Minería ilegal: un desafío persistente y sus impactos al ambiente y a los DD. HH.

Por: Rodrigo Lauracio Apaza, Área de Incidencia Legal de la Red Muqui

Recientemente el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha hecho público el Proyecto de Ley N.° DGFM-001-2024-MINEM de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que recoge también aportes de la ciudadanía en general. Esta propuesta busca la regularización de un sector que históricamente no ha logrado superar los desafíos en materia de formalización y sostenibilidad.

Si bien esta iniciativa busca centralizar los procesos en el Minem y agilizar la tramitación de expedientes, es fundamental analizar previamente su impacto en la calidad regulatoria, la trazabilidad de los minerales, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel regional. Otro aspecto que también es de nuestra preocupación es el sistema de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que encierra un problema de fondo: ausencia de estrategia clara para la declarar la caducidad o nulidad de derechos mineros que incumplen con las exigencias administrativas y/o ambientales, lo cual pasa también por no seguir prorrogando los plazos indefinidamente.

¿Qué hacer?

Desde la Red Muqui cuestionamos las posiciones sostenidas por el titular del Minem, Rómulo Mucho, quien promueve proyectos extractivos sin licencia social, como Tía María en Arequipa y Colpayoc y Conga en Cajamarca. Es de preocupación también las iniciativas legislativas, destacando el Proyecto de Ley N° 3634/2022-CR, presentado por congresistas de diversos partidos, entre ellos Acción Popular y Alianza para el Progreso. Esta propuesta legislativa busca promover la minería artesanal y a pequeña escala, lo que genera alarma debido a la ausencia de mecanismos efectivos de Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica Económica; además que la situación generaría un impacto negativo en los territorios de pueblos indígenas y originarios, por el incremento de hasta 5000 hectáreas de explotación, otorgadas a los mineros.

Por otro lado, la expansión de la minería ilegal continúa ejerciendo una presión significativa sobre los territorios de comunidades campesinas, nativas e indígenas. Sabemos, además, que moviliza más de un millón de onzas de oro anualmente sin trazabilidad alguna. Así, un problema persistente en la minería informal es el uso indebido del Reinfo como fachada para mantener actividades ilegales, que obstaculiza la labor de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, especialmente con cada prórroga del Reinfo. Un ejemplo son las denuncias por minería ilegal que se concentran en un 42% en las regiones amazónicas (Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali), con Madre de Dios liderando las denuncias (3,596); región peligrosa por los delitos conexos con la ilegalidad, el narcotráfico, trata de personas y asesinatos de defensores y defensoras ambientales.

También alertamos que la continuidad de la minería ilegal e informal amenaza con seguir depredando y contaminando territorios costeros, andinos y amazónicos, además de exacerbar la violencia sistemática. Por lo cual es necesario que las propuestas normativas y la política pública en general se realicen con la plena participación de las organizaciones sociales y comunidades en coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de los gobiernos regionales. De igual manera, que se implemente una estrategia integral con pertinencia cultural y se realice el proceso de consulta previa con el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas; y se garantice la asignación de los recursos económicos necesarios para su implementación y acciones de control y fiscalización, sobre todo porque en diversos casos se han producido acciones violentas de resistencia al ingreso de autoridades en la interdicción.

Finalmente, se debe priorizar la remediación de zonas impactadas por la actividad minera y que los gobiernos regionales fortalezcan su función fiscalizadora, con énfasis en el uso ilegal de dinamita y sustancias tóxicas como mercurio y cianuro.

Problemática de la minería ilegal en la interpelación a Mucho 

No olvidemos que, el 13 de junio del presente año, Rómulo Mucho fue sometido a interpelación por el Congreso de la República, entre otros aspectos, por un pedido de rendición de cuentas sobre la formalización minera y la criminalidad organizada asociada a la minería ilegal que ha tenido un crecimiento exponencial en todo el país. Las interrogantes formuladas por los congresistas estuvieron referidas a por qué hasta la fecha no se había declarado emergencia la formalización minera artesanal, y cuáles fueron las acciones que el Minem implementó para revertir la expansión de la minería ilegal.

La respuesta del ministro se centró en sostener la diferencia normativa entre minería informal e ilegal. Resaltó también que, conforme a la Ley 31388, se prorrogó excepcionalmente el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2024; y el Ejecutivo debe concluir con elaborar una propuesta normativa para la MAPE, atendiendo la problemática existente.

Sobre la presencia de organizaciones criminales que fomentan la minería ilegal, sostuvo que el Minem no tiene competencias en acciones directas en ilícitos penales como la minería ilegal; no obstante, conforme al artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1100, se remite información al Ministerio Público, PNP o el Ministerio de Defensa de la ejecución de acciones contra la minería ilegal. 

Fecha de publicación: 12 de agosto de 2024