Congreso ratificó archivamiento del acuerdo de Escazú que buscaba garantizar derechos de los defensores ambientales
El día de hoy, lunes 11 de julio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención, archivar por mayoría la Resolución Legislativa N.° 239, que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
De esta manera, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ratificó el dictamen negativo aprobado el 20 de octubre del 2020 del anterior Congreso, en el que la misma Comisión aprobó el dictamen que proponía archivar la ratificación del Acuerdo de Escazú.
En esa oportunidad se desarrollaron 13 sesiones y 49 presentaciones de especialistas, representantes de la sociedad civil, académicos, sector privado, ministros y ex funcionarios.
Como se recuerda, durante la gestión del ex ministro de Relaciones Exteriores: Héctor Béjar de actual gobierno del presidente Castillo, este manifestó que insistirían como gobierno en la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso.
En la sesión desarrollada hoy, el presidente de la Comisión en mención, Carlos Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), señaló que «en el Perú ya existen las herramientas jurídicas en temas ambientales, como la regulación al derecho de información, que los temas están contenidos en la Constitución Política, la Ley de Transparencia, la ley de participación de control ciudadano, la ley de consulta previa, hábeas data y otras. Así también la existencia de un Ministerio del Ambiente y un tribunal de transparencia y derecho a la información pública».
Al respecto desde Red Muqui hemos venido señalando que la institucionalidad ambiental y la que promueve la participación ciudadana es muy débil en nuestro país y no se ciñe solo al Ministerio del Ambiente, sino al conjunto de instituciones dentro del Estado. Existen normas que no se cumplen y otras normas que se superponen, como las que rigen al sector minero y al Ministerio de Energía y Minas, al interés superior que es la protección ambiental y de derechos humanos para garantizar la vida de las personas, como uno de los fines del funcionamiento del Estado, que debería resguardar estos derechos fundamentales.
El congresista agregó: “Cabe señalar que el objeto del acuerdo, es internacionalizar la gestión del territorio en aras del medio ambiente e introduce el control de la gestión territorial por ONG nacionales y extranjeras registradas en el Perú, es decir, les permite actuar como parte en temas medio ambientales” indicó.
Esta afirmación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, es falsa, debido a que en el Acuerdo de Escazú se afirma que la gestión del territorio solo le corresponde a los Estados, y lo que hace el acuerdo regional es brindar de mayores competencias a los Estados para que garanticen la protección ambiental, el acceso a la información por parte de las empresas y el Estado, y la protección de defensores ambientes y de derechos humanos. Quiénes podrán incidir ante el Estado y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de no cumplir el Estado con sus propias normas, tal como funciona actualmente, son las organizaciones y comunidades que ven vulnerados estos derechos colectivos, y son quienes deben ser parte de la gestión de sus territorios.
Actualmente se siguen desarrollando los conflictos socio ambientales, porque no hay participación efectiva de las comunidades y población local en el desarrollo de las actividades económicas que promueven los Estados y grandes sectores empresariales que impactan en sus territorios. Una mayor transparencia, participación y protección ambiental promovida desde el Estado, garantizaría la reducción de los conflictos sociales.