Instamos al Estado peruano a promover activamente el proceso del Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en la ONU

Del 24 al 28 de octubre se realizará, en la sede de Naciones Unidas (Ginebra), la Octava Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (IGWG, por sus siglas en inglés) sobre la elaboración de un instrumento jurídico vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.

Este Grupo de Trabajo está encargado de desarrollar un tratado internacional para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Se trata del primer instrumento internacional especializado que permitiría sancionar los abusos de poder empresarial en casos de violaciones de derechos humanos, de los pueblos, sus territorios y de la naturaleza.

Si bien, el Estado peruano ha avanzado en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos; la persistente vulneración de derechos humanos, a consecuencia de grandes proyectos extractivos y, más recientemente, los abusos corporativos durante la crisis sanitaria mundial, ponen a la orden del día la necesidad de asegurar la primacía de los derechos humanos, mediante obligaciones vinculantes para los Estados y las empresas.

En tal sentido, las organizaciones abajo firmantes demandamos al Estado peruano a asumir un rol proactivo en el proceso de debate y negociaciones del Grupo de Trabajo. Al respecto, consideramos importante promover los siguientes enfoques:

• El alcance del tratado debe abarcar las empresas nacionales y transnacionales y sus cadenas de valor.
• Las sanciones para las empresas deben ir más allá del incumplimiento de la debida diligencia como proceso y deben atender la obligación de resultado (no dañar), así como la responsabilidad de atención y reparación de impactos
• El tratado debe establecer la primacía de los tratados de derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y sus tribunales de arbitraje.
• Se deben establecer medidas preventivas para evitar la captura corporativa de las decisiones estatales, y fortalecer la transparencia sobre información ambiental y social, todo esto con respecto al impacto de las empresas sobre los derechos humanos.

Es por ello que, organizaciones de sociedad civil, sindicatos y organizaciones indígenas, entre otras firmantes, exhortamos al Gobierno de Pedro Castillo a tener una participación activa y favorable al proceso del tratado en la Octava Sesión del Grupo de Trabajo, en permanente diálogo con la sociedad civil.

Perú, 24 de octubre de 2022

Organizaciones firmantes:
Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) - Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) - Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) - Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) – CooperAcción - Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) - Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) - Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) - Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno) – Diakonía - Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) - Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) - Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) - Nodo Perú-Red Latinoamericana Iglesias y Minería - Perú Equidad - Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) - Red Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) - Red Muqui - Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral - Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) - We World | Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) - Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) - Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) - Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) | Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) | Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos