Juzgado de Huancabamba unificó procesos por presunta tortura de 28 campesinos en campamento minero Río Blanco

CASO MAJAZ

El Juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Huancabamba (Piura) resolvió unificar los dos procesos penales en los que se vienen investigando las presuntas torturas que sufrieron 28 campesinos dentro del campamento minero de Río Blanco, a cargo de la empresa Copper S.A. Esta decisión fue tomada ante la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, organización que representa a las presuntas víctimas.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba acumuló en un solo proceso los Expedientes No. 201-2013 y No. 30-2011, ambos correspondientes a investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que son señalados como presuntos responsables de los actos de tortura y secuestro agravado, presuntamente cometidos contra los comuneros que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco en agosto del año 2005.

Según testimonios de los supuestos agraviados, entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, estuvieron cautivos dentro del campamento minero donde fueron víctimas de tortura por parte de la Policía en conjunto con funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A., así como de la empresa de seguridad privada Forza.

Algunas de las vejaciones física, además de las psicológicas, los pobladores denunciaron que les vendaron los ojos y fueron llevados a un matadero de reses, en otro momento fueron cubiertos con bolsas tipo costal y se les roseó gas lacrimógeno, y hasta se denunció maltratos contra mujeres que estaban en dicho grupo.

Una de las investigaciones penales es seguida contra dos coroneles y otros doce miembros de la Policía Nacional del Perú, sobre quienes pesa una acusación fiscal en la que se solicita 10 años de cárcel por el Delito Contra la humanidad – Tortura. La segunda, se sigue contra dos generales y un comandante PNP, para quienes la fiscalía pide una imposición de 25 años de pena privativa de la libertad, por el mismo Delito contra la Humanidad – Tortura Agravada, y al que se le suma el Delito contra la Libertad Personal – Secuestro Agravado.

Al respecto, FEDEPAZ considera que la acumulación de las dos investigaciones penales en un solo proceso judicial (Expediente No. 30-2011) constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad.

De esta manera, la organización miembro de la RED MUQUI refiere que se estaría evitando la posibilidad de emisión de sentencias contradictorias sobre un mismo crimen. Asimismo, FEDEPAZ se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas y se les repare de forma integral.

Esta unificación de procesos de un caso común, permitirá una investigación más efectiva para que se sancione a todos los responsables de esta brutal agresión a los citados campesinos quienes ejercían su derecho a la protesta social, a la defensa de sus tierras, y a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, bajo el modelo de desarrollo local que ellos han elegido.

Frente a estos casos de violación a los derechos humanos por actividades extractivas, FEDEPAZ considera necesario mejorar los marcos normativos del sector minería para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas, especialmente, a los pueblos indígenas.

Fuente: FEDEPAZ

Foto: CNDDHH