La interdicción de la minería Ilegal no es suficiente, requiere soluciones estructurales 

Por: Nury García Córdova, coordinadora del Grupo MAPE de la Red Muqui

La semana pasada, la Policía Nacional del Perú realizó labores de interdicción a la minería ilegal en la sierra de La Libertad, específicamente en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión y en Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. El operativo forma parte de las medidas del gobierno, orientadas por la comisión multisectorial, creada en 2024 por la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta se encarga de supervisar la formalización de la MAPE (Minería Artesanal y a Pequeña Escala), la erradicación de la minería ilegal y la remediación ambiental de las zonas afectadas. Este alto comisionado deberá dar cuenta cada tres meses de los logros obtenidos.

PROBLEMAS DE FONDO

Sin embargo, como sucede en otras partes del país, tales intervenciones son tardías ante la expansión acelerada de la minería ilegal, la cual se escuda tras la fuerte dependencia económica y social que ha creado en la zona; además de estar ligada a otros delitos y ser resguardada por diversas bandas. Pero, sobre todo, cabe señalar que dicha estrategia de articulación entre diversos sectores y actores, no será suficiente si solo predomina la vía represiva. La prevención es fundamental y ello pasa porque el territorio deje de estar ordenado por una política estatal extractivista, que facilita la entrada de la minería sin previa zonificación ecológica económica, sin diagnóstico de los bienes hídricos y un plan integrado de desarrollo local. Ello dificulta las posibilidades de diversificación productiva, vulnera las actividades ya existentes, como la agrícola, puesto que se profundiza la dependencia a una economía primario exportadora que se disputa tajadas de territorios.

Frente a ello, es necesario ordenar el país. Hace falta un ordenamiento territorial desde un enfoque ecosistémico y de cuidado de nuestras fuentes de vida, que escuche y privilegie la participación y experiencia de las comunidades locales, que -de forma colectiva- se señale en qué espacios no puede haber ninguna actividad extractiva minera. Por ejemplo, zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca o valles agrícolas fértiles.

Asimismo, toda acción de interdicción debe tener en cuenta el contexto e institucionalidad local, así como la coordinación con los actores comprometidos con la problemática, como las poblaciones afectadas con metales tóxicos, y quienes reclaman por la escasez y contaminación del agua para sus actividades productivas, así también quienes abogan por una seguridad y soberanía alimentaria y por la necesidad de autoridades no corruptas.

DESAFÍOS CLAVES

Por otro lado, como la MAPE ilegal se encubre en un constante fallido proceso de formalización, es difícil diferenciar a quienes son informales de quienes son ilegales, por lo que la interdicción puede afectar también a las primeras. Evitar ello requiere una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y actores, una pertinente gestión de la información y mantener un vínculo político en los territorios. Además, se debe considerar los posibles impactos negativos, como mayores confrontaciones, invasiones en territorios aledaños, y otras cargas que se sumarán a lo que las poblaciones ya tienen que enfrentar. En definitiva, es fundamental implementar una estrategia integral y reconocer que la interdicción por sí sola apenas aborda una de las aristas de tan complejo problema. De lo contrario, el riesgo de perpetuar la minería ilegal es alto.