Familias de Morococha son desalojadas en favor de avance de proyecto minero

El pasado viernes 19 de septiembre, por orden judicial y en favor de la empresa minera Chinalco, cinco familias de Morococha fueron desalojadas de manera forzosa e involuntaria por efectivos de la Policía Nacional del Perú.

El operativo comenzó alrededor del mediodía y los pobladores denunciaron que sus pertenencias fueron cargadas en camiones sin placa, y sin que se les informara el destino de las mismas. Paralelamente, la Policía bloqueó el ingreso a la ciudad, impidiendo el paso de familias que buscaban regresar para defender sus hogares, así como de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que intentaban registrar y acompañar el proceso.

Recordemos que este desalojo responde a los intereses de la empresa minera Chinalco que, desde hace años, ha buscado imponer el proyecto minero Toromocho en la zona. Las familias afectadas han reiterado que no se oponen al desarrollo del proyecto, sino que durante años han demandado un proceso de diálogo y un reasentamiento digno, exigencia que hasta ahora no ha sido atendida.

Cabe recordar que el propio Estudio de Impacto Ambiental (2010) reveló que en los suelos de la nueva ciudad construida para el reasentamiento, “Nueva Morococha”, los niveles de arsénico y plomo superaban hasta once veces los límites permitidos, información que fue ocultada a la población. Años después, la Red de Salud de La Oroya confirmó la presencia de metales pesados en la sangre de niños y niñas reasentados en la zona.

Pese a estos antecedentes, el Juzgado Mixto de La Oroya declaró infundada la oposición de las familias y autorizó el desalojo. Ante ello, el jueves 18 de septiembre, representantes de la población, junto con su abogado defensor y organizaciones sociales, ofrecieron una conferencia de prensa para exigir el respeto de sus derechos.

Carlos Castro, abogado de las familias, calificó la resolución judicial como una vulneración al derecho al reasentamiento y a la propia separación de poderes en el país. “El derecho al reasentamiento es humano y está reconocido en la ley”, afirmó. “La Ley N.° 29869 declara de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento de personas en zonas de riesgo no mitigable. Lo contrario es destierro y despojo, algo que la normativa peruana no contempla”.

Por su parte, Yolit Alejo, vecina y portavoz, denunció los riesgos persistentes en la Nueva Morococha y el hostigamiento diario que sufren por parte de la minera. “No nos hemos negado a dialogar, solo pedimos un reasentamiento digno y seguro”, manifestó.

A pesar de las denuncias y advertencias, el desalojo se consumó, dejando a las familias en situación de abandono y vulneración de derechos en favor del avance de la minería. Ahora, corresponde al juez que conoce el proceso principal de desalojo revisar la demanda y reconocer el derecho de los pobladores de Morococha a un reasentamiento justo, seguro y digno.