El conflicto socioambiental en Ica

Por: Edwin Alejandro Berrospi / Área Socioambiental de la Red Muqui

El crecimiento económico en el Perú basado en la explotación excesiva de los recursos naturales como los minerales, el petróleo y la agricultura, han generado graves impactos ambientales, sociales y económicos en el país, como se puede apreciar en el último conflicto socioambiental que estallo en violencia en la Región Ica por la explotación laboral de las agroexportadores y los graves problemas con los recursos hídricos. Es decir las empresas agroexportadoras han recibido privilegios del estado (mediante la ley 27360) conocidas como la ley de Promoción Agraria que fue aprobada por el régimen de Fujimori y que permitía obtener extraordinarias ganancias a las agroexportadoras con mano de obra barata, con menos derechos laborales y encima podían ser sub contratadas a través de sérvices. El negocio de las agroexportadoras fue extendida por 10 años más por un congreso fuertemente cuestionado, incluso promulgada por el propio presidente Vizcarra y que finalmente con las protestas que surgieron en Ica esta norma fue derogada por el Congreso de la República

Sin embargo, la derogatoria de esta norma no soluciona el grave problema de la sobre explotación de los acuíferos en el Valle de Ica que afecta seriamente la disponibilidad del agua, la concentración de las tierras por las empresas agroexportadoras y la pobreza de los pequeños agricultores.

El grave problema de sobre-explotación de los Acuíferos en el Perú

Los cultivos de agroexportación del valle de Ica utilizan grandes cantidades de agua para su producción (espárragos, vid,  algodón, etc.) por ello creciente demanda por el recurso hídrico ha generado un grave problema en la disponibilidad de agua subterránea, debido a que se extrae con tecnologías modernas de pozos cada vez más eficientes. La tecnología utilizada por la mayoría de las empresas agroexportadoras es computarizada y con un sistema de riego por macro-aspersión, lo que un campesino o el pequeño productor agrario no podrían tener acceso por el alto costo que implica su adquisición.

La población pobre del valle de Ica es la que más sufre y a veces estas comunidades tienen que sobrevivir con apenas 10 litros de agua por personas.

Actualmente la explotación de los acuíferos es intensiva y a lo largo de varios años ha llevado a una situación de sobrexplotación. Según en inventario de la Autoridad Nacional del Agua, en Ica existen más de 2,880 pozos en tres sistemas de extracción (1840 pozos tubulares, 354 pozos mixtos y 686 pozos de tajo abierto)[1] que explota un promedio de 526 mmc para uso agrícola, y tan solo el 7% para uso doméstico y el 1% para uso pecuario.

 

 

 

 

 

 

 

 

La reserva explotable en el acuífero de Ica era de 189 hm3/año; pero en 2009 se sobreexplotó un volumen de -146 hm3/año, y en 2013-2014 se llegó a una cifra mucho peor. En el caso del Acuífero de Villacurí la reserva explotable era de 63 hm3/año; pero en 2009 se sobreexplotó una cifra de -165 hm3/año; y en 2013-2014 la cifra estuvo en -215 hm3/año. Asimismo, la reserva explotable en el acuífero de Lanchas era de 17 hm3/año; y en 2009 se sobreexplotó un volumen de -25 hm3/año; y en 2013-2014 subió a una cifra de -36 hm3/año.

 

 

 

 

El problema de la concentración de tierras para la agro-exportación

Desde la década de los 90´ con el régimen de Fujimori, se inicia el mercado de la tierras como mecanismo para otorgar la seguridad jurídica a los propietarios individuales y mediante el DL 653  “Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario” muchos empresarios empiezan a comprar tierras en Ica para la agroexportación y es ahí donde se inicia  también la marginación a los pequeños productores agropecuarios y las comunidades campesinas.

En efecto, la concentración de tierras se ha expandido a gran velocidad y por consiguiente la apropiación de las principales fuentes hídricas del Valle con el objetivo de expandir la agroexportación. La propiedad de la tierra es fundamental para ejercer el control del acceso al agua principalmente subterránea como podemos ver entre el periodo (1994 y 2012) la concentración de tierras con más de 500 hectáreas se ha incrementado en más de 347% a favor de grandes empresas agroexportadoras, mientras que los pequeños productores o agricultores familiares con menos de 5 hectáreas se ha reducido en -27.25%.[2]

 

 

 

 

 

Por ello es importante que la Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos locales y el gobierno regional fiscalicen a las grandes empresas agroexportadoras que vienen utilizando de manera indiscriminada los acuíferos y de manera inmediata se debe disminuir la explotación de las aguas subterráneas para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Además desde las organizaciones sociales y la junta de usuarios de riego; así como de las autoridades locales debería conformarse los comités multisectoriales para ejercer una vigilancia y un control estricto de las principales fuentes hídricas.

La agricultura y en especial la agricultura familiar con más de dos millones de agricultores familiares necesitan la atención urgente del estado en plena pandemia con políticas públicas claras de protección de las principales fuentes hídricas y el acceso humano al agua, reactivación de agro con mayor presupuesto público entre otras demandas de este importante sector que produce alimento para todos los peruanos y peruanas.

[1] IRHS Inventario de recursos hídricos subterráneo 2009

[2] Censo Agropecuario 1994 y 2012