Dos años de la masacre de Juliaca: “No importa el tiempo que tengamos que caminar, pero lo vamos a hacer”

Elaborado por: Mataperrea

• Han pasado dos años de la masacre del 09 de enero en Juliaca perpetrada por el régimen de Dina Boluarte, pero para las familias de las víctimas es un episodio fresco que perdura en su mente hasta la actualidad. La búsqueda de justicia no se detiene y la exigencia de cárcel para los responsables es un pedido constante de la la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero de Juliaca. Este mes los deudos se reunieron con la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien prometió acelerar las investigaciones y cuidar la salud mental de las víctimas

“El 9 de enero, la muerte estaba ahí, rondando, caminando con nosotros. Era un charco de sangre. Todos los días vivimos con eso. Soñamos con eso. Pero aquí estamos. No le tenemos miedo. No podemos olvidar. Solo con nuestra memoria podremos vencer. No importa cuánto tengamos que caminar, pero lo haremos”, afirma Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca.

Sus palabras, como presidente también de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023, resuenan en el marco de la conmemoración de los dos años de la masacre perpetrada por el régimen de Dina Boluarte el 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno.

Familiares de las víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil realizaron diversas actividades en homenaje a los caídos. La jornada incluyó una misa, romerías, actos artísticos y culturales, intervenciones en las calles, exposiciones fotográficas y proyecciones audiovisuales sobre las protestas contra Boluarte, sus ministros y aliados en el Congreso.

“Los asesinaron un gobierno y un sistema. A mi hermano le prometí que resistiré, y que las familias resistiremos también. Viajaremos a la capital cuantas veces sea necesario. No es rencor ni venganza, es sed de justicia. Y no es una justicia individual, es una justicia social y colectiva para todo el pueblo peruano”, expresó también Milagros Samillán Sanga, hermana del médico fallecido Marco Samillán.

Familiares denuncian obstrucción en las investigaciones

Las familias de Juliaca denunciaron la falta de avances en las investigaciones y la continua dilatación del proceso judicial. Hasta el momento, han tenido cinco cambios de fiscal, y durante la gestión de Patricia Benavides —exfiscal de la Nación investigada por presuntamente liderar una red de corrupción en el Ministerio Público— los expedientes fueron trasladados a Lima, dificultando el acceso a la justicia.

“Ahora la responsabilidad recae en la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y en la nueva coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), Raquel Cárdenas. Exigimos un solo resultado: que los responsables de los asesinatos y heridas causadas bajo el régimen de Dina Boluarte sean sentenciados”, manifestaron los familiares de las víctimas.

Reunión con la fiscal de la Nación en Lima

En busca de respuestas, los familiares de las víctimas viajaron a Lima para reunirse con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien expresó su sorpresa por la falta de avances en dos años y se comprometió a agilizar las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.

Espinoza anunció la remoción de fiscales que no hayan mostrado avances en el proceso y acordó establecer reuniones periódicas para dar seguimiento a los casos. Asimismo, garantizó un presupuesto diferenciado para las fiscalías de derechos humanos y el EFICAVIP.

Los abogados de los familiares de Puno, Ayacucho y Junín destacaron que la fiscal de la Nación supervisará la denuncia constitucional contra Dina Boluarte, el expremier Alberto Otárola y los ministros implicados en la represión. Además, el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos priorizará la atención a los familiares de los asesinados y a los heridos, en coordinación con representantes de cada región.

La lucha por justicia sigue en pie. Dos años después, las familias no olvidan, no callan y no dejan de exigir que los responsables sean juzgados.