El reto de Castillo para gestionar los conflictos sociales en el sector minero
Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui
Como ya es habitual, esta semana nuevamente hemos tenido tensión y crisis política en el país, lamentablemente “la inestabilidad política” es la nueva normalidad con la que tendremos que aprender a convivir aparte de la pandemia. Luego de una campaña de demolición montada por la derecha, el fujimorismo y sus medios aliados, incluido la Marina; el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, finalmente ha renunciado a su cargo, y a la actualidad todavía el presidente Castillo no ha designado quién lo reemplazará. Esta situación no ayuda en nada al gobierno en sus primeros 20 días de gestión, no hemos tenido tal situación en las últimas décadas en el país: tener un gabinete ministerial que ya empieza a descomponerse y hasta pedidos de vacancia al presidente. A la par de esta nueva crisis, la situación de la pandemia preocupa, ya que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ha señalado que estamos ingresando al escenario de una tercera ola de la Covid-19 y debemos empezar a prepararnos para tal situación.
Otro de los temas que ha resaltado en la semana, es el caso de las comunidades afectadas por el corredor vial minero en Chumbivilcas – Cusco, como se recuerda este es uno de los primeros casos de conflictividad social que ha tenido que encarar el gobierno de Castillo y el gabinete de Guido Bellido. Luego de una visita rápida del premier a la misma zona, las comunidades acordaron dar una tregua de sesenta días para que se atienda sus demandas; sin embargo, a más de dos semanas de ese compromiso, las comunidades y organizaciones sociales de Chumbivilcas han denunciado la inacción del gobierno y de la empresa minera Las Bambas por intentar canalizar sus reclamos. Frente al anuncio de un nuevo paro, el gobierno recién ha logrado establecer un espacio de diálogo para este fin de semana. El caso del corredor minero no es un asunto sencillo, los reclamos vienen de muchos años atrás, y hay que decir que lamentablemente los últimos gobiernos y la misma empresa minera, no han sabido gestionar adecuadamente las salidas técnicas y legales a este caso.
Sobre la política de gestión de los conflictos sociales y los espacios de diálogo, es de lo que debería a empezar a hablar el gobierno de Castillo, y para ello requiere de los mejores especialistas, no se pueden dar el lujo de improvisar en este sector, ya que los conflictos sociales vinculados al tema minero son los más complejos y delicados en el país y lamentablemente no han sido bien encarados por la mayoría de los gobiernos pasados. Por el contrario, la respuesta del Estado siempre ha estado vinculada a la violencia y represión contras las poblaciones y comunidades locales. Una mala señal es, por ejemplo, el nombramiento de Braulio Grajeda Bellido en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, quien no conoce este sector y parece que por ser de Perú Libre le dieron el cargo. No es especialista en gestión de conflictos sociales. Desde la Red Muqui creemos que el gobierno de Pedro Castillo, si de verdad quiere atender las demandas de la población, tiene que conformar un equipo que conozca el sector y que empiece a plantear una serie de reformas para gestionar de otra forma la conflictividad social en el país.
