Misión Internacional de DDDHH constata graves violaciones que podría llevar a la justicia internacional

Juristas del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento constataron en su visita al Perú, que incluyó entrevistas en Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco además de Lima, graves vulneraciones a los derechos humanos, como aquellos referidos a la vida y la libertad, así como detenciones arbitrarias y tratos crueles.  

Camilo Pérez Bustíos, director ejecutivo del Gremio Nacional de Abogados en Estados Unidos y quien presidió esta comitiva, cuya visita culminó el miércoles con una conferencia de prensa, calificó estos hechos como repudiables, e instó al Poder Judicial y al Ejecutivo a que avancen decididamente en las investigaciones aplicando las leyes que rigen en el país, en el ámbito de los derechos humanos y que impidan que los responsables queden en la impunidad.

La Misión, integrada, a parte de Pérez Bustíos, por Verónica Peralta Piña (México), Vivian Lagrava Flores (Bolivia), José Antonio Foronda (Perú), Julio da Silveira Moreira (Brasil), Edwin Gil Cárdenas (Colombia) y Sarita Gómez Castellanos (Colombia), resaltó el crucial rol de la justicia, para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familias sean respetadas en su derecho a la verdad, que reciban un trato digno y reparación, sabiendo que no podrán ser reparados hechos que implican la pérdida de familiares, heridos de gravedad o los daños sicológicos sufridos.

María Elena Foronda, directora del Instituto Ambientalista Natura, una de las organizaciones que coordinó la visita de la Misión Internacional de Observación lamentó que incluso instancias del Estado que tienen como función velar por los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo hablen de fallecidos durante las protestas en comunicados públicos, en casos que han constituido al menos homicidios calificados.

Precisamente en relación al trato que le está dando el Estado a los crímenes cometidos en estas semanas de convulsión social, al ser consultada la misión si tuvo la posibilidad de reunirse con algún representante de la Fiscalía de Derechos Humanos e interculturalidad, el abogado y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Antonio Foronda, explicó que se habían entrevistado con el titular de la Fiscalía en Juliaca quien ante las preguntas y planteamientos de los juristas internacionales dejó entrever que están investigando estos casos como simples delitos comunes, siendo que las masivas violaciones a los derechos humanos observados podrían llegar a ser tipificados como delitos de les humanidad y peor aún como de genocidio o de etnocidio. Un trato similar al que le está dando frente a estos hechos la Fiscalía en Lima. 

El secretario ejecutivo de Red Muqui, otra de las organizaciones que apoyó la visita de la misión junto a Natura y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jaime Borda expresó que lo vivido en el país en las últimas semanas representa un siguiente nivel en cuanto al uso de prácticas de violencia y abuso de la fuerza en una política que ya lleva 15 a 18 años, en los que sucesivos gobiernos han decretado una y otra vez Estados de Emergencia y han recurrido a la criminalización, estigmatización y terruqueo de una parte de la población campesina y que habita regiones donde se han desarrollado conflictos socio ambientales. Algunos casos especialmente emblemáticos se refieren a proyectos mineros entre los que se encuentran Espinar, Cotabambas, Conga o Tía María en el Valle de Tambo.

“No es de extrañar entonces que las Fuerzas Especiales (de la PNP) DINOES, que ha estado presente en los conflictos donde ha habido muertos, heridos, gente criminalizada y estigmatizada, sean los mismos que hayan estado en la masacre que ha habido en Juliaca. Esta narrativa de desconocer las demandas, del complot que habría otras fuerzas oscuras, ilegales e informales detrás de las movilizaciones es el mismo relato que habíamos escuchado durante anteriores gobiernos”, manifestó Jaime Borda.

Lo que sí va cambiando es la posibilidad de llevar estos casos a la jurisdicción internacional. Ya que como lo expuso Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH, hay una preocupación mundial por lo que está paasando en el país, ya que los derechos humanos no son un tema de un solo lugar, una región determinada, sino que afcetan al mundo.

Por eso Camilo Pérez Bustillos, abogado y docente de la Universidad de Dayton (EEUU), subrayó que entre las diversas expresiones de la incidencia internacional, en las que trabajarán los juristas una vez de regreso a sus países de origen, está la posibilidad de llevar a instancias internacionales de justicia casos emblemáticos de las graves violaciones y patrones de conducta identificados en su visita al país.