Red Muqui y la asociación Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF) ante la violenta represión policial frente a las protestas sociales de las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas y la falta de atención del Estado y la empresa minera Las Bambas expresamos lo siguiente:

Primero. – Las comunidades campesinas del corredor minero en Chumbivilcas denuncian afectaciones e impactos ambientales por el paso de camiones mineros que transportan concentrado de cobre de la empresa minera MMG Las Bambas, pese a que OEFA le ha ordenado en septiembre de 2019 incluir el corredor vial como componente minero, hasta la fecha no lo hace. Esto ha generado continuas protestas sociales en la zona, desde el 2017 al 2021, como respuesta el Gobierno ha declarado el Corredor Vial Minero en Estado de Emergencia permanente para garantizar el transporte minero. Solicitamos la inmediata atención desde el gobierno central, haciendo efectiva la resolución del OEFA.

Segundo. – Las comunidades campesinas denuncian que fue arbitraria la reclasificación de vías comunales en vía nacional a través de la RM 372-2018-MTC, es decir, el MTC hasta la fecha no es propietaria de la carretera así mismo ha omitido la consulta previa, libre e informada. Al respecto varias comunidades acudieron al sistema de justicia para revertir esta situación, sin embargo, tampoco han encontrado respuesta hasta el momento. Las comunidades señalan que agotaron casi todas las vías del diálogo y de las acciones judiciales y administrativas, y por ello han iniciado su protesta. Es fundamental que el MTC de soluciones inmediatas a estos casos de reclasificación de vías locales a nacionales, así como considerar los impactos a las poblaciones que vienen siendo afectados.

Tercero. – La protesta social iniciada el 23 de julio por las comunidades que habitan en el recorrido del Corredor Vial Minero el último sábado fueron reprimidos por la fuerza policial mediante uso de perdigones y bombas lacrimógenas, dejando como resultado al menos 9 mujeres y 6 varones heridos, al momento no se conoce la situación de salud de estas personas. El uso de la fuerza y la violencia por parte de la PNP no va a resolver las legítimas demandas de las comunidades del corredor minero, por el contrario, la agrava. Por ello exigimos que se inicien las indagaciones para determinar las responsabilidades en la institución policial.

Exhortamos al nuevo gobierno de Pedro Castillo debe constituir una comisión de alto nivel que atienda las demandas y proteja la vida y libertad de las comuneras y comuneros históricamente excluidos, así como a cumplir los acuerdos.

Así mismo hacemos el llamado a la Defensoría del Pueblo, a las/os congresistas por Cusco y a las autoridades competentes estar atentos a las posibles afectaciones de derechos contra los pueblos originarios de Chumbivilcas.

 

Cusco, 28 de julio 2021