El PERUMIN y un gobierno que claudica a la defensa del agro y el ambiente

Por: Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui

Durante estos días, del 22 al 26 de septiembre, se desarrolla en Arequipa la Cumbre Minera – PERUMIN 37, uno de los principales espacios de promoción de la minería en el país. Bajo el lema “Juntos por más oportunidades y bienestar para todos” y con Alemania como país aliado, la cumbre centra sus debates en sostenibilidad, clima de inversiones, transición energética y minerales críticos, además de innovación tecnológica, inclusión y desarrollo territorial. También se abordan asuntos como la gestión del agua, la participación de mujeres y jóvenes, y los retos de la minería informal e ilegal. No obstante, la narrativa predominante busca reafirmar la minería como motor de desarrollo, sin reconocer los impactos sociales y ambientales que este modelo sigue generando en los territorios.

A la convención minera han asistido líderes empresariales y políticos, así como representantes del gobierno central. Entre ellos, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Ángel Manero, quien realizó unas desafortunadas declaraciones al señalar que debería priorizarse el uso del agua para la minería antes que para la agricultura: “Nosotros decimos que, si tenemos que elegir en momentos de urgencia y escasez entre darle agua a la agricultura o darle agua a la minería, tenemos que darle agua a la minería, porque es la actividad que más flujo de caja le da al país”, afirmó el ministro.

No se trata de un hecho aislado ni es casualidad. Recordemos que, en el pasado, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro, declaró que su cartera estaba comprometida con reducir la “tramitología ambiental” en favor de la minería. Todo esto evidencia la política del “gobierno minero” que sostiene el régimen de Dina Boluarte, poniendo la ya frágil institucionalidad ambiental y agrícola del país al servicio de la expansión extractiva.

Es necesario recordarle al ministro Manero que su función es representar la política agraria en el Perú, no los intereses del sector minero. En el país existen más de 2 millones de familias dedicadas a la agricultura familiar, responsables de la producción del 70% de los alimentos que consume la población nacional —cereales, tubérculos, frutas, legumbres, verduras y productos de origen animal—, además de contribuir a la conservación de ecosistemas y saberes ancestrales de los pueblos indígenas.

La agricultura, lejos de ser secundaria, es la base de la economía y la seguridad alimentaria: genera más de 3 millones de empleos, representando el 83% de la PEA agropecuaria, de los cuales el 38.7% son mujeres. Lejos de ser secundaria, la agricultura es la base de la economía y la alimentación del país. Un ejemplo emblemático es el valle de Tambo, donde se produce ajo, cebolla, papa, arroz, entre otros, y donde se pretende imponer el proyecto minero Tía María de la empresa mexicana Southern Copper Corporation, a pesar de haber sido rechazado por la población desde 2009.

Retomando el PERUMIN 37, se evidencia cómo los gremios mineros y el gobierno central discuten sobre política y gobernanza minera sin participación de la sociedad civil ni de las comunidades y poblaciones afectadas. Tras más de 30 años del llamado “boom minero” en el Perú, resulta imprescindible abrir un debate amplio sobre una nueva política minera. La actual Ley General de Minería, vigente desde hace 3 décadas, está llena de parches y modificaciones que favorecen a las grandes transnacionales. En ese marco, es urgente, por ejemplo, revisar la política de concesiones mineras y redefinir el rol de la pequeña minería.  Sobre este último punto, no basta con estigmatizar a todos bajo el mismo rótulo de ilegales y criminales: se necesita distinguir entre actores y territorios, reconociendo las diferencias entre la pequeña minería, la minería informal, la ilegal y la criminalidad organizada.

En esa línea, desde la Red Muqui hemos planteado desde hace años una agenda amplia para discutir un abordaje integral de la cuestión minera en todas sus formas. El modelo extractivista vigente en el Perú reproduce relaciones neocoloniales al priorizar la minería por encima de los derechos colectivos y ambientales. La expansión minera, como la que hoy se impulsa en el PERUMIN 37, profundiza desigualdades, genera conflictos socioambientales y pone en riesgo el agua, la salud y la seguridad alimentaria de las poblaciones locales. Además, la creciente demanda mundial de minerales críticos para la transición energética intensifica aún más la presión sobre los territorios.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui proponemos avanzar hacia alternativas de vida sostenibles, que incluya la defensa de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y la gestión comunitaria del agua, priorizando la vida, el cuidado de la naturaleza y el fortalecimiento de economías comunitarias y locales.