin duda, el Estado tiene que responder a las interrogantes que surgen con respecto a la ocupación y concentración de tierras por parte de terceros, como también buscar los mecanismos que gestionen el territorio de manera eficiente, integrando a las economías que plantean otros modelos de desarrollo, diferentes a la economía de desarrollo de enclave, como la que actualmente rige la ocupación del territorio en nuestro país.

Por otro lado sin dejar duda de que el Estado está pensando en generar nuevas relaciones entre las economías de enclave y el tan esperado desarrollo, podemos mencionar que actualmente existen proceso en donde la población y la sociedad civil están buscando nuevas estrategias para retomar sus tierras y la producción del campo, esto estaría generando nuevas dinámicas de comercialización, las cuales escapan a la forma de mercado que existe en lo urbano, para buscar sus propios mecanismos de comercialización, bajo sus propias reglas de intercambio, comercio y el uso de un idioma en común.

Podríamos decir entonces, que la concentración de la tierra tiene una cercana relación con la economía de desarrollo de enclave, la cual busca generar los mecanismos necesarios para incorporar sus reglas sobre el territorio que ocupa, sin embargo siendo el territorio un medio vivo y dinámico, surgen en la población económicamente minoritaria nuevas estrategias para generar dinámicas económicas enfocadas en un desarrollo más integral.

Anexo: Mapa N° 1

 

(1) Proceso de Concentración del Control Sobre la Tierra. F. Eguren. DESCO. 2010.

(2) Proceso de Concentración del Control Sobre la Tierra. F. Eguren. DESCO. 2010.

(3) Ley N° 25505. Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.

(4) Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, Decreto Legislativo Nº 708; Ley Nº 27343.

(5) Informe de Concesiones Mineras. Cooperacción.2014

(6) Dinámicas Rentistas. Gerardo Damonte. GRADE.2012

 

FOTO: El Comercio

EN ESPERA EN EL CONGRESO

  • Propuesta genera diálogo, ahorro estatal, mitiga impacto ambiental, protección a biodiversidad, salud y tranquilidad de poblaciones rurales e indígenas

Está comprobado que la prevención y la alerta temprana puede minimizar cualquier impacto. En el plano social, la experiencia de vigilancia y monitoreo ambiental por parte de las organizaciones indígenas y la sociedad civil han demostrado que aportan previniendo conflictos, además fortalecen la supervisión ambiental que realizan las entidades del Estado. Por eso, más de 500 organizaciones alto andinas y amazónicas hacen una llamado a los congresistas para que se apruebe el proyecto de Ley 3937 ´Ley de articulación y la vigilancia y monitoreo ambiental y social ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental´, que sería de gran utilidad para apoyar una adecuada gestión ambiental que no afecte las inversiones ni tampoco la salud y tranquilidad de los pueblos.

Lizardo Cauper, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que representa a miles de pobladores de comunidades rurales e indígenas, solicitó a la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República la aprobación del dictamen para que este proyecto sea debatido. Señalo que la propuesta es que las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social (OVMAS) sean reconocidas como instancias autónomas que se integran al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de tal manera que se institucionalice su aporte en la protección del medioambiente y apoyo en la supervisión y fiscalización que realizan las instituciones del Estado, respetando sus formas organizativas tradicionales.

Por su parte Walter Pereda, Director de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) que conjuntamente con las organizaciones de base de las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchéz Carrión de la región La Libertad, vigilan la calidad de fuentes superficiales de agua en zonas de actividad de gran minería desde hace 11 años, señala que es importe empoderar a las OVMAS en el conocimiento y aplicación de los protocolos para el recojo de muestras de agua, en un trabajo participativo con apoyo de los técnicos, y que permite con los resultados de los análisis respectivos, apoyar a las instancias competentes del Estado en su tarea de supervisión y fiscalización de éstas actividades.

Según datos de la Defensoría del Pueblo existen más de 200 conflictos sociales, de los cuales el 75% están relacionados al sector minero, lo que trae paralizaciones en la industria, demandas económicas, retraso económico en la región, pero sobre todo afectan las condiciones de vida de los pobladores rurales y pueblos indígenas. En lo que va del 2005, solo se han solucionado 14 conflictos sociales en el país.

Iris Olivera, especialista en temas indígenas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que el proyecto de ley contempla que los reportes de las OVMAS deberán ser considerados obligatoriamente por los organismos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) para elaborar y evaluar los instrumentos de gestión ambiental, ordenamiento territorial y los términos de referencia para la evaluación de proyectos de inversión, entre otros. También podrán proponer el establecimiento de zonas de emergencia ambiental y de áreas críticas, si el nivel de contaminación afecta la salud de las personas; su rol es básicamente preventivo, pues actuarán antes frente a proyectos de inversión.

Lo que queremos es institucionalizar la vigilancia y monitoreo ambiental, esto no solo generará ahorro en el gasto público al mitigar el impacto ambiental, ahorro de recursos al sector privado, salud de la población involucrada, protección de los ecosistemas y biodiversidad, sino que contribuirá al fortalecimiento del sistema nacional de gestión ambiental actuando con actitud preventiva y canalizando los conflictos socio-ambientales. Contribuiremos con ello a que el diálogo se inicie desde un comienzo, que los derechos ambientales y sociales se manejen en el marco de una buena práctica de la gobernanza, indicó Olivera Gómez.

Finalmente Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, resaltó el reconocimiento de las OVMAS y el carácter preventivo de su accionar frente a situaciones de eventual conflictividad social, pues éstas actúan antes del otorgamiento de cualquier derecho que pueda afectar tierras de poblaciones y comunidades campesinas y nativas, permitiendo con ello su protección y el respeto de derechos fundamentales y colectivos.

FOTO: Gobierno Regional de Lima

El Instituto del Bien Común (IBC Perú) indicó que el 60% de las tierras que le pertenecen a comunidades indígenas y campesinas del Perú, ya se encuentran registradas a la primera Plataforma Global de Territorios indígenas y Comunitarios “LandMark”, que a través de su página web, permite el acceso a una plataforma interactiva que contiene mapas e información clave de las tierras que son propiedad colectiva.

LandMark muestra de forma detallada, las principales amenazas y presiones que existen hacia las tierras de los pueblos originarios en todo el mundo. De igual modo contiene información sobre los niveles de seguridad jurídica que existen sobre dichas tierras consuetudinarias o colectivas.

Además está dotada de una tecnología de punta en materia de información geográfica, y proporciona información a nivel de comunidades y de países, permitiendo a los usuarios hacer comparaciones sobre la situación de tenencia de tierras.

Son 13 las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por los derechos a la tierra y los recursos de las comunidades y pueblos indígenas, quienes trabajaron en decenas de países, entre ellos el Perú.

“El Perú es uno de los países en donde existe mayor información sobre los pueblos indígenas y las comunidades. Existen organizaciones que se han preocupado por armar bases de datos y realizar mapeos, además de tomar información del Estado (…) tenemos entre un 60% y 65% cubierto”, resaltó Richard Chase Smith, director del IBC Perú.

Tras comentar que en el Perú se cuenta con la colaboración de organizaciones locales, Chase indicó que para alimentar la plataforma, también se toma información oficial del Estado, la cual –lamentó- no está sistematizada.

“En estos momentos estamos trabajando con información proporcionada por la Sociedad Civil, no obstante, estamos acercándonos al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en donde se ha creado un ente rector para el saneamiento de propiedad rural; esperamos poder trabajar con ellos y armar un directorio de comunidades nativas e indígenas”, comentó Chase Smith a la RED MUQUI.

Instrumento político

Otro de los grandes problemas que se pretenden enfrentar con la plataforma es la invisibilidad. Landmark presenta los límites de las tierras de uso o propiedad comunitaria, tanto las legalmente reconocidas como las de tenencia tradicional. De esta manera le proporciona a las comunidades y a los pueblos indígenas, la oportunidad de reaccionar a tiempo en la protección de sus tierras.

“A través de los mapas los hacemos visibles, ahora ellos pueden decir: aquí estamos, no nos pueden ‘quitar’, no pueden decir que ‘existimos’, o que nuestras tierras no son ‘nuestras’ o que están ‘sin uso’. El salir de la invisibilidad diciendo «aquí estamos», y que están perdiendo sus tierras, es un mensaje político muy fuerte. Ahora que cada comunidad figura en un mapa global, junto con indígenas de otras partes como Canadá, Irán, Indonesia, Filipinas, África; pueden juntar sus voces para reclamar más fuerte”, explicó Richard Chase.

Este 10 de noviembre, Landmark fue presentada simultáneamente en Washington (EE.UU) y Lima (Perú)

Inicio de la plataforma

El director del IBC Perú, comentó a la RED MUQUI que la idea del la plataforma global territorial, surge a raíz de los conflictos que parten de la legislación que flexibiliza la fiscalización ambiental en varios países del mundo -como es el caso de los paquetazos ambientales en Perú- y que además desconocen derechos colectivos de la propiedad comunal.

“Existe un tremenda carrera de atraer inversionistas, y muchos ven a estas comunidades rurales y tradicionales, como un impedimento. Es por ello que decidimos armar una plataforma digital que muestre la situación de las tierras comunales e indígenas”, señaló.

El gran proceso de desarrollo de la plataforma comenzó en marzo de 2012, un año después se conformó el comité directivo, y a mediados del mismo, comenzaron a trabajar. Recién, a finales del 2013, The World Resources Institute de EE.UU contrató los servicios de una compañía especialista en el armado de plataformas digitales, la cual se construyó el 2014 y parte del 2015.

Un gran desafío

Finalmente, el representante del IBC Péru, advirtió que va a tomar años seguir agregando información a la plataforma.

“Todavía tenemos grandes vacíos, esperamos conseguir mayores relaciones con otras instituciones relacionadas a este tema. Para la difusión del uso de la plataforma en las comunidades y pueblos indígenas, tenemos a los miembros locales que están mapeando y que prestan información a este soporte digital. En Perú sí capacitamos a las comunidades en la lectura de mapas”, resaltó.

 

DATOS

  • El desarrollo de la plataforma estuvo a cargo del Instituto del Bien Común (IBC) Perú, World Resources Institute – WRI (EE.UU), WAIPT (Francia) y la consultora Liz Alden Willy (Kenia), las dos primeras asumieron la coordinación general de la iniciativa.
  • Miembros del comité consultivo: AMAN (Indonesia), FPP (Inglaterra), FES (India), PAFID (Filipinas), Rainforest Foundation – UK, RAISG (seis países amazónicos), Right and Resources Initiative (EE.UU), UNINOMAD (Irán) y The International Land Coalition (Italia).

FOTOS: Captura web / Gabriela Delgado

EL MISMO DÍA DE LA REUNIÓN

  • Diálogo se programaría en 10 días más, según resolución de la PCM
  • Mesa de diálogo recién fue implementada oficialmente, un día antes de llevarse a cabo el diálogo

La implementación de la “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, fue suspendida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a menos de un día de la fecha programada. A último momento, el Premier Pedro Cateriano, decidió instalar oficialmente (R.M. Nº 263-2015-PCM) este grupo de trabajo que debería dar pronta solución al conflicto generado por el Proyecto minero Las Bambas que dejó un saldo de 4 muertos, a fines de setiembre.

Se suponía -para hoy- la presencia de funcionarios de la PCM, MEM, MINAM, MINAGRI; autoridades regionales, locales y dirigentes sociales. Sin embargo, el único que hoy se apareció en la plaza principal de Tambobamba, fue el representante del Ministerio de Energía y Minas, Martín Ortiz, quien recién informó de esta disposición publicada el domingo, en el Diario Oficial El Peruano.

Diálogo en 10 días más

El recién oficializado Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, estará adscrito a la PCM y tendrá la finalidad de realizar el seguimiento de las acciones de desarrollo en la Provincia de Cotabambas; la coordinación intersectorial para el cumplimiento de dichas acciones, y otras que sean determinadas por sus integrantes.

La resolución firmada por Cateriano resalta que el Grupo de Trabajo se instalará en un plazo máximo de  diez (10) días hábiles, y tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles, (a partir del día siguiente de su publicación).

Respuesta

Para los pobladores y dirigentes de Grau y Cotabambas, esta decisión del Ejecutivo les cayó de sorpresa y cuestionaron que dicha resolución se haya emitido a menos de un día antes de la fecha programada (16 de noviembre) para la reunión de diálogo, la cual se fijó con anticipación y bajo el compromiso de los mismos ministros de Estado, que viajaron hasta el lugar el 30 de octubre pasado.

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Es así que varios alcaldes de los distritos aledaños a la zona de influencia minera del Proyecto Las Bambas, mostraron indignación ante la ausencia del gobierno central y el anuncio sorpresivo de la suspensión de esta mesa de diálogo.

“Realmente es preocupante la actitud del gobierno. El mes pasado vienen cuatro ministros a levantar el estado de emergencia, programan para hoy el inicio del diálogo, y terminan por no estar aquí como lo prometieron. Así no se puede creer en las autoridades del gobierno central”, indicó el alcalde de Haquira, Issac Anaya.

“Pedimos al Estado que se solucione esta demanda, queremos que se evite ejercer más violencia y que sobre todo se conserven los derechos humanos de las personas. Las autoridades locales estamos comprometidas en buscar una solución”,  enfatizó el alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani.

“No queremos que esta mesa tan solo quede en palabras, no queremos que solo sea de trabajo, sino de solución definitiva al conflicto”, solicitó el alcalde de El Progreso, Juan Licahua.

“Por culpa de las autoridades nacionales, a nosotros nos ven mal. El pueblo cree que somos parte de este ‘paseo’, y no es así. Nosotros también estamos esperando”, manifestó el alcalde de Mara, Adiel Sota.

En medio de estos cuestionamientos, el gobierno ha vuelto a militarizar la zona, pese a que el propio ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, acordó levantar el estado de emergencia.

Militarización hasta el 14 de diciembre

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Desde este domingo 15 de noviembre (un día antes de programado el diálogo), el Ministerio del Interior autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las provincias de Grau y Cotabambas, hasta el 14 de diciembre. Según la Resolución Suprema Nº 227-2015-IN (publicada el sábado, 14 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano), esta disposición busca asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o ilícitos que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico.

“La actuación de las Fuerzas Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población de Apurímac”, indica la norma refrendada por el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso; el ministro de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez; y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

FOTOS: RED MUQUI SUR