CAJAMARCA

En 1957, el yacimiento Michiquillay es denunciado por el señor Reynaldo de la Puente y otros. A inicios de la década del 60, American Smelting and Refining Company (ASARCO) adquiere los denuncios del área de Michiquillay, empresa que da inicio a las exploraciones con perforaciones diamantinas, estimándose reservas de 570 millones de toneladas de mineral de cobre. En 1970 las concesiones revierten al estado y son asignadas a Minero Perú S.A.

En la década de los 70 se tuvo cooperación del gobierno japonés formando un comité de cooperación para luego ser sustituido por la Michiquillay Cooper Corporation, que agrupaba empresas japonesas, las cuales realizaron trabajos de investigación geológica, minera y metalúrgica instalándose una planta piloto.

En marzo de 2001 se hizo la fusión de Centromín Perú S.A. y Minero Perú S.A. mediante la absorción de la segunda a la primera. En el 2007 se culminó el proceso de privatización de Michiquillay, siendo transferidas las concesiones de Michiquillay a la empresa Anglo American, quedando 2 concesiones en la zona sur con 14,927.95 ha, las que actualmente constituyen las áreas de las concesiones mineras “Michiquillay Remanentes”.

Si bien, el proyecto se plantea como una necesidad para el desarrollo de Cajamarca y el Perú, la empresa encargada de su explotación, Southern Copper, tiene serios cuestionamientos. El 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Southern Perú por medio millón de soles. El OEFA indicó que la dispersión del material particulado puede causar efectos adversos al ambiente, tal es el caso de la calidad del suelo y agua. “Si tiene contacto con el agua y la atmósfera húmeda es potencial generador de aguas ácidas”, cita el diario La República.

En Moquegua, donde Southern está a cargo del proyecto Quellaveco, hasta el 2015, la empresa tenía 9 multas ambientales que ascendían a 414,282 miles de dólares por diferentes infracciones ambientales entre las que estaban incumplimientos de usos de instrumentos ambientales. Hace poco se dio a conocer que la Autoridad Nacional del Agua estaba realizando pruebas en el río Torata, donde las comunidades afirman que hay contaminación minera, atribuida a la minera. Además, la manera como abordó el conflicto en el proyecto Tía María (Arequipa), plantean serias inquietudes y tal como lo recuerda el congresista Marco Arana, Southern ha sido una de las empresas más sancionadas por su desempeño ambiental. Habrá que observar cómo en este caso se van construyendo esas relaciones y posibles acuerdos.