El día de hoy, miércoles 8 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitirá sentencia sobre la responsabilidad del Grupo México (dueño de Southern Copper en nuestro país – Perú-), y el Estado mexicano en la fallida reparación integral a los afectados por metales tóxicos y la falta de remediación de la cuenca del Sonora, a través del Fideicomiso que crearon con un fondo de 2 mil millones de pesos (360 millones de soles aproximadamente), que solo implementaron un poco más de la mitad de acuerdo a la investigación de la institución Poder y el Comité de Cuenca Río Sonora,  tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la cuenca del río sonora en agosto del 2014 que afectó la salud de 381 personas, la calidad del agua que reciben 22 mil personas en el área de la cuenca del Sonora, y la actividad agropecuaria que desarrollan.

Las medidas de amparo

La sentencia que emitirá la Corte mexicana se basará en tres amparos interpuestos por los Comités de Cuenca del Río Sonora, que cuestionan la forma en cómo operó el fideicomiso desarrollado por la empresa y funcionarios mexicanos (amparo en revisión 384/2018); la falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018); y la finalización intempestiva del Fideicomiso Río Sonora, junto a la conclusión del Programa de Remediación Ambiental (amparo en revisión 640/2019).

El Fideicomiso

La creación del Fideicomiso se dio meses después del derrame tras un acuerdo entre el Gobierno Federal del ex presidente Enrique Peña Nieto y la minera Buenavista del Cobre del que el Grupo México es dueño, sin la participación de los afectados, y sin un debate público sobre cómo debía darse la reparación integral. El Grupo México puso el dinero para “reparar” el daño que había generado y no le quiten la concesión, entre otras sanciones. Para la implementación del dinero del Fideicomiso se creó una Comisión Técnica que la presidió el subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, junto a otros 4 miembros; la mayoría colocados por la empresa, sin la participación de ningún representante de los afectados por el derrame.

En los años siguientes, el Grupo México siempre señaló que como el origen de los fondos eran privados, dado que provienen de las empresas que provocaron el derrame, el fideicomiso era privado, y como consecuencia no tendrían que rendir cuentas a nadie.

Sin embargo, es materia de la sentencia establecer si el fideicomiso tuvo carácter público o privado y señalar el cumplimiento o no con lo estipulado en el contrato del fideicomiso entre la empresa y el Estado mexicano, estableciendo responsabilidades de los actos y omisiones.

Exigencia de afectados

La exigencia central de los afectados de los Comités de la Cuenca del Río Sonosa a la Corte es que ese Fideicomiso con el comité técnico sea considerado autoridad responsable equivalente a una secretaría u otra autoridad federal, y que el Fideicomiso se reabra y sea obligado a reparar completamente los daños, con la participación de los afectados.

Informe revelador

De acuerdo a la investigación mencionada, “Análisis del Fideicomiso Río Sonora. Simulando la remediación privada en un Estado capturado”, y la última nota informativa emitida por Poder; señalan que “entre los gastos realizados destacan la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían para guardar agua potable que nunca llegó), la obra negra de un centro de salud de especialidades que quedó inconcluso y gastos de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención en salud, para mejorar la imagen de la empresa”. Entre las irregularidades que señala el informe se encuentran los recursos asignados por el Comité Técnico del Fideicomiso para la compra de los tinacos a la empresa Rotoplas, debido a que el dueño de la empresa es familiar del dueño del Grupo México, Germán Larrea.

Por estas razones, el día de hoy es fundamental porque se sentaría un precedente en la lucha contra la impunidad de las empresas mineras mexicanas, que tendrán que rendir cuentas respecto a sus acciones; y el Estado, asumir su rol garante de derechos de las poblaciones, comunidades y ciudadanos. Tal como ocurre en nuestro país, Perú, en que el Estado ha olvidado su rol de representación de las poblaciones; y es facilitador de la inversión privada minera, sin garantizar los derechos de las poblaciones a un ambiente saludable con desarrollo sostenible.

Dato: Los Comités de Cuenca Río Sonora, Poder, y otras organizaciones mexicanas enviaron una carta al presidente Vizcarra en la víspera de la decisión del Consejo de Minería respecto a la ratificación de la licencia de construcción del proyecto Tía María; señalando los atropellos que estaba cometiendo el Grupo México en su país, que es la empresa mexicana que tiene la mayoría de acciones de Southern Copper Corporation.