Durante las últimas semanas la situación sanitaria, social y económica producto de la pandemia en nuestro país se ha agravado aún más. Las iniciales medidas positivas del gobierno ya no son efectivas, y las decisiones de reactivación económica buscan priorizar solo al sector de la gran empresa, entre ellas la gran minería. Mientras tanto, lamentablemente las cifras del virus no son alentadoras a más de 90 días de cuarentena. Según el reporte del MINSA a la fecha: hay más de 240.000 casos confirmados de COVID-19; por otro lado, el virus ya ha causado la muerte de más de 7.000 personas, según datos oficiales.

Desde el inicio de la cuarentena el sector minero ha sido uno de los que más privilegios normativos y políticos ha recibido por parte del gobierno: fue considerado una actividad esencial, cuando no lo era, y han trabajado hasta el 50 % de sus operaciones en pleno estado de emergencia. Ello es aún más cuestionable considerando los casos de los contagios en los trabajadores mineros, llegando a registrarse más de 800 casos, inclusive se habla de un sub registro de casos que las propias empresas mineras no contabilizan y, por ende, el Estado.

Al mismo tiempo, se han incrementado las denuncias de contaminación ambiental en cuencas y territorios cercanos a proyectos mineros, son los casos de Cajamarca, Pasco, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua. Además, durante las últimas semanas se han emitido varias normas como el Decreto Legislativo N°1500 que flexibiliza las normas ambientales y de fiscalización en el país, y que facilitan el aplazamiento de pagos de multas que varias empresas tienen pendientes de pago con el Estado, postergándolas inclusive hasta al 2022.

De otro lado, tanto la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, así como el señor Roque Benavides y el mismo presidente de la empresa Southern Perú, Óscar González Rocha, han señalado que los proyectos mineros como Tía María en el valle de Tambo, Arequipa, y Conga en Cajamarca deberían ser retomados para reactivar la economía, sabiendo que ambos proyectos han tenido serios cuestionamientos técnicos y ambientales que no fueron absueltos en su momento, y sobre todo que no cuentan con la licencia social de la población local.

Ante esta situación, desde la Red Muqui, reconociendo la difícil situación por la que están pasando millones de peruanos, queremos plantear los siguientes puntos al gobierno nacional, a los gobiernos locales y la sociedad civil en general:

  • Se debe revisar y actualizar los protocolos sanitarios para el sector minero con la participación de los trabajadores mineros, así como de las poblaciones y comunidades locales afectadas por estos proyectos, para superar las graves deficiencias en su implementación en la primera y segunda fase de la reactivación económica.
  • No se puede debilitar aún más la institucionalidad ambiental en el país, mucho menos modificar normas que flexibilizan la fiscalización ambiental, o la participación ciudadana de la población local para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental. Se debe revisar con urgencia las últimas normas aprobadas como el D.L. 1500 y la normativa del sector ambiental emitida en ese marco: Resolución del Consejo Directivo N° 00007-2020-OEFA/CD, Resolución del Consejo Directivo Nº 00008-2020-OEFA/CD y Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM.
  • Se debe priorizar la actividad agrícola sobre proyectos mineros cuestionados como Tía María y Conga. El caso del valle de Tambo en Arequipa es un ejemplo de como hoy en día su producción agrícola viene sosteniendo la alimentación y la vida de miles de peruanos y peruanas. Insistir en estos proyectos, en medio de esta crisis sanitaria y económica, podría reactivar la conflictividad social en estas regiones debido a que la población ya decidió sobre el tipo de desarrollo que quieren.
  • Los derechos a una vida digna y a la salud deben ser prioritarias en las medidas de reactivación económica que viene implementando el gobierno como Reactiva Perú y Arranca Perú. Por ello, los fondos de estos programas deben ser re-direccionados a las medianas y pequeñas empresas que dan trabajo y seguridad a millones de ciudadanos peruanos, y no a las grandes empresas que tienen cuestionamientos y sanciones ambientales como por ejemplo las mineras Volcan y Chinalco. Cualquier préstamo debe considerar el estricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores, al medio ambiente y la salud de las poblaciones locales.
  • La reactivación económica se debe impulsar desde los territorios garantizando el derecho al trabajo de todos las y los peruanos, y apoyando de modo particular al sector agrario. Desde hace meses los gremios agrarios y campesinos vienen exigiendo un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles al gobierno para enfrentar la crisis alimentaria en ciernes, para de esta manera asegurar la producción de la campaña agrícola 2020-2021.
  • Es urgente responder con medidas integrales desde el Gobierno y el Congreso de la Republica a estas demandas, ya que los bonos focalizados y rurales no están llegando. Por ello, exigimos que el gobierno implemente una renta básica universal para que todos y todas tengan una economía mínima que les permita sobrevivir. Desde Red Muqui estamos impulsando la campaña #ElAgroParaLaOlla para visibilizar la problemática de la agricultura familiar y del campo.

Finalmente, queremos señalar que comprendemos la grave crisis en la que nos encontramos y nos solidarizamos con el dolor de miles de familias que han perdido a sus seres queridos; por ello, hacemos un llamado al gobierno nacional, a las autoridades regionales y locales y a la ciudadanía en general que no bajemos la guardia, ya que la vida y la salud de millones de peruanos todavía está expuesta al virus. Desde Red Muqui creemos que las medidas del gobierno deberían estar orientadas a atender esta situación y no solo a un determinado sector empresarial.

Lima, 19 de junio del 2020.