La expansión minera sin límites ni control en el régimen de Boluarte

Por: Jaime Borda / secretario ejecutivo de Red Muqui

En las últimas semanas estamos asistiendo a varios hechos e iniciativas que vienen promoviendo los gremios mineros y el mismo gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente. En resumen, estas iniciativas tienen que ver con acelerar aún más los trámites de aprobación de proyectos mineros a través de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), inclusive el titular de ambiente Juan Castro Vargas ha afirmado que su cartera se va encargar de promover la inversión minera. Con ello queda demostrado que el ministerio del Ambiente en la práctica queda reducido a su mínima expresión renunciando a su rol protector del medio ambiente.

Por otro lado, la semana pasada se ha realizado la nueva edición del AGROMIN 2024 – III Convención Agrominera que ha congregado al empresariado más rancio con un discurso de realidad paralela: la minería y el agro son actividades hermanas y complementarias. Un mensaje que dista de la realidad de las mismas comunidades originarias y poblaciones que conviven con proyectos mineros de envergadura. Los mismos que han originado impactos ambientales, disputa y despojo territorial, problemas irreversibles a la salud y la vida de las comunidades y poblaciones locales asentadas en zonas mineras.

Los casos emblemáticos como Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar y Cajamarca prueban que la minería contamina, arrasa con los recursos naturales y afecta negativamente los modos y medios de vida de las comunidades ubicadas en territorios ancestrales antes de la llegada de las empresas mineras. Por ello, cuando el presidente de Agromin 2024, Augusto Baertl, dice que “esto de ‘agua sí y mina no’ es un anacronismo folklórico que no tiene importancia”, genera la reactivación de los conflictos sociales en territorios donde las comunidades y población local han rechazado legítimamente las actividades extractivas mineras, por ejemplo, Valle de Tambo en Arequipa (Tía María); Huancabamba, Ayabaca y Carmen de La Frontera en Piura (Río Blanco); Sorochuco, Huasmín y La Encañada en Cajamarca (proyecto Conga), y la lista continúa.

La edición Agromin 2024 – III, como era de esperarse, tiene el respaldo del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que ha pasado por un proceso de interpelación del Congreso por su evidente conflicto de intereses con Southern Perú, concesionario del yacimiento Tía María en Arequipa. Como recordamos, el ministro Mucho es dueño de la empresa Pevoex Contratistas y no podría estar menos involucrado, pues también es uno de los fundadores de la Asociación Civil Agrominera del Perú, nada menos que la organizadora del Agromin 2024. El lobby minero y la puerta giratoria de estos funcionarios no solo es cínico, sino que es promovido por el propio régimen de Boluarte.

Sin duda, las reuniones que ha tenido el ministro Mucho con representantes de compañías mineras extranjeras también son una antesala de lo que se viene: imponer proyectos mineros sin licencia social en territorios donde las poblaciones ya tienen otras alternativas económicas de vida. Por otro lado, una narrativa que los gremios mineros vienen incorporando en sus declaraciones es que debemos profundizar la extracción minera “por el bien de la transición energética de los países del norte global”. Por ello, señalan que debemos ampliar ya existentes proyectos e impulsar nuevas explotaciones de cobre, litio, níquel, tierras raras, entre otros. Sin embargo, las evidencias nos muestran que a mayor explotación minera, mayor el daño y la afectación en los territorios.