En relación con la demanda de inconstitucionalidad que diversas organizaciones indígenas nacionales, ONGs del movimiento de derechos humanos y la CNDDHH presentamos contra la Ley No. 30230, contenida en el Exp. Nº 00012-2015-AI, nos vemos en la imperiosa necesidad de manifestar lo siguiente:

Con fecha 9 de abril del año 2015, el Presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA); el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana; la Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú; la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos adjuntando la firma de 6,346 ciudadanos acudimos al Tribunal Constitucional para interponer DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, y 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57del Título III y contra la Tercera Disposición Complementaria Derogatoriade la Ley Nº 30230.

Sustentamos dicha demanda en el sentido de que las normas cuestionadas violan y desnaturalizan el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida de todos los peruanos, así como vulneran el derecho a la propiedad, que ostenta  rango constitucional, sobre los territorios de las comunidades campesinas y nativas en su condición de pueblos indígenas. Además, porque violentan derechos y principios constitucionales contenidos en la Constitución Política del Perú de 1993, en el Convenio 169 de la OIT, en la jurisprudencia vinculante expedida tanto por el Tribunal Constitucional (en adelante TC) como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), así como, en general, en el derecho internacional de los derechos humanos.

Se trata de un conflicto constitucional, toda vez que  lo que está en cuestión es el desmontaje y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, y la afectación del derecho a la propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en el Perú.

Al respecto de la regulación procesal de una demanda de inconstitucionalidad, debemos señalar que el artículo 103, del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley No 28237, precisa que interpuesta la demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional resuelve su admisión dentro de un plazo que no puede exceder de diez días.

De conformidad con la sentencia del TC recaída en el exp. Nº 0266-2002-AA/TC, f.j. 6, una de las diferencias entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional tiene que ver con naturaleza de ambos procesos y que puede enunciarse básicamente en que, a diferencia de los ordinarios, los constitucionales son procesos de tutela de urgencia. Que no debe olvidarse que la “jurisdicción constitucional desarrolla una función armonizadora de los conflictos sociales y políticos subyacentes en un proceso constitucional, por lo que dichas sentencias se constituyen en instrumentos procesales necesarios para el desarrollo de tal fin”. (STC 0004-2004-PCC, f.j. 3.3)

En ese sentido queda en evidencia la inexcusable demora en la tramitación de la demanda de inconstitucionalidad, toda vez que han pasado 7 meses de la presentación de la demanda sin que hasta la fecha el TC haya admitido la referida demanda, grave situación que importa la violación del derecho al plazo razonable, garantía y concreción del derecho al debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocidos en forma expresa en el artículo 139.3 de la Constitución y en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

En atención a estos argumentos, exhortamos al TC de trámite a la demanda de acuerdo a las reglas y normas procesales vigentes, más aún cuando se trata de un órgano encargado, precisamente, de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, entre los que destaca las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.

Lima, 11 de noviembre de 2015

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

Confederación Nacional Agraria – CNA

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAAP

RED MUQUI

 

Foto: Publimetro

El Perú es un país privilegiado al ser poseedor de una mega biodiversidad, la misma que se encuentra constante amenazada a consecuencia de las actividades extractivas y de normas que, antes que dar respaldo y proyección ambiental al país, afectan nuestro medio ambiente y al mismo tiempo vulneran nuestros derechos a vivir en un ambiente sano y saludable.

Un ejemplo de esto es la promulgación de normativas como los “paquetazos” ambientales, un conjunto de políticas promulgadas desde el año 2013, en el gobierno del presidente peruano Ollanta Humala, para promover mayor inversión y con ello se reactive la economía del país, caracterizada por su alta dependencia de la exportación de minerales y otras materias primas, principalmente.

En ese sentido, la Red Infanto Juvenil por el buen vivir, una comunidad de niños, niñas y jóvenes de todo el país, organizados para el restablecimiento y visibilización  de los diversos modos de Vivir Bien o Vivir Bonito en las zonas rurales y urbanas, y al mismo tiempo promueve una relación sagrada y respetuosa con la madre naturaleza; mostramos nuestra preocupación por estas políticas que atentan contra nuestro ambiente y vulnera nuestros derechos a vivir en plenitud.

Es por ello, que esta RED NACIONAL INFANTO JUVENIL POR EL BUEN VIVIR en alianza con la Plataforma Peruana de Copartes y terre des hommes Alemania en Perú invitamos al Encuentro infanto- juvenil: por la defensa de los derechos ecológicos intergeneracionales, un encuentro de acción en el que los niños y jóvenes integrantes de diversas redes del país intercambiaremos experiencias y haremos propuestas para actuar por la defensa de nuestros derechos ecológicos y el respeto a la madre naturaleza, que están siendo amenazados por el cambio climático y por leyes como los ‘paquetazos’ ambientales.

Esta actividad se enmarca en el Mes de Acción Mundial por los Derechos del Niño, GAM en sus siglas en inglés, impulsado por la Red Internacional de Jóvenes y terre des hommes Alemania; y que se celebra todos los meses de noviembre de cada año para conmemorar el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El encuentro de reflexión y acción por los derechos ecológicos intergeneracionales se realizará el jueves 19 de noviembre desde las 8 a.m. hasta las 6p.m en la Av. República de Chile 641, Jesús María. Todos asumimos el compromiso, movilízate por tus derechos ¡Somos el futuro y necesitamos nuestros derechos ahora!

El 30.1% del territorio nacional está dedicado al desarrollo de la actividad agropecuaria, el 60% de estas tierras estpan ubicads en 7,599 comunidades andinas y nativas. Con ese capital humano, es posible que la agricultura familiar sea capaz de conservar la mayor biodiversidad de especies, lo cual también contribuye con la seguridad y soberanía alimentaria.

No obstante, ello no es visto por la mayoría de las empresas mineras en el Perú, ni por las actuales políticas de Estado. Si se toma en cuenta que el 70% de los alimentos en el Perú son producidos por la agricultura familiar, analizar el tema de concesión de tierras resulta importante, en su relación directa con el extractivismo.

De esta manera, Mattes Tempelmann, geógrafo alemán que trabaja en Perú para la RED MUQUI, nos propone una aproximación a los conflictos mineros en ese país, a partir del caso de la comunidad campesina Cruz de Mayo y su potencial de la agricultura familiar como alternativa al extractivismo.

Fuente: Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS

“Los pueblos pueden decidir entre el camino del desarrollo o la pobreza”, dijo Pedro Cateriano, Presidente del Consejo de Ministros del Perú, en el marco del conflicto por el proyecto minero Tía María, que ha estado en las agendas noticiosas del país y la región prácticamente todo el año. Esta opinión focaliza el discurso sociopolítico pro minero, dominante en el Perú, firmemente convencido de que la minería traerá progreso y desarrollo económico para las zonas mineras del país.

Pero no es sólo Perú. También ocurre en otros países de América Latina existe, desde la época de la colonia, un sistema extractivista con una “economía primario-exportadora” (Monge, C. (2012): Entre Río y Río. El apogeo y la crisis del extractivismo neoliberal y los retos del postextractivismo en el Perú). Esto significa que los recursos naturales (petróleo, cobre, oro, etc.) están siendo exportados a otros países con poco o ningún valor agregado. El sistema trae una gran dependencia de los países hacia la economía global y de la demanda del mercado.

Contexto del extractivismo en el Perú

En Perú, entre 1990 y 2000, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, empezó una flexibilización del sector minero con privatización de empresas transnacionales. Una tendencia que continuó con los gobiernos siguientes. Hoy en día, este país cuenta con un extractivismo neoliberal (Bebbington, A. (2013): Underground Political Ecologies) que se encuentra económica y políticamente cimentado. Para el Estado peruano la minería es el principal motor del desarrollo del país, pues las empresas prometen inversiones y empleo. Por ello, en los últimos dos años el gobierno peruano ha aumentado los márgenes de maniobra para las empresas mineras, a costo de los derechos ambientales y humanos en las regiones mineras.

Sin embargo, los proyectos mineros conllevan una gran cantidad de incertidumbre para las comunidades campesinas y nativas del país. Por ejemplo, las concesiones mineras en el Perú son un riesgo latente para las comunidades, sobre todo en el acceso al territorio, al agua, la tierra y los recursos naturales.

La cantidad de concesiones mineras han estado aumentando continuamente y con mayor intensidad en los últimos años. El año 2014 un 20% del territorio del país estaba concesionado a la minería (Cooperacción (2014): informe sobre concesiones mineras). Pero las promesas no se cumplen en el mismo porcentaje. Varios estudios señalan que la minería no trae casi ningún efecto positivo para el bienestar y desarrollo de la población. (Arellano, Y. (2011) ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú; Arellano, Y. (2012) Mining and conflict in Peru: Sowing the minerals, reaping a hail of stones). Por el contrario, el investigador uruguayo Eduardo Gudynas habla de un extractivismo depredador, “(…) de graves impactos sociales, económicos, ambientales y territoriales a nivel local y nacional” (Gudynas (2012) Transiciones para salir del viejo desarrollo).

En los últimos diez años, como resultado del boom minero en el Perú, aumentó proporcionalmente la cantidad de los conflictos mineros. En marzo del 2015, la Defensoría del Pueblo registró 141 conflictos socio ambiental, de los cuales 94 (equivalente al 66,7%) son conflictos relacionados con actividades mineras. Más de la mitad son por acceso a tierra agrícola o por agua.

La competencia por el acceso a los recursos naturales ha conllevado conflictos entre las comunidades campesinas e indígenas y las empresas mineras. Muchos de estos conflictos han desencadenado en violencia, no solo por el acceso a los recursos naturales, sino por la contaminación ambiental y problemas de salud; el despojo de tierras y la dependencia económica del sector minero, así como también las limitaciones de desarrollo para una región.

Muchas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales critican desde hace años que los estándares ambientales y sociales en el sector minero no están siendo cumplidos ni controlados. Algunos actores también critican el modelo extractivista en sí. Actualmente, en el Valle del Tambo, la población resiste contra el proyecto minero Tía María. Su consigna es “agro y agua sí, mina no”. En muchos casos, el gobierno reacciona con represión y con la difamación a las y los líderes y a los propios manifestantes, tildándolos de “terroristas anti-mineros”, como ocurre actualmente en el caso Tía María.

Aproximaciones teóricas

El concepto teórico de la Ecología Política ofrece un aporte analítico importante para entender mejor la complejidad de los conflictos por minerales y territorios (Bebbington, A. 2013 (ibid.), pues, precisamente, esta disciplina se dedica al análisis del nexo de los intereses y relaciones de poder entre los actores participantes y sus discursos. A modo de ejemplo, es necesario ver que un conflicto local tiene sus orígenes en la demanda global y en la carrera capitalista por energía.

En los últimos diez años, en América Latina, pero especialmente en el Perú, tuvo lugar un “extractivismo rápido y agresivo” (Bebbington, A. 2013 (ibid.). Los recursos naturales, minerales e hidrocarburos son indispensable para el crecimiento de la economía global capitalista, por lo tanto, las actividades mineras aumentan considerablemente la presión hacia los recursos hídricos en regiones dónde ya existe un escasez de agua” (Bebbington, A. 2013 (ibid.).

La teoría del Ecologismo de los Pobres brinda una perspectiva complementada desde los actores locales. En el marco de los conflictos mineros, donde la disputa se basa en el uso y acceso a tierra, al agua y a la defensa de los territorios, nos indica que la resistencia de la gente pobre del campo no es porque son ecologistas, sino porque “ven que su propia subsistencia está amenazada por un proyecto minero” (Martínez-Alier (2002): The Environmentalism of the Poor).

Comunidades campesinas defendiendo la agricultura familiar

En muchas regiones rurales del Perú las comunidades campesinas protestan contra proyectos mineros, defendiendo su territorio. Por ejemplo, la comunidad campesina Cruz de Mayo, en la región Ancásh, afronta esta problemática desde antes del año 2008. En el territorio de la comunidad está la concesión de un proyecto minero con un área de 224 hectáreas en extensión (CEAS (2011): La comunidad campesina Cruz de Mayo. Una comunidad que defiende y promueve la vida).

La comunidad se encuentra en una altura por encima de los 3.500 msnm y en una zona de cabecera de cuenca de los ríos Llullán y Parón. La comunidad practica la agricultura familiar, sembrando papas, maíz, arvejas y flores, entre otros productos, para venderlos y para su autoconsumo.

La agricultura familiar es la mayor actividad económica que también se está intensificando a manera orgánica. “Hasta ahora podemos vivir muy bien de la agricultura familiar” – dice el comunero Adán- “por eso defendemos nuestro territorio, porque no podemos convivir con una explotación minera dentro de la comunidad”. Mientras que Antonio, otro comunero, dice que “La minería disminuiría la calidad y cantidad del agua y también afectaría negativamente a la agricultura y nuestro modo de vida. Y si vendo mi tierra, voy a tener plata, pero ¿qué haría cuando se acabe la plata? Ya no voy a tener terreno para sembrar”, -explica María-, una comunera que vive en la zona de los manantiales.

Actualmente la comunidad está defendiendo su territorio de forma organizada. Están seguros de que las demandas para un fortalecimiento de la agricultura familiar y una diversificación de la economía en zonas rurales traerán muchos beneficios. Un análisis de Eguren, F. y Pintado, M. ((2015): Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú, muestra la importancia de la agricultura familiar respecto de su alta contribución en la población económicamente activa y su gran aporte al valor de la producción agrícola.

Perspectivas post extractivistas

En resumen, la causa de la gran conflictividad debido a los proyectos mineros y por el derecho y acceso a territorios, agua y tierra, el modelo extractivista no es sostenible. Justamente, la cantidad de conflictos mineros y casos de resistencia demuestran dónde tiene sus debilidades y errores estructurales este modelo. Por lo tanto, se necesita una alternativa al desarrollo de la nueva minería.

Algunos teóricos, críticos y líderes de movimientos sociales también exigen transiciones hacia un post extractivista. Un modelo que permita solamente la minería que realmente es necesaria e indispensable, sin contaminación ambiental ni vulneraciones a los derechos humanos.

Hay ejemplos que demuestran ensayos post extractivistas, pero de manera local y sin conexiones a una economía nacional de similares características y, por lo tanto, no son sostenibles (Bebbington 2013 (ibid.); Rauch (2009): Entwicklungsoplitik).

Para aplicar las transiciones hacia un modelo post extractivista se necesita una diversificación de las economías nacionales y locales. El fortalecimiento de la agricultura familiar es uno de los elementos más importantes hacia un modelo de ese tipo.

La agricultura familiar fortalece las comunidades y sus economías, como también la economía nacional y el cuidado del medio ambiente. Por ello, la agricultura familiar es una verdadera y sostenible alternativa a la minería. Su potencial para un modelo post extractivista es importante y va acompañado de enfoques del Buen Vivir en la región, y a nivel internacional, con enfoques del post-crecimiento.

Foto: Comunicaciones RED MUQUI

EN SU INVESTIGACIÓN

  • Hasta el momento ningún miembro de la RED MUQUI ha sido citado a declarar
  • RED MUQUI y CNDDHH rechazan información tendenciosa de algunos medios de comunicación en base a esta investigación fiscal

La RED MUQUI indicó que la investigación por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Arequipa no presenta  ningún argumento de prueba al mencionar en su informe que dicha organización habría brindado apoyo a la protesta en contra del Proyecto Tía María, además de haber aportado a una “recaudación” para acciones violentas.

En ese sentido la RED MUQUI aclaró que hasta el momento, ningún representante ha sido citado para declarar en esta investigación, a cargo de la fiscal Alejandra Cárdenas.

Asimismo, la red que agrupa a 29 organizaciones avocadas a tema de minería, ambiente y comunidades, señaló que envió una carta notarial y aclaratoria a los diarios El Comercio y Correo de Arequipa. En ambos medios de comunicación –escrita y digital- se publicó una columna de opinión y una nota periodística, respectivamente, basadas en el informe de fiscalía.

En ambas publicaciones se cita información inexistente en la investigación fiscal como la de un supuesto pago de S/. 30 al día a los denominados “espartambos” y “huaraqueros”, dinero que “provendría de la ONG Red Muqui y de presuntas extorsiones a agricultores del valle”. Al respecto, la RED MUQUI aseveró que dichos términos no son utilizados por la fiscalía en su informe. Es decir,  esta surge de la propia especulación, así como de una actitud tendenciosa de estos medios escritos.

Ante ello, las 29 instituciones que conforman la RED MUQUI, rechazaron la mal intencionada información que se ha hecho pública, utilizando interesadamente la ampliación de una investigación realizada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa.

Por medio de un pronunciamiento, al igual que en carta notarial, RED MUQUI recalcó que  acompañamiento que realiza a las Comunidades y Poblaciones que viven en zonas de influencia minera, ha permitido canalizar situaciones conflictivas, al igual que hacer llegar sus demandas y preocupaciones a las instancias de gobiernos locales, regionales y nacional, a fin de evitar situaciones que degeneren en mayor conflictividad social.

“La acción de RED MUQUI no es ni confesional ni partidaria. Se ha basado en el acompañamiento de casos emblemáticos a nivel nacional, a fin de poder recoger de ellos la necesidad de políticas públicas en los temas de minería, ambiente y comunidades y los vacíos y problemas existentes en las normatividad ambiental, minera y de pueblos indígenas, para plantear propuestas y alternativas, las que inclusive se han presentado, discutido y/o coordinado con gobiernos locales, regionales y el propio gobierno central”, dice parte de la carta notarial y el pronunciamiento suscrito por los 29 miembros de la red.

Finalmente, el colectivo organizado exige que las investigaciones que se vienen realizando sean rigurosas, respetuosas de los derechos fundamentales de las personas, y con base en pruebas concretas y no en especulaciones.

Foto: Página impresa del Diario El Comercio

SE PROPONE EN PUBLICACIÓN

La RED MUQUI, junto al Centro Labor Pasco y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) de Cajamarca, publicaron el libro “Los pasivos ambientales mineros: diagnóstico y propuestas”, un documento que presenta cuatro propuestas de políticas públicas -a corto y mediano plazo- en las que se incorpora la actuación del gobierno local y la población afectada por los Pasivos Ambientales Mineros (PAMs).

Entre ellas destaca la “Mejora de los Mecanismos de acceso a la información y procesos de consulta sobre los PAMs y cierre de minas”. Esta propuesta establece realizar un proceso de consulta para el cierre de las minas con el fin de que la población rural, junto a los gobiernos locales, pueda tener una participación eficaz en la remediación de los PAMs. Para ello es necesario incorporar el tema de los PAMs en el Sistema de Información Ambiental y en los medios de comunicación de las entidades del Estado.

Al involucrar a los directamente afectados y a sus respectivas autoridades, estos pueden llevar a cabo la “Vigilancia y monitoreo ambiental ciudadana de PAMs a nivel de cuencas hidrográficas (microcuencas y subcuencas)”, con esta propuesta el objetivo es que se contribuya en las tareas de fiscalización ambiental de las entidades del Estado a través de monitoreos de la calidad ambiental y vigilancia de los compromisos ambientales relacionados a los PAMs en microcuencas o subcuencas afectadas.

Estas dos primeras propuestas resultan necesarias si se toma en cuenta que pese al registro actual (marzo del 2015) de 8,616 Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) en el país (50% de ellos altamente riesgosos) la información que se tiene es muy limitada; sumado a ello no hay un registro, ni instrumentos para el manejo de los pasivos de la pequeña minería y minería artesanal.

Otra de las propuestas son el “Fortalecimiento de la gobernabilidad local” ´y la “Prevención de daños y cambio de cultura en la gestión de PAMs y el desarrollo de la actividad minero metalúrgica”.

Además de ello, el documento ofrece un análisis de las normativas en torno al tratamiento de los pasivos ambientales por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como una presentación de casos específicos de la problemática ambiental y socioeconómica en las regiones de Cajamarca, Lima, Pasco y Puno, y finalmente se proponen lineamientos de políticas públicas para la gestión y manejo de los PAMs.

La primera parte del libro nos muestra los conceptos básicos referentes a los Pasivos Ambientales Mineros (PAMs), definidos bajo la Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera (Art. 2° Ley N° 28271), y que se manejan como aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.

Tras comprender los tipos de pasivos mineros que son producto de la labor minera, el residuo minero y la infraestructura para llevar a cabo las operaciones; el tercer y cuarto capítulo muestra un recuento histórico y análisis de las normativas dictaminadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como la “involución” en que estas se encuentran actualmente, con la promoción de la inversión minera -a corto plazo- en base a la flexibilidad y debilidad de la gestión ambiental en el país, y sin tomar en cuenta los costos del cierre y post cierre de las minas, sus implicancias socioambientales y la responsabilidad económica que, al final, recae sobre el mismo Estado.

Situación actual

Entre normas, resoluciones y disposiciones, el documento expone como es que el Estado se enreda entre la pronta remediación de los PAMs existentes y la no generación de nuevos PAMs. Sumado a ello, están las viejas prácticas mineras, el manejo inadecuado de estos residuos, así como también, la inexistencia de normas precisas que regulen el cierre de minas ha devenido en la acumulación de pasivos ambientales mineros a lo largo de extensas áreas y ha provocado contaminación de recursos naturales cuyo uso pone en riesgo la salud pública.

Desde el año 2006, cuando se realizó y publicó un primer inventario nacional 850 de PAMs (por regiones, tipo y responsables de su remediación), se viene actualizado anualmente por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, y publicada mediante Resolución Ministerial.

Para la remediación de los PAMs de las empresas -que se encuentran en operación- se obligó la presentación de Planes de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros; y el Estado viene asumiendo la remediación de PAMs altamente riesgosos mediante proyectos de inversión pública a través de la empresa estatal Activos Mineros SAC.

Sin embargo, pese a que el desarrollo de la actividad minera ha sufrido transformaciones desde unos 20 años atrás –en materia ambiental fundamentalmente-, los problemas ambientales asociados a la actividad minera no disminuyen; tampoco se avizora un panorama alentador sobre los PAMs a 11 años de establecida la normativa legal que los regula.

DATOS

  • El ciclo de la vida de una mina no termina con el cierre, sino con las actividades de mantenimiento y monitoreo permanente “post cierre”.
  • Los costos del cierre pueden ser mayores a los ingresos que pueda percibir el Estado durante la etapa de operación de una mina.
  • A la fecha se han registrado 8616 PAMs en 21 regiones del país. Ancash, Cajamarca y Puno son los que registran la mayor cantidad, con más de 1000 PAMs, le siguen Huancavelica, Junín y Lima con más de 600 PAMs.
  • De acuerdo a la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, se necesitan unos US$ 500 millones para remediar el daño ambiental que siguen causando aquellos 8.571 pasivos inventariados en el 2014.

Foto: RED MUQUI

TRAS DECISIÓN DE LEVANTAR HUELGA

Ministerio del Interior levantó estado de emergencia a cambio de que población acuerde levantar paro interprovincial

Sociedad Civil no ha sido convocada en este encuentro de diálogo

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau acordó por unanimidad, levantar el Paro Interprovincial que se acata en la zona a raíz de la colocación de una plata de Molibdeno del proyecto minero Las Bambas a cargo de la empresa Minmetal Group Limited (MMG).

Tras analizar la situación que se vive en ambas provincias de Apurímac durante 30 días de declararse el estado de emergencia, representantes de organizaciones sociales de base, comités provinciales de lucha, dirigentes y líderes comunales decidieron levantar la medida de lucha con el fin de poder retomar sus reuniones y así poder mantener informada a la población.

Posterior a esta decisión, cuatro ministros de Estado (Interior, Energia y Minas, Vivienda y Salud) viajaron hasta Apurímac para también levantar el estado de emergencia que se había decretado en cuatro provincias de Apurímac y dos de Cusco.

RED MUQUI conversó con Rodolfo Abarca del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, quien informó que este 16 de noviembre se dará inicio a una mesa de diálogo en la que participará la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno Regional de Apurímac, los gobierno locales, la empresa Minmetal Group Limited y las organizaciones sociales de base de los poblados de la zona de influencia minera.

“Solo nos informaron que en esta mesa de diálogo participarán estos cinco actores, no se ha hablado de ver si se convoca a alguna organización de la Sociedad Civil”, comentó Abarca.

Decisión partió de los pobladores

Dos días antes, en Asamblea Provincial Extraordinaria (celebrada el miércoles 28 de octubre a las 14:00 horas), Ronald Bello Abarca, representante del Frente de Intereses del distrito de Tambobamba, refirió que al enviar una carta al Ministerio del Interior solicitando una reunión para tratar el levantamiento de la medida de lucha; dicho sector les respondió que para ello, debían realizar una asamblea en la que todos los dirigentes tenían que estar de acuerdo con esta decisión.

Al estar imposibilitados de informar o declarar ante los medios de comunicación, los dirigentes coincidieron en que deponer la medida de fuerza, era la mejor opción. Es por ello, que celebraron esta Asamblea Interprovincial frente a la Municipalidad del poblado de Pisaccasa, la cual se registró ante el Juzgado de Paz del distrito de Tambobamba.

Aun queda pendiente

En la reunión del 28 de octubre, a poco más de un mes del estallido del conflicto en el que murieron cuatro personas, la presidenta del Comité de Lucha Interprovincial, Virginia Pinares aclaró que ha estado viajando a Lima y a Cusco buscando diálogo con el Ejecutivo y siguiendo de cerca la situación judicial de los 17 detenidos por la Policía Nacional, quienes en su mayoría se encuentran recluidos.

El acta de esta reunión extraordinaria en Tambobamba, indica que diferentes dirigentes no confían en la Mesa de diálogo de Coyllurqui que se llevó a cabo el pasado 16 de octubre entre ministros y alcaldes distritales, ya que aun no existen condiciones favorables para la provincia, heridos y deudos de los fallecidos.

Algunos pobladores provenientes de la comunidad de Pumamarca refirieron que la empresa minera Minmetal Group Limited les ofreció dos camiones, además de otros “intercambios” en  lugares aledaños. También manifestaron su desacuerdo frente a la “distritalización” que viene ofreciendo el Estado en centros poblados como el de Tambulla.

Foto: La República

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y las veinte instituciones que conforman el Grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas expresamos nuestra preocupación ante la aprobación de normas que flexibilizan los estándares mínimos de protección de derechos humanos favoreciendo únicamente la promoción de inversiones. Frente a esta situación en junio del 2015, la CNDDHH emitió un pronunciamiento contra la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo otorgadas por el Congreso de la República. A octubre del presente año, podemos constatar que dichas facultades en el caso de los Decretos Legislativos 1192 y 1210, lo que han conseguido es seguir debilitando el marco normativo de los derechos humanos de los pueblos indígenas en base a lo siguiente:

1. Es necesario recordar que el gobierno del Presidente Ollanta Humala inició en el año 2013 una estrategia política-legal para reactivar la economía en base a privilegiar la inversión privada y pública, especialmente en infraestructura e industrias extractivas, como  factor fundamental del crecimiento económico bajo esa justificación se han ido aprobando paquetes de normas como el Decreto Supremo 054- 2013- PCM, Decreto Supremo 060-2013-PCM, Ley 30025, Ley 30230, Decreto Supremo 001-2015-EM, Ley 30327 y recientemente los Decretos Legislativos 1192 y 1210 como parte de una estrategia premeditada.

2. Si bien estas normas han sido impulsadas desde el Poder Ejecutivo, es necesario señalar que el Congreso de la República viene cumpliendo el rol de facilitador, aprobando en forma expeditiva y sin un adecuado debate público, las normas propuestas por el Poder Ejecutivo. En varios casos contraviniendo la misma Constitución Política e incluso a través de decretos supremos modificando normas con rango de ley de forma inconstitucional. El resultado de estas medidas, además de la trasgresión a la Constitución, es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la reducción de los estándares de respeto a los derechos humanos, sociales, ambientales y, en particular, derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas y nativas.

3. El Decreto Legislativo 1192, aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Esta medida instaura un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles que realiza el Estado. Tener un solo marco legal ante la dispersión de normas que se venían aprobando es saludable; pero hacerlo principalmente para impulsar las inversiones y las asociaciones público-privadas apartando a los jueces que son los que garantizaban y resolvían en última instancia un proceso expropiatorio, no solo es un error sino un acto que contraviene el ordenamiento jurídico, puesto que bajo esta norma no se quiere entender que la expropiación constitucionalmente es una norma de excepción, así lo determina la Constitución Política en su artículo 70.

4. El Decreto 1192 a lo largo de sus artículos contiene una redacción ambigua buscando normalizar los procedimientos de expropiación, despojándolos de su carácter excepcional. Por tanto, los procesos expropiatorios se incrementarán a partir de la declaratoria de necesidad pública, establecida de acuerdo a los criterios del gobierno de turno. Con lo que la necesidad o interés público carecerán de límites; es así que un proyecto de inversión privada o asociación público-privada, que requiera de tierras urbanas o rurales puede acudir a un ministerio, un gobierno regional o local a tramitar una expropiación mediante un procedimiento ahora expedito, puesto que la actual ley tiene plazos fijos y cortos que buscan quitar cualquier obstáculo al proceso. Además la norma no hace ninguna diferenciación entre la expropiación de un bien inmueble en zona urbana y otro en el espacio rural. Ahí está el enorme riesgo para los territorios de pueblos indígenas que gozan de protección especial dada su histórica vulnerabilidad, en tanto que las comunidades no tienen cómo acreditar su derecho de propiedad pues no cuentan con títulos claros ni planos catastrales geo-referenciados, por lo que la propiedad de sus tierras y territorios se  convierte en un derecho inseguro.

5. A esa situación hay que agregarle que después de tres semanas de aprobado el Decreto, apareció uno nuevo. Nos referimos al Decreto Legislativo 1210, cuyo único artículo modifica la décima disposición complementaria del D.L. 1192 la cual excluía las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios. En esta modificación, de manera sospechosa, se retira lo relacionado a la afectación de derechos de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas, quedando en evidencia lo que está detrás de esta norma. Este decreto no solo afectará a las comunidades, sino también a toda la ciudadanía, puesto que, contrario al espíritu constitucional, se abre la puerta para que las expropiaciones puedan ser utilizadas indiscriminadamente para incentivar la inversión como parte de una supuesta necesidad pública de todas y todos los peruanos.

6. Exigimos pues al Estado el respeto al marco de protección de los derechos humanos relacionados con tratados de derechos humanos, garantías constitucionales y leyes de ordinarias de protección de derechos. Por otra parte al Congreso de la República solicitamos reflexionar y vigilar hacia dónde nos conduce este camino sin control, de expedir y aprobar leyes inconsultas y parcializadas a favor de intereses privados que vulneran el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios.

Lima 27 de octubre del 2015

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Invitado permanente de la RED MUQUI

ESTE 16 DE OCTUBRE

  • Informe técnico se conocerá durante nueva reunión de diálogo con pobladores afectados
  • En 15 días (a partir del 1 de octubre) equipos técnicos del MINSA y GORE Pasco deben realizar evaluación
  • Instituto Nacional de Salud volverá a evaluar a 2,070 niños de Simón Bolivar

Tras la reunión de diálogo, entre pobladores del distrito de Simón Bolívar y el Ejecutivo, el Ministerio de Salud (MINSA) se comprometió a presentar el informe técnico de evaluación para la construcción de una clínica para evaluar y tratar la intoxicación por metales pesados en la provincia de Pasco.

“El equipo del MINSA, en coordinación con el equipo técnico del Gobierno Regional de Pasco, evaluará técnicamente el lugar donde se construirá la clínica de desintoxicación y/o Unidad de desintoxicación de metales (dicho informe será presentado en Lima-MINSA el día 16 de octubre)”, indica el acta de reunión entre autoridades municipales de Simón Bolívar  y el Ejecutivo.

En ese sentido, el acta firmada también por los ministros de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita, y de Salud, Aníbal Velásquez, señala la próxima firma de un convenio para los estudios de pre inversión e inversión con ejecución de obra, entre el GORE Pasco y el MINSA.

El compromiso del sector Salud también implica la construcción de un laboratorio toxicológico para análisis, conectado a los que son altamente especializados en Lima

Antes de volver a El regidor del distrito de Simón Bolívar (Pasco), Jaime Silva, refirió que el MINSA cuenta con una partida de poco más 200 millones de soles para ejecutar un plan de acción inmediato y atender a los más de 2 mil niños que se encuentran intoxicados por metales pesados en la sangre. El acta de acuerdo señala que este dinero saldrá de la partida destinada al Plan de Acción de Salud para las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión (R.M. N° 610-2015/MINSA).

Para el próximo año, el MINSA se también se comprometió a trabajar un nuevo plan de Salud de forma conjunta con el Gobierno Regional y Local.

Niños serán revisados de nuevo

En cuanto a la salud de los 2,070 intoxicados hasta con 10 metales en la sangre, el MINSA dispuso pasen por una nueva evaluación clínica, sobre la que se realizó en el año 2012 por el CENSOPAS. Esta nueva revisión de la salud de los menores, será realizada por el Instituto Nacional de Salud (INS). Asimismo, se planificará trasladar a 42 niños en situación crítica debido a esta intoxicación, y que en su mayoría no pueden caminar o presentan sangrados severos.

“Una clínica de desintoxicación, es algo que aún no existe en nuestro país, esperemos que no solo se contemple los padecimientos por plomo, sino también a los otros diez metales que nos afectan”, comentó Jaime Silva.

El regidor de Simón Bolivar también anotó que todavía se espera la aprobación de una serie de guías de atención médica.

«Únicamente se tienen aprobados los protocolos para atención médica por plomo en la sangre. Para detectar y tratar la presencia de otros metales en la sangre, aun se requieren otras guías. Es por ello que también se ha exigido implementar tecnología moderna de diagnóstico”, aclaró el regidor pasqueño.

“Las guías técnicas de atención de personas expuestas a los diez metales pesados identificados, serán elaboradas por el MINSA en un plazo de 06 meses”, confirmó el MINSA.

Desmienten al Minsa

En otro momento, el regidor de Simón Bolívar desmintió que los niños que acompañaron la “Marcha de sacrificio” de Pasco hasta Lima, no presenten metales pesados en la sangre tal como afirmó el MINSA horas antes de concretarse el diálogo con ellos. Dicha información daba cuenta una supuesta revisión integral por parte de especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño.

“Tenemos entendido que nuestros niños pasaron por medicina general. Cómo pueden afirmar que han realizado exámenes si en el Perú no existen protocolos médicos establecidos, a excepción del plomo. Nosotros el respaldo de dos estudios internacionales, uno del Centro de control y prevención de enfermedades de Atlanta (2007) y la Universidad italiana de Pisa (2009), y gracias a ellos pudimos conocer el grado de intoxicación de nuestros niños que conviven desde hace años con estos síntomas”, aseveró Silva.

En qué está el diálogo

EL 16 de octubre se reanudará el diálogo encabezado por la ministra de la Mujer, Marcela Huaita. En dicha esta reunión se terminarán de concretar el último 30% de las acciones a tomar en la zona.

Según indicó, Jaime Silva, el plan de emergencia ambiental anterior no será descartado del todo, ya que hay muchas de las 30 acciones que se van a retomar en esta nueva etapa. Los acuerdos abarcan a los sectores de Salud, Vivienda, Ambiente y Energía y Minas.

Como se recuerda, el 1 de octubre una comitiva de 58 pobladores caminaron más de 300 kilómetros desde Pasco hasta Lima, en la denominada ‘Marcha de sacrificio’, caminata que se emprendió por más de 20 días rumbo para reclamar al Congreso de la República y al gobierno de Ollanta Humala, por el incumplimiento de acciones de un Plan de Emergencia Ambiental del año 2012.

 

  • Señala líder cajamarquino ante el Congreso de Estados Unidos
  • Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto

Washington, D.C. —La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

Foto: Captura YouTube Lantos Comission (EEUU)

Fuente: Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) / Columbia Law School

  • Pobladores dan a conocer relación de 21 detenidos dentro del campamento
  • 7 detenidos fueron trasladados hacia Abancay

Una nueva jornada del paro interprovincial de Cotabambas y Grau, comenzó con la declaratoria de un estado de emergencia para los próximos 30 días en la región Apurímac, específicamente en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros; esta medida también incluye a las provincias cusqueñas de Chumbivilcas y Espinar de la región Cusco.

“Con la finalidad de lograr la estabilidad y gobernabilidad, al producirse perturbación de la paz y alteración del orden interno, es necesario que las Fuerzas Armadas garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales resguardando los puntos críticos vitales, como las vías de comunicación, carreteras y puentes existentes en la zona, para el normal desarrollo de las actividades de la población”, indica la disposición publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Falso diálogo

Los pobladores de Grau y Cotabambas, encabezados por el Comité de Lucha, esperaban sostener una reunión con la empresa MinMetal Group a las 10 de la mañana; sin embargo, Nunca se llevó a cabo el supuesto diálogo y se dieron con la sorpresa que este anuncio hecho por la Policía Nacional fue una maniobra para despejar la zona de Sipaspúquio (entrada al campamento minero) donde se produjeron los enfrentamientos (el lunes).

Ello motivó que la población de los diferentes distritos cercanos al proyecto minero, se concentraran en Challhuahuacho

Cusco confirma fallecidos

Por su parte, el director adjunto de la Dirección Regional de Salud Cusco, Erwin Luna, confirmó el fallecimiento de cuatro pobladores de Challahuahuacho (Apurímac), después de los enfrentamientos que se suscitan por la toma del campamento minero «Las Bambas».

“Lamentablemente, en el trayecto Apurímac-Cusco, dejaron de existir Uriel Elguera Chillca (34), Beto Chahuayo Huillca (24) y Alberto Cárdenas Challco (23). En el centro de salud de Chuallhuahuacho, se nos informó que falleció el comunero Exaltación Huamaní de 30 años”, anunció Luna.

Según dijo, la Dirección de Inteligencia Sanitaria del Cusco, todos los pacientes heridos están estables.

“El 80% de pacientes atendidos presentan heridas de bala en varias partes del cuerpo. Otro porcentaje menor presentan fracturas, traumas graves. Todos los atendidos son pobladores ningún efectivo policial ha llegado a nuestros centros de salud”, indicó el director cusqueño de salud.

Detenidos

El Comité de Lucha de Cotabambas y Grau reunió en una lista los nombres de unas 21 personas que fueron detenidas dentro del campamento minero Las Bambas (Empresa Minmetal Group), durante el enfrentamiento registrados en los alrededores de la comunidad de Fuerabamba (distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas).

1. Javier Mamani Coaquira

2. Edwin Chumbis Challanca

3. Edwar Brandon Quispe Ccuno

4. Abraham Vargas Ichuhuayta

5. Asunto Huamani Huamani

6. Wilmer Cardenas Romero

7. Uriel Mandoza Espinoza

8. Gilberto Vargas Antacallo

9. Joel Pañique Flores

10. Wiliam Vilca Ocon

11. Octavio Corupuna Pinares

12. Juan Nina Huamani

13. Rony Lima Berrio

14. Vidal Corupuna Alejo

15. Maria Huamani Huamani

16. Justino Chijlla Quispe

17. Clver Sullca Huarcaya

18. Amilcar Quispe Letona

19. Placido Sullca Costa

20. Nolberto Berrio Huilca

21. Leonardo Taype Huamanga.

En tanto, el ministerio público informó que la investigación se encuentra a cargo de dos fiscalías de Abancay, la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho y la Fiscalía Provincial Mixta en Cotabambas. Participan los fiscales adjuntos provinciales Walter Vilca Yucra, Wilder Oscco Córdova y Danner Mamani. Esta mañana, siete varones llegaron a Abancay en un helicóptero del Ejército, siendo trasladados inicialmente a la sede de Seguridad del Estado y luego pasaron exámenes médicos, reportó el colaborador de El Comercio, Carlos Peña.

Problemática

Los pobladores que habitan dentro de la zona de influencia minera, reclaman que el Estado peruano y la empresa MinMetal Group haya modificado dos veces el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas. En el año 2010, el primer informe del EIA se aprobó en presencia de los ministros de Energía y Minas y del Ambiente (de ese entonces) y la participación de 8 mil ciudadanos de Espinar, y otros 2 mil provenientes de las provincias de las zonas de influencia del proyecto.

Sin embargo, en el 2013 y 2014 (a través de dos resoluciones del MEM), se determina que ya no se construirá el mineroducto de 206 km, y que la Planta de Molibdeno, Planta de Filtros y Almacenes de Concentrado en Tintaya (Espinar, Cusco) se construye en Las Bambas.

Qué demandan ahora

Una de las exigencias principales es que desconozca la modificación del EIA de Las Bambas, la demolición inmediata de esta planta de filtros, así como el retiro de los funcionarios de este proyecto minero quienes han promovido este cambio irregular en el EIA que da luz verde a la ejecución del proyecto.

El reclamo social es el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa que les corresponde por ser pueblos indígenas los afectados por la minera, además de un plan de explotación minera que no contemple el uso de cabeceras de cuenca de los ríos.