Elecciones 2026: MAPE entre diagnósticos parciales y riesgos de profundizar la crisis

Por: Nury García Córdova, coordinadora del Grupo MAPE de la Red Maqui

En la campaña electoral de 2026, la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) ha ganado mayor presencia en los planes de gobierno. Sin embargo, esto no se traduce en mayor claridad. Por el contrario, evidencia que las candidaturas están interpretando problemas distintos bajo un mismo concepto. Para algunas, la MAPE es un asunto de seguridad y control; para otras, un desafío de formalización productiva; y para otras, una cuestión administrativa o de mercado. Esta diferencia no es menor: define qué tipo de Estado se propone, a qué actores se regula, a cuáles se deja intactos y quiénes terminan asumiendo los costos de la política pública.

Un primer punto clave es identificar a quién imagina cada plan cuando habla de MAPE. Algunas propuestas parecen centrarse en pequeños productores que requieren condiciones reales para formalizarse. Otras priorizan la persecución de actores mediante el endurecimiento del control. Y varias mezclan, sin distinción, minería artesanal, pequeña minería, informalidad, ilegalidad y crimen organizado. Esta falta de precisión es una debilidad estructural: cuando no se diferencian los actores, tampoco se diseñan políticas adecuadas. El resultado puede ser doblemente problemático: abrir espacios para la impunidad de redes ilegales, o, en el extremo opuesto, legitimar respuestas indiscriminadas que recaen sobre los sectores más visibles y vulnerables.

En los planes que se presentan como orientados a la formalización con distintos matices, como los de APP, APRA, Ahora Nación, Perú Primero y Partido del Buen Gobierno, aparecen propuestas de rediseño del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), fortalecimiento de la trazabilidad y mecanismos de apoyo técnico o financiero. Estas iniciativas reconocen, al menos, el agotamiento del modelo actual. No obstante, mantiene un vacío importante: se habla de formalizar, pero se aborda poco el rol de las concesiones ociosas, los contratos de explotación, las plantas de beneficio, la comercialización del oro y el control del origen del mineral. Es decir, se promete ordenar a los eslabones más débiles, sin intervenir con la misma claridad en los intereses económicos que estructuran y capturan la cadena.

En el otro extremo, algunas candidaturas abordan la MAPE desde un enfoque centrado en la seguridad: control territorial, interdicción, trazabilidad dura y endurecimiento de sanciones. Este enfoque busca transmitir autoridad en un contexto de miedo social frente a la expansión de economías ilegales. Sin embargo, su eficacia es limitada si no se intervienen los eslabones de mayor poder: comercialización, plantas procesadoras, los circuitos financieros, lavado de activos y redes de protección política que sostienen la minería ilegal. Sin esas medidas, la respuesta tiende a ser desigual: más control sobre quienes están en la base de la cadena y menos impacto sobre los núcleos de poder económico y criminal. El caso de Pataz lo evidencia, el problema no puede reducirse al extractor visible, porque detrás operan redes mucho más complejas.

También hay propuestas que se presentan como innovadoras, como la compra estatal, banco minero o sistemas de acopio e intermediación pública. Si bien responde a una necesidad real de los pequeños productores, atrapados entre informalidad, la dependencia comercial y ausencia del Estado, estas medidas implican riesgos. Sin mecanismos sólidos de trazabilidad, verificación de origen y fiscalización efectiva, podrían convertirse en canales de blanqueo de mineral con respaldo institucional. El problema no es la intención, sino los incentivos que pueden generar. Una política mal diseñada puede convertirse en puerta de entrada para aquello que dice combatir.

Finalmente, preocupa el lugar marginal que ocupan las comunidades y los territorios en gran parte de los planes revisados. Aunque se menciona la formalización y el control, son débiles la referencia a derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud, un ambiente sano, así como a la conflictividad y la protección de poblaciones afectadas. Este vacío revela una mirada reduccionista: la MAPE sigue siendo tratada principalmente como un problema de orden sectorial, seguridad o productividad, y no como una cuestión de derechos y gobernanza territorial.

La principal alerta no es solo la existencia de propuestas incompletas, sino el riesgo de que estas terminen administrando la crisis, o incluso profundizando, la crisis. Si se reproducen mecanismos ambiguos de formalización, se priorizan respuestas punitivas sin afectar los intereses estructurales del negocio, y se continúa relegando los territorios, el resultado será el mismo: desigualdad, conflictividad y vulneración de derechos. 

La elección de 2026 no definirá únicamente quién gobierna, sino qué enfoque político prevalecerá sobre la MAPE: uno que perpetúe la crisis o uno que se atreva, de manera integral, a enfrentar sus causas estructurales y sus nudos reales.

Foto: Composición/Diario Correo/ONPE