Cusco y Piura: comunidades defienden el agua y territorio frente al extractivismo minero 

Nota elaborada en colaboración con REDAD Piura y Derechos Humanos Sin Fronteras, instituciones asociadas a la Red Muqui

La permanente crisis política, climática y energética continúa su curso, mientras la campaña electoral mantiene la agenda mediática concentrada en Lima. Sin embargo, en varias regiones del país las comunidades siguen movilizándose para defender sus territorios frente a proyectos extractivos mineros. Este es el caso de Cusco y Piura, donde la resistencia para proteger el agua, el territorio y las economías locales vinculadas a la agricultura y la ganadería se mantiene firme.

Cusco, comunidades demandan diálogo

Desde el 2 de marzo, comunidades de la provincia de Chumbivilcas en el departamento de Cusco, mantienen una movilización ante la falta de respuesta del Gobierno a su rechazo al proyecto minero Crespo, ubicado en la zona del Nevado Huanzo, en las faldas del Apu Curasma, principal fuente de agua en la cabecera de cuenca del río Santo Tomás. Este ecosistema hídrico abastece de agua para consumo humano, ganadería y agricultura a diversas poblaciones de la provincia.

El proyecto, de mediana minería de oro a tajo abierto, pertenece a la empresa Apumayo S.A.C. y contempla la instalación de una planta de lixiviación para el procesamiento del mineral. Según las comunidades, el inicio de la etapa de explotación minera se estaría impulsando sin garantías ambientales suficientes ni un proceso de diálogo transparente con la población local.

La principal preocupación de comuneros, dirigentes y autoridades locales es el posible impacto ambiental en la cuenca del río Santo Tomás, un ecosistema estratégico para la seguridad hídrica de cientos de familias y para las actividades agropecuarias de los distritos de Llusco, Quiñota, Colquemarca y Ccapacmarca.

Movilización realizada el 4 de marzo de este año.

Ante esta situación, las comunidades de Chumbivilcas han solicitado a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la paralización de los trabajos del proyecto Crespo. No obstante, hasta el momento no han recibido una respuesta concreta a sus demandas.

Frente a la falta de atención por parte del Estado, representantes del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas interpusieron una acción de amparo ante el Primer Juzgado Mixto de Santo Tomás contra la minera Crespo. La demanda se sustenta en argumentos técnicos y legales sobre la posible vulneración a las fuentes de agua y los riesgos ambientales que implicaría la ejecución del proyecto. La audiencia estaba prevista para hoy, pero fue reprogramada para el próximo 8 de abril a las 2 de la tarde.  

Piura, tierra de los páramos y bosque de neblina

En la sierra de Piura, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, comunidades y rondas campesinas también defienden el agua y el territorio del proyecto minero Río Blanco, impulsado por la empresa minera Zijin, que desde hace más de dos décadas no ha logrado obtener licencia social.

La oposición de las comunidades se basa en que la actividad minera es incompatible con la vocación agrícola del territorio. Además, el proyecto se ubica en zonas de páramos y bosques de neblina, ecosistemas frágiles que captan y regulan el agua que abastece a gran parte de Piura y zonas de Cajamarca.

En 2007, las poblaciones de Ayabaca, Pacaipampa y Huancabamba realizaron una consulta vecinal con resultados contundentes: más del 90 % de la población votó en contra del ingreso de la minería en su territorio, reafirmando su decisión de priorizar la defensa del agua, la agricultura y las economías locales.

Foto: Encuentro en la comunidad campesina de Tacalpo (Ayabaca), 9 agosto de 2025.

A lo largo de los años se han registrado diversas movilizaciones y protestas en rechazo al proyecto, incluyendo marchas hacia el campamento minero. Durante estas marchas se produjeron graves vulneraciones a los derechos humanos, entre ellas la muertes de dos personas por represión de la Policía Nacional del Perú y el  secuestro de 29 manifestantes, hechos que inicialmente fueron negados por la empresa y posteriormente reconocidos. En total 11 personas han perdido la vida en el contexto de la oposición al proyecto Río Blanco.

Las comunidades, rondas campesinas y organizaciones sociales han realizado movilizaciones en Ayabaca y Huancabamba, la ciudad de Piura, incluso en Lima, para rechazar cualquier actividad minera en ecosistemas frágiles como los páramos y bosques de neblina, fundamentales para la regulación hídrica, la biodiversidad y la vida. En estos territorios se encuentran nacientes de cuencas, especies endémicas de flora y fauna y sistemas ecológicos clave.

Resistencia popular también se expresa en murales.

Cabe señalar que en el departamento de Piura se propone el desarrollo de tres grandes proyectos mineros: Río Blanco, de la empresa minera china Zijin; El Algarrobo, de la compañía de minas Buenaventura S.A.A., ubicado en el distrito de Tambogrande; y el proyecto minero Lancones, de la empresa minera Nexa Resources Perú, que actualmente viene realizando 18 perforaciones exploratorias en los distritos de la provincia de Castilla.

Hasta el momento, las dos primeras empresas no han logrado conseguir la licencia social, condición indispensable para poder ingresar a territorios comunales y avanzar con estudios de impacto ambiental. En ese sentido, comunidades y rondas campesinas de estas provincias serranas continúan vigilantes y decididas a no permitir el ingreso de estas empresas a sus territorios comunales, mientras no se respete la voluntad popular y la protección de las fuentes de agua. 

Crédito de las fotos: DHSF y REDAD Piura (archivo)