Ejecutivo y SNMPE buscan acelerar procedimientos para extraer más minerales desprotegiendo el ambiente y el agua
El actual modelo extractivista que, en beneficio económico y social de las élites, rige el país desde la colonia, se profundizó en los años noventa del siglo XX con la dictadura de Fujimori y durante 30 años se ha perfeccionado con los diversos gobiernos que han ido quitando obstáculos a la inversión minera. Lo que observamos ahora es un contexto mucho más complejo, en el cual nos gobierna un régimen autoritario muy cercano a los intereses de los grupos empresariales mineros que controlan especialmente el Ministerio de Energía y Minas.
Es así que los gremios mineros ya vienen influyendo en el Ejecutivo y han retomado su agenda para plantear modificaciones normativas, para acelerar y simplificar procedimientos administrativos, y así poder prescindir de garantías para la protección del ambiente, el agua y los derechos de comunidades campesinas.
Al realizar un recuento de las normas antiderechos promovidas en este período, estas se inician el 30 de mayo de 2023, a través del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, con el que se suspendió el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM. El PUPCA era una herramienta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), cuya creación fue fruto de un proceso de varios años de evaluación y gestión participativa para integrar la certificación ambiental en un solo ente del Estado, y así poder fomentar la transparencia y el acceso a la información ambiental en los proyectos de inversión. Sin embargo, fue suspendido porque los grupos empresariales no están dispuestos a transparentar su gestión y la información ambiental que manejan. En vez de ser suspendido, el PUPCA debió ser reforzado como instrumento legal, y evidencia la negligencia en la gestión ambiental en el contexto de expansión extractiva y de los conflictos socioambientales en territorios originarios.
Al mes siguiente, el 27 de junio, a través de la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM, se publica el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2017-EM. El objetivo principal de la modificación es insertar artículos a fin de acelerar los procedimientos administrativos para la obtención inmediata del título habilitante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el proceso marco de la certificación ambiental de la actividad minera. Red Muqui presentó observaciones a este proyecto de norma, porque lo considera una grave amenaza a las potestades de la ANA frente a la crisis climática, cuyas consecuencias inmediatas y visibles están sufriendo especialmente las comunidades, que deben hacer frente a la escasez hídrica y la merma en la producción agrícola.
Hace poco más de un mes, en tanto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expuso en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión. Ante la alerta y la denuncia de la sociedad civil sobre esta amenazante propuesta de los grupos empresariales, la titular del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, salió a desmentir que el gobierno estuviese considerando la fusión de los entes mencionados. No obstante, ello no imposibilita que el mismo Ejecutivo pueda proponerlo más adelante a través de una posible delegación de facultades.
Las amenazas para el medio ambiente, el agua y las comunidades continúan, ya que se evidencia una política permanente de intentar flexibilizar los actos administrativos para alinearlos a los intereses privados, dejando de lado, con ello, el deber de prevención y el principio precautorio, ambos anclados en el derecho ambiental. Además, mediante las propuestas normativas previstas, que implican prescindir de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos, existe una gran probabilidad que aumenten los conflictos socioambientales. Queda patente así, que los intereses económicos de las empresas, hegemónicos en la sociedad peruana, son los priorizados por las políticas de Estado.
