Segunda vuelta electoral: el silencio político frente a la crisis ambiental y minera en el Perú

Por: Lilian Oscco Abarca, secretaria ejecutiva de la Red Muqui

El debate de equipos técnicos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pasado 24 de mayo, dejó en evidencia el escaso lugar que ocupan los temas ambientales en la agenda política nacional. Aunque existió un bloque específico sobre “Agricultura y medio ambiente”, los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú evitaron pronunciarse sobre algunos de los problemas más urgentes que enfrentan hoy los territorios y las poblaciones afectadas por actividades extractivas.

No se escucharon propuestas concretas sobre la contaminación de las fuentes de agua, el avance de la minería informal e ilegal, la creciente deforestación de la Amazonía ni sobre la situación de las comunidades campesinas e indígenas cuyos territorios siguen siendo vulnerados. Esta ausencia de respuestas refleja la distancia entre el debate político y la realidad que viven miles de familias en distintas regiones del país.

Mientras numerosas comunidades enfrentan los impactos de la contaminación en el agua, el aire y sus tierras agrícolas, además de dificultades para acceder a servicios adecuados de salud, estos temas siguen ocupando un lugar secundario en el escenario electoral. Sin embargo, para quienes viven en los territorios afectados, no se trata de una amenaza futura, sino de una realidad cotidiana.

El silencio sobre el Reinfo y la expansión de la minería informal e ilegal

Uno de los vacíos más evidentes del debate fue la ausencia de una posición clara sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el futuro del proceso de formalización minera. Se trata de un tema clave para el país, directamente vinculado con la protección ambiental, la gestión de los recursos naturales y el avance de economías ilegales en distintas regiones. La ampliación constante del Reinfo no ha resultado los problemas de fondo de la informalidad minera. Por el contrario, en varios territorios se observa el crecimiento de actividades que generan graves impactos sobre ríos, bosques, ecosistemas y poblaciones locales.

Lo que el país necesita es una discusión seria sobre cómo reformar el proceso de formalización, diferenciando claramente a los pequeños mineros y mineras que buscan regularizarse de organizaciones vinculadas a delitos ambientales, violencia y economías ilegales.

Evitar estas discusiones no hará desaparecer los problemas. Por el contrario, posterga decisiones urgentes para proteger los territorios, fortalecer la institucionalidad ambiental y garantizar una gestión responsable de los recursos naturales.

Los temas que no pueden faltar en el debate presidencial

De cara al próximo debate presidencial, resulta indispensable que las organizaciones políticas presenten propuestas concretas y posiciones claras sobre la problemática ambiental y minera que atraviesa el país.

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué plantean frente a la contaminación generada por actividades mineras, sean estas de gran escala, informales o ilegales. También es necesario saber qué medidas proponen para enfrentar la contaminación por metales pesados, garantizar la salud y seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas, remediar pasivos ambientales y fortalecer los mecanismos de fiscalización ambiental.

Asimismo, resulta fundamental que los candidatos se pronuncien sobre las normas que, en los últimos años, han debilitado la protección ambiental y los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas. Entre ellas se encuentra la Ley 31973, conocida como "Ley Antiforestal", así como la Ley 32293, llamada “ley de despojo territorial”, cuestionada por diversas organizaciones debido a los riesgos que representa para la seguridad jurídica de los territorios comunales.

Otro tema clave es la protección de las cabeceras de cuenca y de las fuentes de agua que sostienen la vida, la agricultura familiar y las economías locales. En un contexto marcado por el avance de actividades extractivas y los efectos cada vez más visibles del cambio climático, el país necesita políticas que garanticen la seguridad hídrica y la conservación de ecosistemas fundamentales para las actuales y futuras generaciones.

Una agenda que las comunidades ya no pueden seguir esperando

La discusión sobre el desarrollo del país no puede limitarse al crecimiento económico o a los indicadores macroeconómicos. También debe incluir la forma en que protegemos los territorios, cuidamos los ecosistemas y garantizamos los derechos de las poblaciones que históricamente han asumido los costos sociales y ambientales de las actividades extractivas.

La crisis ambiental, el avance de economías ilegales vinculadas a la minería y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental no son problemas secundarios. Son desafíos que afectan directamente la calidad de vida de miles de personas y que requieren respuestas políticas claras, participación ciudadana efectiva y un compromiso real con la justicia ambiental y territorial.

Por eso, los próximos debates deben servir para escuchar propuestas concretas y compromisos verificables. El país necesita saber cómo las candidaturas enfrentarán estos problemas y qué medidas plantean para proteger la vida, el agua, los territorios y los derechos colectivos. Frente a estos desafíos, guardar silencio ya no es una opción. Las comunidades, los territorios y el país necesitan respuestas.

Foto: Composición/JNE/Red Muqui