Cocachacra: por Rocío Silva Santisteban

Atravesando un paisaje lunar a través de las pampas de La Joya, en un camino de herradura, una se encuentra con una puerta: es la entrada al Proyecto Minero Tía María. Para pasar es necesario pedir permiso al vigilante de la empresa. No, no es agresivo como los de Yanacocha, simplemente apunta en un papel y deja pasar a los transeúntes. Más adelante 20 policías caminan bajo el tórrido sol con una especie de cascos con tapaorejas de tela. Sudados y sedientos. Nos miran alejarnos.

A los dos lados de esa pista afirmada vemos que hay piedritas puestas como si fueran pequeñas apachetas: no son dos, ni decenas, son miles de piedritas durante varios kilómetros. ¿Quién se ha tomado tremendo esfuerzo? Nos dicen que la empresa Southern se gana el “cariño” de la gente contratando a pobladores para poner, literalmente, piedras al costado de la vía. Un trabajo inútil, improductivo, pero de salario seductor. Sobre la siguiente curva vemos el cerro de cobre: ese será el tajo al que muchos temen y otros desean. Un par de vueltas más y la aridez se corta de porrazo: un valle hermoso, verde, impregnado de arroz y árboles frutales, salta a la vista. Desde hace cien años, agricultores y campesinos, le han ganado la batalla a pulso contra la tierra seca: granadas y membrillos que penden de los árboles imponen su presencia y su victoria.

Hoy el distrito de Cocachacra está concesionado al 108%, ¡¿cómo es posible?! Hay concesiones sobre concesiones producto del relajamiento del ordenamiento territorial durante el gobierno aprista. Hoy, para las empresas mineras es un derecho legítimo otorgado por el Estado peruano. En su carrera loca por conseguir inversiones como sea, el gobierno de AGP concesionó todo el valle del Tambo. Por eso, no se trata de cuestionar por cuestionar el proyecto sino por la posibilidad de la entrada de otras empresas.

Incluso, el tajo de Tía María no sería tan problemático si no incluyera el tajo La Tapada, cuyo perímetro de influencia llega casi a orillas del río. Se ha solucionado con el levantamiento de observaciones el problema del agua superficial con las posibilidades de desalinización del agua de mar (pequeño dolor de cabeza para los veraneantes de Mejía que también se oponen al proyecto), pero ¿y la contaminación de la napa freática en cada uno de los dos tajos? ¿por qué el Estado no acepta el pedido de los alcaldes y los miembros de las juntas de usuarios para que UNOPS revise si sus observaciones fueron levantadas o no con el segundo EIA?

El día jueves 16 de abril una misión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui y Cooperacción llegamos a Cocachacra invitados por su alcalde, Elard Valencia, con la finalidad de recoger información sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto. En el año 2011, durante su primera escalada, murieron tres personas por impactos de arma de fuego de la PNP y hoy hay decenas de heridos de perdigones o gases lacrimógenos. Sí, la gran diferencia entre usar balas y perdigones implica la vida de los seres humanos, felizmente eso lo sabe el actual ministro del Interior Pérez Guadalupe. Sin embargo las lágrimas que corrían por los rostros de esos agricultores trejos cuando nos narraban sus historias están vinculadas con el dolor moral: la indignación. “¡¿Por qué, doctorita, creen que somos ignorantes y nos dejamos arrastrar por cuatro dirigentes?, ¿por qué nos llaman terroristas antimineros?! Somos gente honrada que vive de la agricultura, y lo único que queremos es vivir en paz!”.

Mientras tanto el gerente de la Southern Copper que acusa a la población inocente de ser terroristas, Óscar González Rocha, es procesado por contaminación del aire y arrojar arsénico al mar de Ilo. ¿Quién es el delincuente?

Fuente: La República