Nota elaborada en conjunto con Derechos Humanos Sin Fronteras

Ayer, lunes 27 de enero, al promediar las nueve de la noche, y luego de más de nueve años de un proceso lleno de cuestionamientos; la colegiatura del Poder Judicial de Cusco, conformada por los jueces Edson Ormachea Acurio, Gilbert Arias Paullo, Lizbeth Nohemí Yepez Provincia y Valencia Tito Núñez, dictó sentencia absolutoria a favor de diez defensores del territorio y derechos humanos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011.

Antecedentes

Cabe recordar que los procesados fueron dirigentes comunales y de organizaciones sociales de base que protestaron de manera pacífica entre diciembre del 2011 y febrero del 2012 frente a la grave contaminación ambiental generada por el paso de los camiones de la empresa minera Anabí y porque la minera habría contaminado el rio Molino en la cuenca del Yaramayo.

A raíz de estas protestas, la minera presentó una denuncia contra los ex dirigentes por los presuntos delitos de secuestro, disturbios, daños a la propiedad, entre otros, la cual fue impulsada por la Fiscalía de Chumbivilcas.

Los 10 dirigentes son: Jaime Mantilla Chancuaña, Julian Alejo Ataucuri, , Victoria Quispesivana  Corrales, Luciano Atucuri Chavez, Samuel Acero Hurtado, Urbano Cjulca Caceres, Esteban Alvis Cahuana, Wilber Garcia Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.

Proceso judicial

Durante este proceso judicial, diferentes organizaciones han acompañado con asesoría legal a los dirigentes, como Derechos Humanos Sin Fronteras, Red Muqui Sur y Earth Rights International, quienes junto a otros abogados y abogadas independientes; han denunciado una serie de cuestionamientos: una inadecuada valoración de las pruebas; una suspensión repetitiva de audiencias; el cambio continuo de magistrados; entre otros hechos que ponen en tela de juicio la autonomía, independencia e imparcialidad de la administración de justicia.

Uno de los abogados de la defensa de los dirigentes, Ramiro Llatas, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, señaló en sus redes sociales: “lo que se había actuado y presentado en el proceso penal era básicamente lo que había construido la mina a través de sus testigos, y sus pruebas documentales. Ninguna prueba demostraba en modo categórico la responsabilidad penal de los defensores del ambiente. Más bien se logró demostrar que ellos todo el tiempo pidieron diálogo y la conformación de mesas de diálogo. Al parecer el propósito de la empresa minera denunciando a los dirigentes y después asumido en la acusación de parte de la Fiscalía era neutralizar todo tipo de reclamo y eso se hace usando el derecho procesal penal, como una forma de intimidación”.

Precedente judicial

Esta sentencia sienta un gran precedente para todos los casos de defensores ambientales que han sido criminalizados en el Perú, y deja claro que el Ministerio Público adelanta investigaciones sin fundamentos. Como declaró la jueza, la Fiscalía no pudo probar ninguno de los hechos, lo que deja entrever cómo estos procesos son usados para disuadir y reprimir el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos.

Frente a estos hechos, la jueza decidió mandar al Órgano de Control Interno la acusación para que los fiscales que no actuaron con objetividad sean sancionados.

Celebración

“No nos podemos callar ante tanta injusticia, porque la ley es igual para todos,” declaró el líder chumbivilcano Luciano Ataucuri Chávez, criminalizado en este proceso, en los exteriores del Poder Judicial de Cusco, donde los esperaron cientos de personas para felicitarlos por la sentencia absolutoria.

Lo primero que hicieron los ciudadanos y ciudadanas Chumbivilcanos, al recibir a sus dirigentes, a pesar de la lluvia, fue cantar el himno nacional como afirmación de su ciudadanía y pertenencia a este país.