¡Jallalla! Los Jueces Ahora Hablan Quechua y Aymara

Muchos limeños todavía asocian Ilave al terrible asesinato del alcalde Fernando Robles, ocurrido en abril del 2004. Once años después, Ilave debería estar asociado mas bien al ejercicio de derechos ciudadanos, porque allí trabaja el Juez Mixto Julio Chucuya Zaga, el primer magistrado peruano que administra justicia en aymara.

Tradicionalmente, la justicia estatal se ha impartido solamente en castellano, generando una grave indefensión para millones de quechuahablantes, aproximadamente medio millón de aymaras y trescientos mil peruanos que hablan idiomas amazónicos. Hace cuatro años en mi tesis doctoral planteaba diversas medidas para enfrentar la barrera lingüística en el acceso a la justicia. Entre ellas, recomendaba que los magistrados aprendieran idiomas indígenas y se crearan Juzgados de Paz Letrados Interculturales. Entonces, sinceramente, tenía mucho escepticismo respecto a que el Poder Judicial se preocupara por el tema y por eso me alegra mucho apreciar los recientes avances.

Al difundirse el caso del juez Julio Chucuya, varias organizaciones aymaras hicieron un pedido público para que en otros juzgados del sur de Puno también los magistrados hablen aymara, a lo cual, Hernán Layme, Presidente de la Corte Superior, anunció que pronto eso será una realidad y que, además, habrá magistrados que atiendan en quechua en las demás provincias. En el mismo sentido, el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, director del Centro de Asuntos Interculturales, Rondas Campesinas y Comunidades del Ministerio Público, anunció que los fiscales puneños serán capacitados en quechua y aymara.

Existen también buenas noticias en Ayacucho: en las últimas semanas Antenor Jorge Aliaga, Presidente de la Corte Superior, ha creado los primeros Juzgados de Paz Letrados Interculturales Bilingües del Perú en las provincias de Sucre, Huanta y Cangallo, donde los magistrados administran justicia en quechua. Además, se anunció que otros jueces serán capacitados en la escritura de dicho idioma y también en la expresión oral, puesto que muchos sostienen que entienden quechua, pero no pueden hablarlo con fluidez.

A estos esfuerzos de las Cortes Superiores de Puno y Ayacucho, se unen los del Ministerio de Cultura mediante la formación de traductores de lenguas indígenas. Hace apenas cinco años, no existía ni uno solo reconocido en el Perú, pero actualmente tenemos más de 170 traductores en 27 idiomas. Hay muchos traductores en algunos idiomas como el quechua o el asháninka, pero también los hay en idiomas con pocos hablantes como el jaqaru, el murunahua y el iquito. Muchos traductores han recibido también una capacitación especial por el Poder Judicial.

Al mismo tiempo, se cuenta ya con las primeras traducciones de términos jurídicos en idiomas indígenas. Se empezó con el quechua chanka (que se habla en Apurímac y Huancavelica) a través del Manual para el Empleo del Quechua en las Comisarías (PUCP, 2013) elaborado por la profesora Gavina Córdova y este servidor. El libro fue distribuido a más de quinientos policías en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín y Arequipa. En el año 2014, el Ministerio de Cultura publicó el Manual para el Empleo del Quechua Chanka en la Administración de Justicia, para cuya elaboración me apoyó un valioso grupo de intérpretes.

Además, en el portal de internet del Congreso de la República, existen hasta el momento las versiones en quechua de 16 leyes, entre ellas el Código del Niño y del Adolescente, la Ley de Consulta Previa, la Ley sobre Justicia de Paz y la propia Ley de Lenguas. Sin embargo, queda pendiente la traducción de normas tan importantes como la ley sobre Violencia Familiar, las normas sobre comunidades campesinas o nativas o la legislación agraria. Tratándose de otros idiomas, solamente la Ley de Lenguas ha sido ampliamente traducida por el Ministerio de Cultura.

Por otro lado, en el portal del Ministerio de Justicia se encuentra grabada una versión en quechua de la Constitución, para que sea de fácil acceso para los oyentes, tomando en cuenta que la mayoría no ha sido alfabetizada en su idioma y tiene dificultades para leerlo . De igual manera, este Ministerio ha traducido al quechua los diversos formularios que deben remitir los ciudadanos , una iniciativa que debería seguir toda la administración pública.

Como vemos, son notables los avances que se han dado en los últimos meses para enfrentar la barrera lingüística para el acceso a la justicia. Las decisiones de los Presidentes de las Cortes Superiores de Ayacucho y Puno deberían ser imitadas por sus colegas del Cusco, Huancavelica y Apurímac, para atender mejor a miles de quechuahablantes.

Curiosamente, la última iniciativa en materia lingüística no proviene de la región andina, sino de la Municipalidad de Miraflores: la nueva Ordenanza contra la discriminación dispone que se identificará al personal que maneja quechua y aymara para que puedan comunicarse con los ciudadanos que se expresan mejor en dichos idiomas. La Defensoría del Pueblo de Arequipa ahora anunciado que dos días a la semana atenderá en quechua. Cuanto todas las entidades estatales tengan políticas similares, sería mucho más fácil su comunicación con la población.

Wilfredo Ardito Vega