Defensores de los derechos humanos del Puerto de Huarmey se han reunido el 17 y 18 de noviembre en Lima con con el congresista Dr. Elías Varas, y la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, para que cesen las amenazas y la criminalización de la población que se manifiesta contra los daños ocasionados por la empresa minera Antamina, cuyo mineroducto acaba en Puerto Punta de Lobitos, próximo a Puerto Huarmey. La ministra se ha comprometido a oficiar la conformación de una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa minera con la presencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tal como consta en el acta firmada en Aquia por el presidente de Antamina, Víctor Gobitz; el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales; la congresista de Ancash, Lady Camones; y ella misma, Gisela Ortiz, tras la suspensión de las protestas en Aquia y puerto Huarmey el 05 de noviembre.

Las protestas iniciaron aproximadamente hace tres semanas contra la novena mayor explotación de cobre del mundo. Sin embargo, ese acuerdo no se ha materializado hasta ahora. 

Es más, a pesar de la suspensión de la movilizaciones – que habían llevado a la inédita paralización de las operaciones de la mina, controlada por los dos mayores consorcios mineros del mundo, BHP Billiton y Glencore- el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Huarmey dictó prisión preventiva para 6 pobladores que protestaron contra Antamina en Huarmey. Entre ellos una persona de 66 años y un menor de edad con discapacidad, que finalmente no fue a prisión y está con comparecencia restringida.

En el marco del proceso de diálogo instalado, como consta de un documento firmado por las tres partes, Estado, comunidades y empresa, el presidente ejecutivo de Antamina había prometido que “realizarán los trámites legales para que se archiven las denuncias contra los dirigentes de Aquia y puerto Huarmey”. No obstante esa firma, la fiscal a cargo del caso, Lidia Barrón Apestegui, en una acción que el abogado de Red Muqui Rodrigo Lauracio interpreta más como una acción de amedrentamiento a través de las herramientas penales antes que la persecución de eventuales desmanes ocurridos durante las protestas, logró que fueran imputados y detenidos cinco vecinos como presuntos autores del delito de violencia contra la autoridad. De acuerdo a su experiencia “la fiscalía envía una señal política a través de esta acción, sabe que no cuenta con pruebas, ni testigos, pero probablemente los mantenga en prisión durante un tiempo hasta que puedan salir con medidas cautelares y mantenga el procesamiento de ellos y otras 57 personas durante un año y medio o dos. Es un tiempo en el que la gente y sus familias están atemorizadas y deben gastar tiempo y recursos para pagar abogados, viajar y defenderse de hechos que no cometieron”

Para denunciar esta situación de criminalización de la protesta y exigir la liberación de los detenidos, una delegación de la Junta Vecinal del Puerto Huarmey ha estado reuniéndose con diversas autoridades en Lima. Acompañados por la activista socioambiental y ex congresista María Elena Foronda, han logrado plantear sus demandas, de tal manera que la situación que enfrentan los centros poblados de Huarmey por la actividad minera de Antamina reciba la atención que merece. Hasta hace pocos años el puerto y sus alrededores eran conocidos por sus hermosas playas y sus variados y abundantes pescados y mariscos. Desde que se instaló el terminal del mineroducto, la actividad pesquera, que a parte de la pesca artesanal atrajo tres fábricas para el procesamiento de la anchoveta, casi ha desaparecido. Las instalaciones cerraron y los pescadores en sus pequeñas embarcaciones deben desplazarse por horas para encontrar el preciado pescado. Por eso, para comprobar qué ha pasado con esa hasta hace poco rica fauna marina exigen un monitoreo ambiental independiente que verifique los impactos sobre el fondo marino y las especies que aún lo habita.

Tan importante como comprobar lo que ha pasado con los seres que habitan el mar es verificar a lo que están siendo sometidos los organismos de las personas del lugar. Sus habitantes temen que las manchas y escozores que padecen, se relacionen con los polvos que emanan del terminal minero, por lo que exigen una continua, pero hasta ahora inexistente evaluación epidemiológica de la población para descartar la presencia de metales pesados en la sangre. 

También en este reclamo, la ministra de Cultura Ortiz ha sido receptiva, ya que ha asegurado su apoyo en recolectar información que pueda dar sustento para la realización de un Estudio de Evaluación Epidemiológica de la población.

Estrechamente vinculado a lo anterior, los vecinos exigen la remediación de los pasivos ambientales mineros. Además, para suplir la merma en las actividades económicas que tradicionalmente giraban en torno al mar, el ejecutivo debe implementar programas de inversión socio económicos en el puerto así como otorgar garantías de intangibilidad de las áreas de pesca artesanal. Finalmente y para evitar que se repitan hechos similares, exigen una investigación sobre los procesos judiciales realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP). En este punto, de acuerdo a la palabras de María Elena Foronda: “la ministra se ha comprometido a canalizar toda la información de lo actuado en el tema judicial y penal del proceso que se está llevando adelante para pedir información directamente al Ministerio del Interior (MININTER) sobre la actitud de hostigamiento que ha tenido la policía con la comunidad de Puerto Huarmey”.