Red Muqui - Mineros informales insisten en ampliación indefinida del REINFO

Hoy, jueves 21 de noviembre, continúa el paro nacional de mineros artesanales, una movilización que ha congregado a miles de trabajadores de diversas regiones del país en Lima, con el objetivo principal de exigir al Congreso de la República la ampliación del plazo para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Desde el 18 de noviembre, cuando inició el paro, mineros artesanales de Apurímac, Arequipa, Trujillo, Ica y otras regiones han bloqueado tramos de la carretera Panamericana Sur, demandando condiciones para dejar de ser considerados ilegales, argumentando que la minería artesanal genera empleo y dinamiza la economía nacional.

El 13 de noviembre, Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú, declaró en una entrevista con RPP que se requiere una ley que amplíe el plazo de formalización por al menos dos años, ya que este vence el 31 de diciembre. De no lograrse la inscripción, los mineros serán clasificados como ilegales por el Estado peruano. Además, Franco criticó el proyecto de ley que actualmente debate el Congreso, el cual propone extender el plazo solo 90 días hábiles tras su entrada en vigencia. Según él, esta medida "no soluciona nada" porque no aborda el problema del contrato de explotación, el cual considera el principal obstáculo en el proceso.

El día de hoy, 21 de noviembre, el Poder Ejecutivo presentó un nuevo Proyecto de Ley (PL N°9555/2024-PE) sobre Pequeña Minería y Minería Artesanal, buscando establecer un nuevo marco legal para esta actividad. El proyecto de ley propone que el MINEM asuma competencia para establecer las zonas para la explotación de MAPE; y los GORE la fiscalización, supervisión y sanción ambiental. Pero se ha omitido establecer disposiciones referidas al proceso de consulta previa y protección de derechos de PPII, y el fortalecimiento institucional, presupuestal y técnico que requerirán los GORE para asumir la dirección de esta actividad en el país.

Rodrigo Lauracio, abogado de Red Muqui, recordó que en 2012 el Decreto Legislativo 1105 simplificó el procedimiento de formalización, logrando que 70,000 mineros iniciaran el proceso. Sin embargo, para 2016, solo 118 de ellos habían alcanzado la formalización. En respuesta, en 2017 se promulgó el Decreto Legislativo 1293, que declaró de interés nacional la formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y creó el REINFO. A 2023, más de 87,000 mineros se habían inscrito en este registro, pero alrededor de 70,000 se encuentran suspendidos y más de 15,000 aún no cumplieron con los requisitos establecidos.

La formalización de la minería artesanal y pequeña minería es una demanda pendiente desde hace años, pero es necesario considerar los impactos negativos que esta actividad ocasiona cuando se realiza de manera informal. En regiones como La Rinconada (Puno), Pataz (La Libertad) y Madre de Dios, la MAPE está asociada a problemas graves como contaminación por mercurio, deforestación y pérdida de biodiversidad. Además, estos territorios enfrentan consecuencias sociales como explotación laboral, violencia y trata de personas, lo que genera una preocupación urgente por los riesgos para la salud pública, el medio ambiente y las comunidades locales.

Por ello, la MAPE informal e ilegal en Perú plantea desafíos significativos que requieren una atención urgente por parte del Estado. No solo es necesario revisar críticamente las políticas públicas que regulan esta actividad, sino también entender que estas políticas están enmarcadas en un contexto global neoliberal que favorece un sistema capitalista extractivista y mucho más ahora que bajo la perspectiva de la transición energética requiere de más minerales críticos.

Ante este complejo escenario, el Grupo de Trabajo MAPE de Red Muqui, en su “Agenda sobre Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)”, propone algunas propuestas de políticas públicas orientadas a enfrentar los desafíos de la MAPE y promover alternativas sostenibles:

Ordenamiento Territorial con enfoque ecosistémico y de cuenca: Un proceso participativo, descentralizado y vinculante que respete los derechos de las comunidades, como la consulta previa y la zonificación ecológica económica, priorizando la protección de cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles.
Nueva política de concesiones mineras: Revisión integral del sistema de concesiones para garantizar la consulta previa y proteger las zonas sensibles.
Fortalecimiento institucional: Incrementar las capacidades de los Gobiernos Regionales y sus Direcciones Regionales de Energía y Minas, así como de los organismos fiscalizadores como el OEFA, para mejorar el control y sanción de actividades ilegales.
Transparencia y tecnologías limpias: Promover prácticas sostenibles en la minería formalizada, como la reducción del uso de mercurio y cianuro, y la remediación de microcuencas contaminadas.
Protección de derechos humanos: Erradicar el trabajo infantil, combatir la trata de personas y garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores mineros, entre otros.