¿Expansión minera sin limites por encima de derechos humanos y ambientales?

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Finalmente, esta semana se ha oficializado la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. 28 son los congresistas que han firmado esta moción y son de las representaciones de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Estos partidos y sus medios de comunicación aliados han empezado a planificar la vacancia desde el día que ganó las elecciones el profesor Pedro Castillo. Como argumento de la vacancia han presentado la “permanente incapacidad moral” y se sustentan en que se designó a “altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo", "tráfico de influencias en ascensos de las Fuerzas Armadas y en la SUNAT", "Libertad de expresión, maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas", entre otros. La mayoría de constitucionalistas coinciden en que estas no son causales de vacancia, y por el contrario se trata de una especie de venganza política, con ello ingresamos a otro escenario de crisis nuevamente en el país.

De otro lado, la semana que pasó también ha evidenciado toda la arremetida del gremio empresarial minero en nuestro país. Esto se debe al acta que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, firmó el pasado viernes 19 de noviembre en Cora Cora – Ayacucho. Mediante este se anunció el cierre de 4 minas (Apumayo, Breapampa, Inmaculada, Pallancata) que se encuentran desarrollando actividades en las cabeceras de cuenca del Sur de Ayacucho. Frente a ello, la CONFIEP y la SNMPE han respondido negándose a poner fin a sus actividades de explotación en territorios donde la agricultura y la ganadería son la principal actividad económica para la población. Por el contrario, señalan que se está atentando contra el orden jurídico y el Estado de Derecho. Luego de una presión sin precedentes contra el gobierno de Castillo, la PCM ha debido aclarar que no se va actuar de manera unilateral en los procesos de cierre de minas.

Hace tiempo que no veíamos semejante campaña mediática de los gremios mineros y sus medios atacando a la premier Mirtha Vásquez, señalando que los planes de cierre de minas son instrumentos ambientales “vivos y dinámicos” que se cambian cuando ellos quieren y que no se va permitir ningún tipo de cambio en este sector. Olvidan las empresas mineras que el Estado de Derecho rige para todos, no solo para el sector empresarial, sino también para las comunidades afectadas del sur de Ayacucho que reclaman con justicia atención a sus demandas, ya que los anteriores gobiernos no los ha escuchado. Pedir proteger las cabeceras de cuenca, el medio ambiente, la vida y la salud de las personas en zonas mineras no es una agenda antiminera ni mucho menos oponerse a la inversión privada. Se trata de evaluar los riesgos e impactos que genera esta actividad en la zona y poner por encima de todo la vida y la seguridad de las personas que allí viven. Lamentablemente, no lo ven así un grupo de empresarios, que tampoco están dispuestos a escuchar las voces de la gente que allí vive, y que esta semana no han tenido una opinión o un espacio en los medios nacionales.