Lambayeque: comunidad originaria de Cañaris y el nuevo capítulo en la resistencia contra la minería

El norte peruano enfrenta la imposición de proyectos mineros inconsultos que ponen en riesgo el agua y los medios de vida. En la región de Lambayeque, la comunidad y las rondas campesinas de San Juan de Cañaris lideraron la movilización del viernes último en la ciudad de Chiclayo. 

ANTECEDENTES 

La resistencia contra el proyecto Cañariaco tiene una larga historia que se remonta a 2012, año en que lograron paralizar los trabajos de exploración minera de la empresa canadiense Candente Cooper Corp, que luego cambió su nombre a Alta Copper Corp. Fue, a través  de una consulta comunal, que se evitó el ingreso de la minería en el territorio (el 97% de votantes dijeron que no), aunque solo por un periodo.

En 2013, el conflicto social desencadenó en enfrentamientos que dejaron a más de 20 comuneros heridos a raíz de las presiones del gobierno y el sector minero por sacar adelante este proyecto minero a cielo abierto de cobre, oro y plata. Esta vez, el régimen de Dina Boluarte pretende revivirlo, mientras el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, ha cambiado de postura a favor de la minería.

En noviembre de 2024, en una asamblea general, la comunidad acordó respaldar la decisión tomada hace más de una década luego del accionar de la minera, que anunció que cuenta con el permiso del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para la fase de perforación, así como del Ministerio de Cultura con respecto a la recepción de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie. Ambos documentos son requisitos clave para la etapa de exploración, precisó en una nota CooperAcción, institución asociada a la Red Muqui.

Como respuesta, marcharon por las principales calles de la ciudad en defensa de su territorio y la cabecera de cuenca del río Cañariaco, que provee de agua para consumo humano y agropecuario, actividades económicas importantes para la localidad. A la acción colectiva se sumó la comunidad campesina Túpac Amaru II, situada en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe. De igual manera, las bases de diferentes organizaciones sociales y comunidades apoyaron esta medida.

DEMANDAS COLECTIVAS

El presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, Luis Fernando Bernilla, enfatizó que este proyecto minero se ubica exactamente en la naciente del río Cañariaco, lugar en donde crece el árbol de la quina, entre otros tipos de flora y también fauna que depende del ecosistema para vivir. En esa misma línea, de acuerdo a la Red Muqui, existen otras especies en peligro de extinción como son el oso hormiguero, el oso de anteojos, el tapir andino, el puma, el venado, la pava parvada, ranas, entre otras especies protegidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la lista roja de protección de especies en peligro de extinción.

“Es una zona verde donde están los colchones acuíferos. Una parte desemboca al río Huancabamba que alimenta al río Marañón y otro al departamento de Lambayeque y Piura, la contaminación que podría generar la minería es a nivel regional. ¿Cómo le da el permiso que entre al territorio, si a nosotros como pueblo originario, no nos han preguntado? Es una vulneración al derecho como pueblos indígenas. No se ha escuchado nuestra voz de protesta, este problema se va a complicar si sigue la empresa minera”, subrayó Bernilla.

El temor por los impactos ambientales y sociales que podría generar es alto, no solo para el recurso hídrico, sino también para la biodiversidad en general, más aún en un contexto de crisis climática e hídrica. El Convenio 169 de la OIT establece el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, el cual se aplica a proyectos mineros, pero que no ha ocurrido en este caso. 

Además de la preocupación por el suministro de agua, el proyecto Cañariaco se encuentra en el medio de la comunidad de Cañaris. Según información producida por la Red Muqui en 2012, 33,000.00 hectáreas se encontraban concesionadas en los distritos de Cañaris e Incahuasi, de los cuales la empresa abarcaría 5,300 hectáreas para su proyecto. Por su parte, en 2024, CooperAcción reveló que el 63% del territorio distrital de Cañaris estaba concesionado a la minería.

“Otra razón para rechazar el proyecto es que la población de Cañaris, el 95 % son personas campesinas que viven de la chacra y así sobreviven. Sería fatal la minería para la agricultura. Tenemos 3 pisos ecológicos, en la parte alta se cultiva papa, habas, trigo, cebada, y en la parte media la granadilla, café, chirimoya, mientras que, en la parte baja tenemos arroz, cacao, entre otros”, finalizó el dirigente.

En la movilización la comunidad y las rondas campesinas ratificaron su contundente rechazo a la minería por ser una amenaza para el futuro. A la vez, exigieron al Minem desistir con este controvertido proyecto minero.

En las redes sociales circula un video que recuerda la posición del gobernador regional Jorge Pérez, quien en campaña electoral manifestaba: “La minera va a ser parte de la destrucción de Cañaris, cambiemos esa historia nefasta de esta gente que ha llegado y se ha quedado con sus tierras… No te dejes engañar hermano y hermana de Cañaris”. Por ello, en la movilización la comunidad cuestionó drásticamente a la autoridad política.