Día mundial del Agua: entre la desprotección y la falta de propuestas claras de los candidatos

Por Edwin Alejandro Berrospi - Área Socioambiental de la Red Muqui

El Perú es uno de los países más ricos del mundo en agua; sin embargo, la costa que concentra más del 70% de la población solo cuenta con el 1.8% del agua que se produce en manantiales, puquios, bofedales, páramos, lagunas y otros ecosistemas. La ciudad de Lima es la más vulnerable porque la cuenca del río Rímac, del cual se abastece, es la más contaminada por los impactos ambientales de las actividades humanas, así como de la minería que ponen en grave riesgo la vida de la población de Lima.

El agua es un bien esencial para la vida del planeta y en tiempos de propagación de la pandemia, el acceso al agua se vuelve aún más crucial para la prevención de enfermedades y la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, más de 7 millones de peruanos (22.76% de la población) no tiene acceso al agua potable y, por lo tanto, no disponen de agua de calidad para el consumo humano. En los últimos años se ha venido notando una disminución significativa de este recurso debido al crecimiento acelerado de la población, incremento en la explotación de los acuíferos, la contaminación ambiental y el cambio climático.

La minería, por ejemplo, es una de las actividades que ha venido trabajando con normalidad en tiempos de pandemia y es la industria que consume más agua, afectando la disponibilidad y calidad de las principales cuencas hidrográficas del país.  El 49% del territorio ubicado en la cuenca hidrográfica del pacifico esta concesionada para la minería, dónde solo se tiene disponible el 1.8% del agua; es decir, la minería tiene el derecho de uso de agua con más de 423.19 millones de metros cúbicos (MMC), lo que representa un riesgo para el acceso humano al agua, a la salud y a un ambiente sano (PRECIADO 2016).

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), existen más de 21 ríos contaminados por residuos sólidos, aguas residuales, los relaves mineros, así como los pasivos ambientales mineros que afectan directamente a las principales cuencas hidrográficas del país. Los niveles de contaminación van en aumento y el calentamiento global, por los gases de efecto invernadero, derrite los glaciales que abastece de agua a las lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca, lo que genera una grave crisis ambiental.

La agenda de los candidatos sobre proyectos mineros y los riesgos de afectación al agua

De los meses transcurridos del gobierno del presidente Sagasti, queda claro que no existe interés del gobierno, ni voluntad política de la mayoría de los actuales candidatos para proteger y conservar el agua; por el contrario se persiste en la imposición de proyectos mineros como el caso Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca) o Río Blanco (Piura). Al respecto, el señor Hernando de Soto recientemente señaló que promoverá la marcha de 274 proyectos mineros, entre los cuales se encuentra el proyecto minero Conga en Cajamarca: “No es problema 300 ó 400 ronderos para la policía peruana, meto 5,000 o 6,000 policías para desbloquear, porque primero es la minería”.

Como se recuerda, este conflicto ya dejó 5 muertos, cientos de heridos y detenidos para intentar imponer este proyecto. El dueño del proyecto Conga es la minera Yanacocha y contemplaba la construcción de dos tajos, una sobre una laguna, ubicadas en las nacientes de las cuencas hidrográficas de Cajamarca y Celendín (Cajamarca). ​En el área de influencia del proyecto Conga existen cerca de 40 lagunas y más de 100 hectáreas de bofedales y humedales, que se perderían por este proyecto minero.

Caso similar ocurre con los otros candidatos que pretenden imponer proyectos mineros como el señor Lescano, que estaría interesado en retomar el proyecto minero Río Blanco  en la provincia de Ayabaca y Huancabamba de la región Piura, donde el 95% de la población dijo NO a este proyecto porque afectaría sus páramos y bosque de neblinas, así como la agricultura local.

El Estado debe proteger las cabeceras de cuenca

Es preocupante que hasta la fecha el Estado a través de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) no haya mostrado voluntad política de proteger las cabeceras de cuenca. Han pasado cerca de cuatro años desde la aprobación de la ley 30640 para el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca^[1]. La ANA tenía el encargo de establecer el Marco Metodológico en el plazo de un año, pero hasta la fecha no hay muchos avances. El Estado tiene la responsabilidad de proteger y velar por la gestión adecuada de los recursos hídricos y no podemos seguir haciendo el uso inadecuado de los recursos hídricos priorizando solo las actividades extractivas o de las empresas agroexportadoras. Es indispensable una gestión óptima del derecho humano al agua y saneamiento para las poblaciones con participación activa de la ciudadana, que es muy distinto a los clientes que tienen las licencias de uso de agua.

Frente a ello, urge aprobar la ley de vigilantes y monitores ambientales en el Congreso de la República para la protección y cuidado del agua

La actual crisis ambiental que venimos atravesando por la acelerada degradación ambiental de nuestros territorios, el agua y los recursos naturales; hace necesaria la protección del mismo por las propias comunidades andinas y amazónicas que se han organizado a través de los comités de vigilancia y monitoreo ambiental. Los resultados de las acciones de vigilancia y monitoreo que realizan en sus territorios sirven como primer eslabón de alerta temprana ante posibles desastres ambientales, cuidado del agua y de esta forma prevenir los posibles conflictos sociales.

Por ello, el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República debe ser aprobado en el pleno de Congreso a fin de reconocer el trabajo de los vigilantes ambientales y en especial para los pueblos indígenas y poblaciones locales. Acciones de este tipo en medio de esta pandemia permite garantizar una mayor participación de las comunidades andinas y amazónicas, y con ello una mejora en la calidad de vida de las peruanas y peruanos.

[1] Ley Nro. 30640 fue promulgada el 15 de agosto del 2017