Comunidad de Accomarca expone problemática por la minería informal en la Comisión de Pueblos del Congreso

Representantes de la Comunidad Campesina de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, región de Ayacucho, con el acompañamiento técnico y legal de la Red Muqui, se reunieron con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) para exponer la problemática ambiental que enfrentan debido a la presencia de la minería informal en su territorio.

Desde el año 2020, el operador minero Ismael Medina explota sulfuro de cobre dentro de los límites de la comunidad, zonas de Chamana y Pichuscucho, y cerca al río Pampas a pesar de no contar con el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), documento que es aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho.

Tampoco tiene la licencia social de los habitantes Accomarca, quienes han rechazado públicamente cualquier tipo de minería que pone en riesgo sus formas y medio de vida a causa de la contaminación ambiental y sonora. El cultivo de palta y frutales diversos es una de las actividades económicas más importantes en el territorio comunal, cuyo recuerdo yace el 14 de agosto de 1985, fecha conmemorativa de una de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno donde fueron asesinados más de 70 comuneros.

La operación minera se encuentra paralizada temporalmente, pero esta situación mantiene bajo tensión a la comunidad, cuya directiva ha sido denunciada por el minero informal Ismael Medina por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, cuando decidieron en asamblea general decomisar las herramientas de este productor minero y el desalojo del campamento en septiembre del año pasado. La decisión de la comunidad se originó a raíz de la Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, que ordenó la paralización temporal de la actividad minera en la zona denominada Chamana por incumplimiento de compromisos ambientales.

Así pues, el último lunes, lograron reunirse con la presidente de la CPAAAAE del Congreso de la República, Ruth Luque, a quien le solicitaron que apoye en sus demandas dirigidas en gran parte al Gobierno Regional de Ayacucho que puede solucionar esta problemática.

1. Paralización definitiva de la operación minera debido a la contaminación del río y el conflicto socioambiental que se ha generado entre la comunidad e Ismael Medina.
2. Monitoreo de la calidad del agua del río Pampas y suelos agrícolas para determinar si hay presencia de metales tóxicos.
3. Cumplimiento de la Sentencia 310/2023, donde se exhorta que el Congreso de la República, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Cultura puedan adecuar su normativa y así generar una participación ciudadana intercultural en el sector minero, puesto que la comunidad desconocía de la existencia de 8 concesiones tituladas en la zona, mediante la cual se permite la entrada de minería artesanal y pequeña minería.
4. Sesión de trabajo conjunta con la Comisión de Energía y Minas y entidades estatales vinculadas a la problemática.

La parlamentaria se comprometió en solicitar a las autoridades competentes que realicen monitoreo en la salud de la población y calidad de agua, debido a que, desde los inicios de la operación minera, no hubo un adecuado almacenamiento de desechos y otros materiales tóxicos. Además, realizará acciones de articulación con la Comisión de Energía y Minas para atender esta urgente problemática de la minería informal e ilegal.

A esta reunión también participó el congresista Isaac Mita y su asesor. Ambos pidieron información formal a la Red Muqui para que plantee acciones complementarias de incidencia y control político.

Los representantes de la comunidad integrada por el regidor distrital Javier Baldeón Palacios y los dirigentes Zosimo Sulca Quispe, presidente de la comunidad de Accomarca; así también Obdulia Janampa, presidente de la Asociación de Hijos e Hijas de Comuneros de Accomarca (AHIDA) en Lima y Emiliano Quispe, exdirectivo de la AHIDA, expresaron que cualquier tipo de minería atenta contra la salud y el medio ambiente, por lo que exigen la paralización definitiva de la operación minera y la nulidad de las concesiones mineras que se superponen a su territorio.