El 17 de febrero pasado a través de la resolución de la Secretaria de Gestión Social y Diálogo N° 001-2021-PCM/SGSD se aprobó el Protocolo para desarrollar reuniones no presenciales en el marco de la emergencia sanitaria nacional, considerando el informe N°D000010-2021-PCM-SSGC de la misma entidad. El protocolo aprobado establece las pautas para el desarrollo de las reuniones digitales-no presenciales de los espacios de diálogo a cargo del Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 2 del Protocolo, dicha resolución es de cumplimiento obligatorio para el poder ejecutivo y los organismos públicos que lo conforman, a través de los órganos, unidades orgánicas y responsables de la gestión social o diálogo de la entidad. Además, se establece como instrumento orientador para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y demás entidades del Estado.

Se debe tener en cuenta que, como parte del protocolo, las condiciones operativas de las herramientas tecnológicas de información serán dispuestas por la Oficina de Tecnología e Información, o la que haga sus veces, de la entidad según corresponda. Así mismo, las reuniones deben ser convocadas como mínimo con 2 días de anticipación y estarán a cargo de la Oficina de Gestión Social y Diálogo o del sector que conduce el proceso de diálogo. De la misma forma, se realizará una reunión digital previa con las autoridades regionales/locales y dirigentes representativos para establecer:

– Designación del facilitador

– Pautas generales o reglas de la reunión

– Pautas de bioseguridad

– Agenda de la reunión

– Lista de oradores

– Modalidad de suscripción del acta

Finalmente, en el anexo del Protocolo se señala la posibilidad de llevar a cabo reuniones presenciales complementarias que podrían llevarse a cabo excepcionalmente para complementar las reuniones digitales siempre y cuando reúnan las condiciones requeridas de ventilación, espacio físico y otras que establezca el Ministerio de Salud o las Direcciones Regionales de Salud.

Vacíos del Protocolo

Este protocolo aprobado, sin la participación de los actores sociales a los que se pretende convocar a estas reuniones virtuales, tiene graves vacíos. En muchos de los lugares donde se han desarrollado y desarrollan las protestas de las comunidades en defensa de su territorio no hay internet ni herramientas adecuadas para la conectividad a las reuniones virtuales. De otro lado, está el idioma y la relación intercultural: ¿cómo participarán los pueblos indígenas?. Así mismo, los espacios de deliberación que necesitan las propias comunidades o poblaciones en medio de la reunión no están garantizados en el protocolo, debido a que habría una limitante de tiempo como se observa en el anexo del Protocolo: “Se podrán realizar cuartos intermedios acordados entre las partes por un tiempo prudencial, sobre todo para asegurar la ventilación periódica del lugar, en caso se trate de un grupo de personas ubicadas en un solo lugar”.

Entonces, no solo es la brecha digital, sino también la brecha cultural y las distancias territoriales que hay entre las propias comunidades que deberían acudir a un mismo espacio si es que quisieran conectarse para participar de las deliberaciones de la reunión a través de sus voceros.

Virtualizar los espacios de diálogo puede generar mayores problemas de los que ya se tenían en las mesas de diálogo presenciales, que ya eran cuestionados porque no eran desarrolladas en un ámbito democrático, sino para imponer la posición de la empresa minera y del Estado como promotor de la inversión minera.